STC7225-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7225-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-000-2023-00060-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar frente al fallo proferido el pasado 5 de junio por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar1, a trav\u00e9s del cual se accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por El\u00edas Jos\u00e9 Cata\u00f1o Guerra contra aquella sede judicial, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos de petici\u00f3n y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada, ante la falta de resoluci\u00f3n de la solicitud que le present\u00f3 respecto del juicio de pertenencia que all\u00ed curs\u00f3. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, ordenar a la autoridad encausada dar \u00abrespuesta al Derecho de Petici\u00f3n de\u2026 10 de febrero de 2023[,] suscrito por [\u00e9l]\u2026, resolviendo de fondo, claro, preciso y de manera congruente lo solicitado\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. El accionante narr\u00f3 que desde hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os posee con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o el predio identificado con el folio inmobiliario Nro. 190-56015, el cual pretende adquirir por v\u00eda de pertenencia, para lo cual est\u00e1 reuniendo la documentaci\u00f3n pertinente para iniciar el juicio respectivo, por lo que el 10 de febrero de 2023 solicit\u00f3 al Juzgado acusado le proporcionara copias simples de las sentencias emitidas en primera y segunda instancias, el 1\u00ba de abril y el 21 de agosto de 1992, en su orden, en el proceso que de esa naturaleza promovi\u00f3 Armando Mendoza Acosta respecto del mismo bien (rad. 1209). <\/p>\n
2.2. El pasado 13 de febrero ese estrado judicial le dijo que deb\u00eda asistir personalmente a dicha sede para obtener el radicado correcto del asunto, porque el indicado por \u00e9l no correspond\u00eda, y hecho ello, cancelar el arancel judicial para el desarchivo y las copias. <\/p>\n
2.3. Despu\u00e9s de comparecer al Juzgado, el pasado 27 de febrero el quejoso le aport\u00f3 copia del pago del arancel con los datos acertados del proceso (rad. 7.037, ordinario de Armando Acosta Mendoza contra Carpio Antonio Rois P\u00e9rez e indeterminados). <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, el actor critic\u00f3 que no se le ha dado respuesta de fondo a su solicitud de desarchivo y expedici\u00f3n de copias. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar deprec\u00f3 i) la vinculaci\u00f3n de la \u00abOficina Judicial\u2026 para que informe sobre la b\u00fasqueda del expediente 7037 y la respuesta que\u2026 le ha dado al accionante, sobre su petici\u00f3n\u00bb; ii) su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal, \u00abpor no ser de [su] competencia\u2026 las solicitudes de desarchivo y copias simples de los expedientes archivados\u00bb; y iii) \u00ab[d]e no ser acogida dicha petici\u00f3n, negar la tutela por no existir vulneraci\u00f3n de derechos (sic) fundamental alguno al accionante, teniendo en cuenta que cada una de las peticiones les (sic) ha sido respondida y notificada a su correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en su momento, dio traslado de la petici\u00f3n del quejoso a la Oficina Judicial – \u00c1rea de Archivo Central de ese lugar, por ser \u00abla encargada de custodiar los expedientes archivados de forma definitiva y es sobre qui\u00e9n recae la funci\u00f3n de desarchivar, dar copias y realizar desgloses de los documentos solicitados por los interesados, conforme lo dispone el art\u00edculo 3 numerales 20, 21 y 22 del Acuerdo 1856 de 2003\u00bb; que requiri\u00f3 nuevamente a esa dependencia el 11 de abril de 2023 y el d\u00eda 26 siguiente tambi\u00e9n le inform\u00f3 que \u00ablos datos con los que cuenta el Juzgado fueron enviados con la petici\u00f3n de desarchivo y que resulta imposible, dada la antig\u00fcedad, los recibidos de dicho proceso\u00bb; y que la referida Oficina, a pesar de ser la realmente llamada a atender la solicitud del reclamante, no le ha dado respuesta a \u00e9ste. <\/p>\n
2. La Oficina de Apoyo Judicial de Valledupar pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente la presente acci\u00f3n constitucional, toda vez, que [esa] oficina y su \u00e1rea de archivo central no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, y en su defecto, se [le] desvincule\u2026 al momento de emitir\u2026 decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abel 27 de febrero del 2023\u2026 recibi\u00f3 solicitud de forma electr\u00f3nica del Juzgado 01 Civil del Circuito para responderle al se\u00f1or El\u00edas Jos\u00e9 Cata\u00f1o\u00bb, la que contest\u00f3 a esa sede judicial \u00abmediante oficio DESAJVAO22, de abril 10 de 2023… En donde\u2026 le informa que [ese] expediente no se hab\u00eda encontrado en custodia de[l] archivo central de los despachos judiciales\u00bb; y que el 27 de abril siguiente el mentado estrado le reiter\u00f3 la \u00absolicitud referente\u2026 a la petici\u00f3n [de] El\u00edas Jos\u00e9 Cata\u00f1o\u2026 La cual fue respondida mediante oficio de\u2026 3 de mayo del 2023… En el cual, se informa que se realiz\u00f3 la b\u00fasqueda nuevamente del expediente por las distintas bases de datos del despacho judicial vinculado en este tr\u00e1mite constitucional y en las\u2026 de los dem\u00e1s hom\u00f3logos, en definitiva[,] no hallando informaci\u00f3n del referido expediente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a \u00abtodas las partes e intervinientes en el \u00abproceso de pertenencia promovido por\u2026 Armando Mendoza Acosta\u2026, por medio del cual adquiri\u00f3 el predio rural ubicado en el corregimiento de Valencia de Jes\u00fas, finca los corazones, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 190-56015\u00bb, de acuerdo a lo dispuesto por esta Sala en auto del pasado 19 de mayo (ATC539-2023); concedi\u00f3 el amparo, ordenando al Juzgado acusado \u00abdar respuesta de forma clara y de fondo a la solicitud de copias presentada por el actor el 10 de febrero de 2023\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a ese veredicto, en lo medular, consider\u00f3 que la petici\u00f3n que el actor present\u00f3 ante el estrado recriminado era de \u00edndole administrativo, porque \u00abse pretende obtener la copia de un expediente que actualmente se encuentra archivado\u00bb; que, tras una serie de averiguaciones, \u00ab[e]l 5 de mayo de 2023, el Juzgado [acusado]\u2026 remiti\u00f3 al accionante la respuesta de la Oficina Judicial de Valledupar, en donde informan que no encontraron el expediente\u00bb, con fundamento en lo cual ese despacho indic\u00f3 que \u00able era imposible dar copia de la decisi\u00f3n solicitada, por cuanto la entidad encarga[da] de la guarda y conservaci\u00f3n de los procesos, no pudo encontrar el expediente, y en ese juzgado no se guarda archivo de respaldo de actuaciones anteriores al 2020\u00bb; ante lo cual el Tribunal concluy\u00f3 que \u00aba la fecha han transcurrido 3 meses sin que se le haya suministrado una respuesta de fondo al extremo accionante\u00bb, que \u00abel hecho de que la Oficina de Archivo Central de Valledupar tenga la custodia de los expedientes archivados, no exime al juzgado\u2026 de la obligaci\u00f3n que tiene de emitir una respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud incoada por el actor\u00bb, y que, \u00abteniendo en cuenta el informe suministrado por el jefe de [esa] Oficina\u2026, se advierte que, a la fecha el expediente definitivamente no se ha encontrado en el Archivo Central de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esta Ciudad, por lo que corresponde al juzgado\u2026 proceder con [su] reconstrucci\u00f3n\u2026, de acuerdo a lo previsto en el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, y responder en esos t\u00e9rminos el derecho de petici\u00f3n presentado por la parte accionante\u00bb, en tanto que \u00ablos efectos negativos de las falencias administrativas no tienen por qu\u00e9 ser asumidos por el accionante[,] m\u00e1xime cuando no fue \u00e9l quien los provoc\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el Juzgado accionado insistiendo en los planteamientos expuestos al dar repuesta al ruego constitucional, especialmente en cuanto a que la competente para atender lo deprecado por el quejoso es la Oficina de Archivo -argumento que dijo desentendido por el a-quo supralegal-; que ese estrado s\u00ed dio \u00abrespuesta al derecho de petici\u00f3n\u2026 de desarchivo y copia de la providencia, de forma oportuna y de fondo, al correo del accionante\u00bb; y que \u00abno se tiene solicitud de reconstrucci\u00f3n de expediente de parte del solicitante, la cual no puede ser oficiosa\u00bb. <\/p>\n
Aludi\u00f3 que, por lo anterior, le era incomprensible la orden de tutela, m\u00e1xime cuando \u00abal no encontrarse el expediente, resulta imposible conceder las copias de las decisiones, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n es conocida por el accionante y [de] donde resulta la duda para [ese] despacho, \u00bfC\u00f3mo debemos responder el derecho de petici\u00f3n al accionante, si ya le fue informado\u2026 que el proceso nunca fue encontrado por [la] Oficina Judicial? \u00bfC\u00f3mo podemos dar cumplimiento a su fallo de tutela, si no existe copiadores de las decisiones de la \u00e9poca, ni el proceso que se encontraba en custodia por Oficina Judicial? \u00bfqu\u00e9 otra gesti\u00f3n debe efectuar el Despacho? \u00bfSi la respuesta dada al accionante en correo del 5 de mayo de 2023, es insuficiente, cu\u00e1l ser[\u00ed]a suficiente para demostrar el cumplimiento?\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que era \u00abincomprensible que si lo que se est\u00e1 protegiendo es el derecho de petici\u00f3n y este fue respondido, informando que no fue encontrado el proceso, que este fue notificado al accionante, qu\u00e9 m\u00e1s debe hacer el despacho para cumplir con un fallo que antes de ser proferid[o], carec\u00eda de objeto ante el hecho superado, con la respuesta de mayo 5 de 2023\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De cara a la impugnaci\u00f3n propuesta, se anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la procedencia del amparo reclamado, pero por las razones que se pasa a exponer que no, precisamente, por las del a-quo constitucional. <\/p>\n
2.1. De entrada, en lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, como lo es el Juzgado convocado de cara al tr\u00e1mite recriminado, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
2.2. Sin embargo, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, en todo caso, la salvaguarda ten\u00eda que concederse por la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso del reclamante, en tanto que su solicitud, que adujo irresoluta, debi\u00f3 atenderse bajo las respectivas reglas procedimentales, por ser un requerimiento relacionado con un proceso judicial, advirti\u00e9ndose que el Juzgado acusado no ha dado resoluci\u00f3n adecuada a la misma, bajo los precisos t\u00e9rminos establecidos en el canon 126 del C\u00f3digo General del Proceso pata tal prop\u00f3sito, observando que qued\u00f3 dilucidada la efectiva p\u00e9rdida del expediente respectivo. <\/p>\n
En efecto, no se discute lo referente a lo estipulado en el Acuerdo 1856 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a la competencia de la Oficina Judicial de Valledupar en punto a atender la solicitud de expedici\u00f3n de copias planteada por el censor, sino que lo ac\u00e1 acreditado, se itera, fue la p\u00e9rdida del expediente que, ciertamente, imposibilita a esa dependencia proceder en la forma establecida en tal disposici\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que el Tribunal a-quo hallara impostergable que el estrado convocado, para atender debidamente el requerimiento del accionante, de oficio, procediera en los t\u00e9rminos contemplados en el mentado canon 126 del C\u00f3digo General del Proceso, el que expresamente se\u00f1ala, en la parte final de su numeral 1\u00ba, que \u00ab[l]a reconstrucci\u00f3n tambi\u00e9n proceder\u00e1 de oficio\u00bb, sustrato normativo suficiente para derruir las alegaciones del impugnante, m\u00e1xime cuando tal disposici\u00f3n normativa claramente ense\u00f1a la actuaci\u00f3n a seguir, por la que, en concreto, en su escrito de impugnaci\u00f3n indag\u00f3 la sede judicial inconforme. <\/p>\n
En asuntos con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, que, mutatis mutandis, se muestran aplicables a \u00e9ste, la Sala claramente ha dejado sentada la viabilidad de que, ante la p\u00e9rdida del expediente, como ac\u00e1 se present\u00f3, su reconstrucci\u00f3n se produzca de oficio por la autoridad judicial que, en su momento, tuvo a cargo el conocimiento del proceso, sin que ello implique dar por demostrado que fuese responsable de su extrav\u00edo. As\u00ed se ha considerado: <\/p>\n
\u2026la queja constitucional de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras gravita en torno al extrav\u00edo del proceso ejecutivo hipotecario\u2026 que curs\u00f3 en el Juzgado\u2026, del cual requiere copias simples para resolver el tr\u00e1mite administrativo de restituci\u00f3n de tierras, en el cual se encuentra vinculado el inmueble que fue rematado en aquella actuaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
La entidad p\u00fablica gestora del resguardo, ha solicitado en dos oportunidades al juzgado convocado, expedir copias simples de la referida actuaci\u00f3n a efectos de emitir pronunciamiento dentro de un tr\u00e1mite administrativo de restituci\u00f3n de tierras que versa sobre el bien vinculado al compulsivo; empero, pese a los esfuerzos tanto de la c\u00e9lula judicial como de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial\u2026, no ha sido posible hallar el cartulario. <\/p>\n
De lo anterior se evidencia la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal al debido proceso, pero adem\u00e1s de aquella consagrada en el art\u00edculo 229 de la Carta Pol\u00edtica, en la medida que el derecho de acceso a la justicia no solo comprende la posibilidad de los administrados de acudir ante los organismos jurisdiccionales para ventilar sus conflictos, sino tambi\u00e9n que sean efectivamente resueltos, lo que no ha ocurrido en el caso presente, pues la UAEGRTD sigue a la espera de un pronunciamiento judicial que defina la situaci\u00f3n por \u00e9l planteada. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considera esta Corporaci\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada por la sala a quo, de ordenar la reconstrucci\u00f3n de la foliatura tantas veces mencionada fue acertada, sin que pueda ser de recibo la manifestaci\u00f3n del funcionario impugnante de que la naturaleza de la reconstrucci\u00f3n es \u00aben \u00faltimas hacer efectivo un derecho, declararlo, reconocerlo o negarlo\u00bb, pues el art\u00edculo 126 del Estatuto Procesal General advierte di\u00e1fanamente, que tal tr\u00e1mite se activar\u00e1, de oficio o a petici\u00f3n de parte, ante la p\u00e9rdida total o parcial de un expediente. <\/p>\n
Ahora, con relaci\u00f3n a la inconformidad del Juez\u2026, relativa a que se parti\u00f3 de la base de que el extrav\u00edo ocurri\u00f3 en ese despacho, no observa la Corte que por parte alguna el tribunal de primer grado le hubiere atribuido responsabilidad en tal circunstancia, lo que ocurre es que como en tal despacho se tramit\u00f3 la actuaci\u00f3n, le corresponde adelantar el tr\u00e1mite consagrado en la disposici\u00f3n legal que se acab\u00f3 de citar, sin que ello implique -se itera- se\u00f1alamiento sobre la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales advertida (CSJ STC638-2020, 31 en., rad. 2019-00184-01). <\/p>\n
Por ese sendero, m\u00e1s recientemente, in extenso, tambi\u00e9n se consider\u00f3: <\/p>\n
\u2026la Sala confirmar\u00e1 el fallo estimatorio de primera instancia, comoquiera que la actuaci\u00f3n del juzgado que es objeto de cuestionamiento, constituye yerros espec\u00edficos de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar la determinaci\u00f3n objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
En efecto, advirtiendo el cumplimiento de los requisitos gen\u00e9ricos para la procedibilidad del amparo, en el caso ahora examinado se configura la incursi\u00f3n de la funcionaria encartada en un defecto de \u00edndole procedimental, acompasado con el de desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque al negar la reconstrucci\u00f3n de expediente judicial adelantado por su despacho, actu\u00f3 al margen de lo previsto en el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, y se apart\u00f3 de la postura que sobre el particular ha venido asumiendo esta Corporaci\u00f3n en aras a solucionar problem\u00e1ticas de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la Sala observa que la funcionaria accionada dio un inadecuado entendimiento y aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el canon 126 del estatuto adjetivo general, al condicionar la reconstrucci\u00f3n del expediente a la certeza o posibilidad de que el mismo se encontrara bajo su custodia, como si s\u00f3lo pudiera adelantarse ese procedimiento cuando la responsabilidad por la p\u00e9rdida o extrav\u00edo recayera en el juzgado, situaci\u00f3n que no est\u00e1 contemplada en la norma, pues independientemente de los resultados que arroje la investigaci\u00f3n que se surta por la autoridad penal competente, el funcionario que conoci\u00f3 del litigio es el llamado a reconstruirlo a\u00fan \u00abde oficio\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que la gesti\u00f3n antedicha, no constituye una facultad sino uno de los \u00abdeberes\u00bb que la ley le impone cumplir, y tanto \u00e9stos como los \u00abpoderes\u00bb, est\u00e1n consagrados en los art\u00edculos 42, 43 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso, destac\u00e1ndose dentro de los primeros, su efectivo empleo a fin de \u00abimpedir la paralizaci\u00f3n o dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda\u00bb, y la adopci\u00f3n de medidas necesarias para \u00abdecidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido [aplicando] las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, las cosas, es evidente que mediante el prove\u00eddo del 25 de mayo de 2021, el accionado opt\u00f3 por radicar la funci\u00f3n de reconstrucci\u00f3n del expediente en el \u00abAgente Liquidador\u00bb designado por la Superintendencia Nacional de Salud, porque, en su sentir, el extrav\u00edo tuvo lugar estando la foliatura a su cargo; postura que ratific\u00f3 mediante auto del 28 de julio de 2021, aduciendo normas y conceptos que se alejan de la situaci\u00f3n revisada y por ende inaplicables, puesto que, se itera, el estatuto procesal general consagra la soluci\u00f3n \u00aben caso de p\u00e9rdida total o parcial de un expediente\u00bb, precisando el tr\u00e1mite a seguir en tales eventos. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la injerencia del fallador excepcional surge de la incursi\u00f3n de la accionada en yerro procedimental absoluto, pues so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de la actora, al no darle el cabal alcance a las garant\u00edas contenidas en la codificaci\u00f3n adjetiva en comento. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la posibilidad de la reconstrucci\u00f3n del expediente, se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial con sujeci\u00f3n a los supuestos esbozados, pues dicho precepto establece con claridad que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3.2. En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, se se\u00f1ala que en otras ocasiones se ha dispuesto, tanto por esta Sala como por la hom\u00f3loga Laboral, que, ante la p\u00e9rdida o extrav\u00edo de un expediente judicial, el funcionario que tramit\u00f3 el proceso es quien debe reconstruirlo, sin perjuicio de que para ello requiera de la colaboraci\u00f3n eficaz de las partes y, como en el caso examinado, de quienes pudieron tener acceso al mismo y participaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida. <\/p>\n
En efecto, esta Sala, aval\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo deprecado por quien, fungiendo como ejecutado, dio cuenta de que los expedientes que comprend\u00edan tales procesos, hab\u00edan sido extraviados tras su paso a un juzgado de descongesti\u00f3n, y ante ello orden\u00f3 al despacho de origen, tramitar la reconstrucci\u00f3n, sin que ello implicara endilgarle responsabilidad por dicha p\u00e9rdida, y para ello razon\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la informaci\u00f3n recopilada se tiene que el expediente de la causa fue enviado, por virtud de una medida de descongesti\u00f3n dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado Primero Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de aquella ciudad; sin embargo, una vez finalizada la misma y desaparecida dicha c\u00e9lula judicial, el expediente no fue retornado al despacho de origen, desconoci\u00e9ndose en la actualidad su paradero. <\/p>\n
El gestor del resguardo, ha solicitado en dos oportunidades a las entidades demandadas, Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y Oficina Judicial de Barranquilla, la ubicaci\u00f3n de la foliatura a efectos de obtener la devoluci\u00f3n de una suma de dinero, obteniendo como respuesta, por parte de la primera, la apertura de una vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal y, de la segunda, que pese a la exhaustiva b\u00fasqueda en las bases de datos que maneja, no ha sido posible ubicarlo porque, al parecer el despacho de descongesti\u00f3n, una vez ces\u00f3 en sus actividades, no lo devolvi\u00f3. <\/p>\n
De lo anterior se evidencia la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal al debido proceso, pero adem\u00e1s de aquella consagrada en el art\u00edculo 229 de la Carta Pol\u00edtica, en la medida que el derecho de acceso a la justicia no solo comprende la posibilidad de los administrados de acudir ante los organismos jurisdiccionales para ventilar sus conflictos, sino tambi\u00e9n que sean efectivamente resueltos. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considera esta Corporaci\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada por la sala a quo, de ordenar la reconstrucci\u00f3n del expediente tantas veces mencionado fue acertada, sin que pueda ser de recibo la deprecaci\u00f3n de la funcionaria impugnante de \u00abconminar\u00bb al gestor del resguardo que solicite la iniciaci\u00f3n de tal actuaci\u00f3n, pues no puede el Estado trasladarle a \u00e9ste los efectos negativos de las falencias administrativas, m\u00e1xime cuando no fue \u00e9l quien las provoc\u00f3 y menos a\u00fan tiene porqu\u00e9 asumir cargas que no le corresponden. <\/p>\n
Ahora, con relaci\u00f3n al otro punto de inconformidad de la Juez S\u00e9ptima Civil Municipal de Barranquilla, no observa la Corte que el tribunal de primer grado le hubiere atribuido responsabilidad en el extrav\u00edo de la actuaci\u00f3n, es m\u00e1s, esa colegiatura fue clara en afirmar que dicho despacho se desprendi\u00f3 del conocimiento del asunto para remitirlo a su hom\u00f3logo de descongesti\u00f3n; lo que ocurre es que como esa c\u00e9lula judicial fue a la que se le \u00abasign\u00f3 dicho expediente y donde se pueden verificar actuaciones [y] dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, consider\u00f3 adecuado impartirle la orden de proceder a reconstruir el expediente, sin que ello implique -se itera- se\u00f1alamiento sobre la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales advertida\u00bb (CSJ STC15846-2019, 22 nov. 2019, rad. 00394-02). Se subraya. <\/p>\n
\u2026Est\u00e1 sentado respecto del precedente jurisprudencial vertical y especializado, que no debe desconocerse cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, porque hacerlo implica transgresi\u00f3n de prerrogativas de \u00edndole superior como las protegidas en sede de amparo. <\/p>\n
Cabe recordar que el precedente ha sido definido como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb (CC T-1029\/12); pronunciamiento en el que tambi\u00e9n se se\u00f1al\u00f3, que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb (CSJ STC17363-2021, 15 dic., rad. 2021-00808-01). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado pero precisando que la protecci\u00f3n dispensada lo es por la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso del accionante, que no por el derecho de petici\u00f3n, como inicialmente lo concluy\u00f3 el Tribunal de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado precisando que el resguardo otorgado lo es por la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionante que no por los supuestos exteriorizados por el a-quo constitucional, acorde con las motivaciones precedentes. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuya aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n se denegaron, por improcedentes, el 26 de junio de 2023. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7225-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7225-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-000-2023-00060-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el Juzgado Primero Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74939\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}