STC7220-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7220-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00801-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan David Le\u00f3n Forero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al trabajo, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada porque, aunque desde el 28 de junio \u00faltimo le present\u00f3 solicitud formal, no le ha expedido una licencia temporal de abogado pese a que ha \u00abcumplido con la documentaci\u00f3n requerida para dicho tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al accionado resolver de fondo su ruego. <\/p>\n
2. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. La entidad acusada rog\u00f3 \u00abnegar el amparo\u00bb, toda vez que expidi\u00f3 \u00abla Resoluci\u00f3n No. 6696 de 2023, mediante la cual se neg\u00f3 la expedici\u00f3n de la Licencia Temporal de Abogados al se\u00f1or Juan David Le\u00f3n Forero\u00bb; misma que acredit\u00f3 haberle remitido el pasado 21 de julio a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que registr\u00f3 cuando realiz\u00f3 la preinscripci\u00f3n del tr\u00e1mite requerido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, bien sean de inter\u00e9s general o particular. En consecuencia, el derecho de petici\u00f3n tiene una doble dimensi\u00f3n: (i) la posibilidad de acudir ante el destinatario y (ii) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, \u00abla acci\u00f3n de tutela deviene procedente, si se establece la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n; para ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada en STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01073-01). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional del reclamante, en la actualidad, est\u00e1 plenamente satisfecha, de no olvidar que el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n encierra la respuesta oportuna que no el despacho favorable de lo deprecado, supuesto frente al que en otras ocasiones ha dicho la Corte que: <\/p>\n
[E]l derecho de petici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, tiene como finalidad \u201csuministrar al petente respuesta a prop\u00f3sito, sea positiva, sea negativa, pero en todo caso completa\u2026, destacando el contenido o n\u00facleo esencial de este derecho, el cual, \u2018no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna – que no formal ni necesariamente favorable – dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho…\u2019\u201d (Se subray\u00f3 – CSJ STC, 16 abr. 2008, rad. 2008-00042-01; citada en CSJ STC, 28 ag. 2013, rad. 2013-00095-01; y CSJ STC, 12 nov. 2013, rad. 2013-00340-01). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, es indudable que ces\u00f3 la causa de vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa esencial invocada, lo cual, de conformidad con el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, constituye un hecho superado, pues carecer\u00eda de sentido impartir una orden constitucional cuando la finalidad de la misma se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso desapareci\u00f3, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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