STC7255-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7255-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00274-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 9 de junio \u2013no sujeta a adici\u00f3n con auto del d\u00eda 21 siguiente\u2013, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Vivian Yecenia Ar\u00e9valo S\u00e1nchez contra el Juzgado de Familia de Funza y la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Madrid. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 el patrocinio de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por las agencias repelidas. <\/p>\n
Y en concreto, \u00abse decrete la nulidad\u00bb de lo dirimido \u00abcon posterioridad a la diligencia\u00bb de tr\u00e1mite de \u00abveinte (20) de febrero\u00bb de los corrientes, dentro del paginario de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n.\u00b0 \u00ab023-II-2023\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que a continuaci\u00f3n se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Madrid se surti\u00f3 el descrito expediente, por querella de la tutelante contra Miguel David Calder\u00f3n Almonacid (de quien dijo es su exesposo), del que provino resoluci\u00f3n en audiencia de 10 de marzo de la anualidad en curso, por virtud de la cual la entidad en cita dispuso, tras declarar responsable al ah\u00ed denunciado, imponerle medida \u00abdefinitiva\u00bb consistente en \u00ababstenerse de realizar la conducta [materia] de la queja, o cualquier otra similar\u00bb frente a la reclamante, como \u00abpersona ofendida[,] u otro miembro del grupo familiar\u00bb, con directrices de vigilancia a cargo de las \u00abautoridades de polic\u00eda\u00bb y de \u00abintervenci\u00f3n\u00bb hacia los extremos en discordia, \u00aba trav\u00e9s del \u00e1rea de psicolog\u00eda de su[s] EPS[\u00b4s]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tal pronunciamiento fue revocado por el Juzgado de Familia de Funza en providencia de 25 de abril postrero, en sede de apelaci\u00f3n de Calder\u00f3n Almonacid. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La titular del pedimento de amparo del ep\u00edgrafe critic\u00f3, de una parte, que el despachador de segundo nivel, en perpetraci\u00f3n de \u00abdefecto procedimental\u00bb, no encontrara acreditados los aconteceres de violencia por ella atribuidos, porque con lo as\u00ed resuelto quiso pasar por alto lo obrante en el plenario, as\u00ed como el \u00abdeber (\u2026) de pruebas (\u2026) oficiosa[s]\u00bb (en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 del decreto 2591 de 1991, aplicable por remisi\u00f3n del canon 18 de la ley 294 de 1996) que le era inherente. Y de otro flanco, que la c\u00e9lula comisarial en reuni\u00f3n de 20 feb. 23 se negara a practicar sus testimonios, decayendo en \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb y, tambi\u00e9n, que por desacierto igualmente adjetivo omitiera forjar una suficiente redacci\u00f3n del \u00abacta\u00bb de la medida \u00abdefinitiva\u00bb de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 permanecer \u00aben peligro de ser afectada\u00bb por cuenta del all\u00e1 implicado, al punto que tuvo que irse de la vivienda en com\u00fan. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado y la Comisar\u00eda se opusieron separadamente al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n y pertinencia de sus prove\u00eddos. Brindaron copia del pleito disentido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 otorgar la salvaguarda, comoquiera que, en s\u00edntesis, el proveimiento del juez de la alzada escapa al \u00e1mbito de la arbitrariedad o el antojo, ni fue elevada la anulaci\u00f3n ac\u00e1 puesta en aspiraci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la convocante, con persistencia en sus reproches y en discrepancia del Tribunal a-quo, por pretermisi\u00f3n y desenfoque en el estudio de la problem\u00e1tica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de las garant\u00edas fundamentales, susceptible de incoar siempre que resulten vulneradas o en riesgo inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed, es de obvia comprensi\u00f3n que cuando el funcionario judicial de cognici\u00f3n incurre en una gesti\u00f3n claramente opuesta al compilado normativo, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez constitucional en procura de recuperar el orden jur\u00eddico si el agraviado no posee otro implemento de ayuda. <\/p>\n
En armon\u00eda, se ha postulado que <\/p>\n
el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador preestablecido dilata alguna etapa importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo y\/o adjetivo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Compete, pues, acotar que el Juzgado de Familia de Funza hubo de abolir, con el disentido prove\u00eddo de apelaci\u00f3n de 25 de abril de los corrientes, la medida \u00abdefinitiva\u00bb de protecci\u00f3n impuesta por la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Madrid a favor de la impulsora y en contra de Miguel David Calder\u00f3n Almonacid, tras esgrimir, en resumen, la falta de soporte suasorio de la violencia materia de querella, m\u00e1s all\u00e1 del mero dicho de los ah\u00ed contendientes. Resoluci\u00f3n que, en contraste a las conclusiones del Tribunal a-quo, denota la necesidad de conferir el ruego de tutela de marras, como en breve se dilucidar\u00e1. <\/p>\n
Es que el despachador en cita, como lo adujo la titular del pedido de la salvaguarda, renunci\u00f3 a la posibilidad de decretar y practicar pruebas si apreciaba que en el caso no hab\u00eda sustento para encontrar viable la imposici\u00f3n de medida alguna, en lugar de simplemente dimanar un pronunciamiento en el que se abstuviera de indagar a fondo sobre la violencia denunciada. El desenlace judicial en comento implic\u00f3 la comisi\u00f3n del desacierto procedimental endilgado en la demanda iusfundamental, en tanto que en verdad, la c\u00e9lula falladora de la alzada fue omisiva en el empleo de la facultad que le confiere el art\u00edculo 32 -inc. 2\u00b0- del decreto 2591 de 1991, aplicable por remisi\u00f3n del canon 18 -inc. 3\u00b0- de la ley 294 de 1996, a cuya virtud \u00ab[e]l juez que conozca de la impugnaci\u00f3n\u2026, de oficio o a petici\u00f3n de parte, podr\u00e1 solicitar informes y ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb (subrayas con intenci\u00f3n), m\u00e1xime si lo que en este tipo de asuntos se investiga es un tema de no poca importancia, como lo es la violencia intrafamiliar. Se produjo un yerro en la soluci\u00f3n tan referenciada, al punto que incluso el juzgador de segundo nivel olvid\u00f3 ponderar lo obrante en el paginario, como por ejemplo, la declaraci\u00f3n del involucrado Calder\u00f3n Almonacid en diligencia de descargos de 20 de febrero en cuanto expres\u00f3 subir la voz a su exesposa; aspecto ante lo cual mucho menos flu\u00eda razonable el inhibirse de auscultar con exhaustividad la disputa, so pena de -rec\u00e1lquese- descender en dislate adjetivo. <\/p>\n
Y no puede devenir de acogida que los contendientes incumplieran la carga de aportar los elementos suasorios necesarios en procura de acreditar los hechos fundantes de sus alegaciones, toda vez que a\u00fan de ser as\u00ed las cosas eso no derruye per se la atribuci\u00f3n oficiosa ya memorada, que bien pudo haberse empleado por el juzgado para, verbigracia, atender las testimoniales y documentales solicitadas por ambas partes a lo largo de la primera instancia a la Comisar\u00eda, o cualquiera otra que se estimara factible. <\/p>\n
Ins\u00edstase en esbozar que el despachador de familia atacado acab\u00f3 por perpetrar un equ\u00edvoco de \u00edndole procedimental, derivado de rehusar la potestad que en el \u00e1mbito de lo probatorio ostenta, al margen de lo sucedido ante la oficina comisarial. Atribuci\u00f3n de gran importancia para la efectiva definici\u00f3n de la controversia colocada a su direcci\u00f3n, con motivo de la apelaci\u00f3n all\u00e1 interpuesta, y que la Corte ha avalado en debates con cierta simetr\u00eda, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026Uno de los \u00abdefectos\u00bb que configuran \u00abv\u00eda de hecho\u00bb en una \u00abprovidencia judicial\u00bb, es el denominado \u00abprocedimental absoluto\u00bb, el cual ocurre, en palabras de la Corte Constitucional, \u00abcuando la autoridad judicial act\u00faa al margen del procedimiento legalmente establecido, ya sea porque sigue un procedimiento distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial de este\u00bb (SU-048 de 2022). <\/p>\n
Pues, bien, los incisos segundo y tercero del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, establecen que \u00ab[c]ontra la decisi\u00f3n definitiva sobre una medida de protecci\u00f3n que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, proceder\u00e1 en el efecto devolutivo, el Recurso de Apelaci\u00f3n ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia\u00bb y, que \u00ab[s]er\u00e1n aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto\u2026 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita\u00bb\u2026 <\/p>\n
El canon 3[2] de la aludida disposici\u00f3n, que regula el tr\u00e1mite de la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1ala que \u00ab[p]resentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente\u00bb, previniendo que \u00ab[e]l juez que conozca de la impugnaci\u00f3n, estudiar\u00e1 el contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con el fallo\u00bb, quien \u00abde oficio o a petici\u00f3n de parte, podr\u00e1 solicitar informes y ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas y proferir\u00e1 el fallo dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, proceder\u00e1 a revocarlo, lo cual comunicar\u00e1 de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
En el pronunciamiento de 6 de junio de 2022, con el cual el iudex acusado dijo haber ventilado la \u00abapelaci\u00f3n\u00bb\u2026, resolvi\u00f3 \u00abDEVOLVER el presente proceso a la COMISAR\u00cdA de FAMILIA\u2026, para que se adopten los correctivos correspondientes, esto es, imponer medida de protecci\u00f3n definitiva a las partes y las dem\u00e1s que considere pertinente\u00bb\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Al contrastar la normativa ilustrada en precedencia con la actuaci\u00f3n desplegada por el juzgador recriminado, de entrada se vislumbra la configuraci\u00f3n de la infracci\u00f3n avisada, ya que olvid\u00f3 cu\u00e1l es la finalidad del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb, en tanto, mand\u00f3 devolver la encuadernaci\u00f3n para que la Comisar\u00eda de Familia se pronunciara nuevamente, cuando su deber era analizar -con suficiencia- (\u2026) la determinaci\u00f3n confutada\u2026, a la luz de la legislaci\u00f3n y jurisprudencia vinculante, impartiendo los mandatos que resulten conducentes… <\/p>\n
En otras palabras, en el sub judice es el \u00abjuez de familia\u00bb y no otra \u00abautoridad\u00bb quien, seg\u00fan la informaci\u00f3n que arroja el cartapacio, tiene la obligaci\u00f3n de \u00abdefinir\u00bb la suerte de lo pretendido\u2026, toda vez que as\u00ed se lo imponen los preceptos que rigen el rese\u00f1ado remedio, cuya dogm\u00e1tica no difiere de los dem\u00e1s \u00abprocesos\u00bb, aunado a que, de aceptarse lo contrario, se desconocer\u00edan los \u00abprincipios\u00bb de \u00ab[l]a oportuna y eficaz protecci\u00f3n especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser v\u00edctimas\u00bb y \u00abceleridad\u00bb que gobiernan esta especie de \u00abtr\u00e1mite\u00bb (art. 3\u00b0, literales c y h), en tanto que la \u00abdecisi\u00f3n\u00bb expedida, sin lugar a dudas, dilatar\u00eda infundadamente el \u00abasunto\u00bb\u2026 (\u00c9nfasis. CSJ STC1025, 9 feb. 2023, rad. 2022-00051-01; citada en STC2967, 29 mar. \u00cdb.). <\/p>\n
Asimismo, acerca del defecto procedimental venido de vislumbrar, se ha delineado: <\/p>\n
<\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha concluido que dicho defecto se concretiza en dos escenarios: i) el absoluto, que se presenta cuando el operador judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido, y ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
4.2. El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el operador judicial \u201c(i) sigue un tr\u00e1mite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de una de las partes o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestaci\u00f3n, con la consecuente negaci\u00f3n de sus pretensiones en la decisi\u00f3n de fondo y la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4.3. De igual manera, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que para acreditar la configuraci\u00f3n de este defecto se deben verificar ciertas condiciones as\u00ed: \u201ci) [Q]ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra v\u00eda, de acuerdo con el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso espec\u00edfico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u201d (Se resalt\u00f3. CC T-008\/19; reiterada en CSJ STC4307, 8 jul. 2020, rad. 00161-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado conlleva, entonces, a infirmar el dictamen de la colegiatura a-quo para abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el operador de justicia de familia recriminado escatim\u00f3 mayor esfuerzo en zanjar un pronunciamiento eficaz en torno a la controversia puesta a su mediaci\u00f3n judicial. Por sustracci\u00f3n, no se abordar\u00e1n los embates ata\u00f1ederos a las gestiones de la comisar\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo implorado por Vivian Yecenia Ar\u00e9valo S\u00e1nchez. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Juzgado de Familia de Funza que, en un lapso no mayor a diez (10) d\u00edas, contado a partir de la recepci\u00f3n del expediente objeto de la presente censura, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo proferido el 25 de abril de los corrientes, as\u00ed como todas las actuaciones que de tal resoluci\u00f3n dependan, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda en aras de desatar el recurso de apelaci\u00f3n ah\u00ed propuesto, acorde a lo plasmado en la considerativa de este veredicto. <\/p>\n
A su turno, la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Madrid deber\u00e1 remitir lo m\u00e1s brevemente posible el descrito paginario al juzgado en cuesti\u00f3n, para fines del pronto acatamiento a lo ac\u00e1 conminado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil y, en oportunidad, env\u00edense las foliaturas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de tutela de marras fue enviado a la Corte, para dicho prop\u00f3sito, el 28\/06\/2023, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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