STC7058-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7058-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00874-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Antonio Vargas Guzm\u00e1n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2010-01155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablegalidad, legitimidad de la actuaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga mediante sentencia del 23 de abril de 2018 conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante a la pena de 106 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacto sexual violento e incesto\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial con fallo del 16 de marzo de 2021, respecto del cual no se interpuso casaci\u00f3n. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 el actor sus cuestionamientos contra los fallos condenatorios, especialmente, porque considera que la conducta de \u00abacceso carnal violento\u00bb no se configur\u00f3, sino \u00fanicamente la de \u00abincesto\u00bb. As\u00ed mismo, sostuvo que careci\u00f3 de una adecuada defensa t\u00e9cnica, pues la actuaci\u00f3n desplegada por la profesional del derecho \u2013 de la Defensor\u00eda P\u00fablica \u2013 que lo asisti\u00f3 en el juicio fue insuficiente, ya que solo fue \u00abespectadora de mi suerte jur\u00eddica, sin que sea de recibo afirmar que por haber impugnado el fallo condenatorio se satisfaga la exigencia del legislador y del Constituyente consagrado en los art\u00edculos 8 de la ley 906 de 2004 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la responsabilidad penal que se le endilg\u00f3 fue producto de la confabulaci\u00f3n malintencionada entre la v\u00edctima (joven de 17 a\u00f1os de edad) y su progenitora, en el sentido de que se\u00f1alar que \u00absometi\u00f3 a indefensi\u00f3n a la v\u00edctima, en contrariedad con la realidad, m\u00e1xime que se sobre entiende \u2013 a la \u00e9poca de la ocurrencia del hecho incestuoso \u2013 me hallaba en separaci\u00f3n legal de la uni\u00f3n que existi\u00f3 con la madre de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se dejen sin efectos las sentencias condenatorias \u00abpor la deficiente defensa t\u00e9cnica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, inform\u00f3 que esa corporaci\u00f3n confirm\u00f3, a trav\u00e9s de fallo del 16 de marzo de 2021, la sentencia de condena proferida contra el actor, frente a la cual no se interpuso recurso de casaci\u00f3n, por lo que cobr\u00f3 ejecutoria el 2 de junio de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2. La Juez Segunda de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, explic\u00f3 que avoc\u00f3 el conocimiento de la vigilancia de la sanci\u00f3n impuesta a Vargas Guzm\u00e1n el 17 de septiembre de 2021, por lo que libr\u00f3 la boleta de encarcelamiento del 28 de noviembre de ese a\u00f1o ante la Direcci\u00f3n del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
3. La abogada que represent\u00f3 los intereses del actor en el proceso penal en cuesti\u00f3n, rese\u00f1\u00f3 las gestiones que adelant\u00f3 en su defensa, entre las que destac\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia de condena de primera instancia. Indic\u00f3 que el proceso fue reasignado a otro abogado de la Defensor\u00eda, desconociendo por qu\u00e9 raz\u00f3n no se recurri\u00f3 en casaci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; del primero porque \u00ab(\u2026) la sentencia de segunda instancia fue proferida el 6 de marzo de 2021; no obstante, solo hasta el 3 de mayo de 2023, es decir 26 meses despu\u00e9s JOS\u00c9 ANTONIO VARGAS GUZM\u00c1N present\u00f3 la demanda de tutela.\u00bb; y, del segundo, porque, \u00abel demandante no utiliz\u00f3 el mecanismo extraordinario de defensa judicial que el procedimiento penal le habilitaba, esto es, la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga; por lo que, a la fecha la sentencia cobr\u00f3 ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, reiterando los argumentos del escrito inicial e insistiendo puntualmente en su queja por la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica, ya que, asevera que la labor de la abogada adscrita a la Defensor\u00eda P\u00fablica que lo represent\u00f3 fue deficiente y pasiva sobre todo en la \u00abetapa probatoria (sic)\u00bb lo que incidi\u00f3 en su condena. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor al condenarlo a la pena de 106 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abactos sexuales violentos e incesto\u00bb (sentencias de 23 de abril de 2018 y 16 de marzo de 2021, de primera y segunda instancia respectivamente) incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y por desconocer que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que hace el actor no atiende el postulado que viene de comentarse ya que, el fallo del tribunal convocado, confirmatorio de la condena impuesta por el juez a quo, fue proferido el 16 de marzo de 2021, mientras que este auxilio se radic\u00f3 el 3 de mayo de 2023, esto es, superando con amplitud el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas, los cuestionamientos relacionados con el juicio que se adelant\u00f3 al precursor del amparo y con la gesti\u00f3n de la profesional del derecho que lo asisti\u00f3, ex\u00e1menes que, en este caso, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone ratificar la negativa del amparo porque: <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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