STC7196-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7196-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02755-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Murcia contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 006-2021-00014-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 29 de abril de 2013 suscribi\u00f3 con la F\u00e1brica de Licores del Tolima un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales para la convocatoria de un tribunal de arbitramento hasta la ejecutoria del laudo con la citaci\u00f3n de los integrantes del consorcio Tolima, con quienes la empresa estatal hab\u00eda pactado la exclusividad para la distribuci\u00f3n de los productos de la licorera. <\/p>\n
Relat\u00f3 que present\u00f3 demanda ante el Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Ibagu\u00e9, que culmin\u00f3 el 18 de febrero de 2015 con el laudo en el que se reconoci\u00f3 el valor a indemnizar en favor de F\u00e1brica de Licores del Tolima por $6.355\u2019471.393, y contra el cual los convocados interpusieron recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, que fue fallado adversamente por el Consejo de Estado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la empresa de licores el 27 de febrero de 2015 adelant\u00f3 la ejecuci\u00f3n ante el Tribunal Administrativo del Tolima, donde se lleg\u00f3 a un acuerdo conciliatorio, del cual la ejecutante recibi\u00f3 los pagos peri\u00f3dicos por \u00ab$6.941.838.498, entre el 29 de junio de 2018 y el 14 de diciembre de 2022 como lo certific\u00f3 la entidad\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por lo anterior, como abogado solicit\u00f3 el pago de los honorarios acordados en un 15% del valor de la condena m\u00e1s IVA, motivo por el cual emiti\u00f3 una factura que entreg\u00f3 al gerente de la sociedad, quien la acept\u00f3 ofreciendo un pago parcial de 300 millones de pesos, porque no ten\u00eda m\u00e1s recursos presupuestados para tal fin, oferta aceptada, y luego de adelantar el tr\u00e1mite interno le consignaron ese valor en su cuenta de ahorros, pero el 1\u00ba de julio de 2018 cuando cambiaron el representante legal de la compa\u00f1\u00eda, resolvi\u00f3 archivarla, y ante los reiterados requerimientos le entreg\u00f3 la factura el 21 de junio de 2018. <\/p>\n
Indic\u00f3 que present\u00f3 demanda ejecutiva para obtener el pago del saldo adeudado, que por reparto le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, proceso en el que el ejecutado recurri\u00f3 la orden de apremio y en diversos memoriales se opuso al pago, formul\u00f3 excepciones y adelantado el tr\u00e1mite en sentencia de 12 de mayo de 2022 se declar\u00f3 probado el medio exceptivo denominado falta de claridad en la exigibilidad del t\u00edtulo base de cobro judicial, por lo que inconforme con lo resuelto interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 19 de abril de 2023 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n presentada por la demandada en auto de 7 de junio anterior, y actualmente las actuaciones se encuentran en el Juzgado de origen con auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. <\/p>\n
Consider\u00f3 que el Tribunal Superior accionado, no valor\u00f3 todas las pruebas que se practicaron, en especial aquellas con las que acredit\u00f3 \u00abespec\u00edficamente el momento de exigibilidad\u00bb, as\u00ed como el requerimiento de pago cuando qued\u00f3 ejecutoriado el laudo con la recepci\u00f3n de la factura por parte del gerente de la sociedad, sin objeci\u00f3n alguna, ni la orden dada para tramitar el pago ofrecido, o las consignaciones realizadas, y tampoco dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior accionado, dejar sin efecto las providencias de 19 de abril y 7 de junio de 2023, para que, en su lugar \u00abprofiera una decisi\u00f3n adecuada y de fondo en el proceso ejecutivo que se adelant\u00f3, o en su defecto (\u2026) emita una nueva providencia de segunda instancia, que acate las consideraciones expuestas por la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se dispuso el traslado a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, contest\u00f3 que se atiene a lo resuelto y considerado en las providencias de 19 de abril y 7 de junio de 2023 proferidas en el proceso ejecutivo No. 2019-00030. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, respondi\u00f3 que en ese despacho curs\u00f3 el proceso ejecutivo que motiv\u00f3 la queja constitucional, actuaci\u00f3n en la que el 13 de mayo de 2022 profiri\u00f3 sentencia que neg\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por la falta de claridad del t\u00edtulo, decisi\u00f3n que apelada por el demandante, confirm\u00f3 el superior funcional, y, agreg\u00f3 que contrario a lo afirmado, se valoraron la totalidad de las pruebas allegadas con las que pudo comprobar que el documento base de la ejecuci\u00f3n no era exigible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se encuentran relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
2.1 En el proceso ejecutivo No. 006-2019-00030-00 promovido por \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Murcia contra F\u00e1brica de Licores del Tolima, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en sentencia de 13 de mayo de 2022 resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n denominada falta de claridad en la exigibilidad del t\u00edtulo base de cobro judicial, y dispuso no seguir adelante la ejecuci\u00f3n, declarar la terminaci\u00f3n del proceso, entre otros. <\/p>\n
Lo anterior, tras considerar que la controversia se suscit\u00f3 en relaci\u00f3n con el negocio subyacente, por lo que deb\u00eda examinar los elementos que rigen los t\u00edtulos ejecutivos, en especial c\u00f3mo se \u00abva a determinar bajo qu\u00e9 condici\u00f3n suspensiva se va a dar el pago de los honorarios al abogado, si es cuando lo dice la defensa aqu\u00ed parte actora, por haber ejecutoriado el laudo o por el contrario si ser\u00e1 al momento en que se haga el recaudo efectivo de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que para el juez de ejecuci\u00f3n est\u00e1 vedado entrometerse en la interpretaci\u00f3n del contrato y con ello, adentrarse en la definici\u00f3n de un asunto pendiente de resoluci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, y aduj\u00f3 que, en ese caso, no exist\u00eda claridad suficiente sobre el elemento de la exigibilidad, por tanto, no se cumpl\u00edan las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2 El ejecutante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, con sustento en que la decisi\u00f3n se apoy\u00f3 en la existencia de otro asunto que incid\u00eda en la acci\u00f3n ejecutiva, situaci\u00f3n que solo pod\u00eda discutirse a trav\u00e9s de la excepci\u00f3n previa de pleito pendiente, y porque en los t\u00edtulos valores se encuentra inmersa la presunci\u00f3n de legalidad, por ende, si en la factura se se\u00f1al\u00f3 una fecha para su pago, la forma de desvirtuar esa exigibilidad era con la prueba del hecho contrario y, finalmente indic\u00f3 que se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico, violaci\u00f3n de la constituci\u00f3n, desconocimiento del control de legalidad y violaci\u00f3n al debido proceso por desconocimiento del precedente. <\/p>\n
2.3 El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en sentencia de 17 de abril de 2023 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, tras considerar que el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que pueden demandarse las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documento que provenga del deudor o de sus causantes y que constituyen plena prueba contra \u00e9l, luego hizo referencia de los requisitos de los t\u00edtulos valores contenidos en los art\u00edculos 619, 772 a 774 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la factura por si sola debe prestar m\u00e9rito ejecutivo, y no requerir de soportes distintos para reclamar judicialmente el derecho incorporado, para lo cual (\u2026) el fallador auscult\u00f3 en las condiciones genitoras del t\u00edtulo y ante la ausencia de esa precisi\u00f3n seg\u00fan lo avizorado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales No. 011 del 29 de abril de 2013 a partir del cual naci\u00f3 la factura controvertida, estim\u00f3 la imposibilidad de tener certeza sobre la fecha de exigibilidad, al punto de ilustrarse sobre esa opacidad en la existencia de una controversia de ese preciso punto\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, \u00abno se discute que la factura presentada para el cobro proviene de la relaci\u00f3n causal originada en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales 011 del 29 de abril de 2013, el cual ten\u00eda por objeto, conforme su cl\u00e1usula primera, la prestaci\u00f3n de los servicios profesionales del ejecutante para la ejecutada con la finalidad de la representaci\u00f3n de \u00e9sta \u201ccomo demandante en el proceso arbitral contra el Consorcio Tolima por el incumplimiento del contrato FLT-054 de 2008\u201d, adem\u00e1s que, su alcance iba hasta \u201cla ejecutoria del laudo\u201d. Asunto que culmin\u00f3 con un Laudo Arbitral proferido en favor del convocante el 18 de febrero de 2015\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con las pruebas presentadas se prob\u00f3 que la ejecutada certific\u00f3 estar conforme con la gesti\u00f3n del demandante, seg\u00fan acta de recibo a satisfacci\u00f3n de servicios de 5 de junio de 2015 fecha en la cual la gerente de la F\u00e1brica de Licores del Tolima orden\u00f3 el pago de $300.000.000 por su gesti\u00f3n, como consta en los comprobantes de contabilidad No. EG2 0000004002, y en la constancia expedida por Bancolombia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n encontr\u00f3 que la demandada el 4 de septiembre de 2019 seg\u00fan los comprobantes de egreso No. EG1 0000003497, efectu\u00f3 un desembolso adicional por $300.000.000 en cumplimiento de lo ordenado en Resoluci\u00f3n No. 276 de 27 de agosto de 2019, sin embargo, no resultaron suficientes para acreditar la exigibilidad del t\u00edtulo, cuando en el negocio jur\u00eddico no se precis\u00f3 otra clase de t\u00e9rmino para el vencimiento de la factura. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en la cl\u00e1usula segunda del contrato se estableci\u00f3 \u00abVALOR Y FORMA DE PAGO: LA FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA pagar\u00e1 al ABOGADO el quince por ciento (15%) del resultado final del proceso antes de deducciones y descuentos a que haya lugar\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que del negocio no se pod\u00eda inferir la forma o manera de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, bien porque el demandante lo estableci\u00f3 a la firmeza del laudo arbitral, en tanto, que el demandado asegur\u00f3 que ese t\u00e9rmino estaba supeditado al recibo efectivo de los dineros de la condena impuesta al convocado en ese tr\u00e1mite, y ninguna otra cl\u00e1usula permit\u00eda inferir una condici\u00f3n diferente. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que ante la ausencia de claridad, porque \u00ablo acontecido no fue un compromiso econ\u00f3mico de pagar el ejecutado determinada suma de dinero al momento de la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite arbitral, sino un pacto negocial que de por medio tiene las resultas favorables de aquel ejercicio, sin tenerse la certeza de la llegada a ese momento\u00bb la exigibilidad no se observ\u00f3, pues no pudo establecerse \u00abqu\u00e9 d\u00eda se comprometi\u00f3 el ejecutado a pagar el dinero o cu\u00e1ndo se entend\u00eda el resultado final para ello, en verdad, no se determin\u00f3 la fecha en que deb\u00eda el aqu\u00ed accionado pagarle al extremo activo o el acaecimiento de la condici\u00f3n para tal fin\u00bb. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 que, \u00abno se puede dejar a un lado que cuando se tiene que entrar a hacer un esfuerzo racional y probatorio para establecer una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible ello rompe con la esencia de la acci\u00f3n ejecutiva, y en verdad del estudio del negocio, no se acredita una obligaci\u00f3n diamantina como la que se exige en esta clase de asuntos\u00bb. <\/p>\n
2.4 La demandada solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n de la sentencia en lo que respecta a los criterios utilizados para determinar el monto de las agencias en derecho decretadas, que fue negada el 7 de junio de 2023. <\/p>\n
3. En ese orden, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas por el accionante, como quiera que, el Tribunal Superior accionado en su providencia de 19 de abril de 2023, cuando confirm\u00f3 la sentencia de primer grado proferida en el asunto ejecutivo que motiv\u00f3 la queja constitucional, lo hizo precisamente al efectuar el examen de la factura presentada, en la que no encontr\u00f3 claro cu\u00e1l era la \u00abexigibilidad del t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
En esa providencia explic\u00f3, que mientras en la factura expedida por $839\u2019761.456 el 4 de junio de 2015, \u00abpor concepto del cobro de honorarios profesionales seg\u00fan contrato 011 de 29 de abril de 2023, correspondiente al 15% del valor del laudo arbitral en firme a favor del demandante\u00bb, en la cl\u00e1usula segunda de dicho contrato se anot\u00f3 que se pagar\u00eda al abogado el porcentaje acordado \u00abal resultado final del proceso antes de deducciones y descuentos a que haya lugar\u00bb, situaci\u00f3n que imposibilitaba establecer la fecha de exigibilidad, m\u00e1xime cuando el demandante afirm\u00f3 que la obligaci\u00f3n que origin\u00f3 la expedici\u00f3n de la factura fue la condena decretada en el laudo, pero el monto sobre el cual lo liquid\u00f3 fue el acuerdo de conciliaci\u00f3n al que llegaron los \u00abconsorciados\u00bb por $6.941\u2019838.498, cantidad de la cual solo han recibido los demandados $4.000\u2019000.000, como lo declararon en la contestaci\u00f3n, es decir que tampoco hay claridad en la cantidad cobrada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, contrario a lo afirmado, el Tribunal Superior accionado analiz\u00f3 todas las pruebas practicadas y efectu\u00f3 la revisi\u00f3n del documento aportado como base de la ejecuci\u00f3n, de las que concluy\u00f3, que la causa que origin\u00f3 la elaboraci\u00f3n de la factura fue un contrato de prestaci\u00f3n de servicios, en el que no exist\u00eda claridad respecto a la fecha de exigibilidad de la misma, esto es, si era la anotada por el acreedor en el t\u00edtulo, o la indicada en el negocio que dio origen a su expedici\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, seg\u00fan lo dispuesto por la norma procesal, debe ser preliminar al librarse la orden de apremio, pero tambi\u00e9n se puede hacer en la sentencia, de primera o segunda instancia, y especialmente cuando ese punto fue invocado por los ejecutados durante la actuaci\u00f3n (reposici\u00f3n, excepciones y reparos), como aqu\u00ed aconteci\u00f3, por tanto, no se puede atribuir un desafuero o una extralimitaci\u00f3n al momento de desatar la apelaci\u00f3n, pues el motivo para revocar el mandamiento fue precisamente que el t\u00edtulo no cumple los requisitos contenidos en el art. 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo esta Sala se\u00f1al\u00f3 lo siguiente, <\/p>\n
(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada \u201d. <\/p>\n
\u201cEntre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ej\u00fasdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ende, mal puede olvidarse que, as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo utsupra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u201d. <\/p>\n
\u201cDe ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem\u201d. <\/p>\n
\u201cY es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ib\u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201cEse entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) \u201d1. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (\u2026)\u201d\u00bb. (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, reiterada en STC14595-2017, y citada en STC 2725-2020, STC771-2023, STC3899-2023 y, STC6735-2023 entre muchas). <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, no puede atribuirse al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, una v\u00eda de hecho, por haber actuado en ese sentido al proferir la sentencia aqu\u00ed reprochada pues lo hizo en cumplimiento de las normas sustanciales, as\u00ed como las procesales que rigen la materia, sin que adem\u00e1s se advierta un desvi\u00f3 grosero del ordenamiento procesal que rige el litigio, en especial al examinar el t\u00edtulo objeto del recaudo, y, as\u00ed las cosas, aunque el accionante no comparta las razones expuestas en ella, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814-2022 y STC4373-2023 entre muchas). <\/p>\n
5. Ahora, frente a la indebida valoraci\u00f3n probatoria que alega, es una situaci\u00f3n que no tiene la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia reprochada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, siendo \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022 y, STC6834-2023, ente otras). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Murcia contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC4808 de de abril de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-00694-00, reiterada en STC4053 de 22 de marzo de 2018, exp. 68001-22-13-000-2018-00044-01 <\/p>\n
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STC7196-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7196-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02755-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Murcia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}