STC7060-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7060-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2023-00069-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n el 23 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Pablo Torne P\u00e9rez contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el divisorio n\u00b0 2019-00070. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante por intermedio de apoderada judicial, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera quebrantados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que Jos\u00e9 Luis y Monserrat Torne P\u00e9rez promovieron en su contra demanda de venta de bien com\u00fan respecto del inmueble identificado con la matr\u00edcula n\u00b0 120-31684, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, quien adem\u00e1s de \u00abtransqredir abiertamente el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o consagrado en el Art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso para resolver el asunto, (\u2026) aun cuando se trata de un proceso, DECLARATIVO ESPECIAL, convoc\u00f3 a las partes en controversia al desarrollo de las Audiencias establecidas en los art\u00edculos 372 y 373 del mentado estatuto procedimental\u00bb, dictando sentencia \u00abcuando ni siquiera se hab\u00eda practicado el remate del inmueble objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que \u00abComo si lo anterior fuera poco\u00bb, el juzgador orden\u00f3 la subasta del predio teniendo en cuenta el aval\u00fao comercial que se adjunt\u00f3 con el libelo en el a\u00f1o 2019, \u00abvulnera[ndo] de nuevo el debido proceso, en virtud a que desconoci\u00f3 de manera flagrante lo prevenido en el Art. 19 del Decreto 1420 de 1998, seg\u00fan el cual, tales aval\u00faos solo tienen vigencia de un (1) a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Refiere que pese a que cuestion\u00f3 a trav\u00e9s de los recursos ordinarios el auto que orden\u00f3 la entrega del predio a la adjudicataria, y solicit\u00f3 al juez querellado que realizara un \u00abCONTROL DE LEGALIDAD\u00bb, sus pedimentos no prosperaron incurriendo en v\u00eda de hecho, pues \u00abel tr\u00e1mite del aludido divisorio, y, especialmente, la diligencia de remate solo tienen la apariencia formal de legalidad, pero en realidad son actuaciones contrarias al orden jur\u00eddico y constitucional y por tanto vulneradoras de los derechos fundamentales de los contendientes, pues a trav\u00e9s de esa actuaci\u00f3n judicial el proceso se transmut\u00f3 de m\u00e9todo de soluci\u00f3n de conflictos, la venta de un bien com\u00fan, es uno para esquilmar a los cond\u00f3minos de su bien, mediante el f\u00e1cil recurso de adelantar un remate cuatro (4) a\u00f1os despu\u00e9s del aval\u00fao del bien por un precio notoria y absolutamente menor al real del predio, que en la actualidad tiene un precio superior a los $1.300.000.000\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se \u00abdej[e] sin valor ni efecto legal toda la actuaci\u00f3n surtida en dicho proceso, desde la convocatoria que hizo el juez accionado a las partes contendientes para la celebraci\u00f3n de la Audiencia establecida en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, para en su lugar, \u00abORDENAR que se practique un nuevo aval\u00fao comercial al inmueble objeto del proceso, como quiera (sic) que el que obra en dicho asunto, supera con creces el a\u00f1o de vigencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Quinto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, luego de realizar la trazabilidad del proceso divisorio cuestionado, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, habida cuenta que \u00abha sido garante del debido proceso que le asiste a las partes y con \u00e9l, del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, garantiz\u00e1ndole a cada una de ellas decisiones sobre cada una de las peticiones que han presentado y darle tr\u00e1mite y resolviendo los recursos que se han deprecado, por ende, no se puede decir que el Juzgado les haya quebrantado o vulnerado el derecho en comento\u00bb. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Luis y Monserrat Torne P\u00e9rez, en calidad de demandantes dentro del asunto cuestionado, pidieron desestimar lo aqu\u00ed reclamado, pues \u00abEn el transcurso del proceso a\u00f1o 2019 hasta la fecha 2023 han transcurrido 5 a\u00f1os y el se\u00f1or Torne P\u00e9rez ha dilatado con: 1 proceso de prescripci\u00f3n (sic) extraordinaria de dominio interpuesta por Juan Pablo Torne P\u00e9rez, 1 Dda de prescripcion (sic) interpuesta por la se\u00f1ora Constanza Ligia P\u00e9rez Fern\u00e1ndez, 2 tutelas, 1 incidente, 2 recurso de reposici\u00f3n, recurso de apelaci\u00f3n, incidente de mejoras con diferentes abogados y de forma diferente el proceso en comento, todo esto est\u00e1 vulnerando [sus] derechos (\u2026) tanto en la parte econ\u00f3mica como emocional\u00bb. <\/p>\n
3. Astrid Ximena Cabrera Toro, adjudicataria del inmueble objeto de disputa, reclam\u00f3 que se rechace la salvaguardia, comoquiera que \u00abHe sido yo la m\u00e1s perjudicada tanto en la parte econ\u00f3mica, como emocional debido que se ha venido prolongando la entrega del bien cuando existe sentencia y dem\u00e1s actuaciones procesales dentro del expediente en comento. Insisto que hay mala fe en la parte demandada en el actuar de este proceso, falta de honestidad y lealtad con las partes, apoderados que intervinieron en la diligencia de remate y con el operador judicial que aval\u00f3 la diligencia, pues lo que se pretende es desvirtuar la legalidad de un pronunciamiento judicial que se encuentra debidamente notificado y ejecutoriado y dilatar la entrega del bien inmueble que se me adjudic\u00f3\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que \u00abel accionante no utiliz\u00f3 los instrumentos ordinarios para controvertir las actuaciones que hoy se reprochan, adem\u00e1s, desaprovech\u00f3 las oportunidades procesales para presentar un nuevo aval\u00fao del inmueble rematado. pese a la advertencia que. en tal sentido. realiz\u00f3 el Juzgado querellado. Tampoco puso de presente al Despacho el vencimiento del a\u00f1o previsto en el 121 del CGP que alega, previo a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, no evidenci\u00f3 actuaci\u00f3n arbitraria de la autoridad convocada al ordenar la entrega del inmueble materia de discusi\u00f3n, pues \u00abla conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la autoridad judicial no constituye una v\u00eda de hecho, considerando que efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n normativa razonable y la simple discrepancia con la argumentaci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial no puede ser motivo para el ejercicio del mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor disinti\u00f3 de lo determinado reiterando los argumentos iniciales, adem\u00e1s de se\u00f1alar que \u00abel asunto ameritaba un estudio de fondo, en virtud a que, aun cuando fue evidente una adecuada defensa t\u00e9cnica por parte de los profesionales que representaron al condue\u00f1o-accionante, el juez cognoscente, como Director del proceso y garante de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de los contendientes, debi\u00f3 en primer lugar, observar el DEBIDO PROCESO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad querellada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas dentro del proceso de venta de bien com\u00fan promovido contra el gestor por Jos\u00e9 Luis y Monserrat Torne P\u00e9rez (n\u00b0 2019-00070), (i) al convocar a las partes para la realizaci\u00f3n de la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso dentro de un proceso declarativo especial; (ii) dictar sentencia pese a que, supuestamente, hab\u00eda perdido competencia para ello de conformidad con lo previsto en el canon 121 Cit.; (iii) rematar el inmueble objeto del proceso teniendo en cuenta un aval\u00fao desactualizado; y, (iv) ordenar la entrega del bien sin que se encuentre registrada la subasta en la respectiva oficina de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio deprecado, porque no alcanza a superar los requisitos generales de procedibilidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Por cuanto la censura expresada a trav\u00e9s del presente instrumento, el querellante la enfil\u00f3 inicialmente (i) contra el auto proferido el 6 de diciembre de 2019, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito en Oralidad de Popay\u00e1n convoc\u00f3 a las partes a asistir a la \u00abaudiencia contemplada por el art. 372 del C. General del Proceso\u00bb, y, (ii) la sentencia dictada el 3 de marzo de 2020 que, tras declarar no probadas las excepciones propuestas, orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien com\u00fan, en raz\u00f3n a que la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 9 de junio de 2023, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a providencias judiciales, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC377-2023, 25 en. 2023, rad. 00431-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago., rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
Con observancia en lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad del censor, pues, entre otras, ha contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el proceso, y con ello, la falta de justificaci\u00f3n que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
3.2. De la incuria <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el requisito de subsidiariedad, pues de conformidad con el material de convicci\u00f3n allegado por la c\u00e9lula judicial querellada, el gestor: <\/p>\n
<\/p>\n
i. No recurri\u00f3 el auto proferido el 6 de diciembre de 2019, a trav\u00e9s del cual el juzgado criticado convoc\u00f3 a las partes a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del Estatuto Procesal vigente, <\/p>\n
<\/p>\n
ii. No asisti\u00f3 a la audiencia de juzgamiento y apel\u00f3 extempor\u00e1neamente el fallo proferido en audiencia el 3 de marzo de 2020 que orden\u00f3 el remate del bien com\u00fan;<\/p>\n
iii. Pese a que alega la falta de competencia del fallador para resolver la instancia, no obra dentro del plenario que haya puesto de presente al despacho el vencimiento del a\u00f1o previsto en el art 121 Cit; <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
v. Aunque el aval\u00fao que fue base del remate data del a\u00f1o 2019, no aport\u00f3 uno nuevo, conforme lo consignado en el art. 457 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, al haber tenido el querellante a su alcance las herramientas judiciales id\u00f3neas para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, y haberlas injustificadamente desaprovechado, le qued\u00f3 vedada toda posibilidad de obtener lo que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial, pues la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC1431-2023, 22 feb. 2023, rad. 00382-01). <\/p>\n
3.3. La razonabilidad <\/p>\n
Analizada la queja enrostrada a la decisi\u00f3n que program\u00f3 la entrega del bien com\u00fan subastado y adjudicado al interior del litigio criticado, la que fue mantenida en reposici\u00f3n por la autoridad convocada por auto del 5 de junio de 2023, la Sala establece que lo determinado no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, si bien el demandado, aqu\u00ed interesado, finca su desacuerdo en que es \u00abapresurada\u00bb la orden de entrega, en la medida en que, supuestamente, s\u00f3lo procede cuando se encuentre registrado el remate en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n y protocolizado en notar\u00eda p\u00fablica, el Juez Quinto Civil del Circuito en Oralidad de Popay\u00e1n para no reponer el auto que dispuso la entrega del inmueble con folio n\u00b0 120-31684 a la adjudicataria Astrid Ximena Cabrera Toro, precis\u00f3 al recurrente que \u00abmal se puede considerar que son hechos que deben ser objeto de un control de legalidad porque ello no es un vicio o una irregularidad o una causal de nulidad en que se hubiese incurrido en el tr\u00e1mite procesal, aunado a que, para ordenar esa entrega, no se requiere de los requisitos pregonados por [el censor], de ah\u00ed que el Despacho no emiti\u00f3 una orden de entrega apresurada\u00bb. <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3 el fallador, que \u00abDesconoce [el] recurrente que, en materia de entrega de un bien subastado se debe tener en cuenta lo reglamentado por el art. 465 del C. General del Proceso, una de las normas que regula lo concerniente al remate en los procesos Ejecutivo conjuntamente los arts. 448 y s.s. \u00eddem, que hacen parte del Cap\u00edtulo III, Secci\u00f3n Segunda Proceso Ejecutivo, T\u00edtulo \u00danico del Estatuto Procesal, norma que le impon\u00eda a la secuestre entregarle el bien a su adjudicataria dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a que hubiese recibido la orden y, de no proceder de conformidad, lo debe hacer el Juzgado dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a que se radique la solicitud de entrega\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el despacho criticado puntualiz\u00f3 que \u00abEn este asunto, frente a la omisi\u00f3n de la secuestre (\u2026), de cumplir con la orden de entrega dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo de comunicaci\u00f3n respectiva, como se le orden\u00f3 en el oficio 077 de 21 de abril de 2023, el cual se le reemiti\u00f3 d\u00eda 26 de ese mismo mes, a su correo electr\u00f3nico, la adjudicataria ten\u00eda derecho a solicitarle al Juzgado que le hiciera esa entrega para lo cual se estableci\u00f3 un t\u00e9rmino no mayor de quince (15) d\u00edas despu\u00e9s de presentada la solicitud como se extrae del citado art. 456, radic\u00e1ndose la petici\u00f3n el 15 de mayo de 2023, por ello, este Despacho en observancia del t\u00e9rmino m\u00e1ximo con que contaba y con conocimiento de causa de que, de comisionarse a la Secretar\u00eda de Gobierno Municipal de Popay\u00e1n no podr\u00eda hacer esa entrega dentro de ese lapso, opt\u00f3 por hacerla directamente como fue ordenado en el auto controvertido, dictado el pasado 17 de mayo\u00bb. <\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n a esta Judicatura que, la secuestre (\u2026, controvirtiendo la orden de entrega que se le dio en el oficio 077 antes mencionado, le hubiese exigido a la adjudicataria (\u2026), requisitos que no eran de su resorte, desconociendo, no solo el t\u00e9rmino establecido por el art.456 de la Codificaci\u00f3n Procesal, sino tambi\u00e9n la orden judicial\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De este modo, finiquit\u00f3 que \u00abEn relaci\u00f3n con que el fundo no se pod\u00eda entregar si la adjudicataria no registraba el remate y su aprobaci\u00f3n y posteriormente ejecutaba su protocolizaci\u00f3n, lo cual le deb\u00eda de comprobar al Juzgado, es un argumento sin asidero legal alguno, habida cuenta que el cumplimiento de esos tr\u00e1mites se estableci\u00f3 para poder surtir otras etapas procesales como se extrae de la parte final del inc. 5\u00ba, del art. 411 del C. General del Proceso que precisa que, una vez est\u00e9 registrado el remate y entregada la cosa al rematante, se debe dictar sentencia de distribuci\u00f3n del producto del remante, entre los condue\u00f1os, en proporci\u00f3n a los derechos de cada uno en la comunidad.- <\/p>\n
Debe precisar el Juzgado que en momento alguno est\u00e1 dejando sentado que la adjudicataria no debe registrar y protocolizar el remate, puesto que ello es una obligaci\u00f3n que se deriva del del citado inc. 5\u00ba, del art. 411, en concordancia con el num. 3\u00ba, del art. 455 del Estatuto General del Proceso, indicando este \u00faltimo precepto que, las copias del acta de remate y del auto de aprobaci\u00f3n, se le deb\u00edan entregar a la adjudicataria dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la expedici\u00f3n del auto de aprobaci\u00f3n, lo cual se cumpli\u00f3 en este caso; en otras palabras, lo que se infiere de las anteriores disposiciones es que ese registro y protocolizaci\u00f3n no son requisitos para poder entregar un bien subastado\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se configura una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del promotor no halla recibo en esta sede excepcional; por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aqu\u00e9l frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos, situaci\u00f3n que per se, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que i) el accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, sin que se advirtiera una raz\u00f3n que justificara dicha demora; ii) la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada; y, iii) la decisi\u00f3n de entrega no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7060-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7060-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2023-00069-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}