STC7234-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7234-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02754-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Servicio de Apoyo Log\u00edstico SAS (SERALOG SAS) contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la justicia\u00bb, \u00abdoble instancia\u00bb y defensa, que dice conculcados por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 se declare \u00absin valor ni efecto el auto de\u2026 5 de diciembre de 2022\u00bb y, en consecuencia, se ordene a la sede judicial acusada \u00abdecidir el recurso de apelaci\u00f3n [que interpuso]\u2026 contra la sentencia del 20 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, reclam\u00f3 que se ordene al Tribunal convocado \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado desde el\u2026 21 de noviembre de 2022, fecha en que\u2026 [dej\u00f3] de tener una defensa material\u2026 en el proceso [criticado]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Miller Giovanni Bernal Jim\u00e9nez promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra SERALOG SAS, entidad que formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito y tach\u00f3 \u00abde falsedad el documento base de recaudo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 18 de mayo de 2022, se desestimaron todos los mecanismos defensivos que formul\u00f3 la ejecutada y se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la enjuiciada. <\/p>\n
2.3. La alzada fue admitida con auto del 29 de septiembre de 2022, en el que se precis\u00f3 que \u00ab[l]a oportunidad para que cada parte apelante sustente su particular recurso, so pena de declararlo desierto y luego para que las contrapartes remitan sus r\u00e9plicas, se surtir\u00e1 en la forma indicada en el art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022\u00bb. Vencido el referido plazo, mediante determinaci\u00f3n del 5 de diciembre siguiente, se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que, ante el a quo, \u00abradic\u00f3 los reparos que encontraba a la sentencia [de primera instancia], sustentando el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb; que \u00abel 21 de noviembre de 2022, [su] abogado\u2026 present[\u00f3] ante el Tribunal [criticado]\u2026 un memorial anunciando la renuncia de[l] poder otorgado\u00bb, documento que \u00abhace referencia a un proceso diferente\u00bb y, adem\u00e1s, el profesional del derecho \u00abno comunic[\u00f3] de dicha renuncia [al representante legal principal], sino a\u2026 Ricardo Guar\u00edn Parra, impidiendo que la sociedad conociera a tiempo de las decisiones\u00bb de la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el ad quem querellado declar\u00f3 desierta la alzada, fundado \u00aben una ligera interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022 y sin observar la sustentaci\u00f3n presentada\u00bb ante el fallador de primera instancia; y que dicha decisi\u00f3n se dict\u00f3 \u00aba sabiendas de que la parte\u2026 apelante no contaba con defensor [y] que la comunicaci\u00f3n de la renuncia no hab\u00eda sido comunicada a [su] representante legal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que ninguno de los estrados que conocieron del proceso \u00abse han pronunciado sobre la viabilidad de la renuncia presentada por [su] abogado\u00bb; y que \u00abconfiados en que la sociedad\u2026 aun contaba con una representaci\u00f3n judicial, en la medida que se hab\u00eda dado tr\u00e1mite a la renuncia presentada\u2026, hasta hace unos d\u00edas [tuvo] conocimiento de las decisiones que se han tomado por parte de la [sede] judicial [criticada]\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El abogado Roger Emilio Ortega Ar\u00e9valo, quien dijo fungir \u00aben nombre y presentaci\u00f3n (SIC) de Miller Giovanni Bernal Jim\u00e9nez\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en el presente asunto, pidi\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinados los reparos planteados en la demanda de tutela, de entrada, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3, el quejoso tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda frente al auto del 5 de diciembre de la cursante anualidad, que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 18 de mayo de 2022, mecanismo al que no acudi\u00f3, siendo ese el escenario en el cual debieron plantearse las quejas que se esgrimieron por v\u00eda constitucional, circunscritas a la sustentaci\u00f3n previa de la alzada ante el a quo y la supuesta falta de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Cabe a\u00f1adir que no son de recibo los argumentos que expuso la tutelante para justificar la prenotada incuria, en el sentido de expresar que, ante la renuncia de su apoderado judicial, s\u00f3lo conoci\u00f3 de las decisiones criticadas recientemente, toda vez que, como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Sala, \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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