STC7240-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7240-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00328-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 27 de junio de 2023, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Josu\u00e9 Medina Tangarife contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del juicio objeto de queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, al no dar respuesta oportuna a la solicitud incoada. <\/p>\n
2. El promotor sustent\u00f3 la queja constitucional, en s\u00edntesis, en el a\u00f1o 2006 fue demandado en juicio ejecutivo de alimentos por Luz Amparo Cardona, donde le embargaron un predio de su propiedad. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que hace m\u00e1s de 17 a\u00f1os el proceso no tiene movimiento, raz\u00f3n por la que, desde el 11 de agosto de 2021 viene radicando solicitudes de terminaci\u00f3n el proceso por desistimiento t\u00e1cito, conforme al art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal Civil y su consecuente levantamiento de cautelas, sin que a la fecha le hayan dado respuesta, desconociendo los t\u00e9rminos legales y constitucionales. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla inform\u00f3 que conoci\u00f3 del juicio ejecutivo referido; que tras hacer una b\u00fasqueda exhaustiva encontraron el expediente, observando que en audiencia adelantada en el a\u00f1o 2006 el proceso se termin\u00f3 por conciliaci\u00f3n, donde se orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre un bien embargado; que con prove\u00eddo de 15 de junio de 2023 no acceder\u00e1 a la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, en la medida en que, insiste, el proceso est\u00e1 terminado desde el a\u00f1o 2006, sin que est\u00e9 pendiente levantar cautelas, pues en ese entonces se libr\u00f3 y retir\u00f3 el respectivo oficio; por lo anterior, pidi\u00f3 negar la salvaguarda por hecho superado, destacando que, el despacho cuenta con un alto volumen de trabajo, haciendo lo posible para tramitar los expedientes dentro de los t\u00e9rminos establecidos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional tutel\u00f3 el derecho de petici\u00f3n del actor, al considerar que la autoridad accionada si bien indic\u00f3 en el decurso de la salvaguarda que con prove\u00eddo de 15 de junio de 2023 proced\u00eda a resolver las solicitudes del accionante, lo cierto es que de ello no alleg\u00f3 soporte, ni puso el conocimiento del Tribunal tal situaci\u00f3n, de donde el quebranto contin\u00faa latente, raz\u00f3n por lo que dispuso: <\/p>\n
\u2026ordenar al Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Barranquilla, que haga todos los tr\u00e1mites administrativos a su alcance, considerando que manifiesta haber localizado el expediente, que en el t\u00e9rmino de\u2026 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, se elaboren y actualicen los oficios de desembargo, conforme a el auto que termin\u00f3 el proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El titular del estrado judicial querellado opugn\u00f3 el fallo pretendiendo su revocatoria, comoquiera que, con auto de 15 de junio de 2023, notificado por estado del d\u00eda siguiente, indic\u00f3 que el proceso ejecutivo en cuesti\u00f3n termin\u00f3 por acuerdo entre las partes desde el a\u00f1o 2006, con el correspondiente levantamiento de medidas cautelares, incluso, inform\u00f3 \u00abcual fue el oficio entregado por es[e] despacho judicial para ese cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que atendi\u00f3 los memoriales del promotor, los que algunos iban apoyados por abogados, \u00abpor lo que era consciente de que el proceso ya hab\u00eda terminado y si en su momento no presentaron el oficio que les fue entregado a una de las partes para el levantamiento de la medida cautelar de embargo existente, solo era solicitar su actualizaci\u00f3n ante el despacho, no la terminaci\u00f3n del proceso a trav\u00e9s del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho de petici\u00f3n no es procedente en las actuaciones judiciales para el cumplimiento del debido proceso, relievando que, \u00abest\u00e1n otros mecanismos a los que pueden acudir las partes como lo es la vigilancia administrativa establecida por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un mecanismo jur\u00eddico creado para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al aspecto materia de impugnaci\u00f3n relativo a que el Juzgado accionado con auto de 15 de junio de 2023, notificado el d\u00eda inmediatamente siguiente, atendi\u00f3 las solicitudes de terminaci\u00f3n de proceso por desistimiento t\u00e1cito elevadas por Josu\u00e9 Medina Tangarife, adem\u00e1s, porque el derecho de petici\u00f3n es improcedente en aras de pretender un pronunciamiento judicial; se advierte que el fallo de primer grado debe ser revocado en orden a negar la protecci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n, de conformidad con lo siguiente: <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las peticiones del promotor no est\u00e1n encaminadas a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo del Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n actual respecto al debido proceso; ciertamente, examinadas las presentes diligencias, se observa que el estrado judicial acusado, con auto de 15 de junio de 2023, notificado por estado electr\u00f3nico el 16 de junio siguiente, atendi\u00f3 las solicitudes del promotor, decidiendo en cuanto a la solicitud del terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito que \u00abNO ACCEDERA\u2026 por cuanto se observa que desde el d\u00eda 06 de diciembre de 2006 estando en audiencia las partes llegaron a una conciliaci\u00f3n para el pago de lo adeudado y se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban en contra de JOSU\u00c9 MEDINA TANGARIFE. Lo anterior, cumplido con oficio No. 1142 de 11 de diciembre de 2006. Que de lo revisado en el expediente no se observa la existencia de ninguna otra medida cautelar de embargo en contra del demandado o de proceso a continuaci\u00f3n por cuanto el documento que sirvi\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo fue realizado ante la fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n\u00bb; determinaci\u00f3n que si bien no fue informada en tiempo al a quo constitucional, lo cierto es que tal prove\u00eddo se emiti\u00f3 en el curso de la salvaguarda, y con anterioridad al fallo impugnado. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que la supuesta vulneraci\u00f3n fue superada en el decurso de esta tutela, con el auto anteriormente referido, esto, al verificar que la autoridad acusada, efectivamente, tramit\u00f3 las solicitudes del promotor y que aquella fue debidamente notificada. <\/p>\n
Entonces, como la mora censurada fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u201d. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, revocar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
4.1. No obstante lo anterior, si bien el art\u00edculo 7 \u00b0 del Decreto 306 de 1992 dispone que \u00abcuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo\u00bb, lo cierto es que, para el caso concreto, de forma ultraexcepcional y de manera restrictiva para \u00e9ste asunto de mora judicial, en pro de los principios de celeridad, econom\u00eda procesal, as\u00ed por la condici\u00f3n especial de promotor (adulto mayor con padecimiento m\u00e9dicos) y por cuanto la finalidad de la petici\u00f3n de amparo fue satisfactoria, se dispone que la decisi\u00f3n ac\u00e1 adoptada no afectar\u00e1 la determinaci\u00f3n emitida el 30 de junio de 2023 y las que de ella deriven, esto es, la elaboraci\u00f3n y env\u00edo del oficio n\u00b0 297D de 3 de julio de 2023, dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos informando el desembargo del inmueble, por lo que dicha actuaci\u00f3n se mantiene. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado para, en su lugar, negar la protecci\u00f3n rogada, con la excepci\u00f3n atr\u00e1s expuesta, esto es, mantener la determinaci\u00f3n adoptada el 30 de junio de 2023 y las que de ella se deriven, conforme lo all\u00ed considerado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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