STC7172-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7172-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02780-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros le interpuso a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el radicado n\u00b008001-31-53-001-2018-00272-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante pidi\u00f3 que se ordene a la Corporaci\u00f3n convocada revocar la sentencia de segunda instancia que fue desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el fallador plural, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por las partes contra el fallo de primer grado, estim\u00f3 que no deb\u00eda integrarse un t\u00edtulo complejo, sino que bastaba con acreditar que la reclamaci\u00f3n se realiz\u00f3 en debida forma y que no fue objetada. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n aplicable al caso era el de la acci\u00f3n cambiaria y no el de los contratos de seguros. En consecuencia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n con sentencia del 8 de junio de 2023 adicionada el 20 de junio siguiente. <\/p>\n
Postura que, a juicio de la precursora, no s\u00f3lo desconoce el precedente aplicable a la materia, sino que tambi\u00e9n carece de motivaci\u00f3n y sustento probatorio, ya que los documentos aportados como base de recaudo no debieron valorarse conforme las normas mercantiles, sino bajo disposiciones especiales que regulan la materia. <\/p>\n
2. El fallador plural y la Cl\u00ednica la Victoria defendieron la determinaci\u00f3n reprochada. No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El amparo ser\u00e1 concedido porque el Tribunal accionado desatendi\u00f3 el precedente de esta Corporaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, la Magistratura enjuiciada inici\u00f3 por precisar que las facturas originadas en la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos derivados del SOAT pod\u00edan tener un \u00abdoble tratamiento\u00bb, ya sea como \u00abt\u00edtulos ejecutivos aut\u00f3nomos\u00bb o como integrantes de los documentos exigidos para presentar la solicitud de pago ante la aseguradora, posici\u00f3n que fundament\u00f3 en la STC2662-2021. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que en los \u00abt\u00edtulos ejecutivos aut\u00f3nomos\u00bb, el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria se reg\u00eda por el ordenamiento mercantil y no por las normas especiales invocadas por el recurrente. Por otro lado, adujo que, si bien en el segundo supuesto \u00ablas facturas no se aducen como t\u00edtulos valores aut\u00f3nomos, sino como integrantes de los documentos exigidos para presentar la reclamaci\u00f3n ante la compa\u00f1\u00eda aseguradora\u00bb, para ejercer la acci\u00f3n ejecutiva no era necesario presentar todos los documentos que consagra el art\u00edculo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016, sino que deb\u00eda acreditarse que los mismos hab\u00edan sido aportados al momento de presentar la reclamaci\u00f3n. Por lo que acot\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a diferencia de lo que plantea la recurrente, no se trata de un t\u00edtulo complejo, sino que su configuraci\u00f3n basta con acreditar: i) que la reclamaci\u00f3n se realiz\u00f3 en los t\u00e9rminos dispuestos tanto por el ordenamiento comercial (Art\u00edculo 1077), como por el Decreto 780 de 2016, (Art\u00edculo 2.6.1.4.2.20). y ii) que la aseguradora no objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de un mes contado a partir de la fecha de su recepci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3: <\/p>\n
En el caso bajo estudio, los documentos aducidos cumplen con los requisitos de los art\u00edculos 774 del C\u00f3digo de Comercio, de tal forma que para la configuraci\u00f3n del t\u00edtulo no se requerir\u00eda la acreditaci\u00f3n de requisito adicional. (\u2026) <\/p>\n
Conforme se puede advertir con claridad manifiesta, la omisi\u00f3n de requisitos adicionales a los establecidos en los art\u00edculos 621 y 774 del C\u00f3digo de Comercio, no despoja la calidad de t\u00edtulo valor de los documentos. De modo que, se insiste, no resultaba necesario que se acompa\u00f1aran al presente tr\u00e1mite los requisitos de que tratan los art\u00edculos 2.6.1.4.2.20 y 2.6.1.4.3.3 del Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Salud y Protecci\u00f3n Social (780 de 2016). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la Sala debe advertir que al momento de contestar cada una de las demandas, la sociedad ejecutada circunscribi\u00f3 su defensa en: I) la ausencia de los requisitos para que se configure el t\u00edtulo ejecutivo y II) la prescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n. No obstante, la ejecutada no adujo medio de prueba alguno para acreditar la objeci\u00f3n frente a las facturas presentadas. De conformidad con ello, los reparos expuestos por la parte ejecutada no estar\u00edan llamados a prosperar. <\/p>\n
Finalmente, frente a la prescripci\u00f3n, al adicionar la sentencia se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la prescripci\u00f3n, la Sala advirti\u00f3 que, pese a que la ejecutada aleg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro, en este caso, no resultaba aplicable la misma, sino la contemplada para la acci\u00f3n cambiaria, habida cuenta de que estamos frente a t\u00edtulos valores aut\u00f3nomos y no frente a un t\u00edtulo complejo. Cabe precisar que las ejecutantes ejercieron la acci\u00f3n cambiaria, aduciendo como t\u00edtulo las facturas de venta y no la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed, resulta claro, que por tratase del ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria y no de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro, mal har\u00eda en darse aplicaci\u00f3n a las disposiciones que rigen la prescripci\u00f3n de las acciones del referido negocio jur\u00eddico. Cabe recalcar que, la Sala expresamente advirti\u00f3 que la norma que deb\u00eda aplicarse era la consagrada en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, descartando la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1081 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
Ahora, revisada la jurisprudencia de la Sala sobre el punto, ciertamente la Corte, al resolver acciones constitucionales, ha se\u00f1alado que para obtener el pago de facturas por servicios de salud a personas amparadas con el SOAT se requiere la constituci\u00f3n de un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, el cual debe estar integrado por los \u00abFormularios de reclamaci\u00f3n, seg\u00fan el formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, certificado m\u00e9dico de atenci\u00f3n, formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, y la factura y fotocopia de la p\u00f3liza\u00bb (STC19525-2017). Lo cual constituye una regla jurisprudencial que, por tanto, debe ser atendida por los administradores de justicia. As\u00ed, en STC14094-2022 (21 oct.) se dijo: <\/p>\n
En lo que refiere al interrogante sobre si las \u00abfacturas de servicios de salud\u00bb, en particular, las emitidas con ocasi\u00f3n de la afectaci\u00f3n de las \u00abp\u00f3lizas de SOAT\u00bb, son o no un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, esta Sala en sede de tutela ha respondido positivamente dicha pregunta, al sostener en un caso de id\u00e9nticos perfiles al que ahora se analiza, que la normatividad llamada a regular el asunto era la relativa al cobro de las indemnizaciones derivadas de p\u00f3lizas de seguro obligatorio por accidente de tr\u00e1nsito, contenida en los Decretos 663 de 1993, 3990 de 2007 y los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio\u201d y que trat\u00e1ndose del cobro de \u201cfacturas\u201d atinentes a gastos m\u00e9dicos, la \u201cdocumentaci\u00f3n\u201d necesaria para constituir el \u201ct\u00edtulo ejecutivo complejo\u201d eran los \u201cFormularios de reclamaci\u00f3n, seg\u00fan el formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, certificado m\u00e9dico de atenci\u00f3n, formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, la factura y fotocopia de la p\u00f3liza (STC2064-2020, que cit\u00f3 la STC19525-2017). <\/p>\n
Tal criterio fue ampliado en fallo de 24 de marzo de 2021, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) De este modo, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas (\u2026), en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia de segundo grado debatida, se concluy\u00f3 que i) los t\u00edtulos ejecutivos complejos aportados como b\u00e1culo de la acci\u00f3n ejecutiva, s\u00ed prestaban m\u00e9rito ejecutivo, de conformidad a las normas especiales atr\u00e1s referenciadas que regulan las facturas para el cobro de los servicios prestados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito, m\u00e1s a\u00fan cuando ii) las glosas alegadas por la ejecutada, no se presentaron en debida forma; iii) que el t\u00e9rmino prescriptivo alegado, corresponde al contemplado en el canon 2536 del C\u00f3digo Civil, y no al que establece la norma mercantil para la acci\u00f3n cambiaria o, para el contrato de seguro; y, iv) que de acuerdo a las probanzas arrimadas, la excepci\u00f3n de pago s\u00f3lo pod\u00eda prosperar frente a dos de las facturas cobradas. (STC3056-2021). <\/p>\n
(\u2026) Por consiguiente, es indudable que sobre esta materia existe un \u00abprecedente\u00bb vinculante, el cual no puede ser ignorado por los jueces en los \u00abprocesos\u00bb donde se ventile esta(\u2026) (CSJ, STC14164-2017, iterada recientemente en la STC16048-2021 y STC1912-2022)(Negrillas de ahora). <\/p>\n
Al respecto, vale la pena resaltar que, contrario a lo se\u00f1alado por el Tribunal demandado, en la sentencia STC2662-2021 no se contempl\u00f3 la posibilidad de que las facturas presentadas para el cobro de los valores incluidos en la cobertura del SOAT puedan ser tomadas como \u00abt\u00edtulos aut\u00f3nomos\u00bb v\u00e1lidos para ejecuci\u00f3n, pues en dicha ocasi\u00f3n se consider\u00f3 razonable la decisi\u00f3n que determin\u00f3 que dichos documentos por s\u00ed solos \u00abno cumplen con las exigencias legales de \u201creclamaci\u00f3n completa\u201d para poder ser consideradas t\u00edtulos de recaudo ejecutivo; en este caso t\u00edtulo complejo\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama, emerge ostensible que la Corporaci\u00f3n aludida, no solo, interpret\u00f3 err\u00f3neamente la citada decisi\u00f3n, sino que desconoci\u00f3 sin motivo la postura que esta Corporaci\u00f3n ha fijado para el asunto bajo estudio, puesto que evalu\u00f3 los documentos aportados para el cobro como t\u00edtulos valores singulares, olvidando que las facturas derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud en accidentes de tr\u00e1nsito deben cotejarse bajo las disposiciones de los Decretos 663 de 1993, 3990 de 2007 y los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Como resultado de lo expuesto, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada y se dejar\u00e1 sin valor y efecto la decisi\u00f3n calendada el 8 de junio de 2023 y las dem\u00e1s actuaciones que de ella dependan y, en consecuencia, se le ordenar\u00e1 a la autoridad judicial que proceda a resolver la alzada nuevamente conforme al precedente trazado por esta Sala. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONCEDE la tutela instada por La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto la decisi\u00f3n calendada el 8 de junio de 2023 y las dem\u00e1s actuaciones que de ella dependan; y se ORDENA a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, resuelva nuevamente el asunto como en derecho corresponda, con atenci\u00f3n de las consideraciones precedentes. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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