STC7053-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7053-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00759-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de mayo de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2018-00397. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
\u00c9dgar Salazar Perdomo promovi\u00f3 ordinario contra la UGPP y la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero, en procura del reconocimiento y pago de \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional vitalicia debidamente indexada; (\u2026) [y las] diferencias pensionales por compartibilidad [con el beneficio ya reconocido por Colpensiones]\u00bb, toda vez que \u00abpara la data de terminaci\u00f3n de su contrato (1999), ya hab\u00eda completado m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios como trabajador oficial, con un salario devengado durante el \u00faltimo a\u00f1o de $1.562.517 (\u2026) [y] para \u00abel 27 de febrero de 2018\u00bb ten\u00eda acreditada la edad de 55\u00bb2; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 a las all\u00ed querelladas. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada propuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad revoc\u00f3 lo dispuesto en primera instancia y, en su lugar, concedi\u00f3 la aludida prestaci\u00f3n pues coligi\u00f3 que \u00abbastaba con que el trabajador contara con 20 a\u00f1os continuos o discontinuos de servicio en la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero, para que se causara el derecho sin que la norma exigiera (\u2026) el cumplimiento de la edad en vigencia de la convenci\u00f3n o, del contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la UGPP recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n ad quem, en tanto advirti\u00f3 que: (i) \u00abla edad simplemente es un elemento de exigibilidad\u00bb; y, (ii) \u00abla pensi\u00f3n convencional otorgada al actor se caus\u00f3 con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005, no se vio afectada por dicha reforma constitucional, concretamente con relaci\u00f3n a la mesada [catorce]\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la entidad promotora, incurrieron en defecto f\u00e1ctico y material o sustantivo, puesto que \u00abel estatus de pensionado lo adquiri\u00f3 el 22 de diciembre de 2013, es decir con posterioridad a la fecha l\u00edmite indicada por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, (\u2026) y (\u2026) la mesada pensional para el a\u00f1o de efectividad 2012 fijada por los despachos accionados correspond\u00eda a la suma de $ $2.451.321, monto superior a tres (3) salarios m\u00ednimos para ese a\u00f1o, es decir, no cumpl\u00eda con el requisito de temporalidad pero tampoco con el requisito relativo a los l\u00edmites de los salarios m\u00ednimos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos de 24 de octubre de 2019 y 27 de septiembre de 2022; y, en consecuencia, que se ordene a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia que profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abel sentido de las decisiones judiciales por s\u00ed solas no implica una transgresi\u00f3n a los derechos fundamentales y, en ese orden, aunque se pueda disentir de las mismas, si lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente aqu\u00ed acontece, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el expediente del asunto cuestionado \u00abfue enviado a la H CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el d\u00eda 5 de marzo de 2021 para surtir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que la UGPP \u00abcuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley 712 de 200111, en concordancia con el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual se puede instaurar en un t\u00e9rmino que no exceda de cinco (5) a\u00f1os a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que (\u2026) no se ha cumplido\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la entidad censora para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abno es de asidero la posici\u00f3n del a-quo, para indicar que esta tutela es improcedente por la existencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n ya que es evidente que ante el cumplimiento de los fallos y su consecuente orden de reconocimiento pensional (\u2026) ser\u00e1 imposible recuperar los dineros pagados en virtud del principio de buena fe que le est\u00e1 amparando con la ejecutoria de la sentencia, lo que hace que la materializaci\u00f3n del perjuicio est\u00e9 derivado del pago de cuantiosas sumas de dinero, lo que evidentemente faculta a esta entidad a solicitar la intervenci\u00f3n del juez tutelar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL4049-2022, 27 sep.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del tribunal, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 24 de octubre de 2019 y 27 de septiembre de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [disposici\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada ratific\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto consider\u00f3 que: (i) \u00abla edad simplemente es un elemento de exigibilidad\u00bb; y, (ii) \u00abla pensi\u00f3n convencional otorgada al actor se caus\u00f3 con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005, no se vio afectada por dicha reforma constitucional, concretamente con relaci\u00f3n a la mesada [catorce]\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo formulado por la v\u00eda indirecta, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de los \u00abart\u00edculos: 5\u00b0 del Decreto 3135 de 19681\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba, 6\u00ba y 7\u00ba del Decreto 1848 de 1969; 1\u00ba, 3\u00ba, 5\u00ba y 44 del Decreto 1045 de 1978; as\u00ed como los art\u00edculos 467, 468, 470, 478 y 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2127 de 1945; art\u00edculo 18 del Acuerdo 49 de 1990, confirmado en el Decreto 790 de 1990; del inciso 3\u00b0 y del par\u00e1grafo 2\u00b0, y de los par\u00e1grafos transitorios 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los art\u00edculos 25, 53, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, de los art\u00edculos 164, 165, 167 y 176 del C\u00f3digo General del proceso y los art\u00edculos 61 y 151 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]a Sala ya tuvo la oportunidad de resolver los cuestionamientos planteados por la hoy solicitante. En efecto, al definir un asunto de similares contornos, en pronunciamiento CSJ SL526-2018, reiterado, entre otras, en las sentencias CSJ SL4550-2018, se analiz\u00f3 el art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, en la b\u00fasqueda de establecer cu\u00e1les son los requisitos necesarios para acceder a la pensi\u00f3n all\u00ed estatuida\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, cit\u00f3 en lo pertinente la referida providencia y precis\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Edgar Salazar Perdomo (i) labor\u00f3 al servicio de la Caja Agraria durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1977 al 27 de junio de 1999, (ii) acredit\u00f3 el requisito de tiempo de servicios, m\u00e1s de 21 a\u00f1os, y para la data de su desvinculaci\u00f3n, dej\u00f3 causado el derecho, y (iii) la edad simplemente es un elemento de exigibilidad, lo que en su caso ocurri\u00f3 el 10 de noviembre de 2012, cuando arrib\u00f3 a los 55 a\u00f1os; de manera que, el hoy accionado ya contaba con un derecho adquirido, por lo que, no se encuentra afectado por el Par\u00e1grafo Transitorio 3\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
De esa manera desestim\u00f3 el reproche. Luego procedi\u00f3 a estudiar el segundo embate propuesto por la senda directa, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb del \u00abart\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 8\u00ba y par\u00e1grafo transitorio 6\u00ba del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005\u00bb, y, al respecto, la Corporaci\u00f3n enjuiciada se remiti\u00f3 a lo razonado en la sentencia SL3132-2020, 29 jul.: <\/p>\n
\u00ab[A] ra\u00edz de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, (\u2026) [la mesada catorce] fue suprimida para quienes se pensionar\u00e1n a partir de su entrada en vigencia (29 de julio de 2005), salvo para aquellas personas que percibieran una mesada igual o inferior a tres veces el salario m\u00ednimo legal, y cuyo derecho se causara antes del 31 de julio de 2011, es decir, despu\u00e9s de esta fecha la mesada adicional analizada dej\u00f3 de existir\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la agencia judicial convocada reliev\u00f3 que \u00abla pensi\u00f3n convencional otorgada al actor se caus\u00f3 con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005, no se vio afectada por dicha reforma constitucional, concretamente con relaci\u00f3n a la mesada pensional adicional referida\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel presente caso se rige por lo establecido en el instrumento convencional y, como est\u00e1 sentado, el accionante consolid\u00f3 las exigencias en el mismo momento de su retiro de la extinta Caja, es decir, en 1.999, cuando concreta en su cabeza el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n sin que la edad constituyera un requisito adicional, pues con ella solo se materializa el momento a partir del cual se hace exigible su pago e iniciar el disfrute de un derecho del cual ya era acreedor\u00bb. As\u00ed declar\u00f3 la inviabilidad del ataque. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad solicitante no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad fustigada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [disposiciones] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 6 de julio de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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