STC7238-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7238-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00220-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 27 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos objeto de las quejas constitucionales. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3 entonces, se ordene al estrado querellado \u00abaplicar art.84 ley 472 de 1998 en esta acci\u00f3n popular hoy motivo de tutela\u00bb; asimismo, \u00abinaplicar art 121 CGP\u00bb, y que \u00abdemuestre y pruebe en derecho la carga laboral que dice tener\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo \u00abact\u00fa[en] en esta tutela y en la acci\u00f3n popular y [le] garanticen art. 29 CN\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para los presentes amparos constitucionales, en s\u00edntesis, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez instaur\u00f3 acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2022-00210) contra la Distribuidora Pague Menos1, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n
2.2. Critic\u00f3 el gestor del resguardo, en s\u00edntesis, la tardanza del estrado acusado en emitir sentencia en el juicio criticado, desconociendo los t\u00e9rminos improrrogables de las acciones populares, as\u00ed como el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, sumado a que, el 8 de mayo de 2023 prorrog\u00f3 competencia por 6 meses, en aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando tal norma \u00abno es aplicable\u2026 porque las acciones populares se hayan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, regulado en las disposiciones tra\u00eddas en la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos de tiempo perentorio para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
2.3. Pidi\u00f3 se le ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, act\u00faen en su acci\u00f3n popular y garanticen el debido proceso. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que cuenta con una carga excesiva no solo de acciones populares, constitucionales, sino de las dem\u00e1s demanda que ingresan a diario, \u00abtorn\u00e1ndose imposible en algunos casos emitir la sentencia en el t\u00e9rmino que establece el canon mencionado, adem\u00e1s debido a que en cada una de esas demandas, el actor popular presenta un sinn\u00fameros de solicites improcedentes, que lo \u00fanico que hacen es dilatar los tr\u00e1mites haciendo m\u00e1s gravosas la labor del despacho\u00bb; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; remiti\u00f3 link de acceso al expediente y relaci\u00f3n de acciones de tutelas repartidas a esa sede judicial. <\/p>\n
2. La Procuradora de Instrucci\u00f3n Regional Risaralda anot\u00f3 que respecto de la acci\u00f3n popular 2022-00210 no fue promovida por esa entidad, ni ha tenido participaci\u00f3n alguna en ella; que lo alegado es ajeno a esa Agencia del Ministerio P\u00fablico, pues su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a la defensa de los derechos e intereses colectivos, emitiendo el concepto de rigor, solicitando pruebas y participando en la audiencia de pacto de cumplimiento, sin que tenga facultad de tomar decisiones en el tr\u00e1mite judicial; que el accionante no ha presentado ninguna solicitud, queja o reclamo a fin con lo discutido en la presente salvaguarda. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de Pereira inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que, lo pretendido por el actor es ajeno a las funciones y competencia de esa autoridad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, por lo que no puede ser descalificada; destac\u00f3 que, respecto a demostrar la carga laboral, aquello fue resuelto con auto de 8 de junio de 2023, sin que contra esa decisi\u00f3n presentara alg\u00fan reparo. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998 es improcedente \u00abporque es un asunto que ata\u00f1e con asuntos disciplinarios que escapan de la \u00f3rbita de protecci\u00f3n del juez de tutela y (\u2026) debe[n] ser ventilad[os] por el actor, ante la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial competente\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que respecto a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda, la quejas se tornan inexistentes, habida cuenta que, no se acredit\u00f3 que se les hubiera elevado a esas autoridades lo que ac\u00e1 se les exige atender. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor insistiendo en la mora del estrado encausado para emitir decisi\u00f3n, destacando que, el fallador \u00abpreten[de] aplicar art. 121 cgp, para dilatar el t\u00e9rmino perentorio de tiempo ordenado en la ley 472 de 1998, es contrario a dicha ley, pues no se acompasa con la arquitectura propia de dichas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador en la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, la cual no puede desconocer el juez\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 \u00abse [le] informe en derecho que acci\u00f3n legal deb[e] presentar para deshacerse de la renuente acci\u00f3n popular, pues [se] cans[\u00f3] en derecho de perder [su] tiempo, vida, dinero, salud mental, entre otras\u2026 siempre responden lo mismo, como si la mora judicial y la renuencia del juzgado en cumplir t\u00e9rmino de tiempo que ordena la ley 472 de 1998, siempre incumplidos fuera [su] causa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n formulada, esto es, exclusivamente contra el estrado judicial encausado, se verifica que la queja del actor se ci\u00f1e a que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira no ha dictado sentencia que dirimiera el asunto censurado, sumado al hecho que prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para resolver, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que el resguardo no est\u00e1 llamado a prosperar, pues, al margen de la pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino, lo cierto es que ello resulta intrascendente, en la medida en que el 13 de julio de 2023 se profiri\u00f3 la correspondiente sentencia, por lo que actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del gestor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del accionante, por lo que carece de objeto impartir una orden. <\/p>\n
Respecto al hecho superado, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. Finalmente, en lo tocante con la solicitud planteada por el impugnante, en cuanto a que se le indique de que manera debe desistir de la acci\u00f3n popular, tras la supuesta mora judicial, basta con decir que no debe darse tr\u00e1mite a tal pedimento a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues como qued\u00f3 visto ya se emiti\u00f3 sentencia de primera instancia, sumado a que la acci\u00f3n supralegal no es de car\u00e1cter consultivo, ni esta Corporaci\u00f3n tiene competencia para efectuarlos. <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones expuestas en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sede de la Calle 17 n\u00b0 8-62 centro de Pereira. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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