STC7219-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7219-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00204-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de junio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Eli\u00e9cer Mar\u00edn Henao contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Aunque no lo indic\u00f3 expresamente, del an\u00e1lisis del escrito de tutela se infiere que lo pretendido por el gestor es que se deje sin valor y efecto la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 23 de febrero del mismo a\u00f1o del Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, para no acceder a las pretensiones, dentro del proceso verbal de pertenencia que aquel promovi\u00f3 contra Amparo Villada Pulgar\u00edn y otros. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido juicio se identific\u00f3 el predio objeto de las pretensiones con un plano y con la inspecci\u00f3n judicial de 23 de noviembre de 2018 cuando se levant\u00f3 otro plano a mano, y surtido el tr\u00e1mite de rigor, en el citado fallo de primer grado se accedi\u00f3 a las pretensiones, no obstante, la decisi\u00f3n fue revocada con la sentencia cuestionada, por no haberse cumplido con el presupuesto de la identificaci\u00f3n del bien, determinaci\u00f3n que no fue aclarada ni adicionada con prove\u00eddo del 22 de junio siguiente, emiti\u00e9ndose el 26 de enero de 2023 la decisi\u00f3n de obedecimiento al superior por parte del juzgador a quo. <\/p>\n
2.2. Sostiene el promotor que en la sentencia de segunda instancia se introdujo un plano \u00aben forma irregular\u00bb porque no fue decretado ni objeto de contradicci\u00f3n, el cual se pudo \u00abconstatar\u00bb mediante un perito solo hasta el 22 de marzo de 2023, por lo cual no se incumple el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DEL CONVOCADO <\/p>\n
Explic\u00f3 que el gestor confunde \u00ablos m\u00e9todos de interpretaci\u00f3n de la prueba, con la prueba en s\u00ed misma\u00bb, ya que lo realizado en la sentencia fue interpretar tales medios, esto es, el plano presentado por aquel y las medidas observadas en la inspecci\u00f3n judicial, las cuales verific\u00f3 y contrast\u00f3 y encontr\u00f3 una disparidad con las del bien objeto de la demanda, lo que llev\u00f3 a concluir la indeterminaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, ya que la decisi\u00f3n cuestionada data del 10 de junio de 2022, es decir, se dejaron transcurrir casi 11 meses para presentar la tutela contra la misma, sin que lo argumentado para justificar la tardanza tenga validez, porque lo alegado es un supuesto yerro de procedimiento en el tr\u00e1mite y decreto de una prueba en la sentencia, sin que se observe relaci\u00f3n con la necesidad de contar con un nuevo dictamen pericial para poder promover el amparo, medio \u00e9ste que, en todo caso, no se explica porqu\u00e9 no se obtuvo m\u00e1s tempranamente. De otro lado, lo censurado es el aludido fallo, mas no el auto con que se dispuso obedecer lo all\u00ed decidido, de ah\u00ed que la fecha para tener por oportuna la solicitud se cuenta desde la publicidad de aquel, cuando se notific\u00f3 por estado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor enfatizando en que debi\u00f3 flexibilizarse el requisito de la inmediatez, porque \u00abdebi\u00f3 gestionar los planos de comparaci\u00f3n que permitieran desvirtuar ante el juicio del juez de tutela las conclusiones del juez de conocimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, porque el prove\u00eddo que se acusa de haber vulnerado la prerrogativas superiores invocadas, consistente en la sentencia de 15 de junio de 2022 del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, con que se revoc\u00f3 la sentencia de primer grado y se negaron las pretensiones del juico promovido por el aqu\u00ed interesado, fue emitido m\u00e1s de once (11) meses antes de la interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 31 de mayo de 2023, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, <\/p>\n
Lo anterior bajo el entendido que la foliatura no reporta la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, ya que lo alegado es que, en la sentencia, supuestamente una prueba se incluy\u00f3 indebidamente y no se brind\u00f3 oportunidad para contradecirla, lo cual no requer\u00eda de la elaboraci\u00f3n de ning\u00fan dictamen pericial, de ah\u00ed que el amparo, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, pudo incoarse desde el momento mismo en que se publicit\u00f3 en estados el fallo de segunda instancia, m\u00e1s no cuando el juzgador de primer grado emiti\u00f3 el auto de obedecimiento a lo resuelto en esa determinaci\u00f3n, como lo sugiriera el gestor. <\/p>\n
Es que, a\u00fan si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la elaboraci\u00f3n de un nuevo dictamen pericial era un paso necesario para presentar la tutela, no se observa que tal prueba tuviera una complejidad o ameritara un nivel de trabajo tal, que justifique la tardanza verificada en la interposici\u00f3n del resguardo, pues a fin de cuentas consist\u00eda en la elaboraci\u00f3n de un plano del bien objeto de la usucapi\u00f3n, el cual no presentaba particularidades que le imprimieran un alto grado de dificultad a la labor. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Lo consignado basta para respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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