STC7222-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7222-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02721-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Casallas Sola S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al revocar la negativa del Juzgado a-quo respecto a librar mandamiento de pago frente a algunas de las sumas deprecadas por la ejecutante en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse proceda a: (2.1.) Aclarar, adicionar y\/o corregir el fallo del 12 de mayo de 2023, interpret\u00e1ndose y aplic\u00e1ndose debidamente las normas legales correspondientes, (2.2.) Se valore \u00edntegramente y en conjunto los t\u00edtulos presentados como base de la acci\u00f3n, (2.3.) Se determine el procedimiento que se le debe aplicar a la ejecuci\u00f3n, (2.4.) En caso de no ser procedente la petici\u00f3n 2.1., se deje sin valor ni efecto el auto del 12 de mayo de 2023 proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para que el Juez del Concurso pueda adoptar la determinaci\u00f3n que en derecho estime ajustada respecto de las objeciones que en el momento procesal la accionante proponga contra dicho cobro ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. A continuaci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que la Inmobiliaria Morales Hermanos S.A.S. inco\u00f3 contra la accionante, la primera promovi\u00f3 frente a \u00e9sta juicio ejecutivo, con ocasi\u00f3n del cual, el 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00ablibr\u00f3 mandamiento de pago por\u2026 $270\u2019000.000,oo, por concepto de rentas causadas entre abril y septiembre de 2022, as\u00ed como por\u2026 $90\u2019000.000,oo, a t\u00edtulo de cl\u00e1usula penal pactada en el contrato de arrendamiento\u00bb; neg\u00f3 la ejecuci\u00f3n respecto de i) \u00ablos intereses de mora pretendidos, por cuanto la cl\u00e1usula penal reconocida en el numeral anterior incluye aquellos, al ser una estimaci\u00f3n anticipada de los perjuicios\u00bb; ii) \u00ablos valores solicitados en las pretensiones 15 a 129, los cuales versan sobre prestaciones que se causan y causaran con posterioridad a la fecha de la sentencia del proceso de restituci\u00f3n, por lo que son obligaciones que no satisfacen los requisitos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, si se repara que la sentencia del 14 de septiembre de 2022 declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y por ende sus efectos entre las partes\u00bb; iii) \u00abel cobro del impuesto del IVA de los c\u00e1nones ejecutados, al no ser el demandante el acreedor de dichas sumas, ni haberse acreditado su pago\u00bb; y iv) \u00abel compulsivo en favor de \u201c(…) C\u00c9SAR AUGUSTO CASALLAS TRIANA y TERRAZA DE LA T S.A.S., teniendo en cuenta que no fueron parte del juicio de restituci\u00f3n y ello es un requisito para poder promover la ejecuci\u00f3n en el mismo expediente, pues no se puede pasar por alto que la presente ejecuci\u00f3n se sustenta en la sentencia conforme al art\u00edculo 306 del C.G. del P.\u201d\u00bb. Determinaciones que mantuvo el 20 de febrero de 2023. <\/p>\n
2.2. El pasado 12 de mayo el Tribunal acusado revoc\u00f3 parcialmente lo definido por el a-quo para tambi\u00e9n \u00abLIBRAR MANDAMIENTO por las sumas de dinero que se discriminan de la siguiente manera: i) las solicitadas en las pretensiones 26 a 141 del libelo genitor, atinentes a las rentas convenidas por el tiempo restante del contrato de arrendamiento; ii) las peticionadas en las pretensiones 19 a 24, correspondientes al impuesto de IVA de los c\u00e1nones de arrendamiento de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022, para ser girados a la DIAN, por ser recursos estatales; y iii) los intereses moratorios causados sobre los c\u00e1nones de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022, desde la fecha en que entr\u00f3 en mora\u2026 Los dem\u00e1s r\u00e9ditos moratorios peticionados se reconocen desde la presentaci\u00f3n de la presente demanda\u00bb. Decisi\u00f3n cuya aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n deneg\u00f3 el 13 de junio siguiente. <\/p>\n
2.3. En la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, propuesta el 12 de julio \u00faltimo, en concreto, la actora critic\u00f3 que con esas decisiones la Colegiatura encausada incurri\u00f3 \u00aben defectos sustantivos, f\u00e1cticos y procedimentales\u00bb, creando \u00abun escenario de incertidumbres debido a una inadecuada fundamentaci\u00f3n y falta de esfuerzo para desatar un pronunciamiento valedero acerca de la controversia puesta a su mediaci\u00f3n judicial. Lo que motiv\u00f3, el 14 de junio de 2023, a la accionante[,] a solicitar admisi\u00f3n al Proceso de Reorganizaci\u00f3n Empresarial, en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006\u00bb, al que la acept\u00f3 el 4 de julio del a\u00f1o en curso la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que se materializaron los yerros \u00abmateriales o sustantivos, de un lado, al no darle aplicaci\u00f3n correcta a la Ley, y desconocer su cl\u00e1usula d\u00e9cima primera [se refiere al contrato de arrendamiento fuente de recaudo] en armon\u00eda con lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 2003 del C\u00f3digo Civil y al desconocer cu\u00e1l es el t\u00edtulo ejecutivo base de la presente ejecuci\u00f3n; y, de otro lado, en la interpretaci\u00f3n errada y aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1600, 1617, 2003 del C\u00f3digo Civil, \u2026476-15 15, art. 437, 429, 437-2 437-3 del E.T, normas legales citadas en la parte motiva, que fueron el sustento de la parte resolutiva del auto del 12 de mayo de 2023\u00bb; aunado a que el Tribunal edific\u00f3 \u00abparte de su decisi\u00f3n en el art\u00edculo 603 del Estatuto Tributario y en la sentencia CC Sentencia C-009\/03, inaplicables al cobro del IVA que pretende el demandante en la ejecuci\u00f3n\u00bb, vali\u00e9ndose \u00abde una norma\u2026 claramente inaplicable al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la denunciada afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales la deja en \u00abuna situaci\u00f3n de completa indefensi\u00f3n e incertidumbre\u00bb porque \u00abel Juez del Concurso deber\u00e1 decidir sobre las objeciones a que hubiere lugar en apego a las consideraciones y pronunciamientos del Tribunal que versan sobre la ejecutividad de las obligaciones, lo que impedir\u00e1 el discernimiento sobre dichos asuntos\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Inmobiliaria Morales Hermanos S.A.S., tras defender la legalidad de la actuaci\u00f3n surtida en el juicio recriminado, deprec\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n \u00abpor no estar demostrada acci\u00f3n u omisi\u00f3n que desconociera o afectara los derechos fundamentales del tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 atenerse \u00aba los argumentos esgrimidos en las decisiones proferidas el 12 de mayo y 13 de junio de 2023, esta \u00faltima que neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la primera, dentro del proceso [fustigado]\u2026, que en [esa] instancia se dictaron como consecuencia de la alzada interpuesta frente a la providencia emitida por el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. La abogada Mar\u00eda del Rosario G\u00f3mez Jaramillo, quien dijo haber obrado como apoderada de la ac\u00e1 accionante en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado previo a la ejecuci\u00f3n fustigada, realiz\u00f3 diferentes manifestaciones frente a aquel tr\u00e1mite inicial e indic\u00f3 coadyuvar la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto, la accionante enfil\u00f3 sus reproches contra el juicio ejecutivo promovido en su contra, criticando, espec\u00edficamente, el prove\u00eddo mediante el cual el Tribunal convocado, al resolver la apelaci\u00f3n propuesta por la ejecutante, el pasado 12 de mayo revoc\u00f3 la negativa del a-quo respecto a librar la orden de apremio por algunas de las sumas deprecadas para, en su lugar, hacer extensivo a ellas el mandamiento de pago, determinaci\u00f3n a cuya aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n no accedi\u00f3 el 13 de junio siguiente. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, observa la Corte que, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, el amparo reclamado deviene improcedente, en la medida en que, para el momento en que fue instaurado, el asunto fustigado se hallaba en curso, por lo que era all\u00ed que deb\u00eda agotar la discusi\u00f3n precipitadamente planteada en sede constitucional. <\/p>\n
N\u00f3tese que la decisi\u00f3n atacada fue producto de los recursos propuestos por la ejecutante frente a la negativa de librar la orden de apremio respecto de algunas de las sumas reclamadas por ella; que, luego de resolverse la apelaci\u00f3n y devolverse el asunto por el ad-quem al a-quo, fue con auto del pasado 17 de julio que el \u00faltimo agreg\u00f3 al expediente la actuaci\u00f3n del Superior (esto es, en el curso de este tr\u00e1mite constitucional, impulsado el d\u00eda 12 anterior), destacando all\u00ed que, aunque \u00abser\u00eda del caso proferir auto de obedecer y cumplir\u00bb, ello resultaba inviable de acuerdo a lo reglado en el canon 20 de la Ley 1116 de 2006, comoquiera que \u00abla sociedad ejecutada fue aceptada a proceso de reorganizaci\u00f3n desde el 4 de julio de 2023\u00bb, por lo que, con prove\u00eddo de la misma fecha, para lo pertinente, dispuso la remisi\u00f3n de esa ejecuci\u00f3n a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Por lo tanto, para cuando se interpuso este resguardo, la censora a\u00fan contaba con la posibilidad de exponer ante el juzgador natural (mediante la formulaci\u00f3n de las respectivas excepciones, en tanto que el t\u00e9rmino para su presentaci\u00f3n habr\u00eda de descontarse a partir del auto de obedecimiento a lo resuelto por el Superior, en aplicaci\u00f3n de los preceptos 118, 302, 329, 438 y 442 del C\u00f3digo General del Proceso), todas las inconformidades que precipitada e inviablemente plante\u00f3 en este decurso supralegal, por lo que devino presurosa su interposici\u00f3n, en tanto que el asunto fustigado no hab\u00eda sido definido de fondo por el fallador ordinario, m\u00e1xime cuando esta Sala ha dejado dicho que al momento de resolver sobre la procedencia de la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, el sentenciador tiene el deber de volver a examinar, incluso oficiosamente, la virtualidad ejecutiva del t\u00edtulo objeto de recaudo; de donde, se itera, el juzgador com\u00fan no hab\u00eda tenido la oportunidad de pronunciarse frente a los eventuales reparos de la obligada en cuanto al particular, por lo que esta salvaguarda inobserva el car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negrillas fuera del texto, sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. No.1100102030002012-00728-00) (CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01). <\/p>\n
2.3. Por ese sendero, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n constitucional entonces rogada, esta Corporaci\u00f3n dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto la tutelante pretende controvertir un asunto que a\u00fan no ha sido materia de decisi\u00f3n definitiva al interior del tr\u00e1mite que cuestiona. <\/p>\n
En efecto, del an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al presente tr\u00e1mite se extrae que si bien, la colegiatura accionada, revoc\u00f3 el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago peticionado\u2026 contra la aqu\u00ed accionante, para en su lugar, ordenarle al a quo que \u00abproceda a realizar un nuevo estudio formal del libelo genitor y de sus anexos\u2026\u00bb, lo que finalmente desat\u00f3 en que se librara orden de apremio el 1\u00b0 de agosto de 2017; lo cierto es que la reclamante interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo, formul\u00f3 excepciones previas y contest\u00f3 la demanda, sin que a la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional se acreditara pronunciamiento alguno por parte del juzgado de conocimiento, al respecto. <\/p>\n
De otro lado, se tiene que la quejosa pide por esta v\u00eda, que \u00abse declare la nulidad y la terminaci\u00f3n del proceso\u2026\u00bb; sin embargo, no se avizora que haya formulado al juez de la causa los reparos que por esta v\u00eda ventila y las pretensiones que aqu\u00ed eleva, para que sea dentro del cauce ejecutivo, donde se resuelvan en primera medida sus pedimentos. <\/p>\n
3. Quiere ello decir, que la peticionaria se apresura a solicitar que sea el Juez de tutela quien defina si las actuaciones mencionadas se ajustaron o no a la ley, m[a]s no es esa la finalidad de la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales (CSJ STC20958-2017, 11 dic., rad. 2017-03295-00; criterio reiterado en STC2123-2023, 8 mar., rad. 2023-00839-00). <\/p>\n
2.4. En adici\u00f3n, las anteriores consideraciones no sufren ninguna alteraci\u00f3n por la admisi\u00f3n de la quejosa al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n al que, valga anotar, directamente decidi\u00f3 acogerse. <\/p>\n
Por el contrario, teniendo en cuenta que en el juicio recriminado, adem\u00e1s de no existir orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, ni siquiera se hab\u00eda descontado el t\u00e9rmino que le asist\u00eda a la deudora para oponerse a la orden de apremio, la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite concursal permite refrendar el fracaso de este ruego, por cuanto ser\u00e1 all\u00ed, ante el juez de la reorganizaci\u00f3n, de resultar necesario, que la censora habr\u00e1 de agotar la discusi\u00f3n precipitadamente propuesta por esta v\u00eda supralegal, como se desprende de los diferentes postulados de la Ley 1116 de 2006, entre ellos, que \u00ab[l]os cr\u00e9ditos a cargo del deudor deben ser relacionados precisando qui\u00e9nes son los acreedores titulares\u2026, discriminando cu\u00e1l es la cuant\u00eda del capital y cu\u00e1les son las tasas de inter\u00e9s, expresadas en t\u00e9rminos efectivos anuales, correspondientes a todas las acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de inicio del proceso\u00bb (art\u00edculo 25); que \u00ab[d]el proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentados por el promotor, se correr\u00e1 traslado\u00bb a los all\u00ed intervinientes para que, si a bien lo tienen, formulen las objeciones que hallen adecuadas, destacando que \u00ab[e]l deudor no podr\u00e1 objetar las acreencias incluidas en la relaci\u00f3n de pasivos presentada por \u00e9l con la solicitud de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 29); y que, como en este caso, \u00ablos procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones\u00bb (art\u00edculo 20). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para despachar adversamente la salvaguarda implorada, en tanto que, se itera, la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedencia de este mecanismo excepcional, como plenamente qued\u00f3 acreditado en este caso, impide al juzgador constitucional ocuparse del fondo de la situaci\u00f3n sometida a su escrutinio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el ruego constitucional del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este veredicto, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7222-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7222-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02721-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Casallas Sola S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74937","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74937","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74937"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74937\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74937"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}