STC7232-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7232-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2023-00163-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de junio de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Stella C\u00f3rdoba Murillo instaur\u00f3 contra el Juez D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes del proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo pretende protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la vivienda digna\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 se declare la nulidad de todo lo actuado al interior del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que se tramita en el despacho judicial accionado, tras considerar que existi\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n y, en consecuencia, se rehaga el tr\u00e1mite agot\u00e1ndose en debida forma las etapas de enteramiento del mismo. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Que \u00d3scar Jos\u00e9 Mu\u00f1oz Ballesteros, promovi\u00f3 en su contra proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, el que actualmente se tramita en el juzgado atacado, sin embargo, aduce desconocer la demanda y sus anexos, puesto que en ning\u00fan momento ha sido notificada, aun as\u00ed, el tr\u00e1mite judicial ya cuenta con audiencia de aval\u00fao y partici\u00f3n de bienes y decret\u00f3 medidas cautelares sobre bienes de su propiedad. <\/p>\n
2.2. Que su excompa\u00f1ero permanente actualmente vive en un inmueble de su propiedad, raz\u00f3n por la cual es quien recibe las notificaciones y atiende a los secuestres, sin que ella tenga conocimiento de ello. <\/p>\n
2.3. que tiene 69 a\u00f1os, padece m\u00faltiples enfermedades por las que se mantiene la mayor parte del tiempo hospitalizada y debido a su condici\u00f3n requiere especial protecci\u00f3n constitucional por ser adulta mayor. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que se tramita ante dicho despacho, en el cual se le han garantizado los derechos fundamentales a la accionante puesto que se han agotado todos los tr\u00e1mites atinentes a integrar en debida forma el contradictorio, por lo que solicita que se declare improcedente la solicitud de amparo, por cuanto este es un mecanismo subsidiario y la accionante no demostr\u00f3 haber agotado los mecanismos legales que tiene a su alcance. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo tras considerar que la presente acci\u00f3n constitucional no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la actora no ha elevado ninguna petici\u00f3n concreta a dicho despacho judicial solicitando la nulidad de todo lo actuado en el proceso, alegando la indebida notificaci\u00f3n de la que se duele. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, indic\u00f3 que respecto a la edad de la accionante y las enfermedades que padece por si solos no implican que se deba conceder el amparo constitucional, toda vez que, es necesario que se pruebe la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales en que haya podido incurrir presuntamente el funcionario accionado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En lo que respecta a la inconformidad de la accionante frente a la omisi\u00f3n del juzgado accionado de agotar todos los tr\u00e1mites atinentes a realizar una debida notificaci\u00f3n e integraci\u00f3n del contradictorio, de entrada, advierte la Sala que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que, del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, se advierte que la peticionaria realiz\u00f3 el pasado 23 de junio de 2023, posterior al fallo de tutela impugnado, solicitud encaminada al decreto de la nulidad de todo lo actuado en atenci\u00f3n a la ausencia de notificaci\u00f3n y vulneraci\u00f3n a su derecho de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por la promotora de la tutela, ya que la ley ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentos o inconformidades como en efecto ya lo hico la peticionaria, sin que tales v\u00edas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos ser\u00e1n desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar la resoluci\u00f3n de esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, de existir las anomal\u00edas denunciadas por la tutelante, estas deben ser alegadas haciendo uso de los medios de defesa para preservar y recuperar los derechos amenazados, tal como lo es la solicitud, ante el juez de conocimiento, de la declaratoria de nulidad de todo lo actuado tras considerar que existi\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n, mecanismo que a la postre, es eficaz para subsanar la situaci\u00f3n alegada por la actora, pues de prosperar dar\u00eda dejar\u00eda sin efectos todo lo actuado el proceso en atenci\u00f3n a los yerros alegados, mecanismo que ya fue activado por la peticionaria y que a la fecha se encuentra pendiente de ser resuelto. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. Lo discurrido conlleva a la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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