STC7229-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7229-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000 2023-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de vinisteis de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 29 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando Coy Cruz contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional y en el de pertenencia incoado por el tutelante (rad. 50001310300520160027900). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado judicial convocado la aplicaci\u00f3n con efectos retrospectivos de la sentencia C-284 del 25 de agosto de 2021 de la Corte Constitucional y, en consecuencia, resuelva la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio que \u00e9l formul\u00f3, decrete la nulidad de los autos proferidos con posterioridad a dicha providencia y disponga la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate de los bienes objeto de divisi\u00f3n en tanto es resuelta la excepci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio est\u00e1 en tr\u00e1mite el proceso divisorio promovido por Hilda Mar\u00eda Coy de Castro en contra de Hernando Coy Cruz y Nubia Stella Coy Cruz, con el cual se pretende la divisi\u00f3n ad valorem de tres inmuebles, identificados con folios de matr\u00edcula n\u00fameros 230-11603, 230-11604 y 230-47529. En dicho juicio el accionante formul\u00f3 las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb, \u00abfalta de presupuestos legales para la procedencia de la acci\u00f3n divisoria\u00bb y \u00abmejoras a los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
2.2. El actor, concomitantemente, promovi\u00f3 proceso de pertenencia en contra de Hilda Mar\u00eda Coy de Castro y Nubia Stella Coy Cruz respecto de los predios identificados con las matr\u00edculas n\u00fameros 230-11603 y 230-11604 \u00fanicamente; y, en atenci\u00f3n a este tr\u00e1mite, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso divisorio por prejudicialidad civil, petici\u00f3n resuelta de manera desfavorable porque no cumpl\u00eda los requisitos establecidos en el art\u00edculo 162 del c\u00f3digo General del Proceso. Frente a dicha decisi\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto de manera desfavorable. <\/p>\n
2.3. El 14 de septiembre de 2018 el estrado judicial accionado desestim\u00f3 las excepciones planteadas, decret\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem de los 3 predios y dispuso su secuestro. La anterior decisi\u00f3n fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue resuelto adversamente al peticionario. <\/p>\n
2.4. El 18 de diciembre de 2019 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en el proceso de pertenencia mencionado (radicado 2016-00279-00) y declar\u00f3 que el accionante adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria los inmuebles identificados con las matr\u00edculas n\u00fameros 230-11603 y 230-11604, decisi\u00f3n que fue apelada por sus demandadas. <\/p>\n
2.5. Mediante prove\u00eddo del 26 de marzo de 2021, dictado en el juicio divisorio, fue fijada fecha para la diligencia de remate de los 3 inmuebles, decisi\u00f3n frente a la cual el actor interpuso reposici\u00f3n, alegando la existencia del fallo que lo declar\u00f3 adquirente de dos de los predios objeto de litigio, situaci\u00f3n que termin\u00f3 con la indivisi\u00f3n. As\u00ed mismo, inco\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso en tanto era resuelto en el proceso de pertenencia el recurso de alzada radicado contra la sentencia de primera instancia, argumentos que no fueron de recibo por la autoridad judicial accionada, quien en providencia del 7 de julio de 2021 mantuvo su postura, en atenci\u00f3n que la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio no hab\u00eda cobrado firmeza y porque no cumpl\u00eda a\u00fan con los requisitos para la prosperidad de la suspensi\u00f3n por prejudicialidad civil. <\/p>\n
2.6. El actor solicit\u00f3 control de legalidad en el proceso divisorio desde el auto del 14 de septiembre de 2018, con el cual desestim\u00f3 sus excepciones, y pidi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a la sentencia C-284 de 2021 de la Corte Constitucional, para habilitar el an\u00e1lisis de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. No obstante, la autoridad judicial accionada, mediante prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2022, neg\u00f3 la petici\u00f3n por no encontrar error en el tr\u00e1mite del proceso, indicando al peticionario que no era procedente aplicar la sentencia de constitucionalidad en raz\u00f3n a que tiene efectos hacia el futuro por cuanto la Corte Constitucional no estableci\u00f3 secuelas retroactivas. Inconforme con la anterior decisi\u00f3n el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto con prove\u00eddo del 27 de enero de 2023, manteniendo la decisi\u00f3n inicial. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso de pertenencia radicado 2016-00729, indic\u00f3 que profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 18 de noviembre de 2019, que fue apelada por las demandadas y puso de presente que el accionante con anterioridad present\u00f3 acci\u00f3n de tutela por hechos similares, la cual fue resuelta de manera desfavorable por esta Corte. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio narr\u00f3 las etapas surtidas en el juicio divisorio; se\u00f1al\u00f3 que est\u00e1 insatisfecho el principio de inmediatez que rige en materia constitucional; que el caso de marras pretende la aplicaci\u00f3n retroactiva de la sentencia C-284 de 2021 de la Corte Constitucional, para resolver la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio a pesar de que fue resuelta desde el 14 de septiembre de 2018, decisi\u00f3n confirmada por el superior y en raz\u00f3n a la cual se adelantan los tr\u00e1mites necesarios para efectuar el remate de los bienes. <\/p>\n
3. Hilda Mar\u00eda Coy de Castro se opuso a lo solicitado por el accionante, por cuanto la actuaci\u00f3n atacada est\u00e1 ce\u00f1ida al debido proceso, manifest\u00f3 que no existe causal de suspensi\u00f3n de la diligencia de remate solicitada por el actor, aunado a que la aplicaci\u00f3n retroactiva de la sentencia C-284 de 2021 citada, a su juicio, ser\u00eda irrespetuosa e invasora de las competencias de la autoridad accionada. <\/p>\n
4. Nubia Stella Coy Cruz alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica en el cual solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, en atenci\u00f3n a que a la fecha se tramitan varios procesos penales y civiles en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n en estudio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo constitucional determin\u00f3 que solamente revisar\u00eda el auto del 27 de enero de 2023, en el cual el juzgado accionado resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado en contra del auto de 14 de septiembre de 2022, que desestim\u00f3 la solicitud de control de legalidad requerida por el actor solo en lo relacionado con la aplicaci\u00f3n de la sentencia C-284 de 2021 de la Corte Constitucional, toda vez que respecto a los autos anteriores fue insatisfecho el requisito de inmediatez y, en lo referente a la suspensi\u00f3n por prejudicialidad, dichos aspectos fueron estudiados por esta Corte en la tutela 2021-03132-00. <\/p>\n
As\u00ed pues, de cara a la aplicaci\u00f3n retrospectiva de la sentencia de constitucionalidad mencionada en precedencia, estim\u00f3 que la posici\u00f3n atacada no se aparta abruptamente de la legislaci\u00f3n, sino que obedece a una v\u00e1lida y admisible interpretaci\u00f3n, por lo que no puede el actor acudir a la acci\u00f3n de tutela para imponer su propia hermen\u00e9utica siendo que la aplicada por el juzgado accionado no contraviene la ley. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
En esta etapa el promotor del amparo alleg\u00f3 copia de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del distrito judicial de Villavicencio, que confirm\u00f3 el fallo que en primera instancia lo declar\u00f3 adquirente, por usucapi\u00f3n, de los fundos distinguidos con las matr\u00edculas n\u00fameros 230-11603 y 230-11604 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
HECHOS PROBADOS <\/p>\n
1. El 13 de enero de 2015, Hilda Mar\u00eda Coy de Castro radic\u00f3 demanda divisoria en conta de Hernando Coy Cruz y Nubia Stella Coy Cruz, con la que pretendi\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem de tres inmuebles, identificados con folios de matr\u00edcula n\u00fameros 230-11603, 230-11604 y 230-47529, juicio en el cual fue decretada la inscripci\u00f3n de la demanda en los mencionados folios, medida registrada el 12 de febrero de 2015. <\/p>\n
2. Hernando Coy Cruz, el 17 de abril de 2015 alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica a la demanda y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abPRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA DEMANDANTE, PRESCRIPCI\u00d3N ADQUISITIVA, FALTA DE PRESUPUESTOS LEGALES PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCI\u00d3N DIVISORIA\u00bb, alegando haber ejercido la posesi\u00f3n de los bienes pedidos en divisi\u00f3n por mas de 20 a\u00f1os, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
3. El 8 de noviembre de 2016 el se\u00f1or Coy Cruz radic\u00f3 demanda de pertenencia respecto de los inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula n\u00fameros 230-11603 y 230-11604, en la cual adujo ser poseedor con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o desde el mes de enero de 1995. Tal libelo correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, el cual lo admiti\u00f3, decret\u00f3 su inscripci\u00f3n en los respectivos folios, medida materializada el 13 de julio de 2017, y, una vez agotadas las etapas pertinentes, profiri\u00f3 sentencia estimatoria de primera instancia el 18 de diciembre de 2019, decisi\u00f3n confirmada con veredicto del 26 de junio de 2023, contra el cual fue interpuesto recurso extraordinario de casaci\u00f3n el pasado 5 de julio del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n
4. Paralelamente a ese juicio, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, en el tr\u00e1mite divisorio, mediante prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2018, declar\u00f3 improcedentes las excepciones propuestas por el actor, toda vez que \u00ab(\u2026) la teolog\u00eda del proceso divisorio, dada su connotaci\u00f3n especial\u00edsima, es la de dirimir la litis entre los condue\u00f1os para finiquitar el contrato de comunidad mediante la divisi\u00f3n material o ad valorem del bien com\u00fan; en tal sentido, \u00e9ste no es el mecanismo procesal previsto por el ordenamiento jur\u00eddico para entrar a estudiar y resolver de fondo si alguno de los comuneros adquiri\u00f3 por el modo de la usucapi\u00f3n la titularidad del derecho real de dominio del bien com\u00fan, pues para el efecto el legislador patrio estableci\u00f3 el correspondiente proceso declarativo que debe tramitar la parte interesada para dilucidar y resolver de fondo si hay que declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. En este juicio divisorio, con auto del 20 de junio de 2023, fue fijada fecha para la diligencia de remate de los bienes objeto de litis para el 3 de agosto de 2023, decisi\u00f3n frente a la cual el tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, solicitando revocar la decisi\u00f3n y suspender el tr\u00e1mite en virtud de la existencia de sentencia tanto de primera como de segunda instancia a su favor en el proceso de pertenencia, recurso que est\u00e1 al despacho para ser resuelto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el sub lite, cuesti\u00f3n de primer orden es resaltar que no se configura temeridad o cosa juzgada constitucional, pues aun cuando el accionante present\u00f3 una tutela anterior, fundada en hechos similares, que fue negada por esta Sala con providencia del 10 de septiembre de 2021 (radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2021-03132-00), este nuevo ruego constitucional presenta un hecho novedoso que permite este examen constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, esta nueva solicitud de resguardo se fundamenta en la necesidad de suspender por prejudicialidad el proceso divisorio atacado, dado que los bienes objeto de divisi\u00f3n identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fameros 230-11603 y 230-11604 fueron declarados de propiedad del actor, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2019, en el proceso de pertenencia que tramit\u00f3 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, decisi\u00f3n que fue confirmada el pasado 26 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
Es decir que el proferimiento de sentencia estimatoria de segunda instancia para la pretensi\u00f3n usucapiente del promotor permite un nuevo an\u00e1lisis constitucional del asunto, lo cual torna diferente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica con respecto a la anterior decisi\u00f3n de tutela adoptada por esta Sala. <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a la queja del gestor del amparo, circunscrita a que \u00abse aplique de manera retrospectiva y material\u00bb la sentencia C-284 de 2021 de la Corte Constitucional, para que el estrado judicial accionado proceda a resolver la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva propuesta, el reclamo est\u00e1 llamado al fracaso habida cuenta que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, en la providencia de 27 de enero de 2023, expres\u00f3 claramente las razones por las se impon\u00eda la confirmaci\u00f3n del auto que neg\u00f3 el control de legalidad incoado por el actor frente a la decisi\u00f3n del 14 de septiembre de 2018 que desestim\u00f3 las excepciones formuladas, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
En efecto, con apoyo en la normatividad sobre la materia, estim\u00f3 que no era procedente la aplicaci\u00f3n de la sentencia de constitucionalidad, en atenci\u00f3n a que, por la naturaleza de la decisi\u00f3n, sus efectos son hacia el futuro porque la Corte Constitucional no dio a su veredicto secuelas retroactivas, para lo cual determin\u00f3 que <\/p>\n
Las garant\u00edas procesales y sustanciales son de las partes, en su conjunto. De forma que el despacho no puede sorprender al extremo demandante con una decisi\u00f3n contradictoria a la proferida hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os, so pena de conculcar la seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima de la administraci\u00f3n de justicia; principios medulares del procedimiento. Precisamente por ello, son los efectos irretroactivos de las sentencias de constitucionalidad, salvo que se indique lo contrario. En \u00faltimas, variar las decisiones <\/p>\n
eliminar\u00eda por completo la certeza que tienen los individuos de que su situaci\u00f3n jur\u00eddica solo podr\u00e1 ser modificada mediante los procedimientos previamente establecidos que garanticen sus derechos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la confianza leg\u00edtima, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[C[onceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de \u2018confianza leg\u00edtima\u2019 procura \u2018garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias (C-836 de 2001, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00). [E]n efecto, sin perjuicio de reafirmar que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n estricta, existen casos excepcionales en las que la determinaci\u00f3n de una autoridad judicial genera una expectativa leg\u00edtima en el particular respecto del mantenimiento de una situaci\u00f3n determinada o sobre la manera como una solicitud debe ser planteada ante los jueces, circunstancia \u00e9sta en la que la administraci\u00f3n de justicia no puede <\/p>\n
con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb (CSJ: STC: 18 dic. 2012, rad. 27001-22-08- 000-2012-00119-01; reiterada el 28 de mayo de 2020, rad. 11001-02-03-000-2020-01072-00; y STC926-2022) <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se mantendr\u00e1 el auto de 14 de septiembre de 2022 y se negar\u00e1 la concesi\u00f3n de la alzada contra tal determinaci\u00f3n, pues el controvertido auto no se encuentra expresamente consagrado en el art\u00edculo 321 del C. G. del P. o en norma especial alguna como susceptible del recurso de apelaci\u00f3n; la referida corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha reiterado la inviabilidad de la alzada, seg\u00fan sentencia STC15416-2022, entre otras. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de los efectos de la aplicaci\u00f3n de la sentencia emitida por la Corte Constitucional de cara al estudio de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio formulada en el juicio divisorio, en cuyo caso, los argumentos esbozados por el juzgador no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. No obstante lo anterior, claro est\u00e1 que, en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de los procesos divisorios exist\u00eda una situaci\u00f3n an\u00f3mala desde el punto de vista constitucional, consistente en que al comunero que ostentara la calidad de poseedor exclusivo y excluyente no le era posible alegarla como excepci\u00f3n de fondo, pues la doctrina opt\u00f3 por la tesis de que solo era procedente la excepci\u00f3n de indivisi\u00f3n, situaci\u00f3n particular que positiviz\u00f3 el C\u00f3digo General del Proceso en su canon 409, en tanto el otrora C\u00f3digo de Procedimiento Civil no conten\u00eda dicha restricci\u00f3n. <\/p>\n
Tal anormalidad fue materia de acci\u00f3n de inconstitucionalidad, resuelta por la Corte Constitucional mediante sentencia C-284 de 2021, la cual declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 409 del C\u00f3digo General del Proceso condicion\u00e1ndolo a que en los juicios divisorios s\u00ed es procedente invocar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio por uno de los comuneros. <\/p>\n
Empero, el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional no dio efectos retroactivos a la referida sentencia, raz\u00f3n por la cual la falencia se mantiene en lo que ata\u00f1e a los procesos divisorios en los cuales un comunero aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio con anterioridad al 25 de agosto de 2021 -fecha en la cual fue proferida la precitada decisi\u00f3n- y el Juzgado de conocimiento rechaz\u00f3 la aludida defensa perentoria. <\/p>\n
5. De otro lado, el actual estatuto adjetivo en lo civil igualmente modific\u00f3 el decreto de la suspensi\u00f3n de los procesos civiles con ocasi\u00f3n de la prejudicialidad, habida cuenta que regul\u00f3, como regla que no admite excepciones, que \u00abs\u00f3lo se decretar\u00e1 (\u2026) una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia.\u00bb <\/p>\n
Tan radical tesis obvi\u00f3 la existencia de procesos judiciales en los cuales, previamente a la expedici\u00f3n de sentencia, incluso de primera instancia, son vinculados terceros, a quienes no puede socav\u00e1rseles sus garant\u00edas legales, menos fundamentales, verbi gratia, los rematantes en procesos divisorios. <\/p>\n
Ciertamente, en los juicios divisorios se puede poner fin a la indivisi\u00f3n con el remate de los bienes materia de la litis o con la partici\u00f3n material del bien. Si de lo primero se trata, la vinculaci\u00f3n de terceros al tr\u00e1mite, aun cuando sea espont\u00e1nea y brevemente, resulta inobjetable, en la medida en que, tras la adquisici\u00f3n del bien en subasta p\u00fablica, con la correspondiente aprobaci\u00f3n e inscripci\u00f3n, pasan a ser titulares del derecho de dominio. <\/p>\n
Por ende, tal situaci\u00f3n no podr\u00e1 ser desconocida a la postre en la sentencia que dirima la indivisi\u00f3n. <\/p>\n
6. Muestra sin igual de la anterior situaci\u00f3n deficientemente regulada en el ordenamiento jur\u00eddico es el caso de autos, en el cual, de manera concomitante al juicio divisorio atacado en sede constitucional, fue adelantado proceso de pertenencia por el poseedor de los bienes materia de aquel pleito, y obtuvo sentencias, tanto en primera como en segunda instancia, que lo declararon adquirente por prescripci\u00f3n extraordinaria del dominio de los bienes identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fameros 230-11603 y 230-11604 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
Por ende, para la Corte resulta imperioso brindar soluci\u00f3n a dicha situaci\u00f3n singular, puesto que el proceso divisorio est\u00e1 caracterizado por valerse de un tr\u00e1mite especial, el cual tiene por objeto la divisi\u00f3n material del bien perseguido o su venta para la distribuci\u00f3n del producto entre los comuneros, y en el que la etapa correspondiente a la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, si de divisi\u00f3n material se trata, o de distribuci\u00f3n, cuando hubo divisi\u00f3n ad-valorem, es asunto posterior a la almoneda. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la decisi\u00f3n sobre la suspensi\u00f3n por prejudicialidad del proceso divisorio, en el cual se orden\u00f3 culminar la indivisi\u00f3n mediante p\u00fablica subasta, prejudicialidad derivada del adelantamiento de otro juicio de pertenencia que tiene por objeto los bienes materia de la almoneda, no puede prolongarse hasta que el tr\u00e1mite divisorio est\u00e9 en la etapa de alegaciones de segunda instancia, toda vez que superar\u00eda la etapa de la venta en p\u00fablica subasta, que a su vez generar\u00e1 la posible vulneraci\u00f3n de prerrogativas fundamentales, de un lado, para el poseedor que adquiri\u00f3 por usucapi\u00f3n el bien objeto de ambos litigios y, de otro lado, para cualquier tercero adquirente en el remate llevado a cabo en el juicio divisorio si a la postre \u00e9ste litigio debiera terminar anticipadamente con ocasi\u00f3n del juicio de pertenencia. <\/p>\n
De destacar que el proceso divisorio pretende acabar con la indivisi\u00f3n entre comuneros, la cual culminar\u00eda con la declaratoria de adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio de la totalidad del bien, de donde brota n\u00edtido lo impertinente de que en el tr\u00e1mite divisorio supere la etapa de remate del bien para decidir si se suspende por prejudicialidad. <\/p>\n
7. Por lo tanto, en pro de evitar perpetuar la situaci\u00f3n an\u00f3mala de marras, en relaci\u00f3n con los procesos divisorios iniciados con antelaci\u00f3n a la expedici\u00f3n de la sentencia C-284 de 2021 de la Corte Constitucional, en los cuales alg\u00fan comunero excepcion\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio del bien materia de la divisi\u00f3n, fue rechazada su defensa y a la postre \u00e9l obtuvo sentencia de usucapi\u00f3n en proceso paralelo, considera la Corte que la decisi\u00f3n viable es la suspensi\u00f3n por prejudicialidad civil, la cual deber\u00e1 adoptarse con anterioridad a la pr\u00e1ctica de la diligencia de remate, cuando de divisiones ad-valorem se trate. <\/p>\n
Con otras palabras, si bien la regla general para que opere la suspensi\u00f3n por prejudicialidad es la regulada en los c\u00e1nones 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales establecen que ser\u00e1 procedente s\u00f3lo cuando el proceso que debe suspenderse est\u00e9 en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia, en trat\u00e1ndose de procesos divisorios dicha regla general deber\u00e1 tener excepci\u00f3n, consistente en que la suspensi\u00f3n por prejudicialidad se deber\u00e1 decretar antes de la diligencia de remate, cuando se divisiones ad-valorem se trate. <\/p>\n
Lo anterior en aras de evitar la confrontaci\u00f3n de los derechos fundamentales del rematante del bien en la p\u00fablica subasta que se lleve a cabo en el proceso divisorio, a la saz\u00f3n nuevo propietario del bien, en relaci\u00f3n con los del adquirente por prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio. <\/p>\n
No obstante, en la aplicaci\u00f3n de esta excepci\u00f3n a la regla general de suspensi\u00f3n del proceso divisorio por prejudicialidad, el funcionario judicial deber\u00e1 estimar la apariencia de buen derecho del peticionario, la cual no se configura solamente con la iniciaci\u00f3n de un juicio de pertenencia o la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, en tanto ser\u00e1 menester que, en el proceso de pertenencia iniciado con respecto a los bienes materia de la divisi\u00f3n, se cuente con sentencia que declara la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, aun cuando est\u00e9 recurrida. <\/p>\n
Por supuesto que la tesis que ahora proh\u00edja la Sala no puede servir de patente de corso para que, mediante la radicaci\u00f3n de libelos usucapientes, se anime el deseo de dilatar el proceso divisorio. <\/p>\n
Ahora, si la sentencia que declara la usucapi\u00f3n est\u00e1 debidamente ejecutoriada, el paso a seguir corresponder\u00e1 a que el operador judicial dicte sentencia anticipada en atenci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandante, producto de que con la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio cambi\u00f3 la titularidad del propietario de los bienes perseguidos, generando, a su vez, innecesaria divisi\u00f3n alguna. <\/p>\n
8. Por lo precedentemente expuesto la impugnaci\u00f3n propuesta se desatar\u00e1 favorablemente y, por lo tanto, habr\u00e1 de revocarse la determinaci\u00f3n del juzgador a-quo constitucional para, en su lugar, conceder el amparo constitucional rogado en favor del accionante, para lo cual se ordenar\u00e1 al estrado judicial criticado que proceda a dictar providencia en donde tome la determinaci\u00f3n de suspender el proceso divisorio por prejudicialidad, de cara a la excepci\u00f3n establecida en precedencia, teniendo en cuenta que a la fecha la sentencia proferida en el proceso de pertenencia a\u00fan no est\u00e1 en firme en virtud al recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Hilda Mar\u00eda Coy de Castro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo rogado a los derechos fundamentales del accionante y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a proferir decisi\u00f3n de suspensi\u00f3n del proceso divisorio por prejudicialidad, con base en la excepci\u00f3n establecida en precedencia, y teniendo en cuenta que a la fecha la sentencia proferida en el proceso de pertenencia a\u00fan no est\u00e1 en firme con ocasi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Hilda Mar\u00eda Coy de Castro. <\/p>\n
Segundo: Por secretar\u00eda comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a los dem\u00e1s intervinientes, al juzgador a-quo constitucional y, en oportunidad, rem\u00edtase las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7229-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7229-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000 2023-00085-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de vinisteis de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74942","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74942\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}