STC7198-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7198-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02777-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Luz Mary Pulgar\u00edn Osorio, en nombre de su hijo Carlos Andr\u00e9s Bulla Pulgar\u00edn, entonces menor de edad, acudi\u00f3 a la Defensor\u00eda de Familia del ICBF en Fundaci\u00f3n, y en resoluci\u00f3n de 14 de agosto de 2000 aprob\u00f3 la cuota alimentaria que pactaron los padres. <\/p>\n
Indic\u00f3 que posteriormente instaur\u00f3 demanda de disminuci\u00f3n de cuota, tr\u00e1mite en el Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n en sentencia de 11 de junio de 2015 acogi\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que a continuaci\u00f3n, pidi\u00f3 la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria, porque su hijo tiene m\u00e1s de 25 a\u00f1os, cuenta con una carrera profesional de psicolog\u00eda, cursada en la Universidad Cooperativa de Colombia y se encuentra trabajando. <\/p>\n
Explic\u00f3 que de la demanda conoci\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, quien la envi\u00f3 por competencia al Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que ese \u00faltimo Juzgado ha vulnerado sus derechos, pues es a quien compete levantar la medida cautelar que decret\u00f3 respecto de su \u00abasignaci\u00f3n de retiro\u00bb, pero \u00abha venido dando respuestas negativas a [su] proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria y por el contrario propuso un conflicto de competencia negativo\u00bb en relaci\u00f3n con el Juzgado de Santa Marta. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la obligaci\u00f3n alimentaria \u00abno puede ser infinita\u00bb y destac\u00f3 que se est\u00e1n desconociendo los derechos de sus hijas menores de edad, pues requiere de los descuentos que vienen realiz\u00e1ndose para garantizar los alimentos de ellas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abordenar al juez promiscuo de familia la celeridad procesal y se profiera sentencia con las pruebas obrantes y cumplimiento de la edad 25 a\u00f1os\u00bb y que \u00abpor las dilaciones injustificadas por parte del juzgado promiscuo de familia de fundaci\u00f3n magdalena, se inicien las acciones disciplinarias correspondientes\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Santa Marta, mediante providencia de 12 de julio de 2023 remiti\u00f3 a esta Sala, por competencia, el amparo propuesto, al considerar que se hallaba involucrado en el ataque constitucional, toda vez que el conflicto de competencia que refiri\u00f3 el accionante \u00abfue asignado a la Sala Civil Familia de esta Corporaci\u00f3n en el despacho del Magistrado Cristian Xiques Romero\u00bb. <\/p>\n
4. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, expuso que, si bien le correspondi\u00f3 por reparto el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria propuesto por el accionante, al advertir su falta de competencia, mediante auto de 17 de febrero de 2023 lo envi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n, y \u00aba la fecha no conocemos de otra actuaci\u00f3n en el tr\u00e1mite inicial\u00bb, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n, indic\u00f3 que la demanda de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria propuesta por el actor contra su hijo mayor de edad, fue asignada al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, quien la remiti\u00f3 a su despacho por competencia el 22 de febrero de 2023, y luego de la revisi\u00f3n pertinente profiri\u00f3 auto de 17 de marzo de 2023, con el que resolvi\u00f3 \u00abno avocar el conocimiento del proceso, declarando as\u00ed la falta de competencia, generando el conflicto negativo de competencia\u00bb, diligencias que remiti\u00f3 a su Superior con oficio de 27 de marzo siguiente, y, a la fecha, \u00abse est\u00e1 a la espera de la decisi\u00f3n que adopte la H. Sala Civil Familia del Tribunal de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
3. El Magistrado Cristian Salom\u00f3n Xiques Romero, expuso que en auto de 13 de julio de 2023 desat\u00f3 el conflicto de competencia planteado entre los Juzgados involucrados, y declar\u00f3 que el competente para resolver sobre el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria promovido por el actor, era el Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n, providencia de la que alleg\u00f3 copia, sin que se evidencie la notificaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Magdalena- manifest\u00f3 atenerse a lo probado en este asunto y pidi\u00f3 su exoneraci\u00f3n, porque no vulner\u00f3 los derechos del solicitante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a situaciones de mora judicial. <\/p>\n
En eventos en los que se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas (\u2026)\u00bb (CSJ. STC, 29 ab. 2011, exp. 00094-01, citada entre otras en STC8439-2014 y STC9263-2022). <\/p>\n
Sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la Corte ha reiterado que, (\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) (CSJ. STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021, STC10877-2021 y STC9263-2022). <\/p>\n
Se advierte adem\u00e1s que una dilaci\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales perjudica la tutela efectiva por la que pretenden los interesados y, asimismo, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derecho que no s\u00f3lo comprende la posibilidad de acudir a los estrados judiciales para promover los conflictos, \u00absino tambi\u00e9n que sean efectivamente resueltos\u00bb (CSJ STC12819-2021, reiterado en CSJ STC5479-2022 y en STC4852-2023, entre otras). <\/p>\n
2. La queja constitucional. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s Bulla \u00c1lvarez reprocha la tardanza en la definici\u00f3n de la demanda de \u00abexoneraci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb que propuso contra su hijo mayor de edad Carlos Andr\u00e9s Bulla Pulgar\u00edn. <\/p>\n
3. Situaci\u00f3n f\u00e1ctica del proceso cuestionado. <\/p>\n
3.1 El aqu\u00ed accionante present\u00f3 el 3 de febrero de 2023 la demanda mencionada, y fue asignada por reparto al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, autoridad que, en auto de 17 de febrero siguiente la rechaz\u00f3 y orden\u00f3 remitirla al Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n, al considerar que deb\u00eda aplicarse lo establecido en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que \u00abLas peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio\u00bb. <\/p>\n
3.2 Recibidas las diligencias por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n, en providencia de 17 de marzo de 2023 decidi\u00f3 no avocar el conocimiento del proceso, declar\u00f3 su falta de competencia y promovi\u00f3 conflicto negativo para ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, pues, conforme expuso, el alimentario ya no es menor de edad y tampoco conserva su domicilio en Fundaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3 Con oficio de 27 de marzo de 2023, el anterior despacho envi\u00f3 el expediente al Tribunal Superior de Sanata Marta y se radic\u00f3 en esa fecha con el N\u00ba 470012213000 20230009200, y fue asignado al Magistrado Cristian Salom\u00f3n Xiques Romero. <\/p>\n
3.4. El Tribunal Superior accionado, con ocasi\u00f3n de este amparo, envi\u00f3 copia de la providencia de 13 de julio de 2023, en la que resolvi\u00f3, <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR lo aqu\u00ed decidido al Juzgado Primero de Familia de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
En esta instancia se requiri\u00f3 al accionado para que enviara soporte de la notificaci\u00f3n de la citada providencia y del env\u00edo de las diligencias al Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n, pero guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. De la vulneraci\u00f3n evidenciada. <\/p>\n
4.1 De acuerdo con lo expuesto, se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso del se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s Bulla \u00c1lvarez, toda vez que, como viene de verse, el Tribunal Superior accionado, si bien resolvi\u00f3 el conflicto de competencia en los t\u00e9rminos descritos, no acredit\u00f3 haber notificado la providencia y, tampoco demostr\u00f3 haber remitido el expediente correspondiente al Juzgado que determin\u00f3 como competente para conocer de la exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria que promovi\u00f3 accionante, cuesti\u00f3n que impide la resoluci\u00f3n del caso como aqu\u00ed lo pretende el actor. <\/p>\n
4.2 T\u00e9ngase en cuenta que de acuerdo con el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, el Tribunal Superior de Santa Marta contaba con diez (10) d\u00edas para pronunciarse sobre el conflicto a su cargo, sin embargo, ha transcurrido un holgado lapso y no se evidencia la notificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de 13 de julio de 2023 y el env\u00edo del expediente al Juzgado competente. <\/p>\n
Al punto, esta Corte, siguiendo a su hom\u00f3loga constitucional, ha indicado que, <\/p>\n
(\u2026) El desconocimiento del plazo razonable viola la garant\u00eda de acceso oportuno a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026). De esta forma, la carencia de una soluci\u00f3n de fondo que resuelva el asunto jur\u00eddico planteado (…), desconoce la seguridad jur\u00eddica y su derecho a que se resuelva la situaci\u00f3n. La irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el componente del derecho a obtener una decisi\u00f3n judicial. No basta con estar en presencia de una autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la situaci\u00f3n para que haya pleno acceso a la jurisdicci\u00f3n \u2013SU-0394 de 2016-\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, al juez cognoscente, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar\u00bb (CSJ. STC10084-2021, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
El amparo solicitado por Carlos Andr\u00e9s Bulla \u00c1lvarez ser\u00e1 concedido, debido a la vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por la tardanza injustificada del Tribunal Superior accionado en relaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n del conflicto de competencia que le fue remitido desde el 27 de marzo de 2023, pues aunque profiri\u00f3 la decisi\u00f3n pertinente el 13 de julio siguiente, seg\u00fan lo indicaron los Juzgados involucrados, la misma no ha sido comunicada y las respectivas diligencias no se han enviado al Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n, para que siga el tr\u00e1mite a su cargo. <\/p>\n
6. En consecuencia, se le ordenar\u00e1 al Tribunal Superior de Santa Marta que proceda a comunicar el auto de 13 de julio de 2023 y a remitir las diligencias correspondientes al Juzgado Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Andr\u00e9s Bulla \u00c1lvarez. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, a trav\u00e9s del Magistrado Cristian Salom\u00f3n Xiques Romero o quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda si a\u00fan no lo ha hecho, a notificar la providencia de 13 de julio de 2023, con la que defini\u00f3 el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo de Familia de Fundaci\u00f3n y Primero de Familia de Santa Marta y remita, al que consider\u00f3 competente, el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria iniciado por el accionante, como as\u00ed lo orden\u00f3 en esa decisi\u00f3n. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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