STC7054-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7054-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00834-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de mayo de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Enelio Mancipe Torres contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2013-00084. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad social (\u2026), vida digna (\u2026), salud (\u2026), favorabilidad [y] m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad all\u00ed querellada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad revoc\u00f3 lo fallado por el a quo y, en su lugar, absolvi\u00f3 al referido fondo de pensiones, en tanto evidenci\u00f3 que el promotor no labor\u00f3 \u00ab20 a\u00f1os en el sector p\u00fablico, en la medida que para efectos de la pensi\u00f3n (\u2026) estipulada en la Ley 33 de 1985 no era posible tener en cuenta los tiempos de servicio prestados a Isagen en calidad de trabajador particular\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues advirti\u00f3 que: (i) \u00abel Juez Plural no vulner\u00f3 o alter\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del actor y tampoco el r\u00e9gimen anterior que le es aplicable\u00bb; (ii) \u00abel Tribunal no se equivoc\u00f3 al dar por cierto que Isagen es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta y por ende que sus empleados son trabajadores particulares\u00bb; y, el (iii) \u00abel cargo [sexto] no pod\u00eda proponerse por la v\u00eda indirecta\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del censor incurrieron en: (i) defecto sustantivo, toda vez que \u00abla privatizaci\u00f3n de una entidad estatal no implica la alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen aplicable y el que debe aplic\u00e1rsele a quienes pasaron de ISA a ISAGEN es el de r\u00e9gimen de trabajador oficial, para efectos del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb; (ii) desconocimiento del precedente constitucional; y (iii) violaci\u00f3n de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pretende, se dejen sin efectos los fallos del 14 de agosto de 2019 y 17 de agosto de 20223; en consecuencia, se mantenga en firme la providencia de primer grado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abentre la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia (\u2026) y la data en que se promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso que no consider[a] razonable para acudir al mecanismo de amparo constitucional previsto para la protecci\u00f3n inmediata y urgente de los derechos fundamentales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el asunto cuestionado \u00abfue devuelto al juzgado de origen el 28 de marzo de 2023, de manera que el mismo ya no reposa en esa Corporaci\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
3. Colpensiones arguy\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite alegado en la presente tutela, ya hab\u00eda sido objeto de estudio por otro Juez el cual no accedi\u00f3 a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que la presente acci\u00f3n de tutela debe ser declara improcedente ante la existencia de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4. El P.A.R.I.S.S. explic\u00f3 que \u00aben los procesos de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a ese Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abel prove\u00eddo que se censura se profiri\u00f3 el 17 de agosto de 2022 y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta abril de 2023, es decir, m\u00e1s de 8 meses desde la presunta vulneraci\u00f3n, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n cuestionada contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante quien pretende hacer uso de la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional al proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que la providencia reprochada fue \u00abnotificada mediante edicto fijado el 17 de noviembre de 2022, es decir tres meses despu\u00e9s (\u2026) [por ello, la tutela] fue presentada dentro del t\u00e9rmino seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abse demuestra la violaci\u00f3n al derecho fundamental a la igualdad del accionante en cuanto (\u2026) dos personas a las que COLPENSIONES, mediante actos administrativos, le reconoce y ordena el pago de la pensi\u00f3n en situaciones similares al del accionante (\u2026) se les aplic\u00f3 el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 2527 de 2000 que establece: \u201cLa privatizaci\u00f3n de una entidad estatal no implica la p\u00e9rdida de los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n para sus trabajadores, ni la alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen aplicable para el efecto\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por el gestor (SL3921-2022, 17 ago.), por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 14 de agosto de 2019 y 17 de agosto de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [disposici\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem pues evidenci\u00f3 que: \u00ab (i) \u00abel Juez Plural no vulner\u00f3 o alter\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del actor\u00bb; (ii) \u00abel Tribunal no se equivoc\u00f3 al dar por cierto que Isagen es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta y por ende que sus empleados son trabajadores particulares\u00bb; y, el (iii) \u00abel [sexto embate] no pod\u00eda proponerse por la v\u00eda indirecta\u00bb., no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los primeros cuatro cargos formulados, todos por la v\u00eda directa, con fundamento en: <\/p>\n
(i) \u00abviolaci\u00f3n del par\u00e1grafo 4.\u00ba del art\u00edculo 167 de la Ley 142 de 1994 y par\u00e1grafo 4.\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 143 de 1994, lo que condujo a la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 1.\u00ba de la Ley 33 de 1985 y del inciso 2.\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb; (ii) \u00abtransgresi\u00f3n del art\u00edculo 4.\u00ba del Decreto 2527 de 2000\u00bb; (iii) \u00abviolaci\u00f3n directa por aplicaci\u00f3n incorrecta\u00bb del art\u00edculo 41 de la Ley 142 de 1994, \u00abdebiendo aplicar\u00bb el par\u00e1grafo 4.\u00ba del art\u00edculo 167 de la Ley 142 de 1994, par\u00e1grafo 4.\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 143 de 1994 y el art\u00edculo 4.\u00ba del Decreto 2527 de 2000, \u00abcon la consecuente inaplicaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 1.\u00ba de la Ley 33 de 1985\u00bb; y (iv) \u00abacusa al Tribunal de transgredir los art\u00edculos 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abLe corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal desconoci\u00f3 los derechos adquiridos del demandante y su condici\u00f3n de beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n al negar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en la Ley 33 de 1985\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, precis\u00f3 que \u00abel Tribunal no desconoci\u00f3 la calidad de beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional del demandante; antes bien, dio por cierto que era titular de este r\u00e9gimen luego de verificar que al 1.\u00ba de abril de 1994 reportaba m\u00e1s de 15 a\u00f1os laborados en el sector p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, refiri\u00f3 que \u00abel Tribunal no desconoci\u00f3 la proposici\u00f3n normativa consignada en el par\u00e1grafo 4.\u00ba del art\u00edculo 167 de la Ley 142 de 1994 y el par\u00e1grafo 4.\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 143 de 1994, seg\u00fan la cual en el traspaso del personal de ISA a la nueva empresa constituida -Isagen- deb\u00edan respetarse los derechos y garant\u00edas de los trabajadores, ya que en ese proceso se mantuvo intacta la prerrogativa del demandante a la transici\u00f3n pensional conforme al r\u00e9gimen pensional sobre el cual hab\u00eda construido una expectativa leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que, en la formulaci\u00f3n de los reproches, el gestor \u00abconfunde el r\u00e9gimen de transici\u00f3n con el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb y, en ese sentido, destac\u00f3 que \u00abser titular del r\u00e9gimen de transici\u00f3n no garantiza necesariamente una pensi\u00f3n conforme al r\u00e9gimen anterior, pues para lograrlo es necesario que el afiliado complete la totalidad de los requisitos pensionales de la normativa o termine de construir la pensi\u00f3n respecto de la cual tiene una expectativa\u00bb. <\/p>\n
Sobre \u00abel derecho a la pensi\u00f3n\u00bb, indic\u00f3 que este \u00abse estructura cuando una persona re\u00fane todos los requisitos exigidos por la ley para su causaci\u00f3n. (\u2026) Tal es el caso de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1.\u00ba de la Ley 33 de 1985, la cual exige que el trabajador labore por 20 a\u00f1os o m\u00e1s en calidad de trabajador oficial o empleado p\u00fablico y llegue a la edad de 55 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la presunta transgresi\u00f3n al principio de favorabilidad, la Corporaci\u00f3n fustigada descart\u00f3 tal vulneraci\u00f3n, puesto que \u00aben este asunto no se enfrentan dos disposiciones normativas antag\u00f3nicas ni interpretaciones s\u00f3lidas divergentes, que obliguen a escoger la m\u00e1s favorable al trabajador\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al analizar el quinto embate, en el que se acus\u00f3 a la sentencia de segunda instancia de \u00abviolar, por v\u00eda indirecta en el concepto de presentarse error de hecho al pronunciarse el fallo con prueba inexistente y por la falta de apreciaci\u00f3n de algunas pruebas legalmente aportadas al proceso\u00bb, la autoridad enjuiciada reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal no se equivoc\u00f3 al dar por cierto que Isagen es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta y por ende que sus empleados son trabajadores particulares sometidos a las reglas del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, pues la escisi\u00f3n de ISA y la constituci\u00f3n de una nueva sociedad de econom\u00eda mixta con sus activos de generaci\u00f3n de energ\u00eda, no es un aspecto deducido de la valoraci\u00f3n de medios probatorios sino directamente de normas de alcance nacional, en particular de los art\u00edculos 167 de la Ley 142 y 32 de la Ley 143 de 1994, as\u00ed como del Decreto 1521 de 1994\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, razon\u00f3 que \u00abel demandante nunca puso en duda el car\u00e1cter de empresa de servicios p\u00fablicos mixta de Isagen\u00bb y que \u00abel tema relativo a qui\u00e9n tiene la carga de demostrar el car\u00e1cter oficial o privado de los tiempos laborados en entidades o empresas, es un tema jur\u00eddico que no puede plantearse por la v\u00eda indirecta\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel precedente al que alude el recurrente -CSJ SL9303-2015- aborda una situaci\u00f3n f\u00e1ctica distinta a la aqu\u00ed planteada dado que en esa oportunidad ven\u00eda convocada al proceso la entidad empleadora que ten\u00eda a su cargo el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, al abordar el estudio del sexto ataque formulado por la senda indirecta \u00aben el concepto de presentarse error de hecho al pronunciarse el fallo con prueba inexistente y por la falta de apreciaci\u00f3n de algunas pruebas legalmente aportadas al proceso\u00bb el despacho accionado explic\u00f3 que: \u00abEl cargo no pod\u00eda proponerse por la v\u00eda indirecta, pues esta tiene como objetivo establecer la existencia de errores de facto -tener por probado algo que realmente no lo est\u00e1 o no tener por acreditado lo que realmente s\u00ed est\u00e1 demostrado- derivados de la valoraci\u00f3n err\u00f3nea o la falta de apreciaci\u00f3n de medios probatorios calificados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que \u00absi la Sala entendiera que lo que en realidad quiso el recurrente alegar es que el Tribunal no dio por acreditado que a partir del 12 de mayo de 1995 pas\u00f3 de la empresa ISA a Isagen y luego a Chivor S.A. ESP con ocasi\u00f3n del fen\u00f3meno de la sustituci\u00f3n de empleadores que oper\u00f3 entre estas empresas, no le indica a la Corte cu\u00e1l es la incidencia de ese supuesto f\u00e1ctico en la decisi\u00f3n del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, el fallo adoptado, como se anticip\u00f3, no es infundado o arbitrario, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad querellada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento del derecho a la \u00abigualdad\u00bb y de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la determinaci\u00f3n cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 6 de julio de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Notificado en noviembre de 2022. <\/p>\n
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