STC7224-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7224-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02771-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Libardo Antonio Londo\u00f1o Mora contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por la accionada al confirmar la sentencia condenatoria emitida en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare la nulidad de los fallos condenatorios\u2026 y se ordene a la Corte Suprema, Sala Penal, dictar el que corresponda, es decir, el de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio penal seguido contra el accionante por el punible de homicidio agravado, surtidas las etapas de rigor, con sentencia del 23 de marzo de 2012 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros lo absolvi\u00f3, decisi\u00f3n que el 27 de mayo de 2014 revoc\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para, en su lugar, condenarlo, \u00abpor primera vez en segunda instancia\u00bb, a 400 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable del referido delito; determinaci\u00f3n \u00faltima frente a la que el reclamante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que la Sala accionada inadmiti\u00f3 el 29 de abril de 2015. <\/p>\n
2.2. Luego, el 25 de noviembre de 2020, \u00absiguiendo los \u201cpar\u00e1metros fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C-792 de 2014 y SU-146 de 2020 y la Sala Penal de la Corte en la decisi\u00f3n 34017 de 2020\u201d, la Corte admiti\u00f3 el recurso de impugnaci\u00f3n especial interpuesto en su propio nombre por los condenados\u00bb. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, el actor adujo que la Sala accionada debi\u00f3 disponer su libertad inmediata al hallarse configurado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, el que, incluso, ten\u00eda que declararse de oficio, pero actualmente est\u00e1 injustamente privado de su autonom\u00eda personal porque, fuera de la variaci\u00f3n en la calificaci\u00f3n de la conducta punible, la sede judicial acusada no se pronunci\u00f3 respecto a ning\u00fan otro aspecto, puesto que limit\u00f3 su recurso con las condiciones injustas que fij\u00f3 en la decisi\u00f3n del a\u00f1o 2020 respecto a las reglas para la tramitaci\u00f3n de la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, dentro del radicado 34.017, en el que dijo que en el curso de \u00e9sta \u00abno corr\u00eda t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, contrariando la misma sentencia C-792 de 2014, de imperativo cumplimiento en virtud del art\u00edculo 243 superior, y en contrario a los art\u00edculos 82, 83 y 84 del C\u00f3digo Penal vigente\u00bb. <\/p>\n
3. Esta Sala admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Octava Delegada ante esta Corporaci\u00f3n solicit\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se ha vulnerado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deprec\u00f3 \u00abdesestimar la acci\u00f3n de tutela interpuesta\u00bb, porque al emitir su veredicto procedi\u00f3 \u00abconforme a las reglas trazadas en la providencia del 3 de septiembre de 2020, radicado 34017, en armon\u00eda con los fallos de la Corte Constitucional\u00bb, por lo que no incurri\u00f3 \u00aben ninguna afectaci\u00f3n a ning\u00fan derecho fundamental al resolver la impugnaci\u00f3n especial bajo el debido proceso que se traza en los precedentes indicados, y que el accionante al parecer conoce, solo que pretende que mediante una acci\u00f3n de tutela se declare que\u2026 no corresponden a una correcta interpretaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, de las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004, lo que no corresponde a las razones esbozadas en el amplio estudio que hizo [esa] Sala\u2026 en la [referida] providencia del\u2026 radicado 34017\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 126 Seccional de Cisneros histori\u00f3 el decurso de la causa recriminada y se\u00f1al\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n desplegada por [ese] ente investigador, durante el curso de la etapa investigativa, con el arribo de los elementos materiales probatorios, as\u00ed como las diligencias hasta el debate p\u00fablico[,] se realizaron respetando el debido proceso, tanto de los hoy condenados como de las partes intervinientes en el debate procesal. Como tampoco se vio afectada la libertad de los condenados por cuanto [su] privaci\u00f3n\u2026 se debi\u00f3 a la carga de pruebas presentadas en su momento por la fiscal\u00eda y que dieron como resultado lo que ya se conoce\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a informar que \u00abrealiz\u00f3 las audiencias de control de garant\u00edas pero dicha carpeta fue remitida al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros para conocimiento, por lo tanto no\u2026 cuenta con datos de ubicaci\u00f3n de las partes de dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso de estudio, se anticipa la improcedencia del resguardo, por cuanto el inconforme acudi\u00f3 a la presente solicitud sin agotar previamente la acci\u00f3n de revisi\u00f3n con miras a exponer sus inconformidades, esto es, la configuraci\u00f3n de la prescrici\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
En efecto, se advierte que el accionante, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer la aludida acci\u00f3n, acorde con la causal segunda, a saber, \u00ab[c]uando se hubiere dictado sentencia condenatoria\u2026 en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb (preceptos 220 de la Ley 600 de 2000 y 192 de la Ley 906 de 2004), lo cual configura el motivo de improcedencia establecido en el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
1.- Desde el p\u00f3rtico se advierte la improcedencia del amparo instado por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, comoquiera que el actor cuenta con un medio de defensa id\u00f3neo, esto es, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, a trav\u00e9s del cual puede exponer el reparo que trae a esta senda excepcional. <\/p>\n
2.- Y es que la v\u00eda jur\u00eddica mencionada resulta pertinente teniendo en cuenta que la espec\u00edfica censura formulada\u2026 es la falta de declaraci\u00f3n de oficio de la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb en el juicio criminal que se adelant\u00f3 en su contra por el punible de \u00abextorci\u00f3n agravada en grado de tentativa\u00bb, figura que, seg\u00fan sus particulares c\u00e1lculos, habr\u00eda operado el \u00ab26 de julio de 2019\u00bb, es decir, con anterioridad a la providencia expedida por la Sala Penal de esta Colegiatura (1 jul. 2020), que resolvi\u00f3 la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb interpuesta\u2026 frente al fallo \u00abcondenatorio\u00bb de segundo nivel. <\/p>\n
Teniendo en cuenta el instituto procesal invocado que devendr\u00eda en la extinci\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n penal\u00bb, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) remite al art\u00edculo 192 que enlista las \u00abcausales de procedencia del recurso de revisi\u00f3n\u00bb, que en su numeral 2\u00ba prev\u00e9: <\/p>\n
\u00ab2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Acerca de la viabilidad del referido instrumento, la sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, ha dicho: <\/p>\n
La acci\u00f3n de revisi\u00f3n es un mecanismo adjetivo de control que se concreta a trav\u00e9s de un proceso judicial independiente, el cual, excepciona por voluntad del legislador los efectos de cosa juzgada y la presunci\u00f3n de legalidad de una decisi\u00f3n jurisdiccional ejecutoriada acusada de ser injusta, n\u00edtidamente alejada de la verdad real e hist\u00f3rica que contraviene los fines de una recta administraci\u00f3n de justicia, para, en su lugar, emitir una nueva y conseguir la justicia en el caso particular (CSJ SP, 31 oct. 2012, rad. 28476). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, cuando existe la posibilidad de incoar el \u00abrecurso de revisi\u00f3n\u00bb, esta Sala ha dispuesto que, <\/p>\n
[e]n cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n (\u2026) [debe] acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos (STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01). <\/p>\n
Ello, en virtud a que, <\/p>\n
[e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional (CSJ STC7966-2018, reiterado en STC10541-2018) (criterio reproducido en STC8109-2020, 2 oct., rad. 2020-02433-00; y STC6594-2021, 9 jun., rad. 2021-01568-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho esta Colegiatura, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para despachar adversamente la salvaguarda rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si este veredicto no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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