STC7242-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC7242-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01035-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00ba de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Edith Garc\u00eda Mart\u00ednez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad y, citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2017-00551. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital, vida digna, debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en los t\u00e9rminos de la Ley 797 de 2003, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hija Olga Patricia Polan\u00eda Garc\u00eda ocurrido el 30 de enero de 2017, as\u00ed como el pago de los intereses moratorios e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva en sentencia de 12 de julio de 2018 conden\u00f3 a la demandada a pagarle la prestaci\u00f3n reclamada en un 100% a partir del 30 de enero de 2017 en 13 mesadas, junto con los intereses moratorios desde el 23 de abril de 2017 hasta el momento de su pago, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva el 17 de julio de 2020. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que inconforme, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL4206-2022 de 5 de diciembre de 2022 dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado a quo, para en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra. <\/p>\n
Sostuvo que la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto, porque al analizar de fondo el cargo segundo pas\u00f3 por alto las causales o motivos de procedencia del recurso extraordinario establecidos en la norma y la jurisprudencia, puesto que, tal y como lo expuso en la r\u00e9plica a la demanda de casaci\u00f3n, existieron grandes falencias en la formulaci\u00f3n de ese cargo, en tanto que la sociedad recurrente no dio cumplimiento al requisito del literal b) del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. <\/p>\n
Igualmente, sostuvo que incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al proferir la sentencia de instancia sin valorar las pruebas en su integridad, pues pese a concluir que el Tribunal Superior err\u00f3 en su decisi\u00f3n al otorgar autom\u00e1ticamente la pensi\u00f3n sin ocuparse de verificar la relevancia del aporte econ\u00f3mico de su hija para establecer la dependencia estipulada en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, tampoco realiz\u00f3 dicho an\u00e1lisis de acuerdo al material probatorio obrante en el proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia SL4206-2022 para que, en su lugar, se confirme la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva. De manera subsidiaria, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n accionada proferir una nueva sentencia, en la que se tengan en cuenta los lineamientos expuestos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 negar el amparo reclamado, argumentando que, si bien los dos primeros cargos planteados por la sociedad recurrente presentaban deficiencias formales, -las cuales se pusieron de presente en el fallo-, las mismas no daban \u00abal traste con su conjunto, pues de este se desprende un conflicto jur\u00eddico bien definido, relativo con la intelecci\u00f3n dada por el juez de la apelaci\u00f3n al requisito de la dependencia econ\u00f3mica, la cual no se atuvo a los lineamientos legales y jurisprudenciales\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en atenci\u00f3n a que los defectos t\u00e9cnicos que presentaba el recurso no eran de tal entidad como para desestimar en su totalidad los cargos, asumi\u00f3 el examen del asunto desde lo jur\u00eddico, porque del conjunto de la acusaci\u00f3n, ciertamente se desprend\u00eda un conflicto bien definido, relativo con la interpretaci\u00f3n que le dio el Tribunal Superior al requisito de la dependencia econ\u00f3mica, la cual no se atuvo a los lineamientos legales y jurisprudenciales. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 la sentencia SU 143-2020, para aclarar los cuestionamientos planteados por la actora frente a la flexibilizaci\u00f3n de la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva manifest\u00f3 atenerse a los resuelto por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El apoderado que represent\u00f3 a Porvenir SA., en el proceso cuestionado, se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos por la actora y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que de las pruebas obrantes en el expediente se constat\u00f3 que la accionante es pensionada, que habita en casa de su propiedad y, que, junto con la causante, tambi\u00e9n resid\u00eda una hermana y una sobrina, constituyendo, el aporte efectuado por la misma, una colaboraci\u00f3n con los gastos del hogar materno, de manera que, lo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n accionada se encuentra ajustada a derecho. <\/p>\n
4. La abogada de acciones constitucionales de Porvenir SA, advirti\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva porque la entidad llamada a responder la acci\u00f3n es la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, adem\u00e1s, se\u00f1la\u00f3 que no ha incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de los derechos fundamentales invocados por la accionante, sumado a que no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo al considerar que la argumentaci\u00f3n expuesta por la parte actora era insuficiente para controvertir la sentencia de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, puesto que no se presentaron motivos que dieran cuenta de la posible configuraci\u00f3n de alg\u00fan defecto o causal espec\u00edfica de procedibilidad y, se hicieron se\u00f1alamientos que desconocen lo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, lo discutido en el proceso y lo que obra en el expediente. <\/p>\n
Asimismo, advirti\u00f3 que la autoridad accionada resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, justificada en las pruebas obrantes en el proceso y en la normativa que rige la materia, a partir de lo cual determin\u00f3 que no se demostr\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica de la interesada, requisito para obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes que reclam\u00f3 en el proceso ordinario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, adujo que el juez constitucional de primer grado present\u00f3 fallos sustanciales en la motivaci\u00f3n de su decisi\u00f3n como la falta de an\u00e1lisis formal y material de las pruebas allegadas teniendo en cuenta la tesis planteada por esta misma Corporaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s, que si hubiera sido cabal en el estudio del caso, habr\u00eda evidenciado que la decisi\u00f3n cuestionada no fue rigurosa y estricta, pues analiz\u00f3 cargos que resultaban improcedentes por su mala formulaci\u00f3n y, no analiz\u00f3 en debida forma los interrogatorios y testimonios obrantes en el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Edith Garc\u00eda Mart\u00ednez cuestiona la sentencia SL4206-2022, proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 5 de diciembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva que le hab\u00eda otorgado el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hija, en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA. <\/p>\n
3. Analizados los fundamentos de la inconformidad de la reclamante, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 En efecto, la Sala accionada al estudiar los cargos formulados por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA., manifest\u00f3 que la primera acusaci\u00f3n era formalmente deficiente, porque, pese a estar planteada por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma, controvert\u00eda era que el Tribunal Superior de Neiva hubiera tenido por demostrada la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica de la demandante respecto de su hija fallecida, lo cual desconoci\u00f3 el ad quem, que esa dependencia no exist\u00eda, ya que Mar\u00eda Edith Garc\u00eda Mart\u00ednez es pensionada y vive en casa propia. Enseguida, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Inveteradamente la Corte ha insistido, incluso a la misma recurrente, que cuando la acusaci\u00f3n de ilegalidad del segundo prove\u00eddo se denuncia por la v\u00eda directa o jur\u00eddica, la alegaci\u00f3n de soporte debe prescindir de formular debate sobre los hechos y las pruebas, pues optar por tal camino significa estar de acuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria del segundo juzgador, as\u00ed como con las conclusiones f\u00e1cticas que de esa actividad obtuvo y que, por tanto, si desea apartarse de estas, debe encauzar su disentimiento por la senda de los hechos y las pruebas, esto, es la indirecta. <\/p>\n
Como tambi\u00e9n ha precisado que unir en un solo ataque, como el que se examina, cuestionamientos jur\u00eddicos con otros concernientes con los hechos y las probanzas, tampoco es atendible, en vista que, como se desprende lo que acaba de explicarse, cada ruta de la causal primera de casaci\u00f3n, para anular una sentencia como la objetada, es independiente y amerita remitirse a ella, pero en ataques separados. <\/p>\n
Por ello se equivoca la acusaci\u00f3n inicial cuando, a la par de alegar sobre lo que debe entenderse, desde el puro derecho, como dependencia econ\u00f3mica, tambi\u00e9n lo hace desde las pruebas para asentar que estas no la acreditan, por las razones que expone\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la segunda acusaci\u00f3n, indic\u00f3 que la sociedad recurrente no cumpli\u00f3 con la carga m\u00ednima de individualizar y plantear i) la ocurrencia de defectos f\u00e1cticos en la decisi\u00f3n cuestionada y, ii) si los mismos fueron consecuencia de \u00abla falta o defectuosa valoraci\u00f3n\u00bb de los medios de prueba a que se refiere, de conformidad con lo plasmado, entre otras, en la sentencia CSJ SL2610-2020, con referencia en las CSJ SL544-2013 y CSJ SL038-2018. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en la demostraci\u00f3n del cargo se criticaban conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal Superior, en relaci\u00f3n con la dependencia econ\u00f3mica de la demandante respecto de su hija fallecida, sin embargo, no se decantaron los yerros f\u00e1cticos en los que pudo haber incurrido en ese elemento del debate, sino que reproch\u00f3 de manera general que tuviera por acreditado el cumplimiento de ese requisito. Con todo, consider\u00f3 que esas deficiencias formales no daban al traste en su conjunto, pues del mismo se desprend\u00eda un conflicto jur\u00eddico bien definido, relativo con la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal Superior al requisito de la dependencia econ\u00f3mica, la cual no se ajust\u00f3 a los lineamientos legales ni jurisprudenciales, y, expuso, <\/p>\n
(\u2026) Sin embargo, conforme lo denunci\u00f3 la acusaci\u00f3n, deriv\u00f3 autom\u00e1ticamente aquella sujeci\u00f3n patrimonial de la madre demandante en relaci\u00f3n a la afiliada fallecida, tras conocer que \u00e9sta aportaba al sostenimiento de los gastos del hogar, pasando por alto que si bien ese auxilio, como se anot\u00f3 en la sentencia CC C111-2006, no tiene que ser total o absoluto, si requiere que sea de tal entidad, que subordine financieramente a la pretensa beneficiaria de la pensi\u00f3n y que para gozar de dicha calificaci\u00f3n, precisa que se analice, como no lo hizo la segunda instancia, la entidad o importancia del subsidio suministrado. <\/p>\n
Efectivamente, en aquella providencia, sobre el concepto de dependencia econ\u00f3mica, se consider\u00f3: <\/p>\n
(…) la jurisprudencia ha sostenido que el concepto \u201cdependencia econ\u00f3mica\u201d como soporte fundamental para proceder al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es distinto a la simple colaboraci\u00f3n, ayuda o contribuci\u00f3n que los hijos pueden otorgar a sus padres, pues la correcta teleolog\u00eda de dicho concepto, a partir de su significado natural y obvio, supone \u201cla necesidad de una persona del auxilio o protecci\u00f3n de otra\u201d. De suerte que, en este orden de ideas, el beneficiario de dicha prestaci\u00f3n tiene que encontrarse subordinado o supeditado de manera cabal al ingreso que le brindaba el causante para salvaguardar sus condiciones m\u00ednimas de subsistencia\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Sostuvo que la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n ha destacado que, aun cuando no existen medidas definitivas para examinar el presupuesto de dependencia econ\u00f3mica, si es imprescindible establecer la significancia del auxilio, al punto que en la sentencia SL1469-2021, explic\u00f3 que \u00abPara el legislador lo [trascendental] es la prueba de que el hijo prove\u00eda en un porcentaje m\u00e1s o menos importante para el sostenimiento de sus padres\u00bb y en la CSJ SL1218-2021, que \u00ab[…] basta con demostrar la relevancia del aporte en el escenario de la sostenibilidad econ\u00f3mica del grupo familiar para ser merecedores del derecho\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que al tenor de lo expuesto tambi\u00e9n en las sentencias SL18517-2017, SL1243-2019, SL704-2021, SL1220-2021 y SL3573-2021, no es cualquier estipendio o ayuda que se otorgue a los progenitores, la que tiene la virtud de configurar la dependencia econ\u00f3mica que se exige para adquirir la condici\u00f3n de beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, sino aquella que es relevante, esencial y preponderante para el m\u00ednimo sostenimiento de la demandante. <\/p>\n
Luego de hacer un amplio an\u00e1lisis de lo se\u00f1alado en la jurisprudencia respecto al tema en estudio, determin\u00f3 que el Tribunal Superior de Neiva err\u00f3 al asegurar que la demandante demostr\u00f3 haber dependido econ\u00f3micamente de su hija fallecida, porque ella misma, al absolver el interrogatorio de parte as\u00ed lo dijo, como los testigos, en cuanto dijeron que la causante \u00ab(…) procuraba junto con la progenitora, el sostenimiento del hogar, pues los ingresos que esta aportaba constitu\u00edan una fuente fundamental para abastecer la alimentaci\u00f3n, el vestuario y los servicios p\u00fablicos del hogar que conformaba con su madre, hermana y sobrina (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Razonamiento en el que el Tribunal no repar\u00f3 en: i) que solo despu\u00e9s de demostrado el aporte significativo de la causante a su madre, puede invertirse la carga de la prueba; ii) que para lo primero ten\u00eda que analizar si lo que \u00ababastec\u00eda\u00bb, seg\u00fan los medios de convicci\u00f3n, cuantitativa o cualitativamente, permit\u00eda deducir la supeditaci\u00f3n monetaria y, iii) que los conceptos que sufragaba la afiliada deb\u00edan hacer alusi\u00f3n al cubrimiento de las necesidades de su se\u00f1ora madre, que le permitieran subsistir dignamente. <\/p>\n
N\u00f3tese, que en la decisi\u00f3n cuestionada no hay ninguna referencia al monto del aporte de la hija a su progenitora, ni siquiera una que permita calificarlo como determinante, por lo cual no se logra advertir que la segunda instancia hubiere establecido, como le correspond\u00eda para decidir, la magnitud de la ayuda monetaria de la causante a su ascendiente; mucho menos se hace an\u00e1lisis alguno respecto de dicha significancia a pesar de que qued\u00f3 demostrado e indiscutido que aquella percib\u00eda una pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge \u2013padre de la afiliada fallecida, lo cual hac\u00eda m\u00e1s exigente el examen de la situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica colocada bajo su escrutinio\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo que, el Tribunal Superior otorg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes autom\u00e1ticamente, solo a partir de la lamentable muerte de la afiliada, con la sola referencia de que ayudaba a su progenitora en el sostenimiento del hogar, pero sin ocuparse, en verificar su significancia, para as\u00ed, poder deducir con acierto el sometimiento econ\u00f3mico que exige el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 que el Tribunal Superior de Neiva incurri\u00f3 en la err\u00f3nea intelecci\u00f3n de la norma que regulaba el asunto, argumento suficiente para quebrar la decisi\u00f3n de segunda instancia en su integridad, por lo que se abstuvo de analizar el tercer cargo, el cual era subsidiario de los dos primeros y revolvi\u00f3 casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
3.2 En sede de instancia, refiri\u00f3 que para conceder el derecho pensional reclamado el juez de primer grado argument\u00f3 que, ante la afirmaci\u00f3n indefinida de depender econ\u00f3micamente de su hija fallecida, no era el extremo activo de la litis al que le correspond\u00eda demostrar esa sujeci\u00f3n material, conforme al art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, porque la misma implicaba la carencia de bienes propios para subsistir por s\u00ed misma, de modo que era Porvenir SA, la que deb\u00eda acreditar los bienes y rentas suficientes para la subsistencia de la demandante, carga con la cual no cumpli\u00f3, y, agreg\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Consider\u00f3 [el juez de primera instancia] que la declaraci\u00f3n extraprocesal, rendida por la propia solicitante, daba cuenta de su subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica, documento que no fue tachado, ni solicitada su ratificaci\u00f3n; que tanto el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, como los testigos, insistieron en lo dicho en la declaraci\u00f3n ante notario; que se demostr\u00f3 que la casa donde habitaba la actora era propia, pero no produc\u00eda renta como para que tuviera dinero para su vestuario o alimentaci\u00f3n; que de ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n emerg\u00eda que poseyera bienes para su subsistencia diferentes a la mesada pensional por sobrevivencia que percib\u00eda y, que se prob\u00f3 que la fallecida aportaba con la compra de mercado, servicios p\u00fablicos y vestuario. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la AFP apel\u00f3 argumentando que s\u00ed aport\u00f3 pruebas para desvirtuar la supuesta dependencia, a saber, la investigaci\u00f3n efectuada por Le\u00f3n y Asociados, que no fue objetada, de la que se desprendi\u00f3 que la colaboraci\u00f3n que daba la se\u00f1ora Olga Patricia Polan\u00eda Garc\u00eda era la de un buen hijo de familia; que se demostr\u00f3 que la promotora de la acci\u00f3n ten\u00eda casa propia, estaba pensionada y trabajaba independiente en ventas. <\/p>\n
Para desatar la alzada, son suficientes los argumentos expuestos en sede de casaci\u00f3n. A ellos se remite la Sala, con la precisi\u00f3n de que la prueba testimonial a la que se refiri\u00f3 el juzgado no es fehacientemente demostrativa de la significancia del aporte de la causante respecto de la progenitora\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, determin\u00f3 que deb\u00eda revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva el 12 de julio de 2018. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, considera la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico alegados por Mar\u00eda Edith Garc\u00eda Mart\u00ednez y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas, la jurisprudencia de la Sala permanente que rige la materia, as\u00ed como lo decantado por la Corte Constitucional respecto a la flexibilizaci\u00f3n de la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n en materia laboral -SU143-2022-, determinando que, si bien existieron algunas deficiencias formales en los cargos formulados, de las mismas se desprend\u00eda un conflicto jur\u00eddico bien definido relativo a la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal Superior de Neiva, al requisito de la dependencia econ\u00f3mica, circunstancia que no se ajust\u00f3 a los lineamientos legales y jurisprudenciales. <\/p>\n
Por tanto, al efectuar el an\u00e1lisis del caso desde lo jur\u00eddico, encontr\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el canon 13 de la Ley 797 de 2003, al conceder la pensi\u00f3n de sobrevivientes autom\u00e1ticamente, a partir del fallecimiento de la afiliada, con la sola referencia de que ayudaba a la madre en el sostenimiento del hogar, sin ocuparse de verificar su relevancia para deducir con certeza la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica que exige la referida norma. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las discrepancias exteriorizadas por la se\u00f1ora Mar\u00eda Edith Garc\u00eda Mart\u00ednez a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
6. Ahora, ante la expectativa de la actora para que en esta sede de efect\u00fae una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas en el proceso laboral cuestionado o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, debe se\u00f1alarse que el juez de tutela, no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos probatorios, y, que, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021 y STC2622-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
7. Resta indicar que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7242-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ STC7242-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01035-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74952","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74952"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74952\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}