STC7168-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7168-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02768-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3 que se dejen sin valor y efectos los autos de fecha 14 de abril y 22 de junio de 2023 dictados en sede de apelaci\u00f3n en el expediente mencionado ut supra. En consecuencia, pretende que se ordene a la magistratura enjuiciada asumir la competencia para resolver en segunda instancia la acci\u00f3n reivindicatoria de patente y le imprima celeridad a dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Para sustentar sus pedimentos, adujo que instaur\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria de patente la cual le fue asignada por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, y le correspondi\u00f3 el radicado 47001-31-53-004-2020-00023-01. Manifest\u00f3 que el despacho cognoscente dict\u00f3 sentencia favorable el 28 de octubre de 2021, la que fue recurrida mediante remedio vertical. Sostuvo que, la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, mediante decisi\u00f3n del 14 de abril de 2023, declar\u00f3 la nulidad del fallo de instancia, tras considerar que el Juez carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n para adelantar dicho tr\u00e1mite. Indic\u00f3 que contra dicha determinaci\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio s\u00faplica; no obstante, en prove\u00eddo del 22 de junio hoga\u00f1o fue declarado improcedente bajo el argumento de que \u00abel auto que rechaza una demanda por falta de jurisdicci\u00f3n no es apelable, y, por tanto, el auto que decreta una nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n tampoco es apelable\u00bb. <\/p>\n
El gestor, por un lado, le imputa al Tribunal accionado que no result\u00f3 acertado decretar la nulidad por cuanto el objeto de la acci\u00f3n reivindicatoria de patente no es anular el acto administrativo que la concedi\u00f3, por lo que \u00abla acci\u00f3n pertinente no es la acci\u00f3n de nulidad, porque de ninguna manera se pretende invalidar la Resoluci\u00f3n de concesi\u00f3n de la patente, sino simplemente restituir el dominio sobre dicha invenci\u00f3n\u00bb. Por otro lado, respecto del auto que resolvi\u00f3 la s\u00faplica, argument\u00f3 que \u00abla supuesta interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica, que llev\u00f3 al Tribunal a aplicar la doctrina jurisprudencial sobre la improcedencia del recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que rechaza una demanda por falta de jurisdicci\u00f3n o competencia, no resultaba aplicable, pues las reglas sobre nulidades procesales son normas especiales que, por dem\u00e1s, no admiten interpretaci\u00f3n extensiva o anal\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta hizo un recuento de las actuaciones, defendi\u00f3 la legalidad de sus prove\u00eddos y remiti\u00f3 el enlace del expediente objeto de queja. Por su parte, la apoderada judicial de la Universidad del Magdalena se opuso a la prosperidad del amparo. De igual modo, el abogado de los terceros intervinientes Alberto Rafael P\u00e1ez Redondo, Maickol Andr\u00e9s Mantilla Manjarr\u00e9s y Andr\u00e9s Felipe Quintero Mercado resalt\u00f3 la improcedencia de lo pretendido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n del estudio pormenorizado de las diligencias objeto de reproche que originan la queja constitucional, emerge palmaria la infertilidad de lo pretendido, por advertirse que el ruego implorado respecto del auto de fecha 14 de abril de 2023 es prematuro, y por ser razonable la determinaci\u00f3n adoptada el 22 de junio hoga\u00f1o. <\/p>\n
2. En efecto, v\u00e9ase que la queja del actor se centra en la declaratoria de nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia por falta de jurisdicci\u00f3n y la remisi\u00f3n que se hizo de las respectivas diligencias a los Jueces Administrativos de Santa Marta por ser ellos los competentes para conocer de ese tipo de negocios; no obstante, es claro que en caso de que los jueces receptores no acojan el criterio del funcionario remitente, deber\u00e1n dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual dispone que: <\/p>\n
Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso. <\/p>\n
El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional. <\/p>\n
El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. <\/p>\n
El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, no es plausible que esta Colegiatura, por v\u00eda de tutela, examine las razones que condujeron a la magistratura enjuiciada a separarse del conocimiento de la contienda, toda vez que -en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia- ese t\u00f3pico debe ser analizado por el Juez natural dentro del mecanismo consagrado para ventilar las pugnas que se originan cuando se disputa la competencia para impulsar un pleito, conforme al procedimiento se\u00f1alado en el art\u00edculo referenciado ut supra (STC1522-2021). <\/p>\n
En casos de similares contiendas, ha sostenido la Sala que \u00abno puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley\u00bb (STC15549-2017). <\/p>\n
3. Ahora bien, respecto del auto de fecha 22 de junio del a\u00f1o corriente, mediante el cual se desat\u00f3 el recurso de s\u00faplica interpuesto en contra del prove\u00eddo del 14 de abril hoga\u00f1o, se observa que la decisi\u00f3n cuestionada es razonable conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
Para resolver y concluir la improcedencia del remedio impetrado, la magistrada sustanciadora se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abexiste un vac\u00edo en la normativa procesal respecto de la forma de controvertir la providencia que rechace la demanda cuando obedece a falta de jurisdicci\u00f3n, que amerita la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las instrucciones contenidas en el art\u00edculo 139 ib\u00eddem, en punto de la improcedencia de recursos contra la declaratoria de falta de competencia, al prescribir de manera contundente, que \u201cEstas decisiones no admiten recurso. <\/p>\n
Importante resulta establecer que no pasa inadvertido para este Tribunal que el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 321 del citado Estatuto Ritual, enlista el auto que resuelve sobre una nulidad como susceptible de apelaci\u00f3n, y en este evento, el Magistrado Ponente precisamente decidi\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia, lo que en principio abrir\u00eda paso a la procedibilidad del recurso de s\u00faplica; no obstante, la raz\u00f3n fundante de ella la hace consistir en la falta de jurisdicci\u00f3n, que como tal es irrecurrible, y por ende inapelable\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, luego de citar jurisprudencia relacionada (CSJ STC 17 ene 2013, rad. 2012-01383-02, reiterada en la STC 31 oct. 2013, rad. 00212-01, y, Ccons T-685 de 2013), coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) existe una previsi\u00f3n clara, di\u00e1fana del legislador, encaminada a evitar que las discrepancias referidas a la competencia o a la jurisdicci\u00f3n para conocer de un litigio, se prolonguen en el tiempo m\u00e1s de lo necesario, eliminando por ello la posibilidad de que los extremos inconformes puedan hacer uso de los medios ordinarios para controvertir una decisi\u00f3n judicial, limitando dicha discusi\u00f3n a la eventual proposici\u00f3n del conflicto por el receptor, que son los llamados a exponer razonadamente los motivos por los cuales se apartan del asunto, con la intervenci\u00f3n del respectivo superior funcional com\u00fan a ambos, quien definir\u00e1 el asunto, de cara a lo que vale la pena destacar que dicha providencia tampoco es susceptible de ser cuestionada, todo lo cual conlleva, a que se rechace por improcedente el recurso de s\u00faplica interpuesto\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto pone en evidencia que la pretensi\u00f3n del gestor no es otra que manifestar su disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se fund\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, excede el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Para la Sala, (\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026), por lo cual, el Juez de tutela (\u2026) no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados y, menos a\u00fan, acometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. (STC 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01). <\/p>\n
Lo anterior se robustece al tener en consideraci\u00f3n que en un caso similar esta magistratura resalt\u00f3 la inadmisibilidad del recurso vertical para cuestionar decisiones en las que se declare la incompetencia para conocer de un negocio (STC13012-2022), lo que acarrea en la improcedencia del recurso de s\u00faplica cuando esas determinaciones se adopten en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal restricci\u00f3n se justifica en que el procedimiento apropiado para estos casos es remitir el expediente a la autoridad competente para conocer del asunto, quien, a su vez, deber\u00e1 resolver sobre su admisi\u00f3n o rechazo (art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso). Sopesar lo opuesto, conllevar\u00eda a que el magistrado en turno decida sobre la competencia, lo que ser\u00eda otorgarle una facultad prematura que por mandato legal le corresponde a otra autoridad judicial. <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s consideraciones, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Leonardo Diomedes Bustamante S\u00e1nchez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7168-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC7168-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02768-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1.- El convocante solicit\u00f3 que se dejen sin valor y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74903","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74903","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74903"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74903\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74903"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74903"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74903"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}