STC7244-2023 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7244-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00321-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 21 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Judy Esther Pe\u00f1aloza Garc\u00eda, Arnulfo Berrio G\u00f3mez y Oscar Javier Uribe Pineda, contra la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y Pizano SA en Liquidaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron citados Rodrigo de Jes\u00fas Tamayo Cifuentes, Billy escobar P\u00e9rez, V\u00edctor Adolfo Tamara Corena, y dem\u00e1s intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamentales al debido proceso, presuntamente vulnerado por los accionados. <\/p>\n
Manifestaron que, la Superintendencia de Sociedades mediante auto de 13 de febrero de 2018 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n a la sociedad Pizano SA, oportunidad en la que se nombr\u00f3 liquidador, y por virtud del art\u00edculo 50 de la Ley 1116 de 2006 todos los contratos de trabajo fueron terminados, con excepci\u00f3n de los que tuvieran alguna protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Refirieron que, en el tr\u00e1mite se desconoci\u00f3 lo previsto en los art\u00edculos 4 y 57 de la nombrada Ley, puesto que el liquidador tiene un t\u00e9rmino legal para presentar el acuerdo de adjudicaci\u00f3n a que hayan llegado los acreedores, lo que fue ignorado porque de forma unilateral present\u00f3 un proyecto de adjudicaci\u00f3n que solo se pudo conocer previa exigencia, lo que condujo a que sus acreencias no aparecieran incluidas, los que les caus\u00f3 un perjuicio considerable. <\/p>\n
Sostuvieron que, de manera oportuna presentaron objeci\u00f3n al auto de 7 de diciembre de 2022, mediante el cual se aprob\u00f3 el acuerdo de adjudicaci\u00f3n presentado por el liquidador, que fue negada en providencia de 12 de mayo de 2023, que se aparta de toda realidad, porque conforme la adjudicaci\u00f3n procede por acuerdo entre los acreedores sin que se hubiese llevado a cabo la correspondiente audiencia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicitaron conminar a los accionados a no vulnerar a futuro el derecho fundamental al debido proceso, y subsidiariamente ordenar que \u00abse d\u00e9 la oportunidad a los acreedores de la empresa PIZANO S.A. en liquidaci\u00f3n llegar un acuerdo de adjudicaci\u00f3n como est\u00e1 estipulado en el art\u00edculo 57 de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, explic\u00f3 que los accionantes confunden el proyecto con el acuerdo de adjudicaci\u00f3n, y ten\u00edan la carga de estar atentos al tr\u00e1mite del proceso judicial. <\/p>\n
2. El liquidador manifest\u00f3 que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela se busca una nueva oportunidad para que se reconozca una suma de dinero que no se pudo acreditar en la oportunidad procesal pertinente, sin que se demuestre vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
3. V\u00edctor Adolfo Tamara Corena, refiri\u00f3 que tuvo la condici\u00f3n de liquidador con posterior remoci\u00f3n, raz\u00f3n por la que a la fecha no tiene v\u00ednculo alguno con la sociedad en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo porque encontr\u00f3 que la providencia cuestionada se motiv\u00f3 con fundamento en las normas legales que regulan la situaci\u00f3n en concreto, y, las decisiones proferidas fueron debidamente motivadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que los art\u00edculos 57 y 58 de la ley 1116 de 2006, facultan al juez del concurso para adjudicar los bienes de la concursada por medio de providencia motivada, adem\u00e1s encontr\u00f3 que no se satisface el requisito de relevancia constitucional, atendiendo que no se encontr\u00f3 vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se pretenden revivir etapas procesales concluidas y discutir una decisi\u00f3n en firme, atendiendo que la providencia de adjudicaci\u00f3n fue objeto de contradicci\u00f3n durante el tr\u00e1mite, y modificar o revocar de alguna forma la providencia atacada, implicar\u00eda invadir la independencia de la autoridad jurisdiccional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes impugnaron y reiteraron que se aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n presentada por el liquidador, sin que los acreedores hubieran tenido oportunidad de contradicci\u00f3n y, tampoco se realiz\u00f3 la audiencia que contempla el art\u00edculo 57 de la ley 1116 de 2006, y afirmaron adem\u00e1s que, <\/p>\n
La facultad la Superintendencia de Sociedades para proferir la providencia de adjudicaci\u00f3n estaba supeditada a que no se aprobara en audiencia la presentada por el liquidador, y la adjudicaci\u00f3n aprobada era similar la radicada por el liquidador, la cual no era visible en la baranda virtual, vulnerando el principio de publicidad, porque fue conocida un mes despu\u00e9s. <\/p>\n
No se efectu\u00f3 la audiencia para la aprobaci\u00f3n del acuerdo, que solo se conoci\u00f3 un mes despu\u00e9s de haber sido presentado lo que no permiti\u00f3 controvertirla. <\/p>\n
Pese a que la Superintendencia de Sociedades condicion\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de bienes a la respuesta que sobre la normalizaci\u00f3n del pasivo pensional profiriera el Ministerio del Trabajo, se orden\u00f3 a la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla inscribir la adjudicaci\u00f3n, lo que ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, los accionantes solicitaron amparar los derechos fundamentales invocados, y en particular, ordenar que se otorgue una oportunidad para llegar a un \u00abacuerdo de adjudicaci\u00f3n\u00bb, s\u00faplicas que no pueden ser acogidas atendiendo que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, no se observa que la decisi\u00f3n cuestionada sea arbitraria o caprichosa como pasa a explicarse a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 Circunscrita la Sala a los puntos de impugnaci\u00f3n, se advierte que no es materia de discusi\u00f3n que, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades mediante auto de 13 de febrero de 2018, admiti\u00f3 a Pizano SA, a tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial (BDSS01-#107440818-v1-2018-01-050485-000), y que, en audiencias de 13 de noviembre, 12 de diciembre de 2019 y 23 de junio de 2022, fueron aprobados \u00ablos proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9dito y derechos de voto junto con el inventario de bienes valorado\u00bb (BDSS01-#107440818-v1-2018-01-050485-000). <\/p>\n
Tampoco es objeto de debate que, mediante auto de 7 de diciembre de 2022, la Delegatura accionada resolvi\u00f3 \u00abadjudicar de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006, los bienes de la sociedad concursada [Lote Terreno de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-284098; Casa Conjunto Arcoiris, Camioneta KIA Carnival de Placas QHQ292, Camioneta Placas RDL 890] a favor de los acreedores, respetando el orden de prelaci\u00f3n legal y hasta el monto de sus cr\u00e9ditos reconocidos y calificados\u00bb (13.2022-01-870887-000). <\/p>\n
Para ese efecto, tuvo en cuenta que de conformidad con el art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006, \u00abde no aprobarse el acuerdo de adjudicaci\u00f3n, el juez dictar\u00e1 la providencia de adjudicaci\u00f3n con base en las reglas que se establece en el art\u00edculo 58 del nombrado r\u00e9gimen concursal\u00bb, adem\u00e1s que, \u00abel plazo a que se refiere ese art\u00edculo se encuentra vencido; el liquidador aport\u00f3 un proyecto de adjudicaci\u00f3n ante la imposibilidad de lograr un acuerdo de adjudicaci\u00f3n con los acreedores, debidamente aprobado por las mayor\u00edas\u00bb (13.2022-01-870887-000). <\/p>\n
Sostuvo que \u00abel juez del concurso en uso de las facultades se\u00f1aladas en el art\u00edculo 57 y 58 de la Ley 1116 de 2006, proceder\u00e1 a aprobar la adjudicaci\u00f3n de los bienes a favor de los acreedores, respetando el orden de prelaci\u00f3n legal y hasta el monto de sus cr\u00e9ditos reconocidos y calificados\u00bb, no reconoci\u00f3 como gastos de administraci\u00f3n los que carec\u00edan de soportes que justificaran su exigibilidad, y condicion\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de bienes \u00aba la respuesta u decisi\u00f3n que sobre la normalizaci\u00f3n del pasivo pensional otorgue el Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1270 de 2009\u00bb (13.2022-01-870887-000). <\/p>\n
2.2 Contra esa determinaci\u00f3n los aqu\u00ed accionantes interpusieron recurso de reposici\u00f3n que sustentaron en los siguientes puntos, i) el liquidador debi\u00f3 presentar el acuerdo de adjudicaci\u00f3n a que hubieran llegado los acreedores, en particular los laborales, ii) no conocieron con anterioridad el proyecto de adjudicaci\u00f3n, iii) no es cierto que no se logr\u00f3 votaci\u00f3n favorable y, iv) no estar de acuerdo con los honorarios del auxiliar de la justicia (05 anexo de tutela). <\/p>\n
De igual modo reclamaron que, i) el liquidador transgrede el derecho de igualdad porque pretende que le adjudiquen la casa que est\u00e1 en mejor situaci\u00f3n, ii) se present\u00f3 el proyecto de acuerdo antes de que se venciera el plazo de 30 d\u00edas para aprobarse por parte de los acreedores, y una vez vencido el t\u00e9rmino era que se ten\u00eda competencia para dictar providencia de adjudicaci\u00f3n y, iii) se reconoci\u00f3 dos veces la misma suma en favor de Fredy S\u00e1nchez Puello, y otras no fueron incluidas (05 anexo de tutela). <\/p>\n
2.3 La Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades mediante auto de 12 de mayo de 2023, oficiosamente elimin\u00f3 uno de los registros de adjudicaci\u00f3n en favor del se\u00f1or Fredy S\u00e1nchez Puello, y resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n con fundamento en los siguientes argumentos, <\/p>\n
Existe una errada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006, en el sentido de asimilar el proyecto de adjudicaci\u00f3n presentado por el liquidador el 14 de septiembre de 2022, con un \u00abacuerdo de adjudicaci\u00f3n\u00bb, y aclar\u00f3 que los procesos de liquidaci\u00f3n tienen dos mecanismos para llevar a cabo el procedimiento de adjudicaci\u00f3n, y en ambos casos es deber del liquidador presentar el documento al Juez del Concurso para su aprobaci\u00f3n (PRUEBA_26_5_2023, 3_56_31). <\/p>\n
El primero corresponde a la posibilidad de celebrar un acuerdo de adjudicaci\u00f3n en el cual los acreedores con vocaci\u00f3n de pago llegan a entendimientos en la forma en que se adjudicar\u00e1n los bienes con el fin de satisfacer sus acreencias, buscando mantener el criterio de agregaci\u00f3n de valor, as\u00ed como la protecci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad (PRUEBA_26_5_2023, 3_56_31). <\/p>\n
El segundo mecanismo corresponde al proyecto de adjudicaci\u00f3n, el cual se hace conforme a la reglamentaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 58 de la Ley 1116 de 2006, como consecuencia de la imposibilidad de lograr un acuerdo de adjudicaci\u00f3n (PRUEBA_26_5_2023, 3_56_31). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abacuerdo\u00bb es un convenio entre dos o m\u00e1s partes y este no se identifica en el documento remitido por el liquidador el 14 de septiembre de 2022, puesto que se aclar\u00f3 que, se trata de un proyecto de adjudicaci\u00f3n, y no de un acuerdo de adjudicaci\u00f3n ante la imposibilidad de conseguirse la votaci\u00f3n necesaria para su aprobaci\u00f3n por parte de los acreedores con vocaci\u00f3n de pago (PRUEBA_26_5_2023, 3_56_31). <\/p>\n
Sostuvo que no pod\u00eda darse equivalencia al proyecto de adjudicaci\u00f3n como si se tratara de un acuerdo de adjudicaci\u00f3n, y que los argumentos presentados por los recurrentes no modificaban la providencia recurrida toda vez que \u00abse ha adelanto de manera correcta el procedimiento conforme lo establece el estatuto concursal\u00bb (PRUEBA_26_5_2023, 3_56_31). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con la adjudicaci\u00f3n \u00abno se est\u00e1 favoreciendo algunos acreedores respecto de otros, sino que se trata de una situaci\u00f3n generalizada para todos, que en todo caso debe atender a los fines del concurso y los principios ya referenciados, pues deber\u00e1 buscarse que la adjudicaci\u00f3n en comunidad no se vuelva un obst\u00e1culo para la futura materializaci\u00f3n del activo\u00bb (PRUEBA_26_5_2023, 3_56_31). <\/p>\n
3. La Sala no advierte que la decisi\u00f3n censurada tenga trascendencia constitucional, porque no es caprichosa o arbitraria, puesto que el auto que aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de bienes se motiv\u00f3 razonadamente teniendo en cuenta las normas aplicables al caso, y las actuaciones que constan en el expediente, sin que se advierta un yerro may\u00fasculo que imponga la necesidad de intervenci\u00f3n en sede de tutela, en particular porque el objeto de esta acci\u00f3n no es servir como instancia para discutir los argumentos del juez natural. <\/p>\n
No obstante, la parte recurrente insiste en que se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006, por las siguientes razones, i) se aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n presentada por el liquidador, sin que los acreedores hubieran tenido la oportunidad de realizarla, tampoco se efectu\u00f3 la correspondiente audiencia, ii) la facultad la Superintendencia de Sociedades para proferir la providencia de adjudicaci\u00f3n estaba supeditada a que no se aprobara el acuerdo y en audiencia y, iii) la adjudicaci\u00f3n que aprob\u00f3 la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de Superintendencia de Sociedades es similar al proyecto que presento el liquidador. <\/p>\n
De igual modo reprocharon que, i) el proyecto que present\u00f3 el liquidador no fue visible oportunamente en la Baranda Virtual, ii) no tuvieron la oportunidad de controvertir el acuerdo de adjudicaci\u00f3n y, iii) la adjudicaci\u00f3n de bienes se condicion\u00f3 a la respuesta del Ministerio de Trabajo, y la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla comunic\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades que ya efectu\u00f3 la inscripci\u00f3n, argumentos que no abren paso a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1 Frente a lo anterior, encuentra la Sala que, en el auto de 7 de diciembre de 2022, no se aprob\u00f3 lo que denominan los accionantes \u00abacuerdo de adjudicaci\u00f3n\u00bb presentado por el liquidador el 14 de septiembre de 2022, adem\u00e1s que no se advierte trascendencia constitucional en las censuras alusivas a que no fue posible visualizar ese documento oportunamente y que no se tuvo la oportunidad de controvertirlo. <\/p>\n
El auxiliar de la justicia lo que present\u00f3, fue un proyecto de adjudicaci\u00f3n (BDSS01-#113073200-v1-2022-02-018071-000), y no el \u00abacuerdo de adjudicaci\u00f3n al que hayan llegado los acreedores del deudor\u00bb consagrado en el art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006, inclusive se dijo, \u00abno se logr\u00f3 la votaci\u00f3n suficiente para un acuerdo de adjudicaci\u00f3n\u00bb (BDSS01-#113073200-v1-2022-02-018071-000), motivo por el que tampoco se advierte irregularidad en que no se hubiera llevado a cabo audiencia para su confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Los recurrentes tambi\u00e9n denunciaron que como no conocieron ese documento, no tuvieron oportunidad de analizarlo y, por consiguiente, no emitieron su correspondiente votaci\u00f3n, censura de la que tampoco emerge trascendencia constitucional, porque nada respalda que con su votaci\u00f3n se hubiese aprobado un acuerdo de adjudicaci\u00f3n distinto por parte de los acreedores con las mayor\u00edas que la ley exige para el efecto, y dentro del t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
No se puede acoger el reproche relativo a que la facultad de la accionada para adjudicar bienes solo se abre paso cuando no se aprueba el \u00abacuerdo (\u2026) al que hayan llegado los acreedores del deudor\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006. La postura de la Superintendencia accionada alusiva a que ese acto tambi\u00e9n tiene lugar respecto de bienes no enajenados cuando no se logra dicho acuerdo, es una interpretaci\u00f3n razonable conforme al contenido del art\u00edculo 58 ibidem, el cual consagra las denominadas \u00abReglas para la Adjudicaci\u00f3n\u00bb (no para la \u00abconfirmaci\u00f3n\u00bb, como lo entiende la parte accionante), y prev\u00e9 que \u00ablos bienes no enajenados por el liquidador, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo anterior, ser\u00e1n adjudicados a los acreedores mediante providencia motivada\u00bb. <\/p>\n
Tampoco prospera el punto de impugnaci\u00f3n relacionado en que la adjudicaci\u00f3n aprobada es similar al proyecto que present\u00f3 el liquidador porque no se denuncia objetivamente un yerro superlativo, y en \u00faltimas es una alegaci\u00f3n que se cae por su peso, puesto que respecto de los gastos de administraci\u00f3n relacionados por el auxiliar de la justicia, en la providencia cuestionada se dijo, \u00abno se reconocer\u00e1n como gastos de administraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n los gastos que fueron relacionados en el numeral anterior ante la ausencia de soportes que justifiquen su exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
Ahora, m\u00e1s all\u00e1 de las inconformidades de la parte actora, no obra prueba objetiva incorporada a este tr\u00e1mite constitucional que permita evidenciar que la adjudicaci\u00f3n efectuada no se ajuste a las previsiones del art\u00edculo 58 de la mencionada Ley, tampoco se observa soporte relacionado con que los accionantes hubieran expuesto ante el juez natural la queja relacionada con que no se respet\u00f3 la condici\u00f3n a la que qued\u00f3 supeditada la adjudicaci\u00f3n de bienes -respuesta del Ministerio del Trabajo-, y que se hubiera emitido un pronunciamiento al respecto, circunstancia que cierran el paso a este instrumento constitucional por virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Lo analizado es m\u00e1s que suficiente para concluir que, ante una interpretaci\u00f3n razonable como la contenida en las providencias que resolvieron aprobar la adjudicaci\u00f3n de bienes en la liquidaci\u00f3n en referencia, el amparo estaba condenado al fracaso, atendiendo que, \u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; STC4269, 16 abr. 2015, reiterada en STC15802-2022, STC5841-2023 y, STC6836-2023 entre muchas). <\/p>\n
5. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7244-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7244-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00321-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74954","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74954","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74954"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74954\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74954"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74954"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74954"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}