STC7059-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7059-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00296-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 29 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Piedad Holgu\u00edn Giraldo contra el Registrador Nacional del Estado Civil, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Sindicato de Trabajadores de la referida instituci\u00f3n, la Administradora Colombiana de Pensiones, el Registrador Municipal de Balboa \u2013 Risaralda y las dem\u00e1s personas relacionadas en la resoluci\u00f3n del 2 de junio de 2023 que dispuso el traslado temporal de funcionarios de dicha entidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Expuso que \u00abdesde el d\u00eda 16 de junio de 2005, me desempe\u00f1o en la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, actualmente en el cargo de registradora Municipal de Vian\u00ed Cundinamarca\u00bb; que \u00abmi servicio de salud al igual que el suministro de medicamentos son atendidos por la E.P.S. Compensar y Audifarma Bogot\u00e1 donde actualmente estoy afiliada y las autorizaciones y f\u00f3rmulas de los medicamentos que a diario debo consumir, debo tramitarlos y reclamarlos en forma presencial\u00bb. <\/p>\n
Que lo anterior, debido a que \u00aben la actualidad soy una persona de la tercera edad, que presenta inconvenientes de salud como Hipertensi\u00f3n Arterial, Bloqueo AV en Estudio y sobrepeso, motivo por el cual debo tomar a diario medicamentos, adem\u00e1s fui vinculada al programa de promoci\u00f3n y mantenimiento de enfermedades cardiovasculares y sumado a mi avanzada edad, los controles son permanentes, de igual forma tengo programados una serie de ex\u00e1menes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante resoluci\u00f3n nro. 11253 del 2 de junio de 2023, (\u2026) el se\u00f1or Registrador Nacional resuelve traslado de algunos funcionarios a nivel nacional, [y en ella] se ordena el traslado de la suscrita como Registradora Municipal de Balboa Risaralda\u00bb; que notificada de esa decisi\u00f3n, \u00abenv\u00edo oficios a los Delegado Departamental del Registrador Nacional en Cundinamarca [y] a la Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Registradur\u00eda Nacional, a fin de que se realicen las gestiones tendientes a garantizar mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abante la inexistencia de sedes de la E.P.S Compensar en el municipio de Balboa para el cual fui destinada, [se] generar\u00eda traumatismo y demora con las diferentes citas, controles y entrega de medicamentos, vulnerando a su vez mi derecho fundamental a la salud, por falta de garant\u00eda en la prestaci\u00f3n del servicio, poniendo en grave riesgo mi estado actual de salud y en consecuencia mi derecho fundamental a la vida\u00bb. <\/p>\n
Que la decisi\u00f3n cuestionada, va \u00aben contrav\u00eda de los principios razonabilidad y necesidad del servicio, pues el mismo est\u00e1 cubierto y garantizado en todo el territorio nacional y en nada influye o cambia que la suscrita no sea trasladada al municipio de Balboa. Adem\u00e1s, considero que la causa del traslado prematuro de la suscrita, frente al certamen electoral de autoridades territoriales que se avecina, obedece a que cumpl\u00ed los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder a pensi\u00f3n de vejez, ya que en reuni\u00f3n que sostuvimos con el se\u00f1or Registrador Nacional del Estado Civil en el mes de noviembre de 2021, nos manifest\u00f3 que los funcionarios que ya hab\u00edamos cumplido tiempo para pensi\u00f3n, era mejor que nos retir\u00e1ramos y si no que \u00e9l personalmente se iba a encargar de [ello], desconociendo lo establecido en el art\u00edculo 1\u00b0 [de] la Ley 1821 de 2016, corregida por el Decreto 321 de 2017, [por lo que] se evidencia [que dicha] resoluci\u00f3n, [constituye] represalia del se\u00f1or Registrador Nacional, por manifestar nuestro deseo de acogernos a la edad de retiro forzoso\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se proceda a \u00abORDENAR al se\u00f1or Registrador Nacional del Estado Civil, [que] revoque en forma definitiva el traslado de la accionante, [contenido en la] resoluci\u00f3n nro. 11253 del 2 de junio de 2023, [y] exhortar[lo] para que, en lo sucesivo, evite la vulneraci\u00f3n de cualquier derecho fundamental de la suscrita\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Oficina Jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil se opuso a lo pretendido, aduciendo la improcedencia de la acci\u00f3n \u00abpor el no cumplimiento del principio de subsidiariedad, [ya que] existe el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb; que el traslado en \u00e9poca electoral, corresponde a \u00abuna medida de car\u00e1cter preventivo y transitorio (\u2026), la cual se realiza a nivel nacional en procura de gozar de transparencia (\u2026), es de aplicaci\u00f3n general e irrestricta a todos los servidores p\u00fablicos de la Registradur\u00eda, que no implica desmejora de las condiciones laborales de ninguno de los funcionarios\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, asever\u00f3 que, en este caso, \u00abla situaci\u00f3n planteada no se enmarca dentro de la definici\u00f3n y elementos del perjuicio irremediable\u00bb, pues frente a lo relacionado con el riesgo en la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico por parte de la EPS a la que se encuentra afiliada, esta \u00abtiene cobertura en el departamento de Risaralda\u00bb, para lo cual alleg\u00f3 pantallazo de la revisi\u00f3n de la informaci\u00f3n que al respecto reposa en la p\u00e1gina web de EPS Compensar, \u00abas\u00ed mismo, puede recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica [en dicha ciudad] donde tambi\u00e9n existe una amplia cobertura de servicios de salud de I.P.S, urgencias, hospitales y cl\u00ednicas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Compensar, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite tutelar, aduciendo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por no haber incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que vulnere los derechos de la accionante. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que si bien la resoluci\u00f3n mediante la cual se efectu\u00f3 \u00abalrededor de 160 [traslados] de registradores municipales (\u2026), en principio no ser\u00eda viable atacar[la] a trav\u00e9s de este amparo, [ya que] para esta clase de sucesos, la ciudadana cuenta con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento de derechos ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb, en este caso era viable resolver de fondo, aunque de manera desfavorable. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan precedentes constitucionales, la tutela procede de manera excepcional \u00abcuando [el traslado] \u201cgenera serios problemas de salud\u201d [como ac\u00e1 lo reclama la actora], (\u2026) en forma alguna puede ser considerado como una obstrucci\u00f3n a la prestaci\u00f3n de los servicios del sistema general de salud de la promotora, comoquiera que Compensar EPS (\u2026) tiene cobertura en el departamento de Risaralda y su capital Pereira, donde podr\u00e1 recibir la atenci\u00f3n id\u00f3nea para solventar las patolog\u00edas que padece, m\u00e1s a\u00fan cuando el traslado es temporal debido al proceso electoral elecci\u00f3n de autoridades territoriales del 29 de octubre de 2023, y no es la primera vez que se somete a una situaci\u00f3n de ese talante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante para precisar que \u00abno se est\u00e1 cuestionando la legalidad de los traslados ordenados por el se\u00f1or Registrador Nacional del Estado Civil (\u2026), ya que est\u00e1n revestidos de legalidad (\u2026), pero es claro que estos traslados obedecen a retaliaciones del se\u00f1or Registrador Nacional, ante nuestra negativa de retirarnos y acogernos a la edad de retiro forzoso\u00bb; por lo que, adem\u00e1s de insistir en los argumentos y pretensiones de su querella, pidi\u00f3 \u00abse vincule al Ministerio de Trabajo para que realice seguimiento y control a los traslados ordenados por el Registrador Nacional y si el mismo con sus manifestaciones est\u00e1 discriminando y acosando laboralmente al personal viejo de la entidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al disponer su traslado temporal de sede laboral durante el periodo de elecciones regionales. <\/p>\n
2. Del principio de la subsidiariedad y de la tutela contra actos administrativos. <\/p>\n
En invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corte ha dicho que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos, no es posible acudir al instrumento excepcional consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y regulado en el Decreto 2591 de 1991, en tanto no ha sido incorporado en el ordenamiento jur\u00eddico para tenerse en lugar del sendero ordinario que el legislador previ\u00f3 para definir un asunto determinado y menos como una instancia adicional. <\/p>\n
De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no es viable acudir a dicho remedio, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
As\u00ed, la improcedencia del auxilio por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues no se avizora justificaci\u00f3n para que la actora hubiese dejado de utilizar los recursos a su alcance. <\/p>\n
En esa perspectiva, se ha enfatizado que los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez del resguardo, pues acerca de su legalidad, este no puede arrogarse facultades que son propias de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues, en principio, es en ese escenario donde el punto \u00abdebe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2007, rad. 00186-01, citada, entre otras, en STC10875-2022, 22 ago., rad. 00193-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, analizados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio del resguardo, pero precisando que lo ser\u00e1 porque no supera el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que la senda jur\u00eddica para refutar actuaciones administrativas, es aquella dise\u00f1ada por el legislador para ser adelantada ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, al afirmar que, \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb (CSJ STC5278-2015, 4 may., rad. 2014-00305-01, citada en STC1949-2022, 23 feb., rad. 2021-04087-03, entre otras). <\/p>\n
Espec\u00edficamente cuando los actos administrativos censurados son de car\u00e1cter particular y concreto, sostuvo que el control de legalidad \u00abcorresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, [y por ello] fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art. 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2000, exp. 9321, citada entre otras muchas en STC9204-2022, 19 jul., rad. 00893-00). Se subraya. <\/p>\n
N\u00f3tese que adem\u00e1s de que dicho mecanismo jur\u00eddico es el pertinente para que la interesada ejerza su defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, habida cuenta la posibilidad de solicitar medidas cautelares al tenor del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha sostenido que en el marco del referido medio de control: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, am\u00e9n de que en esta instancia tambi\u00e9n pueda solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar prevista en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo contra los actos administrativos de contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos (\u2026), y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb (CSJ STC, 18 oct. 2007, exp. 00321-01, reiterada en STC, 14 oct., 2011, exp. 00201-01). Se Resalta. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas ordinariamente establecidas. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco se avizora viable la posibilidad de otorgar la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque la demandante no prob\u00f3 las exigencias de estar frente a un perjuicio irremediable, pues recu\u00e9rdese que, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, se configura cuando: \u00aben el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se avalar\u00e1 la improcedencia del amparo, habida cuenta la existencia de otros medios de defensa judicial para que la accionante exponga sus reclamos, y porque la actora no acredit\u00f3 la conexidad de riesgo cierto e inminente de las prerrogativas invocadas que habilite su concesi\u00f3n como medida transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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