STC7052-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7052-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00282-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 20 de junio de 2023, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Juvencio Gonz\u00e1lez Padilla contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de ese lugar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba2013-00312-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada, en desarrollo del juicio de pertenencia n\u00b0 2013-00312-00.<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que el inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00b0 040-195666 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, fue adquirido por su madre, Zoila Rosa Padilla mediante escritura n\u00b0 295 del 8 de septiembre de 1958 otorgada en la Notaria Cuarta del Circulo de esa ciudad. <\/p>\n
Relata, que su progenitora falleci\u00f3 el 9 de junio de 1986, por lo que \u00e9l y sus otros seis hermanos decidieron que Gloria Luisa y Jorge Luis habitaran el predio \u00abmientras en conjunto decid\u00eda[n] que hacer con el inmueble\u00bb. <\/p>\n
Indica, que tras el deceso de los de sus hermanas -Martha Luisa y Gloria Luisa- el 7 y 13 de diciembre de 2022, respectivamente, la familia decidi\u00f3 reunirse para \u00abponer en orden ciertas propiedades que [tienen] en com\u00fan y [se] encontra[ron] con la sorpresa que [sus] hermanos JORGE LUIS GONZ\u00c1LEZ PADILLA y GLORIA LUISA GONZ\u00c1LEZ PADILLA a escondidas de los dem\u00e1s, realizaron un proceso de pertenencia\u00bb respecto del aludido bien, proceder que vulner\u00f3 el derecho de los dem\u00e1s \u00abcomuneros\u00bb. <\/p>\n
Resalta, que no comprende los registros que reposan en el certificado de libertad y tradici\u00f3n, en tanto que se puede evidenciar que \u00abinicialmente el inmueble fue vendido por la se\u00f1ora IN\u00c9S ROMANA GLEN DE SALCEDO a ERNESTINA URIBE DE FOREMAN como se evidencia en la Anotaci\u00f3n #1 del Certificado de Libertad y Tradici\u00f3n, luego fue registrada la Anotaci\u00f3n #12 del 20 de febrero de 1959 en Certificado de libertad y Tradici\u00f3n en la cual la Corte Suprema de Justicia en sentencia ordena Rehacer la Partici\u00f3n de Herencia del se\u00f1or NAPOLE\u00d3N SALCEDO el difunto esposo de la se\u00f1ora IN\u00c9S ROMANA GLEN DE SALCEDO; el d\u00eda 18 de diciembre de 1970 se registro (sic) ante la oficina de Instrumentos p\u00fablicos la Anotaci\u00f3n #18 la cual se le adjudic\u00e1 (sic) el inmueble a la se\u00f1ora IN\u00c9S ROMANA GLEN DE SEGOVIA (Quien anteriormente se llamaba IN\u00c9S ROMANA GLEN DE SALCEDO antes de volver a contraer matrimonio) por orden del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA a t\u00edtulo de Sucesi\u00f3n seg\u00fan registra en el certificado de libertada y tradici\u00f3n en el cual el inmueble que era de mi madre, t\u00edtulo que adquiri\u00f3 mediante compraventa de buena fe al se\u00f1or JUAN DE DIOS CUERVO; no [entiende] como (sic) se registr\u00f3 esta actuaci\u00f3n cuando ya hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada y ya hab\u00eda pasador (sic) por las manos de varios propietarios que compraron de buena fe el inmueble y la se\u00f1ora IN\u00c9S ROMANA GLEN DE SALCEDO fue la vendedora inicial del inmueble, resulta muy dudosa y misteriosa la forma de como adquiri\u00f3 el inmueble nuevamente seg\u00fan el certificado de libertad y tradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Jorge Luis Gonz\u00e1lez Padilla inform\u00f3 que promovi\u00f3 la aludida demanda buscando \u00absalvaguardar\u00bb el patrimonio que era de su madre, esto en la medida que se percat\u00f3 que respecto de ese predio \u00abexisten una serie de irregularidades debido a que en el certificado de existencia y representaci\u00f3n (sic) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla se lo hab\u00eda adjudicado a la se\u00f1ora In\u00e9s Romana Glen de Segovia por medio de una sucesi\u00f3n\u00bb, lo cual desconoc\u00eda la titularidad del derecho real de dominio de su progenitora quien lo hab\u00eda adquirido por medio de compraventa que celebr\u00f3 con Juan de Dios Cuervo el 5 de marzo de 1959. <\/p>\n
Manifiesta, que deben ampararse las prerrogativas invocadas, con el prop\u00f3sito de que se esclarezca \u00abla irregularidad contenida en los t\u00edtulos del inmueble donde se le adjudica por sucesi\u00f3n (\u2026) a la se\u00f1ora In\u00e9s Romana Glen de Segovia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Rafaela Luisa y Consuelo Gonz\u00e0lez Padilla, mediante escritos separados, aseguraron que lo manifestado en el escrito de tutela es cierto, por lo que piden que se acceda al auxilio implorado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Curadora Ad Litem de In\u00e9s Romana Glen de Segovia enfatiz\u00f3 que en el litigio cuestionado \u00abse hicieron los debidos emplazamientos, los cuales fueron aportados al proceso, tal como se evidencia en el expediente digital, las pruebas fueron evacuadas dictando sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la mencionada ciudad, hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el juicio que origina el reclamo constitucional destacando que profiri\u00f3 sentencia accediendo a las pretensiones, el 28 de septiembre de 2017, por lo que se opuso a la prosperidad del amparo recalcando que han pasado m\u00e1s de cinco a\u00f1os entre la decisi\u00f3n atacada y la formulaci\u00f3n de la tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo precisando que incumple el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante, relievando que \u00abla corte tambi\u00e9n ha manifestado que el principio de inmediatez tiene su (sic) excepciones dependiendo de las caracter\u00edsticas de la vulneraci\u00f3n y las razones del porque no se actu\u00f3 en el tiempo prudente. la raz\u00f3n de este tard\u00edo actuar es que siempre \uf05bsus\uf05d hermanos actuaron de forma enga\u00f1osa haci\u00e9ndo\uf05ble\uf05d creer de que el acuerdo que \uf05bhab\u00edan\uf05d pactados (sic) se estaba cumpliendo y que el asunto con respecto al inmueble se manejar\u00eda como \uf05bhab\u00edan\uf05d acornado, nunca \uf05ble\uf05d hicieron menci\u00f3n del proceso de partencia que realizaron ni \uf05ble\uf05d notificaron de forma oficial en curso de dicho proceso a sabiendas que \uf05b\u00e9l\uf05d era uno de los propietario (sic) comunero del inmueble\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y una vez superado lo anterior, determinar si el estrado convocado vulner\u00f3 las prerrogativas que reclama el promotor toda vez, que, supuestamente, no fue vinculado al juicio de pertenencia n\u00ba 2013-00312-00. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, que neg\u00f3 el resguardo invocado por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
El promotor enfila sus cuestionamientos respecto de lo actuado en el juicio n\u00ba 2013-00312-00, en el que mediante sentencia de 28 de septiembre de 2017 se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00b0 040-195666 a favor de sus hermanos Gloria Luisa y Jorge Luis Gonz\u00e1lez Padilla, providencia que fue objeto de registro el 5 de diciembre de esa misma anualidad, seg\u00fan se constata en la anotaci\u00f3n n\u00ba 22 del certificado de libertad y tradici\u00f3n, sin embargo, la formulaci\u00f3n de la presente solicitud de amparo data del 23 de mayo de 2023 es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, aunque el gestor afirma que \u00abla raz\u00f3n de este tard\u00edo actuar es que siempre \uf05bsus\uf05d hermanos actuaron de forma enga\u00f1osa haci\u00e9ndo\uf05ble\uf05d creer de que el acuerdo que \uf05bhab\u00edan\uf05d pactados (sic) se estaba cumpliendo y que el asunto con respecto al inmueble se manejar\u00eda como \uf05bhab\u00edan\uf05d acornado\u00bb, lo cierto es que no se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El convocante asegura que no fue notificado en debida forma del proceso que origina el reclamo constitucional, recalcando que s\u00f3lo tuvo conocimiento del mismo en diciembre de 2022 por lo que aspira a que se invalide lo actuado en dicho juicio, sin embargo, desperdici\u00f3 el mecanismo dispuesto en el canon 354 del estatuto procesal vigente, para proponer dicho debate, en la medida que como qued\u00f3 acreditado en precedencia la sentencia que desat\u00f3 la usucapi\u00f3n, fue registrada el 5 de diciembre de 2017, por lo que el t\u00e9rmino previsto en el inciso tercero del precepto 356 ibidem feneci\u00f3 sin que fuera propuesto. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez, y porque el convocante actu\u00f3 con incuria al no incoar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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