STC7065-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7065-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2023-00606-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 13 de junio de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Allison Johana Parra Gonz\u00e1lez, actuando como agente oficiosa de Mauricio Fernando Parra Su\u00e1rez, le formul\u00f3 al Juzgado Veintiocho de Familia y la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda, ambos de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, en calidad de agente oficiosa de su padre, Mauricio Fernando Parra Su\u00e1rez, protest\u00f3 porque la Comisar\u00eda lo sancion\u00f3 con arresto por treinta (30) d\u00edas, en la C\u00e1rcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogot\u00e1 o en el sitio que se encuentre disponible, con ocasi\u00f3n del incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, por violencia intrafamiliar, que se decret\u00f3 a favor de Edelmira Loaiza Su\u00e1rez (22 sep. 2022). Igualmente objet\u00f3 la providencia del juzgado, que, v\u00eda consulta, ratific\u00f3 esa determinaci\u00f3n (11 nov. 2022). <\/p>\n
Adujo, en esencia, que dichas directrices no valoraron que su padre sufre, desde 2003, de varios padecimientos mentales, como \u201cbipolaridad\u201d, \u201ctrastorno afectivo bipolar tipo I\u201d, \u201cepisodio man\u00edaco con s\u00edntomas psic\u00f3ticos congruentes\u201d, los cuales debieron sopesarse al momento de imponerle la sanci\u00f3n reprochada, con mayor raz\u00f3n si en virtud de ellos se encuentra internado em una instituci\u00f3n especializada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en mayo de 2023 radic\u00f3 una petici\u00f3n con el objetivo de que se le permitiera pagar a su padre multa, en reemplazo del arresto, o en su defecto, se analizara si la sanci\u00f3n \u201cpuede cumplirse en un Centro M\u00e9dico a disposici\u00f3n del Estado, a fin de que este cumpla con su sanci\u00f3n, bajo las condiciones pertinentes en consecuencia a su estado de salud\u201d, sin embargo, fue denegada por la Comisar\u00eda, toda vez que \u201cla decisi\u00f3n del Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, mediante sentencia de fecha 11 de noviembre de 2022 resuelve en el numeral primero confirmar la sanci\u00f3n contra Mauricio Fernando Parra Su\u00e1rez, mediante resoluci\u00f3n proferida por la prenombrada Comisar\u00eda de Familia de Puente Aranda, en el tr\u00e1mite de segundo incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n (\u2026)\u201d (19 may. 2023). <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin efecto las resoluciones reprochadas y, en su lugar, disponer que las penas que debe cumplir su progenitor se impongan \u201cde conformidad con su estado de salud, para garantizar su derecho a la vida, salud mental y f\u00edsica\u201d. <\/p>\n
2.- Las autoridades convocadas se opusieron al amparo. <\/p>\n
3.- El Tribunal desestim\u00f3 el ruego porque evidenci\u00f3 que las decisiones reprochadas son razonables, sumado a que el interesado no advirti\u00f3 su situaci\u00f3n en la oportunidad respectiva. <\/p>\n
4.- La peticionaria insisti\u00f3 en las observaciones del escrito inicial. Destac\u00f3 que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n no pretende que su padre sea liberado de su responsabilidad, sino que la sanci\u00f3n respectiva pueda cumplirla de acuerdo con sus actuales condiciones de salud. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El desenlace impugnado se revocar\u00e1 y, en su lugar, se conceder\u00e1 parcialmente el amparo solicitado, con el fin de que la Comisar\u00eda de Familia decida, adecuadamente, la solicitud que present\u00f3 la accionante para que se eval\u00fae si el arresto que se impuso a Mauricio Fernando Parra Su\u00e1rez, \u201cpuede cumplirse en un Centro M\u00e9dico a disposici\u00f3n del Estado, a fin de que este cumpla con su sanci\u00f3n, bajo las condiciones pertinentes en consecuencia a su estado de salud\u201d. Esto, porque si bien no es procedente la invalidez de la sanci\u00f3n, s\u00ed lo es que se adopten las medidas pertinentes con miras a que la cumpla en condiciones que sean compatibles con sus actuales circunstancias. <\/p>\n
1.1.- En efecto, se afirma que no es factible acceder a lo pretendido en el escrito introductorio, en torno a que se deje sin vigor la sanci\u00f3n de arresto por treinta (30) d\u00edas, impuesta al agenciado el 22 de septiembre de 2022, ratificada por el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 el 11 de noviembre de 2022, por cuanto se decret\u00f3 porque el agenciado incumpli\u00f3, por segunda vez, la medida de protecci\u00f3n conferida, en 2010, a su expareja Edelmira Loaiza Su\u00e1rez. Lo anterior, con fundamento en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 294 de 1996, \u201cpor la cual se desarrolla el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar\u201d, modificada por el canon 4\u00b0 de la Ley 575 de 2000, a cuyas voces: <\/p>\n
El incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n dar\u00e1 lugar a las siguientes sanciones: <\/p>\n
a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a su imposici\u00f3n. La Conversi\u00f3n en arresto se adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recursos de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo; <\/p>\n
b) Si el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas (se enfatiza). <\/p>\n
Ahora, los trastornos mentales que, seg\u00fan la quejosa, padece el agenciado, no habilitan la revocatoria de la sanci\u00f3n, pues, aunque para el momento de su imposici\u00f3n los padec\u00eda, y sobre ello hay evidencia en el expediente, lo cierto es que no hay prueba de que ellos fuesen la causa de la violencia ejercida frente a Edelmira y su n\u00facleo familiar o que dichos padecimientos impidieran atribuirle responsabilidad. Adem\u00e1s, conforme a las piezas aportadas por la gestora, que dan cuenta de que el agresor en la actualidad se encuentra internado por dichos padecimientos, la salud del agresor se agrav\u00f3 despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la sanci\u00f3n, es decir, se trata de una situaci\u00f3n sobreviniente a ella. <\/p>\n
1.2.- Pues bien, como se dijo, los padecimientos de salud que, al parecer, aquejan a Mauricio no habilitan a invalidar la sanci\u00f3n de arresto que tiene pendiente de cumplir, pero s\u00ed imponen a la autoridad competente sopesarlas, con miras a determinar las condiciones en las que ha de ejecutarla. Esto, en virtud del principio de dignidad humana que debe guiar la actuaci\u00f3n de todas las autoridades, el deber de protecci\u00f3n especial que recae sobre los adultos mayores y la personas con discapacidad, as\u00ed como las reglas previstas para la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad, aplicables por analog\u00eda en el asunto. <\/p>\n
1.2.1.- Para empezar, debe decirse que la acci\u00f3n en este punto cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la quejosa elev\u00f3 una petici\u00f3n en ese sentido, siendo ello suficiente para el efecto, por cuanto, a la luz de las pautas que rigen en materia de acciones de tutela, aplicables a las controversias relativas a violencia intrafamiliar1, el recurso de reposici\u00f3n es inviable. Frente a la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) \u00fanicamente est\u00e1n previstos como medios de controversia o de control de las decisiones judiciales, la impugnaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, la eventual revisi\u00f3n de la misma y de la dictada en segundo grado, y la consulta para la providencia que impone sanciones por desacato a lo ordenado por el juez constitucional, seg\u00fan se infiere inequ\u00edvocamente de los art\u00edculos 31, 33 y 52, inciso 2\u00b0, del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la aludida salvaguarda. (\u2026) As\u00ed las cosas, el auto atacado es el que neg\u00f3 la adici\u00f3n del fallo de tutela fechado 3 de octubre de 2017, determinaci\u00f3n que, como ha quedado visto, no aparece enlistada entre las susceptibles de alg\u00fan mecanismo de reproche, de donde no hay lugar a hacer pronunciamiento de fondo al respecto\u201d (CSJ ATC7767-2017). <\/p>\n
1.2.2.- Dilucidado lo anterior, se precisa que, conforme al principio de dignidad humana, consagrado en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Carta de Derechos2, las personas deben recibir un tratamiento acorde con su naturaleza y existencia humanas, lo que implica que las autoridades estatales, en todas sus actuaciones, deben considerar el respeto a su vida, integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica y moral. <\/p>\n
Igualmente, han de atender el deber de protecci\u00f3n especial que recae sobre los adultos mayores y las personas con discapacidad, consagrado en las Convenciones \u201cInteramericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores\u201d y la que versa \u201csobre los Derechos de la Personas con Discapacidad\u201d, las cuales hacen parte del Bloque de Constitucionalidad y fueron aprobadas por el Congreso de la Rep\u00fablica a trav\u00e9s de las Leyes 2055 de 2020 y 1346 de 2009, respectivamente. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, si el destinatario de una sanci\u00f3n de arresto, decretada en el marco de un procedimiento de violencia intrafamiliar, denuncia que se encuentra en alguna circunstancia especial que sea incompatible con su reclusi\u00f3n en un centro carcelario, la Comisar\u00eda de Familia a cargo del asunto3, quien es la autoridad competente para vigilar su cumplimiento, deber\u00e1 emitir las \u00f3rdenes que sean necesarias para que aqu\u00e9l la cumpla sin desmedro de su integridad personal. <\/p>\n
Sin embargo, ello no impide que se le d\u00e9 curso a la rogativa, pues, de un lado, por mandato del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887, \u201c[c]uando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar\u00e1n las leyes que regulen casos o materias semejantes (\u2026)\u201d, y, por otro, las pautas a las que puede acudir, por analog\u00eda, son las que regulan la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad, en tanto la sanci\u00f3n de arresto en cuanto a sus efectos se asimila a aqu\u00e9lla. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, y para lo que al caso compete, obs\u00e9rvese que la Ley 65 de 1993, \u201cpor la cual se expide el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario\u201d, en su art\u00edculo 24, modificado por el art\u00edculo 16 de la Ley 1709 de 2014, establece: <\/p>\n
Establecimientos de Reclusi\u00f3n para Inimputables por Trastorno Mental Permanente o Transitorio con Base Patol\u00f3gica y Personas con Trastorno Mental Sobreviniente. Estos establecimientos est\u00e1n destinados a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental, seg\u00fan decisi\u00f3n del juez de conocimiento previo dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a aquellas personas a quienes se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en este tipo de establecimientos como consecuencia de un trastorno mental sobreviniente. En ning\u00fan caso este tipo de establecimiento podr\u00e1 estar situado dentro de las c\u00e1rceles o penitenciar\u00edas. <\/p>\n
Estos establecimientos tienen car\u00e1cter asistencial, deben especializarse en tratamiento psiqui\u00e1trico, rehabilitaci\u00f3n mental con miras a la inclusi\u00f3n familiar, social y laboral. <\/p>\n
La custodia y vigilancia externa de estos establecimientos estar\u00e1 a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la construcci\u00f3n de los mismos estar\u00e1 a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. En todo caso, contar\u00e1n con personal especializado en salud mental en cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 105 del presente C\u00f3digo y con estricto cumplimiento de los est\u00e1ndares de calidad que para tal efecto determine el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social en reglamentaci\u00f3n que expida para tal efecto dentro del a\u00f1o siguiente a la expedici\u00f3n de la presente ley. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. En los casos en los que el trastorno mental sea sobreviniente y no sea compatible con la privaci\u00f3n de la libertad en un centro penitenciario y carcelario, el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, o el juez de garant\u00edas si se trata de una persona procesada, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, otorgar\u00e1n la libertad condicional o la detenci\u00f3n hospitalaria para someterse a tratamiento siqui\u00e1trico en un establecimiento destinado para inimputables y con las condiciones de seguridad de tales establecimientos, en el marco del r\u00e9gimen especial que aplique para el sistema de salud de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. <\/p>\n
Una vez se verifique mediante dictamen del Instituto de Medicina Legal que ha cesado el trastorno, la persona retornar\u00e1 al establecimiento de origen (se enfatiza). <\/p>\n
Como puede verse, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 la posibilidad de que, en virtud de trastornos mentales, los llamados a cumplir penas privativas de la libertad sean internados para ese efecto en establecimientos de reclusi\u00f3n especiales, bien como medida sustitutiva, o para su rehabilitaci\u00f3n, y posterior ejecuci\u00f3n del castigo. Todo, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. <\/p>\n
Luego, en caso de que se denuncie la imposibilidad de cumplir la sanci\u00f3n de arresto, decretada en un procedimiento de violencia intrafamiliar, a ra\u00edz de trastornos mentales de su destinatario, le corresponde a la autoridad encargada de ejecutarla, evaluar su estado de salud y si el mismo es compatible con su reclusi\u00f3n en centro de carcelario. Para ello, deber\u00e1 decretar un dictamen con el fin de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo valore y determine: <\/p>\n
i). La existencia de los padecimientos y si estos le impiden cumplir la sanci\u00f3n de arresto en Centro Carcelario; o <\/p>\n
ii). Si el denunciado puede superar las afecciones a trav\u00e9s de un tratamiento psiqui\u00e1trico, para el cumplimiento posterior de la sanci\u00f3n en un centro carcelario; o <\/p>\n
iii). Si los trastornos no son transitorios y, por ende, a efectos de que purgue el castigo, deber ser trasladado a un Establecimiento de los que trata el art\u00edculo 24 de la Ley 65 de 1993. <\/p>\n
En el caso, no sucedi\u00f3 as\u00ed. La aqu\u00ed recurrente elev\u00f3 una solicitud para que entre otros aspectos se evaluara si su progenitor, quien es una persona de la tercera edad5 pod\u00eda cumplir el arresto \u201cen un Centro M\u00e9dico a disposici\u00f3n del Estado, a fin de que este cumpla con su sanci\u00f3n, bajo las condiciones pertinentes en consecuencia a su estado de salud\u201d, dado que \u201cen la actualidad (\u2026) est\u00e1 sufriendo episodios man\u00edacos (\u2026), y se encuentra internado en una instituci\u00f3n de salud mental (4 may. 2023). <\/p>\n
No obstante, la Comisar\u00eda, el 19 de mayo de 2023, a quien el Juzgado Veintiocho de Familia remiti\u00f3 por competencia la rogativa, la desestim\u00f3, limit\u00e1ndose a indicar que la sanci\u00f3n estaba en firme porque dicho estrado judicial \u201cmediante sentencia de fecha 11 de noviembre de 2022 resuelve en el numeral primero confirmar la sanci\u00f3n contra Mauricio Fernando Parra Su\u00e1rez, mediante resoluci\u00f3n proferida por la prenombrada Comisar\u00eda de Familia de Puente Aranda, en el tr\u00e1mite de segundo incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n (\u2026)\u201d6. De ese modo desatendi\u00f3 su deber de tramitar el reclamo basado en el principio de dignidad humana, el de protecci\u00f3n a los adultos mayores y la personas con discapacidad, as\u00ed como las reglas contempladas para la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad, aplicables por analog\u00eda a la controversia. <\/p>\n
2.- Bajo los anteriores lineamientos, la Sala revocar\u00e1 el veredicto recurrido y, en su lugar, conceder\u00e1 la protecci\u00f3n anhelada por la accionante a favor de Mauricio Fernando Parra Su\u00e1rez. Por ese camino, se dejar\u00e1 sin efecto la decisi\u00f3n expedida por la Comisar\u00eda de Familia de Puente Aranda el 19 de mayo de 2023 y, en su lugar, se le conminar\u00e1 a que vuelva a pronunciarse sobre el reclamo que la actora realiz\u00f3 a favor del sancionado, con el objetivo de que se eval\u00fae si el arresto \u201cpuede cumplirse en un Centro M\u00e9dico a disposici\u00f3n del Estado, a fin de que este cumpla con su sanci\u00f3n, bajo las condiciones pertinentes en consecuencia a su estado de salud\u201d. Lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos se\u00f1alados en esta providencia. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA parcialmente la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. En su lugar, se resuelve: <\/p>\n
Primero. CONCEDER la protecci\u00f3n solicitada a favor de Mauricio Fernando Parra Su\u00e1rez, con el fin de que la Comisar\u00eda de Familia de Puente de Aranda decida, adecuadamente, la petici\u00f3n elevada por Allison Johana Parra Gonz\u00e1lez a favor del agenciado, consistente en evaluar si el arresto \u201cpuede cumplirse en un Centro M\u00e9dico a disposici\u00f3n del Estado, a fin de que este cumpla con su sanci\u00f3n, bajo las condiciones pertinentes en consecuencia a su estado de salud\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la determinaci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda accionada el 19 de mayo de 2023, por medio de la cual neg\u00f3 el aludido reclamo, para que vuelva a dirimirlo teniendo en cuenta los par\u00e1metros trazados en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Con ese fin, se le ORDENA que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a esta providencia, decrete el dictamen pericial se\u00f1alado en esta decisi\u00f3n, y defina de fondo la petici\u00f3n en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo anterior. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, la acci\u00f3n de tutela no puede salir avante, por las razones se\u00f1aladas en el numeral 1.1. de las consideraciones de esta providencia. <\/p>\n
Tercero. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, el inciso final del art\u00edculo 18 de la Ley 294 establece: \u201c[s]er\u00e1n aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto n\u00famero 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201cColombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Rep\u00fablica Unitaria (\u2026), fundada en el respeto de la dignidad humana\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Sobre el particular, t\u00e9ngase en cuenta que en un procedimiento de violencia intrafamiliar, reglado en la Ley 294 de 1996, se distinguen dos fases. La primera, la etapa de conocimiento, en la cual, previa audiencia de la persona denunciada y pr\u00e1ctica de pruebas, se decide si hay lugar o no a imponer medidas de protecci\u00f3n a favor de la v\u00edctima. Y la segunda, tiene lugar con posterioridad a la expedici\u00f3n de dichas medidas, la cual puede suscitarse en caso de que la v\u00edctima denuncie nuevos hechos de violencia, derivados del mismo conflicto, o el incumplimiento de las medidas decretadas en la primera fase. Ambas etapas, sin perjuicio de la competencia asignadas a los jueces de familia en dichas causas, est\u00e1n a cargo de la Comisar\u00eda de Familia. As\u00ed se desprende del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, seg\u00fan el cual: \u201c[e]l funcionario que expidi\u00f3 la orden de protecci\u00f3n mantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Frente al tema, el art\u00edculo 2.2.3.8.1.8. del Decreto 1069 de 2015 prev\u00e9: Arresto. De conformidad con el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, la orden de arresto prevista se expedir\u00e1 por el juez de familia o promiscuo de familia, o en su defecto por el juez civil municipal o promiscuo, mediante auto motivado, con indicaci\u00f3n del t\u00e9rmino y lugar de reclusi\u00f3n. Para su cumplimiento se remitir\u00e1 oficio al comandante de polic\u00eda municipal o Distrital seg\u00fan corresponda con el fin de que se conduzca al agresor al establecimiento de reclusi\u00f3n y se comunicar\u00e1 a la autoridad encargada de su ejecuci\u00f3n as\u00ed como al comisario de familia si \u00e9ste ha solicitado la orden de arresto. <\/p>\n
5\u0002 De acuerdo con las evidencias allegadas al expediente, tiene 62 a\u00f1os. Cumple 63 el 13 de noviembre de 1960. <\/p>\n
6\u0002 Parte final del cuaderno \u201c2 TIMP 269-2010\u201d, Cuaderno \u201cActuaci\u00f3n remisi\u00f3n Comisar\u00eda Familia Puente Aranda\u201d, expediente tutela). <\/p>\n
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STC7065-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC7065-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2023-00606-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 13 de junio de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74897","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74897\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}