STC7258-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7258-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 15001-22-13-000-2023-00079-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Gabriela y Santiago Rodriguez Torres y Laura Catalina Najar Torres contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Tunja y el Promiscuo Municipal de Combita. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal 2019-00054-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, demandaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Los actores manifestaron que Pedro El\u00edas Vargas Torres inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Fabio Ernesto Vargas Torres y Gina Magally Torres Infante, respecto del inmueble ubicado en la Vereda San Onofre del municipio de C\u00f3mbita (Boyac\u00e1). Indicaron que en esa propiedad ejerc\u00edan \u00abla posesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica y p\u00fablica [\u2026] inmueble [\u2026] con folio de matr\u00edcula n\u00famero 070-172894 de Tunja [\u2026] conocido como lote 2\u00bb. <\/p>\n
2.1. Se\u00f1alaron que, luego de dictarse la sentencia en la causa sub judice -5 de marzo de 2020-1, el Juzgado Promiscuo Municipal de C\u00f3mbita comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de esa ciudad, \u00abla cual se hizo presente en el bien objeto de la litis\u00bb, para materializar la entrega de la propiedad. Anotaron que en esa actuaci\u00f3n se opusieron a la entrega con fundamento \u00aben que ejercen la posesi\u00f3n pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida respecto del bien desde el 13 de mayo de 2013 [\u2026]\u00bb. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, adujeron que con determinaci\u00f3n del 29 de abril de 2022, el Despacho cognoscente \u00abprofiri\u00f3 resoluci\u00f3n declarando no probada la oposici\u00f3n\u00bb. Inconformes con lo decidido, impetraron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La juez Primera Civil del Circuito de Tunja, con fallo del 17 de abril de 2023, resolvi\u00f3 \u00abmodificar el auto de [\u2026] 29 de abril de 2022 [\u2026], en el sentido de tener como opositora exclusivamente a Gabriela Rodriguez Torres, en lo dem\u00e1s se confirma\u00bb2. <\/p>\n
2.3. Censuraron que se incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y procedimental. Ello, pues por un lado, \u00abcarece de apoyo probatorio [\u2026], pues [\u2026] no apreci\u00f3 as\u00ed el Se\u00f1or Juez de la causa las pruebas obrantes en el proceso que si eran suficientes para considerar que existe prueba sumaria de la posesi\u00f3n [\u2026], en especial, en este caso, de concadetarlas (sic) con el testimonio del se\u00f1or Antonio Fuquene arrimado al proceso que confirma las pruebas sumarias y que ninguna de las instancias acept\u00f3 por considerarlas como objeto de un proceso posterior [\u2026]\u00bb. Agregaron, que la \u00abfalta de apreciaci\u00f3n correcta de las pruebas documentales correlacionadas con el testimonio como prueba reina que confirmase las pruebas documentales, para convertirla en prueba indubitada, con lo que se dirimir\u00e1 la verdad verdadera de la posesi\u00f3n de [los recurrentes] respecto al predio objeto de la litis, sin perjuicios para ninguna de las partes en la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicitaron que \u00abse ordene a los Juzgados tutelados, revoque su decisi\u00f3n de no conceder la oposici\u00f3n a la entrega respecto a la ordenada dentro del proceso [\u2026]. Y que en su reemplazo se le ordene estudiar la prueba testimonial contundente del se\u00f1or ANTONIO FUQUENE, apart\u00e1ndose de la tarifa legal de la prueba y con la apreciaci\u00f3n de la totalidad de las pruebas se falle conforme a derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
1. El Despacho querellado manifest\u00f3 que \u00abno se ha incurrido en ninguna violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales [\u2026], pues ciertamente tuvo acceso al proceso que alude, cosa distinta es que no haya concurrido con las formalidades de ley exigidas para el caso y que lo decidido haya sido adverso a sus intereses; menos a\u00fan se presenta una v\u00eda de hecho, toda vez que las decisiones adoptadas fueron debidamente sustentadas f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente, como bien puede observase en ellas; de ah\u00ed que sus reclamos carecen de sustento constitucional alguno\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Combita mencion\u00f3 que \u00able ha impartido al presente proceso el tr\u00e1mite correspondiente, respetando tanto el ordenamiento jur\u00eddico sustancial y procesal vigente, como los Derechos y Garant\u00edas de quienes intervienen en el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, resalt\u00f3 que \u00abno se advierte la concurrencia de defectos espec\u00edficos de procedibilidad para enervar la decisi\u00f3n atacada, ni se avizora vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno que amerite la intervenci\u00f3n de este juez constitucional, surge clara la inviabilidad del amparo constitucional, considerando que la decisi\u00f3n impugnada [\u2026] contiene, como se vio, una valoraci\u00f3n razonada de las probanzas testimoniales y documentales [\u2026] lo que demuestra que ese requisito del animus y el corpus no lo encontr\u00f3 presente la segunda instancia en la oposici\u00f3n a la entrega, por la orfandad de tal acreditaci\u00f3n, advirti\u00e9ndose la razonabilidad de la decisi\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
Los actores fundaron su inconformidad bajo argumentaci\u00f3n similar a la expuesta en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Ello, en raz\u00f3n a que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja el 17 de abril de 2023, no se advierte irrazonable. Por lo que viene. <\/p>\n
2. Ciertamente, la autoridad cognoscente -con auto del 17 de abril de 2023- resolvi\u00f3 modificar la determinaci\u00f3n de primer grado. Para ello, de entrada, discurri\u00f3 sobre el estudio de los requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, relativos a \u00abque la oposici\u00f3n a la entrega solo ser\u00e1 v\u00e1lida, si adem\u00e1s de demostrar el animus y corpus, elemento esencial de la posesi\u00f3n, se acredite que la oposici\u00f3n a la entrega se formula por persona en cuyo poder se encuentre el bien y contra quien no produzca efectos la sentencia, pudi\u00e9ndose acreditar los hechos constitutivos de la misma, presentando prueba siquiera sumaria que lo demuestre. Debiendo se\u00f1alarse que la decisi\u00f3n recurrida habr\u00e1 de modificarse en el sentido de tener como opositora exclusivamente a Gabriela Rodriguez Torres, no as\u00ed frente a Santiago Rodriguez y Laura Catalina Najar, quienes como se indic\u00f3 no ostentan legitimaci\u00f3n en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2.1. Asimismo, con base en el canon citado y las pruebas aportadas a la causa3, anot\u00f3 que ello da \u00abcuenta de la existencia de un proceso de pertenencia respecto del bien objeto de lanzamiento, promovido por los opositores y que se tramita en el Juzgado Promiscuo Municipal de C\u00f3mbita, a su vez, se acredit\u00f3 la existencia de algunos negocios jur\u00eddicos calificados como de compraventa celebrados sobre el inmueble objeto de lanzamiento, el primero de ellos, a favor de los demandados Fabio Ernesto Rodriguez Betancourt y Gina Magally Torres Infante (a\u00f1o 2007), quienes posteriormente vendieron a sus hijos Laura Catalina Najar Torres, Gabriela y Santiago Rodriguez Torres (a\u00f1o 2013), probanzas que si bien, respaldar\u00edan una eventual posesi\u00f3n ejercida por los opositores, en punto a justificarla, la misma per se no tiene la fuerza para demostrarla materialmente, como pretende hacerlo ver el recurrente, por ser este un hecho sujeto a los sentidos, siendo que en ninguno de los documentos aportados se refleja de manera di\u00e1fana y actual el animus y el corpus que detentan sobre el inmueble [\u2026]\u00bb. Lo cual, sustent\u00f3 con doctrina nacional. <\/p>\n
2.2. Adem\u00e1s, adujo, en lo relativo al proceso de pertenencia mencionado por el recurrente \u2013como demostraci\u00f3n de los actos posesorios-, que \u00abla presentaci\u00f3n de la demanda por s\u00ed sola no es demostrativa de la posesi\u00f3n\u00bb, debido a que \u00abpara ello [\u2026] debe aflorar di\u00e1fanamente hechos constitutivos de la posesi\u00f3n, que no se acreditan con la simple documental\u00bb. Mismo sentido discurri\u00f3, respecto de los actos celebrados sobre el inmueble objeto de restituci\u00f3n, \u00abel primero de ellos, a favor de los demandados [\u2026], quienes posteriormente vendieron a sus hijos Laura Catalina Najar Torres, Gabriela y Santiago Rodriguez Torres, cuyos negocios jur\u00eddicos no fueron elevados a escritura p\u00fablica, verific\u00e1ndose que quien ostenta el dominio del inmueble es el demandante [\u2026], conforme la escritura p\u00fablica No. 1779 del 19 de julio de 2013, luego, dichas compraventas por si solas no demuestran posesi\u00f3n material, m\u00e1xime cuando, se observa que el demandante Pedro El\u00edas Vargas, adquiri\u00f3 el bien referido a trav\u00e9s del mencionado t\u00edtulo escriturario [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.3. En lo relativo a las declaraciones de Fabio Ernesto Rodriguez Betancourt, Gabriela Rodr\u00edguez Torres y Jos\u00e9 Antonio Fuquene Viasus, concluy\u00f3 que las mismas no lograron demostrar los actos posesorios alegados. De acuerdo con los testimonios \u00abpedidos por la parte demandante\u00bb, acot\u00f3 que \u00abque solo concurrieron para rendir declaraci\u00f3n Edgar Enrique Montoya Mendivelso y Omar Fernando Gonzalez Mora\u00bb. De cara a estos, se\u00f1al\u00f3 que el primero, \u00abno resulta relevante y necesaria, en raz\u00f3n a que son los opositores quienes deben demostrar los actos posesorios\u00bb. Y, frente al segundo que \u00abno reviste de credibilidad, por cuanto no se trata de un testigo imparcial, si se tiene en cuenta que aquel act\u00fao como apoderado de los demandados en el proceso principal\u00bb. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, resalt\u00f3 que la opositora no demostr\u00f3 que \u00abque aquella junto con sus hermanos ingresaron al inmueble no por el v\u00ednculo familiar con los demandados Fabio Rodriguez y Magally Torres sino en calidad de poseedores excluyentes, pues no existe un hito temporal que demuestre en primer lugar que los demandados, padres de la opositora se hayan retirado del bien para dejar a sus hijos en tenencia o posesi\u00f3n y que estos hubiesen pose\u00eddo independientemente de sus padres, pues aunque se aport\u00f3 un contrato de compraventa en el cual los demandados venden a sus hijos el inmueble objeto de restituci\u00f3n en el a\u00f1o 2013, ese documento por s\u00ed solo no da cuenta de actos posesorios, siendo que lo que realmente se demostr\u00f3 en la actuaci\u00f3n de primera instancia y en el tr\u00e1mite incidental, es que con posterioridad a dicha fecha los demandados siguieron actuando en calidad de tenedores [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, it\u00e9rese, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable4. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente5. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los accionantes. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se dispuso dar por terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes. Y, asimismo, orden\u00f3 a los demandados la restituci\u00f3n del inmueble a favor del demandante. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab006AutoConfirmaParcial\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 1.-) copia de la demanda de pertenencia promovida respecto del inmueble objeto de restituci\u00f3n; 2.-) certificado de tradici\u00f3n del bien con M.I. No. 070-172894; 3.-) oficios remitidos a las entidades que prev\u00e9 el art\u00edculo 375 numeral 6 del CGP; 4.-) Copia de la Escritura P\u00fablica No. 041 del 16 de enero de 1995; 5.-) copia de un contrato de compraventa de inmueble de fecha 5 de diciembre de 2007 celebrado entre Luis Guillermo Colmenares Lizarazo y Ana Paulina P\u00e9rez De Lizarazo en calidad de vendedores y en calidad de vendedores Fabio Ernesto Rodriguez Betancourt y Gina Magally Torres Infante, en condici\u00f3n de compradores, respecto del bien inmueble que es objeto de lanzamiento; 6.-) acta de entrega de fecha 15 de enero de 2008 respecto del bien objeto de compraventa anunciado anteriormente; 7.-) Resoluci\u00f3n de subdivisi\u00f3n No. 010 de marzo de 12 de 2008; 8.-) Escritura P\u00fablica de desenglobe No. 1827 del 2 de septiembre de 2008, 9.-) contrato de compraventa del inmueble objeto de restituci\u00f3n celebrado el 13 de mayo de 2013, entre Fabio Ernesto Rodriguez Betancourt y Gina Magally Torres Infante en calidad de vendedores y Laura Catalina Najar Torres, Gabriela y Santiago Rodriguez Torres (los dos \u00faltimos menores de edad) en calidad de compradores y la correspondiente acta de entrega de la misma fecha; 10.-) certificado de paz y salvo impuesto a\u00f1o 2013 y 2021; 11.-) copia del auto admisorio de la demanda de pertenencia; 12.-) comunicaci\u00f3n del a\u00f1o 2019 dirigida al opositor Santiago Rodriguez por una entidad bancaria a la direcci\u00f3n Km 1 V\u00eda Tunja-Paipa; 13.-) autorizaci\u00f3n para consulta en centrales de riesgo- de la Universidad Santo Tom\u00e1s de Tunja, registr\u00e1ndose como direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de Santiago Rodriguez Kilometro 1 v\u00eda Tunja-Paipa Zona el Refugio y comprobante de matr\u00edcula de la misma universidad. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
5\u0002 Esta Sala ha sostenido reiteradamente, que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. <\/p>\n
<\/p>\n
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