STC7056-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7056-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2023-00282-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el pasado 4 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Manuela Correa Carrasquilla, Gloria Elena Vallejo Vasco y Sindy Vanessa Murillo Palomeque contra el Consejo Nacional Electoral1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras, obrando por conducto de apoderado, reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Sostienen que constituyeron el comit\u00e9 promotor del grupo significativo de ciudadanos \u00abMedell\u00edn es de Todos\u00bb con el objeto de impulsar la candidatura de Claudia Victoria Carrasquilla Minami a la alcald\u00eda de Medell\u00edn, solicitando ante las autoridades electorales el registro tanto de dicho comit\u00e9 como del logo-s\u00edmbolo. <\/p>\n
Afirman que mediante Resoluci\u00f3n 1893 de 2023 el Consejo Nacional Electoral deneg\u00f3 la inscripci\u00f3n del logo-s\u00edmbolo tras evidenciar que otro grupo significativo de ciudadanos hab\u00eda registrado, con antelaci\u00f3n, \u00abun logo con un lema llamado exactamente igual\u00bb. <\/p>\n
Dicen que contra dicho acto administrativo interpusieron recurso de reposici\u00f3n (\u00fanico procedente), solicitando el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas con apoyo del art\u00edculo 77 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, agregan, con Resoluci\u00f3n 3273 de 2023 el Consejo Nacional Electoral resolvi\u00f3 de plano tal defensa confirmando la decisi\u00f3n cuestionada, sin detenerse en el examen de los medios de convicci\u00f3n allegados y solicitados en la oportunidad procesal con lo que, a su juicio, se \u00abviola de manera directa el derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Advierten, finalmente, que, si bien contra dichas determinaciones procede el medio de control denominado nulidad y restablecimiento del derecho, el mismo \u00abno resulta lo suficientemente expedito\/diligente\/raudo como para impedir la concreci\u00f3n del perjuicio irremediable\u00bb al que se ver\u00e1n abocadas si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el calendario electoral, el pr\u00f3ximo 29 de julio \u00abvence el t\u00e9rmino para el registro de los comit\u00e9s inscriptores de grupos significativos de ciudadanos\u00bb. <\/p>\n
3. Solicitan, en consecuencia, \u00abordenar al Consejo Nacional Electoral suspender los efectos (la parte resolutiva) de la Resoluci\u00f3n nro. 3273 de 2023, hasta tanto se resuelva de fondo (exista un fallo en firme) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se instaurar\u00e1 una vez quede en firme el fallo que nazca en raz\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El jefe de la oficina jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad dada su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida consideraci\u00f3n que \u00abno es la llamada a responder por los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de amparo constitucional, ya que la competencia para la aprobaci\u00f3n y registro del logo-s\u00edmbolo que identifica a las agrupaciones pol\u00edticas\u2026 en las contiendas electorales, recae sobre el Consejo Nacional Electoral\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que la salvaguarda desatiende el presupuesto de la subsidiariedad al existir otras v\u00edas judiciales pertinentes a las cuales \u00abel actor debe acudir\u00bb solicitando inclusive las \u00abmedidas de urgencia que estime necesarias para prevenir el perjuicio que alega\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Nacional Electoral, por conducto de una funcionaria adscrita a la Oficina Asesora Jur\u00eddica, defendi\u00f3 la legalidad de los actos administrativos controvertidos aduciendo que las decisiones en ellos contenidas se sustentaron tanto en las disposiciones legales llamadas a gobernar la materia como en las pruebas documentales recaudadas, incluyendo aquellas presentadas por las accionantes en el recurso de reposici\u00f3n, descart\u00e1ndose las de car\u00e1cter testimonial por resultar impertinentes e inconducentes. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad del resguardo al considerar inexistente la lesi\u00f3n atribuida, al tiempo que manifest\u00f3 que el resguardo tambi\u00e9n resulta improcedente pues para controvertir lo resuelto existen medios de control judicial que no pueden ser reemplazados por la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. Claudia Victoria Carrasquilla Minami coadyuv\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n cuestionando las motivaciones de los actos administrativos atacados por esta v\u00eda excepcional y acudiendo a argumentos similares a los esbozados por las convocantes. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn desestim\u00f3 el ruego tras establecer que \u00abla decisi\u00f3n\u2026 del Consejo Nacional Electoral de negar el registro pol\u00edtico del logo-s\u00edmbolo de la organizaci\u00f3n pol\u00edtica denominada \u201cMedell\u00edn es de Todos\u201d, no encuentra arbitrariedad ni capricho\u2026 toda vez que [los] pronunciamientos se basaron en una interpretaci\u00f3n normativa, probatoria, l\u00f3gica, razonada, coherente y arm\u00f3nica con las normas sustanciales, Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Con todo, recalc\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela, dado su car\u00e1cter excepcional, \u00abno se puede constituir en una v\u00eda o instancia para abrir debates zanjados, menos a\u00fan, para reinterpretar las consideraciones l\u00f3gicas razonadas esbozadas\u00bb, de all\u00ed que, \u00absi las actoras no est\u00e1n de acuerdo con las actuaciones administrativas\u2026 cuentan con los mecanismos legales para atacarlas como es el de acudir a la v\u00eda de lo contencioso administrativo para efectos de la nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las querellantes discreparon de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en sus argumentos iniciales respecto de la presunta lesi\u00f3n del derecho al debido proceso perpetrada por el Consejo Nacional Electoral al resolver el recurso de reposici\u00f3n sin decretar las pruebas solicitadas y en la ineficacia del medio de control judicial ordinario de cara a la premura con que se debe actuar dada la inminencia del cierre de las inscripciones de los comit\u00e9s promotores para las pr\u00f3ximas elecciones regionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, la Sala deber\u00e1 establecer si el Consejo Nacional Electoral vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada por las promotoras, al resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado contra el acto administrativo por medio del cual se deneg\u00f3 el registro del logo-s\u00edmbolo del grupo representativo de ciudadanos \u00abMedell\u00edn es de Todos\u00bb, aparentemente sin emitir pronunciamiento en torno a las pruebas solicitadas con el aludido medio de defensa. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos <\/p>\n
3.1. Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb. (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
3.2. Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, la Corte advierte que el amparo invocado no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido, en la medida en que la tutela se dirige contra actos administrativos de car\u00e1cter particular, cuyo examen corresponde al juez contencioso administrativo, a trav\u00e9s de los medios de control pertinentes, siempre y cuando el interesado cumpla los requisitos propios del instrumento respectivo (v. gr., t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo el mecanismo defensivo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 \u00eddem, herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb. (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
4. Del perjuicio irremediable <\/p>\n
Por dem\u00e1s, contrario a lo arg\u00fcido por las quejosas, en el presente caso la tutela no podr\u00eda abrirse paso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo las circunstancias expuestas por las libelistas, se reitera que, sobre este aspecto, los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011 se muestran id\u00f3neos y eficaces para conjurar las eventuales amenazas o vulneraciones, porque, como se se\u00f1al\u00f3 en l\u00edneas anteriores, en ese escenario procede la solicitud de medidas cautelares en las condiciones descritas \u2013y siempre que se cumplan sus presupuestos normativos\u2013, circunstancia que, por s\u00ed misma, derruye la pretensi\u00f3n de conceder este resguardo de forma transitoria. <\/p>\n
As\u00ed, al revisarse la solicitud de amparo, lo que se advierte es que las actoras, pese a tener instrumentos id\u00f3neos de protecci\u00f3n, prefirieron acudir directamente a esta particular senda con el fin de obtener un pronunciamiento expedito y alterno, obviando que pedimentos como la suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n o de los efectos de los actos administrativos deben ser formulados y resueltos por el funcionario competente, circunstancia que desnaturaliza la verdadera esencia de esta acci\u00f3n supralegal que fue erigida para proteger derechos fundamentales y no para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo, en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n, pues el ruego desatiende el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza la acci\u00f3n tutelar, al contar las reclamantes con otra v\u00eda para hacer valer sus s\u00faplicas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dicho tr\u00e1mite se hizo extensivo a Claudia Victoria Carrasquilla Minami, a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Grupo Significativo de Ciudadanos \u201cMedell\u00edn es de Todos\u201d representado por Alberto Araque Montoya, Manuel Ocadiz Cano Cadavid y Juan Guillermo Yepes Restrepo. <\/p>\n
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