STC7239-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7239-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01376-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 28 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Mauricio Mar\u00edn Guaquet\u00e1, quien aduce actuar como Agente Especial Designado de Makrovivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, a trav\u00e9s del Agente Especial Designado por la Municipalidad de Fusagasug\u00e1, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Superintendencia de Sociedades \u00abdar pronunciamiento completo, de fondo y preciso a prop\u00f3sito de la sentencia dentro del proceso RAD. 11001-03-06-000-2022-00034-00 y del traslado remitido por parte de la secretar\u00eda del H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Makrovivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S. present\u00f3 solicitud de reorganizaci\u00f3n empresarial, no obstante, el 31 de agosto de 2021 la Superintendencia de Sociedades declar\u00f3 su falta de competencia, ordenando remitir las diligencias a la Alcald\u00eda de Fusagasug\u00e1, decisi\u00f3n que rehus\u00f3 en ente territorial; ante tal situaci\u00f3n, la sociedad solicit\u00f3 conflicto de competencia administrativo, por lo que, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, bajo el radicado n\u00b0 2022-00034-00, el 4 de mayo de 2022 declar\u00f3 \u00abcompetente al municipio de Fusagasug\u00e1\u2026 para resolver de fondo sobre la solicitud elevada por Makrovivienda\u2026\u00bb, ordenando remitir el expediente a esa autoridad, con el fin de continuar con la actuaci\u00f3n administrativa; esto, por cuanto al no existir licencia de construcci\u00f3n, conforme las leyes 388 de 1997 y 136 de 1994 la competencia para la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de las actividades de construcci\u00f3n y enajenaci\u00f3n de inmuebles es de los concejos municipales; igualmente, precis\u00f3 que, de ser necesario, se inicie las investigaciones pertinentes por presunto desarrollo de actividades de captaci\u00f3n ilegal de recurso. El 22 de julio de 2022 la referida Alcald\u00eda nombr\u00f3 a Andr\u00e9s Mauricio Mar\u00edn Guaquet\u00e1 como Agente Especial. <\/p>\n
2.2. Luego, el 29 de noviembre de 2022 la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 la intervenci\u00f3n, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Makrovivienda Constructora Inmobiliaria S.A. y de Jorge Pe\u00f1a Pi\u00f1eros, en su condici\u00f3n de representante legal y persona natural comerciante, pues conforme a la investigaci\u00f3n realizada, tales sujetos pueden estar desarrollando actividades de captaci\u00f3n masiva de dineros, al tiempo que, design\u00f3 a Emilgen Gil Barbosa como interventora. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 el promotor que, ante tal situaci\u00f3n, radic\u00f3 ante el Consejo de Estado solicitud de informaci\u00f3n sobre el conflicto de competencia administrativo; que con oficio de 23 de enero de 2023 dicha autoridad judicial le indic\u00f3 que el 4 de mayo anterior declar\u00f3 que el competente era el municipio de Fusagasug\u00e1, decisi\u00f3n que enter\u00f3 el d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o; \u00abno obstante, en procura de garantizar la celeridad y la buena marcha de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, la Sala remitir\u00e1 por medio de la Secretar\u00eda, copia de esta respuesta y de la Decisi\u00f3n del 4 de mayo de 2022, a la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, que pese a que el 23 de enero de 2023 el Consejo de Estado realiz\u00f3 traslado de la providencia que resolvi\u00f3 el conflicto de competencia administrativo, la Superintendencia de Sociedades no se ha pronunciado al respecto, quebrantando su garant\u00eda a la petici\u00f3n y al debido proceso, pues los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015 est\u00e1 superados. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que \u00abpese a que se realiz\u00f3 el debido traslado de la providencia proferida por el H. Consejo de Estado a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, esta NO se ha pronunciado al respecto, desconociendo no solo el fallo dentro del proceso radicado con el n\u00famero 11001-03-06-000-2022-00034-00, sino tambi\u00e9n el traslado de la decisi\u00f3n realizado en el marco de la consulta realizada por [\u00e9l] en su calidad de Agente especial\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por inexistencia de vulneraci\u00f3n, pues contrario a la indicado por el promotor, con auto 910-000136 (2023-01-008219) de 11 de enero de 2023, notificado por estado del d\u00eda siguiente, se pronuncio sobre lo decidido por el Consejo de Estado, donde precis\u00f3 que, contrario a la indicado por el actor, no ha desconocido lo resuelto en el conflicto de competencia, pues se trata de dos asuntos diferentes, de un lado, la solicitud de reorganizaci\u00f3n empresarial ante la Alcald\u00eda de Fusagasug\u00e1 y, por otra parte, el de intervenci\u00f3n judicial bajo la medida de toma de posesi\u00f3n que conoce la Superintendencia, \u00faltimo que se apertur\u00f3 conforme la investigaci\u00f3n que dispuso el Consejo de Estado; que contra esa decisi\u00f3n el 30 de enero de 2023 el actor inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el que rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo el 22 de marzo siguiente, prove\u00eddo frente al cual tambi\u00e9n inco\u00f3 remedio horizontal, empero, el 11 de abril de los corrientes rechaz\u00f3 por improcedente; destac\u00f3 que no hay lugar a emitir ning\u00fan pronunciamiento frente al oficio de 23 de enero de 2023 con el que el Consejo de Estado da respuesta a la solicitud del actor, toda vez que, all\u00ed se limita a dar contestaci\u00f3n al promotor, sin que emita alguna orden, requerimiento o solicitud a esa entidad; remiti\u00f3 copia de las decisiones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Fusagasug\u00e1 se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por no ser la autoridad competente para resolver las pretensiones constitucionales; anot\u00f3 que, las peticiones incoadas fueron resueltas por la Superintendencia de Sociedades con auto de 11 de enero de 2023, por lo que se configura una carencia actual de objeto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo rogado al considerar que el pronunciamiento que echa de menos la accionante, ya se efectu\u00f3 con auto de 11 de enero de 2023, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo, pues si bien el promotor formul\u00f3 reposici\u00f3n, el mismo se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, al margen de lo anterior, la decisi\u00f3n de 11 de enero de 2023 no luce arbitrario, ni desconocedor de lo decidido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al desatar el conflicto de competencia, en la medida en que all\u00ed, en el numeral 6\u00b0 orden\u00f3 a las autoridades competentes establecer si se hab\u00edan configurado hechos de captaci\u00f3n, competencia que es de la Superintendencia de Sociedades para decretar la intervenci\u00f3n judicial; asimismo, destac\u00f3 que se trata de dos procesos distintos, con supuestos normativos diferentes, uno es el proceso de reorganizaci\u00f3n y otro el de intervenci\u00f3n judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora manifestando que su queja tutelar consiste en la falta de respuesta efectiva por parte de la Superintendencia de Sociedades, del traslado realizado por parte del Consejo de Estado con el oficio fechado el 23 de enero de 2023, pues el t\u00e9rmino dispuesto en el art\u00edculo 14 de la ley 1755 de 2015 est\u00e1 fenecido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, el promotor se duele, en s\u00edntesis, que la Superintendencia, a su parecer, no se ha pronunciado sobre la decisi\u00f3n emitida el 4 de mayo de 2022 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, determinaci\u00f3n de la que, reiteradamente se dio traslado el 23 de enero de 2023 por la autoridad judicial; situaci\u00f3n que, en su sentir, super\u00f3 los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 de la ley 1755 de 2015, por lo que su garant\u00eda enunciada est\u00e1 quebrantada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta supralegal, la presente solicitud de protecci\u00f3n resulta inviable, por cuanto de los documentos obrantes en el expediente se desprende que la Superintendencia de Sociedades, el 11 de enero de 2023 (antes de la formulaci\u00f3n de esta petici\u00f3n de amparo), se pronunci\u00f3 al respecto, resolviendo diversas solicitudes, entre ellas del actor, donde precis\u00f3 que el conocimiento que atiende refiere a la intervenci\u00f3n judicial de Makrovivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., misma que se adelant\u00f3 por cuenta de la investigaci\u00f3n dispuesta por el Consejo de Estado ante una presunta captaci\u00f3n ilegal de dinero, sin desconocer lo dispuesto por esa autoridad judicial. <\/p>\n
Ciertamente, el pronunciamiento que echa de menos el promotor, como qued\u00f3 visto, se emiti\u00f3 con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, relievando que, el oficio del 23 de enero de 2023 fue una reiteraci\u00f3n del Consejo de Estado con el que, en procura de una buena marcha de la Administraci\u00f3n remiti\u00f3 nuevamente copia de la decisi\u00f3n de 4 de mayo de 2022, sin que all\u00ed hubiese dispuesto \u00f3rdenes adicionales o concretas de las ya indicadas en el referido auto que resolvi\u00f3 el conflicto de competencia administrativo. <\/p>\n
Y es que, de la decisi\u00f3n de 11 de enero de 2023, el promotor ten\u00eda conocimiento, al punto que intent\u00f3 incoar de manera extempor\u00e1nea recursos en su contra, de donde, se concluye, la carencia de objeto ya referida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, toda vez que para cuando interpuso este ruego la Superintendencia ya hab\u00eda emitido pronunciamiento del auto de 4 de mayo de 2022, reiterado el 23 de enero de 2023, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que ello se produzca, pues, se itera, ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe…, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026[,] la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01; y STC13216-2018, 11 oct., rad. 2018-00200-01) (STC14493-2019, 24 oct., rad. 2019-03350-00). <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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