STC7228-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7228-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00861-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mart\u00edn Edixon Ospina M\u00e9ndez frente al fallo proferido el pasado 16 de mayo por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa ciudad, la Fiscal\u00eda Doscientos Sesenta y Dos Seccional del mismo lugar y la Defensor\u00eda del Pueblo, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, defensa y \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas en el juicio penal seguido en su contra. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En la causa penal seguida contra el accionante por el punible de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, el 3 de diciembre de 2019, el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual lo conden\u00f3 a 108 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable de tal delito; decisi\u00f3n que el 19 de febrero de 2021 confirm\u00f3 el Tribunal encartado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, aleg\u00f3 el reclamante que result\u00f3 condenado sin que en las etapas de acusaci\u00f3n y juicio hubiese sido notificado, con la anuencia de sus defensores de oficio, lo que le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y, esencialmente, \u00abdemostrar que no se encontraba en la capacidad mental para poder enfrentar un proceso penal\u00bb, por lo cual dicho tr\u00e1mite est\u00e1 viciado de nulidad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que s\u00f3lo hasta el 1\u00ba de noviembre de 2021 \u00abse enter\u00f3 de la existencia de [la] condena en su contra\u00bb, cuando fue detenido en virtud de ella; y que en el caso concreto deb\u00eda flexibilizarse el estudio del presupuesto de la inmediatez, ante la evidente conculcaci\u00f3n de sus derechos esenciales, sumado a que \u00abes una persona de muy escasos recursos y fue a trav\u00e9s de [su] progenitora que tuvo para pagar un abogado de confianza que revisara su caso\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y destac\u00f3 que \u00abno ha afectado los derechos y garant\u00edas fundamentales reclamados por Ospina M\u00e9ndez y contrariamente se observa\u2026 que el discurso planteado est\u00e1 encaminado a crear una nueva instancia con el fin de obtener un nuevo pronunciamiento frente a su caso, so pretexto de la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales; pretensi\u00f3n que resulta improcedente dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de este medio de defensa constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Nelly Gertrudys Osorio Duarte, \u00abactuando como contratista de la Defensor\u00eda del Pueblo para el programa de Defensa P\u00fablica\u2026, para la \u00e9poca de los hechos y\/o actuaci\u00f3n judicial seg\u00fan contrato No. DP 774-2019\u00bb, tras resaltar que este reclamo constitucional insatisfac\u00eda el presupuesto de la inmediatez, deprec\u00f3 su despacho adverso porque \u00aben el proceso penal\u2026 no se violent\u00f3 derechos fundamentales del hoy penado y se actu\u00f3 por parte de los sujetos procesales dentro del marco de su competencia, conforme a las exigencias normativos, en el entendido que es al imperio de la ley al cual est\u00e1n sometidos los jueces en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el asunto fustigado \u00abse desarroll\u00f3 con las garant\u00edas procesales propias del proceso Penal con tendencia acusatoria\u00bb, que all\u00ed \u00abactu\u00f3 de manera proactiva y s\u00ed [s]e comuni[c\u00f3] con el usuario del programa de defensa p\u00fablica, como tambi\u00e9n [l]e consta que la\u2026 Fiscal seccional lo abord\u00f3 telef\u00f3nicamente para proponerle un preacuerdo, pero este aparentemente hizo caso omiso\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 relacion\u00f3 el decurso de la causa cuestionada y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno le ha sido vulnerando derecho alguno al se\u00f1or\u2026 Ospina M\u00e9ndez, pues el tr\u00e1mite\u2026 se realiz\u00f3 en los t\u00e9rminos de ley y\u2026 [ese] Juzgado actu\u00f3 en derecho\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 262 Seccional tambi\u00e9n deprec\u00f3 \u00abnegar las pretensiones del accionante\u2026, dado que todas las actuaciones surtidas en las etapas de investigaci\u00f3n y juzgamiento se han realizado respetando la ley, y las garant\u00edas y derechos fundamentales, as\u00ed como el debido proceso, que le asiste al accionante\u00bb, m\u00e1xime cuando fue \u00abcitado a todas las audiencias a las direcciones que suministr\u00f3 en la primera diligencia\u2026, as\u00ed mismo\u2026[,] ha contado siempre con defensor, para que lo representase en las audiencias, y siempre fue notificado junto con su defensor\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque el quejoso \u00abse desentendi\u00f3 del proceso\u00bb, dejando de agotar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia condenatoria, destacando que \u00ablas citaciones dirigidas al procesado y, principalmente, las que se libraron para la fase de juzgamiento y la lectura de sentencia, fueron remitidas a la\u2026 direcci\u00f3n reportada por el mismo demandante en las audiencias concentradas de legalizaci\u00f3n de captura y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, cuya existencia no fue refutada en la tutela\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[e]l hecho de que haya sido supuestamente internado en una instituci\u00f3n m\u00e9dica para tratar sus problemas de adicci\u00f3n tampoco justifica su postura desinteresada frente al proceso, pues es evidente que fue temporal y no durante todo el tiempo que dur\u00f3 la actuaci\u00f3n\u00bb; y que \u00abtampoco se observa lesionado el derecho de defensa t\u00e9cnica. Durante el desarrollo del proceso, en las audiencias preliminares, y posteriormente en la etapa de juicio oral, cont\u00f3 con la asesor\u00eda de una delegada de la Defensor\u00eda del Pueblo que represent\u00f3 sus intereses, despleg\u00f3 una gesti\u00f3n activa, pidi\u00f3 su absoluci\u00f3n e incluso apel\u00f3 la sentencia de primera instancia; todo ello, aun con las limitaciones que implica la representaci\u00f3n de una defensa material ausente como la del aqu\u00ed accionante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitada ante la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este caso se critic\u00f3 la causa penal clausurada con la sentencia proferida el 19 de febrero de 2021 por el Tribunal encartado, en la cual confirm\u00f3 la condenatoria que en contra del actor emiti\u00f3 el 3 de diciembre de 2019 el Juzgado atacado, imponi\u00e9ndole 108 meses de prisi\u00f3n como responsable de la comisi\u00f3n del delito que all\u00ed se le atribuy\u00f3. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del inconforme, se impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado pero porque la solicitud de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso por carecer del presupuesto de la inmediatez, habida cuenta que entre el 1\u00ba de noviembre de 2021, cuando el censor fue privado de la libertad para purgar la condena impuesta en el asunto referido a espacio -por ende, se tiene que, al margen de cualquier discusi\u00f3n, en esa data conoci\u00f3 de aqu\u00e9lla-, y el 10 de abril \u00faltimo, cuando interpuso la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, transcurri\u00f3 un lapso superior al de seis (6) meses que ha fijado la consistente jurisprudencia de la Corte como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas esenciales ejerza esta acci\u00f3n supralegal, sin que el quejoso demostrara motivo v\u00e1lido alguno para justificar tal tardanza. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, para desestimar la salvaguarda, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura: <\/p>\n
…La Sala observa acertada la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que el amparo deprecado no cumple el presupuesto de inmediatez, esto por cuanto si bien el gestor se duele… de que no tuvo conocimiento del juicio penal seguido en su contra, lo cierto es que los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite tutelar, dan cuenta de que desde el 13 de enero de 2003 -cuando se produjo su captura ordenada por el Juzgado…, para que suscribiera el acta de compromiso para suspender condicionalmente la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia antes anotada-, \u00e9ste se enter\u00f3 del motivo por el cual era requerido por la justicia penal, de manera que no resulta coherente… [que] pretenda que el juez de tutela la examine, dado que entre la fecha en que se enter\u00f3 de la misma y la… de interposici\u00f3n de la petici\u00f3n tuitiva transcurri\u00f3 un plazo superior al de seis meses, fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional, sin que se halle raz\u00f3n alguna que excuse dicha tardanza…. <\/p>\n
(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido… pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01) (CSJ STC11872-2016, 25 ag., rad. 2016-00788-02). <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas, que no por las del a-quo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7228-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7228-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00861-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mart\u00edn Edixon Ospina M\u00e9ndez frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74941","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74941\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}