STC7057-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7057-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00413-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de marzo de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edgar Rub\u00e9n Rangel Quintero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, el Complejo Penitenciario y Carcelario, todos de C\u00facuta y la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda del corregimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata, as\u00ed como las partes e intervinientes del proceso penal radicado n\u00ba 2017-80469. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que fue procesado y condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de C\u00facuta a la pena de 120 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abfavorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados\u00bb. <\/p>\n
Dicho juicio, adujo, se adelant\u00f3 en su mayor\u00eda sin su presencia, ya que el juzgado no lo notific\u00f3 de la programaci\u00f3n de las audiencias puesto que, todos los citatorios los env\u00edo a una direcci\u00f3n en la ciudad de C\u00facuta, aportada desde las preliminares, pese a que tambi\u00e9n indic\u00f3 la del corregimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata, en la que siempre ha residido. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, solo pudo enterarse en dos ocasiones de las audiencias gracias a que fue informado por la polic\u00eda de su corregimiento, pero, afirm\u00f3 no recordar las fechas ni el objeto de las diligencias a las que asisti\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed mismo, destac\u00f3 que su defensor tampoco lo mantuvo al tanto, y que, seg\u00fan pudo observar posteriormente en el expediente, en una de las actas qued\u00f3 registrado que el abogado manifest\u00f3 ante el despacho que su inasistencia se deb\u00eda a que estaba enfermo, sin embargo, luego renunciar\u00eda al poder aduciendo que \u00abdesconoc\u00eda mi paradero, cuando en realidad lo que estaba pasando era que no estaba siendo notificado de las audiencias\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 del juzgado accionado que, \u00abno realiz\u00f3 acciones tendientes a localizarme, solo se limit\u00f3 a indicar [\u2026] que se me hab\u00eda librado la comunicaci\u00f3n y que no hab\u00eda comparecido y le sigui\u00f3 dando continuidad a las audiencias sin mi presencia, sin examinar la causa real por la que no estaba asistiendo, ella es, no estaba siendo notificado. Desconozco si el juzgado [\u2026] examin\u00f3 si las notificaciones estaban siendo dirigidas a las dos direcciones expresadas en la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura, tal parece que no fue as\u00ed, tampoco s\u00e9, si constataron o no si yo realmente las estaba recibiendo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, estuvo pendiente del proceso pues \u00ab(\u2026) varios meses fui a la estaci\u00f3n de polic\u00eda de Las Mercedes y preguntaba si hab\u00eda alguna citaci\u00f3n para m\u00ed [\u2026] en el mismo sentido en una ocasi\u00f3n fui a la defensor\u00eda del pueblo en C\u00facuta, y ante mi pregunta por el proceso, me manifestaron que no me preocupara, que de la misma manera que me hab\u00edan notificado en anterior ocasi\u00f3n lo seguir\u00edan haciendo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 tambi\u00e9n que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica, pues el profesional que lo asisti\u00f3 realiz\u00f3 un papel meramente formal \u00ab(\u2026) al punto que [\u2026] renunci\u00f3 a los testigos, entre ellos, el del coprocesado [\u2026] persona que, seg\u00fan entiendo s\u00ed estaba compareciendo al proceso, [y] si bien es cierto apel\u00f3 la sentencia condenatoria, no es menos cierto que ya la falta de defensa t\u00e9cnica se hab\u00eda configurado en el juicio oral\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aleg\u00f3 que la sentencia de condena debe ser anulada ya que fue el resultado de un \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb por la falta de notificaci\u00f3n y de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00ab(i) se declare la nulidad de todo lo actuado, a partir de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de cargos, celebrada el 17 de febrero de 2017; (ii) dejar sin efectos la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de C\u00facuta el 14 de diciembre de 2020, orden\u00e1ndose a su vez su libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de C\u00facuta hizo un recuento de lo que se registra a nombre del accionante en el Sistema de Consulta Siglo XXI y con el informe aport\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de C\u00facuta se\u00f1al\u00f3 que tramit\u00f3 las audiencias preliminares en el radicado 2017-80469 llevadas a cabo el 17 de febrero de 2017 en contra del aqu\u00ed accionante por el delito de \u00abfavorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados\u00bb, en las que no se le impuso medida de aseguramiento por lo que qued\u00f3 en libertad. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad hizo una rese\u00f1a de la actuaci\u00f3n surtida a su cargo y sostuvo que esa sede judicial no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, en tanto que, respet\u00f3 el debido proceso en todas las diligencias llevadas a cabo y el derecho de defensa, pues estuvo asistido por el abogado contractual designado por aquel y posteriormente un defensor p\u00fablico. <\/p>\n
Finalmente, se opuso a las alegaciones relacionadas con la supuesta indebida o falta de notificaci\u00f3n pues, el procesado \u00abconoc\u00eda que en su contra se tramitaba un proceso penal, adem\u00e1s, fue citado debidamente y no asisti\u00f3 a las sesiones de audiencia\u00bb. <\/p>\n
4. La apoderada de las v\u00edctimas aludi\u00f3 a su participaci\u00f3n en el proceso penal y afirm\u00f3 no poseer elementos probatorios que guarden relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n al sentenciado, m\u00e1s all\u00e1 de la informaci\u00f3n que reposa en el sistema Justicia XXI. <\/p>\n
5. La directora Seccional de Aduanas de C\u00facuta, dijo que acudi\u00f3 en calidad de v\u00edctima al proceso penal seguido en contra del promotor del resguardo, sin que de esa entidad dependiera las notificaciones al acusado. De ah\u00ed que advirti\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en el presente tr\u00e1mite de tutela y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
6. El Establecimiento Penitenciario de C\u00facuta solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque las pretensiones escapan a las competencias funcionales de la entidad. <\/p>\n
7. El abogado Marcos Ra\u00fal Contreras Higuera, expres\u00f3 que fungi\u00f3 como defensor p\u00fablico de Rangel Quintero en la etapa de juzgamiento ya que el abogado contractual de este \u00fanicamente lo represent\u00f3 durante las preliminares. Detall\u00f3 que su labor se concret\u00f3 al juicio oral, pues en las audiencias de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y preparatoria asisti\u00f3 otro profesional (Cesar Dar\u00edo Rubio Escalante) tambi\u00e9n adscrito a la defensor\u00eda p\u00fablica. Explic\u00f3 que debi\u00f3 renunciar al testimonio solicitado por su prohijado al evidenciar su reiterada inasistencia al proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que despleg\u00f3 \u00abtodas las actividades posibles para ejercer correctamente la defensa t\u00e9cnica del inculpado, pero ante la ausencia del mismo y de los testigos anunciados, se vio en la obligaci\u00f3n de renunciar a todos\u00bb. <\/p>\n
8. La Fiscal\u00eda 6\u00aa Seccional de C\u00facuta se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n porque, en punto de la presunta ausencia de notificaci\u00f3n, era claro que el demandante conoc\u00eda del proceso y, adem\u00e1s \u00abel pasado 24 de julio de 2017, hizo preacuerdo con el procesado EDGAR RUB\u00c9N RANGEL QUINTERO, el cual fue firmado por el aqu\u00ed accionante y su apoderado en el momento doctor \u00c1lvaro Rozo del Real, pero ante la inasistencia del procesado para la verificaci\u00f3n del mismo, el 12 de octubre del a\u00f1o 2018 fue improbado por el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
Desestim\u00f3 el resguardo implorado al concluir que no se configur\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, porque, el juzgado accionado cumpli\u00f3 con la labor de notificaci\u00f3n en la forma prevista por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en cumplimiento de lo establecido en el art\u00edculo 169 de esa normativa, teniendo en cuenta que el procesado se hallaba en libertad. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que aqu\u00e9l ten\u00eda pleno conocimiento de la actuaci\u00f3n que se adelantaba en su contra y \u00abpese a ello, opt\u00f3 por sustraerse de comparecer a las audiencias a las que fue convocado y el deber que le asist\u00eda de estar al tanto de la misma e informar cualquier cambio en sus datos de localizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, en cuanto a la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica, no se comprob\u00f3, pues fue el descuido del procesado \u00abel que llev\u00f3, de un lado, a la renuncia del apoderado de confianza y de otra parte, a que los defensores p\u00fablicos que abanderaron su causa no contaran con los insumos suficientes para materializar el preacuerdo con la fiscal\u00eda o practicar pruebas de descargo en el juicio, precisamente por la inasistencia del accionante al proceso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial, especialmente lo relacionado con la falta o indebida notificaci\u00f3n o citaci\u00f3n a las audiencias. Al respecto sostuvo que, \u00absi bien es cierto conoc\u00eda de la existencia de un proceso penal en mi contra, nunca m\u00e1s volv\u00ed a recibir citaciones a las audiencias\u00bb, insisti\u00f3 en que estuvo pendiente del asunto, pues en varias ocasiones pregunt\u00f3 en la estaci\u00f3n de polic\u00eda del corregimiento en el que vive sobre las citaciones, a la vez que indag\u00f3 en la defensor\u00eda del pueblo. Recalc\u00f3 que su ausencia en el juicio obedeci\u00f3 \u00fanicamente a que no recibi\u00f3 las notificaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, corresponder\u00e1 establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el accionante por, supuestamente, no citarlo \u00aben debida forma\u00bb a las diferentes audiencias del proceso que se le adelant\u00f3 por el delito de \u00abfavorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados\u00bb, perdiendo as\u00ed la oportunidad de ejercer eficazmente su defensa material, por lo que el juicio y la sentencia condenatoria (14 de diciembre de 2020) estar\u00edan viciados de nulidad. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas a la actuaci\u00f3n, no se advierte la circunstancia transgresora de los derechos fundamentales invocados, por cuanto, como se pudo establecer y seg\u00fan lo inform\u00f3 el despacho querellado al intervenir en este tr\u00e1mite, para todas las audiencias cumpli\u00f3 con la labor de librar los oficios citatorios correspondientes, remitidos por correo oficial a las direcciones registradas en el plenario. <\/p>\n
Ahora, aunque la entrega de algunas de las comunicaciones no se haya completado satisfactoriamente en el caso del procesado Rangel Quintero, como lo indic\u00f3 la Sala a quo, al margen de ello, el proceder del juzgado respondi\u00f3 al precepto 169 del estatuto adjetivo penal que precisa que, <\/p>\n
Por regla general las providencias se notificar\u00e1n a las partes en estrados. <\/p>\n
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citaci\u00f3n oportunamente, se entender\u00e1 surtida la notificaci\u00f3n salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificaci\u00f3n se entender\u00e1 realizada al momento de aceptarse la justificaci\u00f3n. <\/p>\n
De manera excepcional proceder\u00e1 la notificaci\u00f3n mediante comunicaci\u00f3n escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facs\u00edmil, correo electr\u00f3nico o cualquier otro medio id\u00f3neo que haya sido indicado por las partes. <\/p>\n
Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le ser\u00e1n comunicadas en el establecimiento de reclusi\u00f3n, de lo cual se dejar\u00e1 la respectiva constancia. <\/p>\n
Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del t\u00e9rmino legal deber\u00e1n ser notificadas personalmente a las partes que tuvieren vocaci\u00f3n de impugnaci\u00f3n (Subrayas fuera de texto original). <\/p>\n
Luego entonces, al no hallarse el enjuiciado privado de la libertad, no resultaba exigible la notificaci\u00f3n personal, pese a que, se reitera, los citatorios fueron expedidos a la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n informada por el encausado desde las audiencias preliminares, cumpli\u00e9ndose el procedimiento aludido; empero, no se alleg\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que explicase una eventual circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que hubiere impedido la asistencia del referido procesado. <\/p>\n
3.2. De la falta de vigilancia procesal. <\/p>\n
Cabe recordar tambi\u00e9n que, en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, \u00abConsulta de procesos\u00bb es posible la verificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, pues en esa plataforma quedan igualmente registradas las determinaciones que se adoptan al interior del tr\u00e1mite; luego, aunque no es aqu\u00e9lla una herramienta que supla la gesti\u00f3n de la notificaci\u00f3n, es un sistema p\u00fablico de libre acceso para el seguimiento de los procesos, el que tambi\u00e9n concierne ser visualizado de manera diligente por los interesados. <\/p>\n
Lo anterior se precisa porque, nada justifica la desconexi\u00f3n con el acontecer procesal que se advierte en el tutelante, ya que, una causa judicial, de cualquier naturaleza, pero en especial un proceso penal donde se encuentra en vilo un derecho tan caro como la libertad, exige un apersonamiento riguroso y siempre diligente; es decir, existe una carga que le concierne asumir al implicado con el juicio, pues se trata de un deber de vigilancia propia frente al cual no es admisible excusarse; al respecto esta la Sala ha dicho sobre la desidia procesal, <\/p>\n
\u00abquien acude a los estrados judiciales debe cumplir las cargas, deberes y obligaciones procesales que el ordenamiento prev\u00e9; y entre esas cargas reluce la de diligencia y esmero en la atenci\u00f3n del proceso, concretamente en lo concerniente a informarse, mediante los instrumentos id\u00f3neos, vgr. los estados, los edictos y si es del caso, los registros y libros respectivos, de las actuaciones judiciales. Por supuesto que es el ordenamiento, con un claro fin garantista, el que prescribe la forma como se notifican las decisiones judiciales y se computan los t\u00e9rminos judiciales mediante reglas que no solo, como ya se anunciara, amparan los derechos fundamentales de las partes, sino, tambi\u00e9n, que trazan derroteros seguros y fiables en la materia\u00bb (CSJ SC 13 feb. 2006, rad. 00099, reiterada en STC, 1\u00ba oct. 2013, rad. 01137-01, STC915-2014, 29 ene. 2014, rad. 2013-00181-01 y STC9248-2016, 7 jul. 2016, rad. 00160-01). <\/p>\n
Complementariamente tambi\u00e9n se ha dejado sentado: <\/p>\n
\u00abno se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (Providencia de 29 de enero de 2007, Exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, reiterada en STC 19 ene. 2012, rad. 01601-01, y m\u00e1s recientemente en STC13840-2015, 8 oct., rad. 00224-01). <\/p>\n
Se agrega que la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ SC STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01). <\/p>\n
Por lo tanto, la desatenci\u00f3n del accionante con el devenir del asunto, tal como se resalt\u00f3, tambi\u00e9n fue relevante para que las providencias que finalmente le fueron adversas cobraran firmeza, siendo inaceptable que pretenda justificar su distanciamiento del litigio aun teniendo pleno conocimiento del mismo y que busque con la acci\u00f3n de tutela remediar esa desidia, lo que resulta improcedente en virtud del principio de nemo auditur propriam turpitudinem allegans, el cual ense\u00f1a que nadie puede alegar en su favor su propia culpa. <\/p>\n
Por lo discurrido se ratificar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada y, por lo tanto, la desestimaci\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La alegaci\u00f3n sobre la que se edifica \u00e9sta demanda \u2013 falta o indebida notificaci\u00f3n y citaci\u00f3n a las audiencias del proceso penal \u2013 no se configura, coligi\u00e9ndose que la queja del promotor se aviene claramente infundada, dado que, la autoridad judicial acusada se ci\u00f1\u00f3 a la normativa espec\u00edfica aplicable para esos efectos \u2013 art\u00edculo 169 de la Ley 906 de 2004 \u2013, por lo que no puede hablarse de negligencia u omisi\u00f3n, a lo que se suma la falta de diligencia del propio interesado\/procesado de estar al tanto de la causa que lo involucra, pues se encontraba en libertad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 7 de julio de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 10 de julio de 2023. <\/p>\n
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STC7057-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7057-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00413-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74892","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74892"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74892\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}