STC7218-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7218-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00064-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de abril de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que Mercedes y Ver\u00f3nica Collazos Llanos promovieron contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Timan\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes reclamaron por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad convocada. <\/p>\n
Solicit\u00f3 en consecuencia, que se \u00aborden[e] la nulidad de la decisi\u00f3n de fecha 10 de febrero de 2023 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito, dentro del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en el proceso de sucesi\u00f3n de Carlos Collazos Llanos, adelantado por las accionantes, que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de Timan\u00e1 Huila, radicado bajo el n\u00famero 41026-40-89-001-2022-00029-00 concedi\u00e9ndose a la entidad accionada un t\u00e9rmino no superior a los diez (10) d\u00edas, para que declare la improcedencia de la aclaraci\u00f3n presentada por el apoderado de Leonardo Parra Collazos\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Dentro del precitado juico, el 12 de mayo de 2022, en la diligencia de secuestro del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 206-35413, Leonardo Parra Collazos present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de rechazar la oposici\u00f3n que hizo a dicha cautela, recurso admitido el 7 de junio de 2022 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito, quien confirm\u00f3 el prove\u00eddo el 31 de agosto siguiente. <\/p>\n
2.2. Leonardo Parra Collazos pidi\u00f3 aclarar el anterior auto, porque all\u00ed \u00abse afirma, y sobre ese punto se edifica la argumentaci\u00f3n, que aqu\u00ed se ha presentado y resuelto una oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, donde no se acredit\u00f3 la posesi\u00f3n por parte del opositor\u00bb, ante ello, el estrado cognoscente decidi\u00f3 el 10 de febrero de 2023 revocar el auto objeto de aclaraci\u00f3n y tambi\u00e9n la decisi\u00f3n de rechazo de la oposici\u00f3n al secuestro, con la consecuente orden al a quo de tramitar la misma, determinaci\u00f3n \u00e9sta contra la cual las gestoras interpusieron el recurso de reposici\u00f3n, el cual fue rechazado el 15 de marzo siguiente. <\/p>\n
2.3. Las promotoras sostienen que la precitada decisi\u00f3n desconoce las regla de aclaraci\u00f3n de una providencia, que proh\u00edben su revocatoria por parte del juez que la pronunci\u00f3, ya que en este caso se dej\u00f3 sin efecto el auto de 31 de agosto de 2022, con que se hab\u00eda decidido la apelaci\u00f3n contra el rechazo de la oposici\u00f3n al secuestro. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
2. Luis Augusto Cuenca Mu\u00f1oz, quien dijo representar al opositor Leonardo Parra Collazos defendi\u00f3 las actuaciones del Juzgado Promiscuo de Familia de Pitalito, que al percatarse de que el objeto de la alzada no era resolver de fondo la oposici\u00f3n al secuestro, sino determinar si correspond\u00eda tramitarla, adelat\u00f3 control de legalidad sobre el auto de 31 de agosto de 2022 con que hab\u00eda decidido el mencionado recurso y emiti\u00f3 el prove\u00eddo de 10 de febrero del presente a\u00f1o con que lo desat\u00f3 adecuadamente. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito, Huila, hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del proceso cuestionado y defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 al resolver la alzada contra el rechazo de la oposici\u00f3n al secuestro. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el resguardo solicitado y en consecuencia orden\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente, deje sin efectos el auto calendado diez (10) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023), y en su lugar, proceda a estudiar la solicitud de aclaraci\u00f3n elevada por el apoderado del se\u00f1or Leonardo Parra Collazos conforme a los preceptos del art\u00edculo 285 de la normativa procesal general\u00bb. <\/p>\n
Fundament\u00f3 la decisi\u00f3n en que el estrado convocado desatendi\u00f3 las reglas que rigen la aclaraci\u00f3n de las providencias judiciales, al utilizar el mecanismo para revocar su propia decisi\u00f3n y resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto con que se rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n al secuestro, con lo cual trasgredi\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de las solicitantes de la protecci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 Leonardo Parra Collazos, mediante escrito en que tambi\u00e9n coadyuv\u00f3 la similar r\u00e9plica presentada por el abogado Luis Augusto Cuenca Mu\u00f1oz, alegando que el juez no solo cuenta con la posibilidad, sino que tiene el deber, de revocar o modificar sus propios autos, siempre que se evidencie un error sustancial o procedimental, tal como ocurri\u00f3 dentro del asunto, donde se evidenci\u00f3 una err\u00f3nea aplicaci\u00f3n de la ley, de ah\u00ed que el juez constitucional a quo incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto al conceder el amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. En los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la persona afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad expuestos en la impugnaci\u00f3n contra la sentencia del a quo constitucional, que concedi\u00f3 el amparo rogado por Mercedes y Ver\u00f3nica Collazos Llano, se observa que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva encontr\u00f3 necesaria la injerencia extraordinaria del juez de tutela, porque la decisi\u00f3n emitida el 10 de febrero de 2023 por el Juzgado accionado, dentro del proceso cuestionado, desbord\u00f3 el objeto de la herramienta de aclaraci\u00f3n de providencias establecido en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, al haberse utilizado para revocar la decisi\u00f3n que se pidi\u00f3 aclarar. <\/p>\n
3.1. En la precitada determinaci\u00f3n, el estrado accionado resolvi\u00f3 \u00abrevocar todo lo resuelto en nuestro prove\u00eddo, proferido el 31 de agosto de 2022 dentro de este asunto. En su lugar, ordenar al se\u00f1or Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Timan\u00e1 \u2013 Huila, dar tr\u00e1mite a las oposiciones que al secuestro formula el se\u00f1or Leonardo Parra Collazos, en diligencia del 12 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de ese prove\u00eddo expuso que, <\/p>\n
El Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Timan\u00e1-Huila, en fecha 12 de mayo de 2022 procedi\u00f3 a llevar a t\u00e9rmino diligencia de secuestro sobre determinado inmueble, en este asunto, en la cual apareci\u00f3 LEONARDO PARRA COLLAZOS por intermedio de apoderado judicial, queriendo hacer oposici\u00f3n a lo por secuestrar, m\u00e1s por parte del Juzgado, se resolvi\u00f3 no darle tr\u00e1mite a la pretendida oposici\u00f3n, en el argumento de proceder su rechazo habida cuenta de que persona con vocaci\u00f3n hereditaria no puede ejercer dicha oposici\u00f3n, conforme lo determina el numeral 2 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. Decisi\u00f3n recurrida y que nos ocupa. <\/p>\n
Este Juzgado luego de cumplido lo mandado para estas segundas instancias, por auto del 31 de agosto de 2022, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n adoptada, por el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Timan\u00e1-Huila, luego de hacer consideraciones del caso: \u201c\u2026 que LEONARDO PARRA COLLAZOS no prob\u00f3 con la suficiencia requerida su condici\u00f3n de poseedor exclusivo del inmueble objeto del secuestro\u2026 y por ende no puede ser reconocido como poseedor.\u201d Ante lo resuelto, Parra Collazos por intermedio de su apoderado, solicito aclaraci\u00f3n, a lo que procedemos en este prove\u00eddo. <\/p>\n
En efecto el Aquo en la precipitada diligencia de secuestro, al presentarse la oposici\u00f3n por parte de Parra Collazos, no le dio tr\u00e1mite a la misma, este no fue escuchado, no se decretaron y menos practicaron pruebas para establecer su procedencia o no. Resolvi\u00f3 el Aquo, no dar curso a la oposici\u00f3n presentada, decisi\u00f3n que recurriera oportunamente Parra Collazos y por ello se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n ante esta instancia, para que Juzgado de Familia de Pitalito, se pronunciar\u00e1, debiendo resolver si ciertamente no se pod\u00eda admitir la oposici\u00f3n planteada al secuestro y en ese caso confirmar lo resuelto por el Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Timan\u00e1-Huila, o si encontraba razonado y procedente la oposici\u00f3n al secuestro, revocar lo resuelto y ordenar al Aquo dar tr\u00e1mite, desarrollar y resolver dicha oposici\u00f3n. <\/p>\n
Pero resulta, que en el ya mencionado prove\u00eddo del 31 de agosto de 2022, la se\u00f1ora Juez procedi\u00f3 fue a resolver la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, estudiar si el se\u00f1or Parra Collazos era poseedor o no del bien involucrado en la diligencia, estimar probatoriamente los elementos y pruebas, para tomar decisi\u00f3n confirmando lo resuelto por el se\u00f1or Juez de Primera Instancia. Se resolvi\u00f3 sobre lo que no correspond\u00eda, se tom\u00f3 decisi\u00f3n no relacionada con el objeto de la apelaci\u00f3n. Esto nos lleva hoy, a indicar como los Jueces en las providencias estamos sometidos al imperio de la Ley. Estamos obligados a exponer en forma clara y razonablemente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican nuestras decisiones. Por ello, analizaremos aqu\u00ed, ahora, si proced\u00eda o no la oposici\u00f3n presentada. <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso no es lo suficientemente claro al respecto. El art\u00edculo 596, numeral 2 indica como a las oposiciones debe d\u00e1rsele aplicaci\u00f3n, en lo pertinente, a lo dispuesto con las diligencias de la entrega. A su turno el art\u00edculo 309 ibidem, que regula lo antes indicado, oposiciones a la diligencia de entrega, en su numeral 1, indica como el Juez rechazar\u00e1 de plano la oposici\u00f3n a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia. Se pregona en este asunto, que el se\u00f1or LEONARDO PARRA COLLAZOS, tiene vocaci\u00f3n hereditaria. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia y doctrina, el heredero puede alegar la prescripci\u00f3n cuando ha ejercido la posesi\u00f3n de un bien o parte de \u00e9l, cuando pertenezca a la sucesi\u00f3n o a la universalidad de bienes que conforman la herencia, siempre y cuando, destruya la presunci\u00f3n de que la posesi\u00f3n que ejerce es a favor y a nombre de la comunidad (Art\u00edculo 375 C\u00f3digo General del Proceso). As\u00ed las cosas, tambi\u00e9n puede el heredero oponerse a la diligencia de secuestro de un inmueble que se denuncia como haber sucesoral, cuando alega ser su poseedor exclusivo, pues en tal forma se convierte en un tercero frente a la sucesi\u00f3n, sin que la sentencia que apruebe la partici\u00f3n resuelva sobre ese derecho. En ella solo se aprueban las respectivas adjudicaciones. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, Sala Unitaria Civil Familia, en fecha 13 de marzo de 2019 indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cAl respecto en sede de tutela dijo la Corte Suprema de Justicia: \u201c\u2026 si el heredero no pudiera ejercer oposici\u00f3n por posesi\u00f3n, tampoco le ser\u00eda viable intentar la usucapi\u00f3n que le permite el numeral 3 del art\u00edculo 407 del CPC. Esto es, un heredero puede poseer alg\u00fan bien perteneciente a la masa hereditaria y participar en el sucesorio para obtener adjudicaci\u00f3n de su porci\u00f3n en esa calidad y para defender la posici\u00f3n que ostenta, en condici\u00f3n de poseedor. <\/p>\n
\u201cCon lo anterior derrotero, concluye la Sala, que el Juez comisionado no debi\u00f3 rechazar de plano las oposiciones al secuestro formuladas por\u2026, con fundamento en el numeral 1 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, pues aunque la sentencia que llegue a proferirse en la sucesi\u00f3n producir\u00e1 efectos frente al citado se\u00f1or, lo ser\u00e1 exclusivamente en cuanto a las adjudicaciones del patrimonio relicto, pero nada decidir\u00e1 en relaci\u00f3n con la posesi\u00f3n que alega.\u201d <\/p>\n
Es claro entonces como el se\u00f1or Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Timan\u00e1-Huila, debe dar tr\u00e1mite a la oposici\u00f3n de secuestro planteada por el se\u00f1or LEONARDO PARRA COLLAZOS, lo que nos lleva a revocar todo lo resuelto en nuestro prove\u00eddo fechado a 31 de Agosto de 2022 y consecuentemente a REVOCAR la decisi\u00f3n aqu\u00ed recurrida. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde revocar la sentencia constitucional de primer grado, toda vez que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de las gestoras no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el juzgado accionado, en vez de aclarar su auto de 31 de agosto de 2022, procedi\u00f3 a dejarlo sin valor y efecto al encontrar que hab\u00eda incurrido all\u00ed en un evidente yerro, porque en vez de proveer sobre el objeto de la apelaci\u00f3n, consistente en determinar si fue acertada o no la decisi\u00f3n de rechazar de plano una oposici\u00f3n al secuestro, procedi\u00f3 a resolver de fondo la misma, dejando as\u00ed completamente de lado el objeto de la alzada incoada para en vez de ello decidir sobre un tema por completo ajeno; al advertir el desafuero, opt\u00f3 por enmendarlo y resolver el recurso como lo estim\u00f3 procedente, esta vez enmarcado en la inconformidad del mecanismo incoado. <\/p>\n
El anterior proceder, lejos est\u00e1 de constituir un actuar que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional, ya que obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abagotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso (\u2026)\u00bb, tal como ocurri\u00f3 en este caso, donde una vez concluida la instancia con la aparente decisi\u00f3n de la alzada, el juzgador encontr\u00f3 que, en la pr\u00e1ctica, no defini\u00f3 el mecanismo, porque emiti\u00f3 decisi\u00f3n frente a un t\u00f3pico distinto, de ah\u00ed que le correspondiera enmendar la situaci\u00f3n, incluso de oficio, m\u00e1xime cuando, valga agregar, el auto objeto del control de legalidad ni si quiera hab\u00eda cobrado ejecutoria, de ah\u00ed que no se pueda hablar si quiera de la revocatoria de un prove\u00eddo en firme. <\/p>\n
De no haber procedido el estrado accionado de la manera verificada, el proceso habr\u00eda quedado afectado con la irregularidad procesal consistente en la omisi\u00f3n de decisi\u00f3n frente al objeto de la alzada, y con el vicio de haberse decidido sobre una oposici\u00f3n al secuestro, con omisi\u00f3n injustificada de las etapas de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, lo que acarrear\u00eda eventuales inconvenientes para el buen devenir del tr\u00e1mite, motivos \u00e9stos suficientes para hallar razonable el actuar censurado. <\/p>\n
5. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para revocar la sentencia constitucional de primera instancia y en su lugar negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y en su lugar niega el amparo solicitado por Mercedes y Ver\u00f3nica Collazos Llanos. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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