STC7061-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7061-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00610-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alejandro Ernesto Aldana Rodr\u00edguez contra el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisar\u00eda Once de Familia Suba 1 y los intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar radicado bajo el n\u00b0 1490-2022 \/ 2023-00064. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el \u00ab19 de octubre de 2022\u00bb, Olga Liliana Rojas Nieto, madre de su hijo actualmente mayor de edad, present\u00f3 solicitud de medida de protecci\u00f3n en su contra, aduciendo \u00abpresuntos hechos de violencia verbal, psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica\u00bb, la cual, en la misma data fue admitida por la Comisar\u00eda Once de Familia Suba 1. <\/p>\n
Que en audiencia de tr\u00e1mite celebrada el 21 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s de apoderado judicial plante\u00f3 su defensa, asegurando \u00abque en la denuncia y pruebas presentadas no se alertan situaciones de violencia intrafamiliar, por cuanto la denunciante afirma que los hechos ata\u00f1en a supuestos subjetivos por el desarrollo de una audiencia en otra comisar\u00eda de familia, [y] presenta como prueba documental epicrisis emitida por la Cl\u00ednica Emanuel, donde f\u00e1cilmente se identifica la fecha de tratamiento del d\u00eda 13 de mayo de 2021 al 27 de mayo de 2021, [por lo que] aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, se\u00f1alando que los hechos no se presentaron \u00aba m\u00e1s tardar dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a su acaecimiento\u00bb. <\/p>\n
Que la Comisar\u00eda desatendi\u00f3 sus argumentos y \u00abresolvi\u00f3 imponer medida de protecci\u00f3n en su contra (\u2026), sin analizar bajo la sana cr\u00edtica el acopio probatorio aportado durante la diligencia [pues], los hechos narrados en la denuncia no ten\u00edan relaci\u00f3n con las pruebas aportadas por la denunciante, no eran repetitivos [y] como se aclar\u00f3 en la audiencia las partes no tienen ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n ni trato distinto a los momentos que comparten en los escenarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
Que contra esa decisi\u00f3n interpuso \u00abrecurso de apelaci\u00f3n, para que el Juzgado 3 de Familia de Bogot\u00e1 revisara el control de legalidad que la Comisar\u00eda de Familia Suba 1 evit\u00f3 hacer, (\u2026), sin embargo el despacho judicial omite en el auto del 24 de mayo de 2023 pronunciarse sobre el recurso de alzada (\u2026), toda vez que no presenta un an\u00e1lisis claro sobre las irregularidades del proceso de medida de protecci\u00f3n, tiene como ciertos presuntos hechos con pruebas en las que [\u00e9l] no despliega ning\u00fan hecho de violencia intrafamiliar (\u2026), no se valora con las reglas de la sana cr\u00edtica el materia probatorio (\u2026), no se tramita el recurso con las objeciones presentadas por el abogado recurrente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por esta v\u00eda se \u00abrevoque en su totalidad el auto de fecha 23 de mayo de 2023 dentro del radicado [2023-00064], y en consecuencia se revoque la medida de protecci\u00f3n impuesta por la Comisar\u00eda de Familia Suba 1 en radicado 1490-2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Comisario Once de Familia Suba 1, present\u00f3 informe de la actuaci\u00f3n procesal surtida, de la cual se destaca que tras la resoluci\u00f3n de fondo proferida el 21 de noviembre de 2022, \u00abel d\u00eda 01 de diciembre de 2022, la se\u00f1ora Rojas Nieto, radic\u00f3 solicitud de incumplimiento [de la medida de protecci\u00f3n impuesta]\u00bb, el tr\u00e1mite de desacato se suspendi\u00f3 en varias ocasiones por diferentes causas, una de ellas, porque a\u00fan no se hab\u00eda resuelto el recurso de apelaci\u00f3n, aunque, \u00abel 26 de mayo de 2023 se recepciona correo electr\u00f3nico de parte de la [denunciante], quien aporta copia de la providencia emitida el 24 de mayo de 2023 [donde] el Juzgado 03 de Familia de Bogot\u00e1 (\u2026) confirma la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda, [empero] este despacho no ha sido notificado en debida forma por parte del juzgado\u00bb. Se opuso a lo pretendido, \u00abtoda vez que (\u2026), el hecho generador de la posible vulneraci\u00f3n (\u2026) no ha sido [producido] por este despacho\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Tercero de Familia de Bogot\u00e1, precis\u00f3 inicialmente que el asunto en cuesti\u00f3n lo \u00abrecibi\u00f3 por reparto el 03 de febrero de [2023]\u00bb, y que \u00abrevisado el plenario y valorado en su integridad el materia probatorio allegado, mediante providencia de 24 de mayo de los cursantes, se orden\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de la autoridad administrativa, aplicando una perspectiva de g\u00e9nero y en aras de garantizarle a la se\u00f1ora Olga Liliana Rojas Nieto una vida libre de violencia, teniendo en cuenta que los hechos denunciados fueron corroborados por el hijos com\u00fan de las partes\u00bb. Que, en el tr\u00e1mite, \u00abse garantiz\u00f3 el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, y, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los interesados [y que] cada actuaci\u00f3n se ha ajustado a las normas procedimentales y sustanciales de rigor\u00bb. <\/p>\n
3. Olga Liliana Rojas Nieto, se opuso a lo pretendido al afirmar que \u00abpara obtener una medida de protecci\u00f3n contra el se\u00f1or teniente coronel (R) Alejandro Aldana Rodr\u00edguez por hechos de violencia intrafamiliar a nivel econ\u00f3mico y psicol\u00f3gico. Present\u00e9 como parte de las pruebas el dictamen m\u00e9dico (mayo del 2021) de la cl\u00ednica mental Emanuel donde estuve hospitalizada por 20 d\u00edas por un diagn\u00f3stico bipolar afectivo con episodios psic\u00f3ticos [el cual] lo estoy sufriendo desde el a\u00f1o 2003 despu\u00e9s del nacimiento prematuro de mi \u00fanico hijo, fue un embarazo de alto riesgo y aparte estaba sin apoyo del pap\u00e1 de mi hijo [pues]desde el principio de la relaci\u00f3n fue una persona mentirosa y manipuladora, jug\u00f3 con mi reputaci\u00f3n y me denigr\u00f3 como mujer\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abdesde que naci\u00f3 mi hijo he tenido problemas a nivel econ\u00f3mico con el se\u00f1or Aldana, [quien] no cubri\u00f3 gastos de salud, educaci\u00f3n ni mudas de ropa, llevaba cuatro a\u00f1os sin aumentar la cuota (\u2026), durante los a\u00f1os 2013, 2014 y 2015 no entreg\u00f3 el dinero correspondiente a las mudas que se hab\u00eda comprometido en el convenio ni entregaba subsidio familiar desde el 2003 (\u2026); [que] desde el mes de septiembre del 2021 comenz\u00f3 a ejercer control econ\u00f3mico y psicol\u00f3gico contra mi hijo e indirectamente hacia m\u00ed. Durante 4 meses dejo de pasar mensualidad hasta el mes de marzo del 2022 cuando decidi\u00f3 pagar. En agosto a diciembre, empez\u00f3 a ponerle trabas a mi hijo para el tema universitario fue por eso que explot\u00e9 y en el mes de octubre le escrib\u00ed a \u00e9l y a su abogado muy enojada; esa acci\u00f3n me llev\u00f3 a ser sancionada por la comisar\u00eda de Los M\u00e1rtires (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal 8\u00aa Local adscrita a la Unidad de Violencia Intrafamiliar de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que \u00abel d\u00eda 21\/03\/23 por redistribuci\u00f3n de procesos le correspondi\u00f3 [el n\u00b0 2022-88306], en etapa de indagaci\u00f3n [correspondiente a] denuncia instaurada el d\u00eda 22\/12\/23, denunciante Olga Liliana Rojas Nieto contra su expareja y padre de su hijo Alejandro Ernesto Aldana, por el delito de violencia intrafamiliar por hechos acaecidos el 21-11-22, incumplimiento de medida de protecci\u00f3n por continua violencia psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica e instrumentalizaci\u00f3n del menor [hoy mayor de edad]\u00bb; que solicit\u00f3 \u00aba la Fiscal\u00eda 293 (\u2026) la inactivaci\u00f3n de la noticia no. [2022-86769] para ser conexada a la noticia que cursa en este despacho (\u2026), por tratarse de los mismos hechos e incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n No. 1490-2022 y las mismas partes\u00bb, y que \u00aben la actualidad se est\u00e1 a la espera del resultado de la entrevista a la v\u00edctima para ser enviada con los dem\u00e1s elementos al Instituto Nacional de Medicina Legal para su valoraci\u00f3n y lograr determinar la afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
5. Edwin Camilo Mel\u00e9ndez P\u00e1ez, quien dijo haber actuado \u00abcomo defensa t\u00e9cnica [del hoy accionante]\u00bb, relat\u00f3 que el accionado inobserv\u00f3 el argumento de que la se\u00f1ora Rojas Nieto \u00abnunca tuvo una dependencia econ\u00f3mica del se\u00f1or Aldana Rodr\u00edguez, raz\u00f3n por la cual no se podr\u00eda establecer un nexo de causalidad entre el presunto incumplimiento del pago de la cuota de alimentos para el hijo mayor de edad\u00bb, y que \u00abmucho menos se tuvieron en cuenta los presupuestos legales previstos para la imposici\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. El Consorcio Cl\u00ednica Emanuel, indic\u00f3 que la se\u00f1ora Rojas Nieto \u00abestuvo hospitalizada desde el 13 al 27 de mayo 2021, en nuestro servicio de psiquiatr\u00eda [y] recibi\u00f3 atenci\u00f3n en salud en nuestra instituci\u00f3n bajo la completa racionalidad t\u00e9cnico cient\u00edfica, segura, humana y de calidad\u00bb, y adjunto la \u00abhistoria cl\u00ednica\u00bb. <\/p>\n
7. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1, tras anexar la informaci\u00f3n proporcionada por la agente del Ministerio P\u00fablico ante Comisar\u00edas de Familia donde se relaciona la actuaci\u00f3n procesal cuestionada, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n pretextando falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo implorado porque \u00abno encuentra que la decisi\u00f3n sea irrazonable, pues para confirmar la medida de protecci\u00f3n, [el] funcionari[o] valor\u00f3 las pruebas aportadas al expediente, entre ellas, los dichos [de] las partes, as\u00ed como el testimonio del hijo com\u00fan Alejandro Aldana Rojas y la historia cl\u00ednica de la accionante de la Cl\u00ednica Instituto Nacional de Demencia Emanuel\u00bb, de las cuales concluy\u00f3 que, \u00abefectivamente, como lo dedujo el [accionado], existe incumplimiento del se\u00f1or Aldana Rodr\u00edguez en las obligaciones econ\u00f3micas como padre, que ha repercutido en la salud mental de la se\u00f1ora Olga Liliana\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abel hijo de las partes narr\u00f3 que los temas de su educaci\u00f3n \u00fanicamente [son] tratados por correo electr\u00f3nico y con la intervenci\u00f3n de abogados, y aun as\u00ed no ha obtenido respuesta por parte del progenitor; adem\u00e1s, que ha visto c\u00f3mo se ha afectado la vida laboral y la salud de su se\u00f1ora madre por las denuncias de violencia intrafamiliar efectuadas por el padre, por supuesto maltrato ejercido sobre \u00e9l cuando era menor de edad, sin embargo, ninguna Comisar\u00eda lo valor\u00f3 o escuch\u00f3 su opini\u00f3n en esas oportunidades; que, a pesar de haber alcanzado un acuerdo sobre sus alimentos con su se\u00f1or padre a principios del a\u00f1o 2022, el se\u00f1or Aldana lo ha incumplido, quedando la carga \u00fanicamente en su progenitora quien carece de empleo\u00bb, y que del \u00aban\u00e1lisis cr\u00edtico de las pruebas recaudadas, le permiti\u00f3 [al juez] concluir que, ante los escenarios de violencia econ\u00f3mica en que est\u00e1 inmersa la se\u00f1ora Olga Liliana Rojas Nieto, son necesarias las medidas de protecci\u00f3n adoptadas por la Comisar\u00eda Once de Familia de Suba 1\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del auxilio reiterando los argumentos de su querella y criticando al tribunal porque, \u00aben ning\u00fan aparte del fallo se menciona el an\u00e1lisis que se solicit\u00f3 se realizara sobre la oportunidad de presentar la solicitud de medida de protecci\u00f3n en el t\u00e9rmino previsto en la ley, raz\u00f3n por la cual se contin\u00faa vulnerando derechos constitucionales al accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el querellante, porque al interior del litigio radicado bajo el n\u00b0 2023-00064, ratific\u00f3 la imposici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n por actos de violencia intrafamiliar, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo, de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, en particular la providencia de segundo grado proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1 el 24 de mayo de 2023, esta Corporaci\u00f3n ratificar\u00e1 el fallo impugnado, por cuanto la resoluci\u00f3n refutada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. El querellante atribuye a dicha providencia vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, porque, en su sentir, incursion\u00f3 en defectos sustantivo y f\u00e1ctico, al asegurar que los hechos que soportan la denuncia, no se presentaron dentro del plazo legalmente previsto, y que para imponer las medidas de protecci\u00f3n, no se hizo una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, empero, la Sala observa que tales reparos devienen infundados, comoquiera que, para resolver el litigio, el accionado tuvo en cuenta la normativa aplicable y se vali\u00f3 de los medios de convicci\u00f3n recaudados por el a-quo y sobre ellos realiz\u00f3 una ponderaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
Las medidas de protecci\u00f3n impuestas por la Comisar\u00eda de Familia en prove\u00eddo del 21 de noviembre de 2022, consistieron en: \u00aba) ORDENARLE [al se\u00f1or Alejandro Ernesto Aldana Rodr\u00edguez] cese de inmediato todo acto de agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal y psicol\u00f3gica, as\u00ed como violencia econ\u00f3mica, maltrato, acoso, toda amenaza, persecuci\u00f3n, hostigamiento manipulaci\u00f3n hacia Olga Liliana Rojas Nieto; b) ORDENARLE abstenerse de hacer esc\u00e1ndalo en lugar p\u00fablico o privado, intimidar o de cualquier manera ocasionar molestia a Olga Liliana Rojas Nieto; c) PROHIBIRLE ejercer cualquier tipo de violencia f\u00edsica, verbal o psicol\u00f3gica hacia Olga Liliana Rojas Nieto. (\u2026). TERCERO: Ordenar a Alejandro Ernesto Aldana Rodr\u00edguez y Olga Liliana Rojas Nieto acudan a tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico en la entidad de salud a la cual se encuentren afiliados o la que haga sus veces para adquirir herramientas a fin de resolver los conflictos de manera pac\u00edfica, comunicaci\u00f3n asertiva, manejo de la ira e impulsos, tratamiento para superar toda la afectaci\u00f3n por los hechos de violencia intrafamiliar. As\u00ed como tambi\u00e9n se le ordena a la se\u00f1ora Olga Liliana Rojas Nieto se contin\u00fae con el tratamiento psiqui\u00e1trico. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La motivaci\u00f3n del juzgado para refrendar tales determinaciones, las sintetiz\u00f3 con base en el respectivo marco jur\u00eddico (Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021), resaltando de esta \u00faltima la procedencia de las medidas por violencia intrafamiliar, \u00abaunque [los miembros de la familia] no convivan bajo el mismo techo\u00bb, y continu\u00f3 con la extracci\u00f3n de informaci\u00f3n de los medios de prueba aportados y practicados dentro del juicio, como con las declaraciones de parte, el testimonio del hijo com\u00fan de la pareja y la copia de la historia cl\u00ednica de la all\u00ed quejosa, entre otros documentos relacionados por los intervinientes. <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo en textos jurisprudenciales atinentes a la necesidad de revisar la situaci\u00f3n \u00abbajo lo que legal y jurisprudencialmente se ha denominado perspectiva de g\u00e9nero\u00bb y aludiendo la normativa nacional e internacional sobre \u00abviolencia contra la mujer\u00bb, record\u00f3 que esta, \u00abes, seg\u00fan el caso, el da\u00f1o f\u00edsico, emocional, sexual, psicol\u00f3gico o econ\u00f3mico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad dom\u00e9stica\u00bb, y asegur\u00f3 que, para el caso concreto, \u00abuna vez analizados los hechos y el material probatorio relacionado (\u2026), la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda Once de Familia de esta ciudad, al decretar medidas de protecci\u00f3n definitivas a favor de Olga Liliana Rojas Nieto y en contra de Alejandro Ernesto Aldana Rodr\u00edguez, no se torna desacertada, caprichosa ni antojadiza, como quiera que de su valoraci\u00f3n, bien se puede determinar que el accionado incurri\u00f3 en conductas constitutivas de violencia intrafamiliar en contra de la referida se\u00f1ora\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[Ello, porque], de las pruebas recaudadas, se desprende que ciertamente la accionante ha sufrido en el contexto familiar una violencia de g\u00e9nero y psicol\u00f3gica, y que tambi\u00e9n repercuti\u00f3 en materia econ\u00f3mica, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 a que se presentaran controversias dentro de la relaci\u00f3n como progenitores. En ese sentido, de los hechos denunciados por la se\u00f1ora Olga Liliana Rojas Nieto y los descargos rendidos por Alejandro Ernesto Aldana Rodr\u00edguez, se evidencia que durante todo el tiempo de la relaci\u00f3n existieron tratos humillantes por parte del accionado, los cuales a pesar que el referido se\u00f1or no los reconoci\u00f3 como violencia, lo cierto es que de las pruebas recaudadas se pudo establecer que, dichos tratos eran constitutivos como violencia psicol\u00f3gica y de g\u00e9nero en contra de la accionante, hechos que fueron corroborados al escuchar el testimonio del hijo en com\u00fan, quien refiri\u00f3 que en los \u00faltimos a\u00f1os y ante los m\u00faltiples procesos en los que se ha visto involucrada su progenitora, iniciados por el accionado se ha visto inmersa en una violencia emocional y psicol\u00f3gica que ha afectado su vida personal, su salud mental, pues padece de una depresi\u00f3n grave y recurrente, no existe canales de comunicaci\u00f3n asertiva pues el \u00fanico medio que se utilizaba era a trav\u00e9s de correos electr\u00f3nicos; igualmente, teniendo en cuenta las discrepancias que ha existido respecto a las obligaciones como padres y que han repercutido en una forma de violencia econ\u00f3mica, pues existe coacci\u00f3n frente a los pedimentos del accionado con el fin de cumplir con sus obligaciones que corresponde como padre y que en el presente asunto se reflejan en la educaci\u00f3n del hijo en com\u00fan, por lo tanto, no solo al manejo de la carga emocional sino de todas las cargas que tiene de sus cuidados paliativos, en cuanto a la salud mental encontramos afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica, frente a secuelas que pueden llegar a ser permanentes\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) De lo anterior, se concluye que ciertamente el accionado incurri\u00f3 en actos de violencia intrafamiliar emocional y psicol\u00f3gica en contra de la se\u00f1ora Olga Liliana Rojas Nieto, y que deja entrever rasgos de control econ\u00f3mico en la relaci\u00f3n como padres, debiendo indicar el Despacho, en todo caso que cuestiones como esas bien pueden y deben debatirse mediante los tr\u00e1mites establecidos en la Ley para tales efectos, y no por v\u00edas de hecho como constituyen actos atentatorios contra la integridad psicol\u00f3gica de una persona. [Y que] analizado el material probatorio recaudado bajo la \u00f3ptica de la sana cr\u00edtica, aplicando una perspectiva de g\u00e9nero y ante la necesidad de intervenci\u00f3n por parte del Estado, por cuanto se encuentran plenamente demostrados los hechos generadores de violencia intrafamiliar, y, teniendo en cuenta el estado de salud de la accionante, quien tiene derecho a vivir libre de violencia para su rehabilitaci\u00f3n mental, el Despacho mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n objeto de inconformidad, en orden a garantizar la integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica y emocional de la v\u00edctima, decisi\u00f3n que no va en contrav\u00eda con los prop\u00f3sitos previstos en la ley, pues se busca garantizar que la situaci\u00f3n no se repita en el futuro, dando soluci\u00f3n al conflicto presentado\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en punto de la presentaci\u00f3n de los hechos ante la autoridad competente, lo cual es recriminado por el ac\u00e1 accionante, la Corte advierte que tal reproche tambi\u00e9n deviene infundado, pues dada las caracter\u00edsticas de los actos de violencia probadas en este asunto, la formulaci\u00f3n de la solicitud de medida de protecci\u00f3n el \u00ab19 de octubre de 2022\u00bb, no se muestra extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Ciertamente, al haberse probado que de manera constante el hoy reclamante ha venido causando violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica tanto a la madre de su hijo como a este, y que tal comportamiento a\u00fan se mantiene pues actualmente est\u00e1 en curso un incidente de desacato, carece de soporte f\u00e1tico y jur\u00eddico aseverar que la presentaci\u00f3n de la querella, pueda resultar fuera del plazo de \u00abtreinta (30) d\u00edas siguientes a su acaecimiento\u00bb que contempla el inciso final del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 294 de 1996, modificado por el canon 5\u00b0 de la Ley 575 de 2000. <\/p>\n
3.2. Con la anterior precisi\u00f3n, los planteamientos contenidos en la providencia censurada se muestran ajustados a la normativa que rige la tem\u00e1tica, pues tras un suficiente debate para zanjar la controversia jur\u00eddica, la agencia judicial acusada ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, emergiendo de ello que las discrepancias nuevamente esbozadas por el actor en el caso bajo examen, demuestran que lo perseguido es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los hechos y del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en tanto que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que esta acci\u00f3n procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, comoquiera que este extraordinario remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC4631-2023, 17 may., rad. 00314-01). <\/p>\n
Sobre el reparo en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha dicho constantemente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada, entre otras, en STC3437-2023, 13 abr., rad. 01235-00). <\/p>\n
En consecuencia, como se hab\u00eda anticipado, la decisi\u00f3n refutada no constituye defecto sustantivo, en la medida en que el juzgado se rigi\u00f3 bajo el contenido normativo ajustado a los presupuestos del caso examinado, y tampoco incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico, acot\u00e1ndose respecto de este \u00faltimo, que se configura cuando se produce \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-576\/93, T-442\/94, T-538\/94, T-239\/96 y T-567\/98, reiterada en SU-241\/15), situaciones que lejos est\u00e1n de evidenciarse en el caso sub j\u00fadice, pues la valoraci\u00f3n se hizo sin desconocer las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del ruego tuitivo, ya que la determinaci\u00f3n censurada a trav\u00e9s de este instrumento, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7061-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7061-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00610-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}