STC7259-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7259-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01169-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mariela Ordo\u00f1ez Rico instaur\u00f3 contra la Sala n.\u00b0 2 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva al Tribunal Superior y al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bucaramanga, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 68001-31-050-04-2018-00184-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abseguridad social\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abdefensa\u00bb, y los \u00abprincipios de legalidad, transparencia, derechos adquiridos, favorabilidad y progresividad\u00bb, para que se anulara o revocara \u00abla sentencia de casaci\u00f3n laboral proferida el 15 de noviembre de 2022 por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para que se [le] reconozcan las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que Ecopetrol le reconoci\u00f3 pensi\u00f3n de sobreviviente a partir del 4 de agosto de 1994, de la que solicit\u00f3 \u00abrevisi\u00f3n y reliquidaci\u00f3n\u00bb (23 en. 2018), con miras a que fuera \u00abindexada la base pensional, con la inclusi\u00f3n [de] los dominicales y festivos en cuant\u00eda de $1.415.749,oo, seg\u00fan la liquidaci\u00f3n final e incremento\u00bb acorde con la Ley 100 de 1993, ya que, en el a\u00f1o 1995 se hizo tal ajuste pero con base en la Ley 71 de 1988 en detrimento de sus intereses; y, que la entidad patronal no acogi\u00f3 tal rogativa (9 feb. 2018). <\/p>\n
Acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n \u00abpara obtener la inclusi\u00f3n de todos los factores salariales en el monto pensional, tales como la prima de vacaciones, vacaciones tiempo-dinero, el incremento con el IPC y la respectiva indexaci\u00f3n de la base pensional o primera mesada, teniendo en cuenta lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios respecto de la fecha de reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga no accedi\u00f3 a las pretensiones (5 nov. 2019), decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el Superior (21 jul. 2020) y, pese a recurrirla en casaci\u00f3n, se mantuvo indemne (SL4156-2022, 15 nov.). <\/p>\n
Aleg\u00f3 que la \u00faltima determinaci\u00f3n \u00abes totalmente equivocada y en contra de todos [sus] derechos fundamentales\u00bb, por cuanto: i) Inaplic\u00f3 los art\u00edculos 90 del C\u00f3digo General del Proceso y 43, 53 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; ii) Pas\u00f3 por alto que \u00ablos pedimentos de la demanda se encuentran probados\u00bb, esto es, que \u00abel incremento pensional, se hizo con una norma derogada\u00bb y los rubros que rog\u00f3 reconocer est\u00e1n soportados \u00abpor las certificaciones y son de origen convencional y legal\u00bb; iii) Ignor\u00f3 que su prestaci\u00f3n \u00abse origin\u00f3 en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en concordancia con el Decreto 807 de 1994\u00bb; iv) Desconoci\u00f3 \u00abla evoluci\u00f3n de la l\u00ednea jurisprudencial que ha arrastrado la Honorable Corte Suprema de Justicia desde el a\u00f1o de 1982\u00bb y la sentencia SU-1073 de 2012 de la Corte Constitucional, que propugnan por \u00abel car\u00e1cter constitucional del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones\u00bb; y, v) Privilegi\u00f3 la rigurosidad del recurso extraordinario, omitiendo reglas como \u00abla prueba din\u00e1mica, la direcci\u00f3n del proceso, el tiempo de duraci\u00f3n de la primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala n\u00b0 2 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Ecopetrol aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, empero, destac\u00f3 la improcedencia del resguardo, dada la \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb y la insatisfacci\u00f3n del requisito de inmediatez, en tanto, \u00absolo casi 7 meses despu\u00e9s\u00bb, la quejosa busc\u00f3 \u00abponer en discusi\u00f3n hechos que ya se han consolidado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el amparo, por encontrar razonable la resoluci\u00f3n confutada, en tanto \u00abla autoridad judicial accionada entendi\u00f3 que, pese a la impropiedad de la t\u00e9cnica empleada en el recurso de casaci\u00f3n para buscar que se casara la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Bucaramanga, en un escenario de an\u00e1lisis de los elementos de convicci\u00f3n del tr\u00e1mite ordinario, se advert\u00eda que, en todo caso, las pretensiones de MARIELA ORDO\u00d1EZ RICO no estaban llamadas a prosperar, pues no le asist\u00eda derecho a la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de sobreviviente y le explic\u00f3 las razones de tal negativa\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la querellante iterando los raciocinios inaugurales, enarbolando su desacuerdo con lo definido por el a quo constitucional, por cuanto, en su opini\u00f3n, no hizo \u00abun estudio de acuerdo a la sana cr\u00edtica\u00bb y se limit\u00f3 \u00aba apoyar la tesis de la sentencia de casaci\u00f3n objeto de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que, si bien la gestora compareci\u00f3 a este sendero excepcional transcurridos m\u00e1s de seis (6) meses desde la expedici\u00f3n del veredicto que reprocha, se tiene por superado el presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb establecido en la jurisprudencia para el estudio de fondo de la salvaguarda, como quiera que la discusi\u00f3n recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable, imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se estima actual (STC20333-2017, que memor\u00f3 la SU1073-2022). <\/p>\n
2.- No obstante, de la realidad que exhibe el plenario, muy pronto se anuncia la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en la primera etapa, porque el pronunciamiento refutado no fue producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, al escrutar el veredicto de la Sala n\u00b0 2 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se aprecia que realiz\u00f3 un sensato estudio de las disposiciones que disciplinan el caso con apoyo en la jurisprudencia vinculante en la materia, de las cuales concluy\u00f3 que el ad quem no se equivoc\u00f3 en confirmar la absoluci\u00f3n de la demandada dispuesta por el fallador inicial, toda vez que no se demostraron los errores in iudicando atribuidos al Tribunal, motivo por el cual tal prove\u00eddo no merec\u00eda ser casado. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, comenz\u00f3 por relievar los defectos de t\u00e9cnica del ataque planteado por Ordo\u00f1ez Rico, atinentes a que \u00abde manera general, carecen de proposici\u00f3n jur\u00eddica, pues en rigor no acusan la transgresi\u00f3n y su modalidad de ning\u00fan precepto legal sustantivo de orden nacional, que contenga el derecho liquidatorio que reivindica la impugnante, como lo exigen los art\u00edculos 87-1 y 90-5 literal a) del CPTSS y lo ha se\u00f1alado la Sala en la sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23427, reiterada en las CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 35795 y CSJ SL12300-2017\u00bb. <\/p>\n
Concretamente, se\u00f1al\u00f3 que el primer cargo omiti\u00f3 la labor de identificar los c\u00e1nones cuyo quebranto se endilga al iudex de segundo grado, \u00abobviando que seg\u00fan se explic\u00f3 en las providencias CSJ SL8535-2016 y CSJ SL222-2021, no es admisible en el recurso extraordinario, realizar la acusaci\u00f3n general de compendios normativos, pues no le corresponde a la Corte investigar el canon de ellos que haya podido quebrantar el juez de apelaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, la precursora no esgrimi\u00f3 su descontento con la aplicaci\u00f3n de la Ley 71 de 1988 en lugar de la Ley 100 de 1993 en la alzada, de tal manera que tampoco pod\u00eda hacerlo en esa sede, pues \u00abla Corte, como juez de casaci\u00f3n tambi\u00e9n encuentra frontera de competencia para pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de controversia ante el de la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, hizo ver que la impulsora denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de disposiciones convencionales por la v\u00eda de la infracci\u00f3n directa, \u00aba pesar de que la jurisprudencia ha sido reiterativa en cuanto a que su confrontaci\u00f3n debe efectuarse por el sendero f\u00e1ctico y, adem\u00e1s, se soslaya que cuando se reclaman derechos convencionales, se debe acusar es la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 467 o 476 del CST que son en realidad las normas de derecho sustantivo, que contienen los derechos convencionales reivindicados\u00bb. <\/p>\n
Al analizar la segunda acusaci\u00f3n encontr\u00f3 que se rebati\u00f3 \u00abel acuerdo convencional por el sendero jur\u00eddico cuando no es m\u00e1s que una prueba y, adem\u00e1s, entremezcla submotivos de la impugnaci\u00f3n, en la medida que acusa la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y la infracci\u00f3n de las mismas normas\u00bb e \u00abintroduce cuestionamientos f\u00e1cticos relacionados con que el juez colegiado no aplic\u00f3 el principio de la sana cr\u00edtica a la hora de estudiar la prueba relativa a los factores salariales devengados por el trabajador fallecido, que debieron considerarse al calcular el IBL\u00bb. <\/p>\n
Y en torno al tercer motivo de impugnaci\u00f3n, coligi\u00f3 que presentaba similares falencias, puesto que Mariela olvid\u00f3 que la \u00abv\u00eda indirecta\u00bb, tiene como objetivo evidenciar la indebida o inexistente valoraci\u00f3n de \u00abalg\u00fan medio de prueba\u00bb, para lo cual debi\u00f3 \u00abprecisar los errores f\u00e1cticos, que deben ser evidentes\u00bb e individualizar los elementos suasorios sobre los cuales recay\u00f3 el error, \u00abexplicando c\u00f3mo la falta o la defectuosa valoraci\u00f3n probatoria lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en realidad acredita y qu\u00e9 impacto tuvo ello en la sentencia cuestionada\u00bb. <\/p>\n
Realizado el anterior examen formal, sostuvo que aun si se pasaran por alto los dislates descritos, resultar\u00eda inviable \u00abquebrar el segundo fallo, pues desde las premisas f\u00e1cticas no discutidas y la jurisprudencia soporte de esa decisi\u00f3n, igualmente emerge que el sentenciador no vulner\u00f3 la ley en la forma que se le adjudic\u00f3\u00bb, como quiera que \u00absu entendimiento respecto de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional se constata arm\u00f3nico con el criterio de la Corte, consistente en que, para que proceda la indexaci\u00f3n de la primera mesada, es requisito indispensable que transcurra un tiempo considerable entre el retiro del servicio, en este caso por muerte del trabajador\u00bb, afirmaci\u00f3n que respald\u00f3 en la sentencia CSJ SL2862-2022. <\/p>\n
Al contrastar lo acaecido en el sub judice, dedujo que \u00abde acuerdo con la documental de f.\u00ba 15 a 17 del cuaderno del juzgado, el deceso del trabajador ocurri\u00f3 el 4 de agosto de 1994, la prestaci\u00f3n convencional se le reconoci\u00f3 a la recurrente e hijos a partir del d\u00eda siguiente, se orden\u00f3 su inclusi\u00f3n en n\u00f3mina a partir del mes de diciembre de ese a\u00f1o y se orden\u00f3 el pago del retroactivo\u00bb, lo que significa que \u00abla impugnante y sus descendientes empezaron a percibir la prestaci\u00f3n, de manera efectiva, antes que se produjera el incremento anual siguiente, por lo que el valor que ell[os] recibi[eron] era el que correspond\u00eda para 1994, sin que sufriera devaluaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Sobre la contabilizaci\u00f3n de \u00ablos dominicales y festivos\u00bb, expres\u00f3 que acert\u00f3 el Colegiado \u00abal considerar que el debate planteado en la demanda difer\u00eda del esbozado con la alzada, pues ciertamente en el libelo gestor (\u2026) se pretendi\u00f3 que se tuviera en cuenta la suma devengada por laborar en esos d\u00edas, pero en momento alguno se discuti\u00f3 que Ecopetrol hubiera pagado dicho trabajo deficitariamente al dependiente fallecido, ni mucho menos se deprec\u00f3 que as\u00ed se reconociera en sede judicial\u00bb. Adicionalmente, observ\u00f3 una adecuada ponderaci\u00f3n de los medios cognitivos por el Tribunal, en tanto \u00abrespet\u00f3 los principios de integralidad, razonabilidad y sana cr\u00edtica\u00bb e hizo una evaluaci\u00f3n conjunta \u00abcoherente, l\u00f3gica y consistente\u00bb del caudal probatorio. <\/p>\n
Como consecuencia de lo dicho, estableci\u00f3 que no emerg\u00edan descabelladas las inferencias del sentenciador, atinentes a que i) De \u00abla certificaci\u00f3n de lo devengado durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicios (4 de agosto de 1993 a 3 de agosto de 1994), no emerg\u00eda que se hubieran causado vacaciones compensadas o \u201cvacaciones tiempo-dinero\u201d que debieran tenerse en cuenta para liquidar la prestaci\u00f3n en la forma discutida\u00bb; y, ii) La \u00abliquidaci\u00f3n final de f.\u00ba 19 ib. no era suficiente para inferir que, durante todo el \u00faltimo a\u00f1o, el salario diario siempre fue de $10.797,oo, por cuanto, como lo dedujo, el documento en menci\u00f3n hace alusi\u00f3n al \u00faltimo mes de labores (\u2026) siendo l\u00f3gico que (\u2026) echara de menos la prueba del salario diario devengado durante los once meses anteriores\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que la querellante \u00abno demostr\u00f3 que su c\u00f3nyuge fallecido hubiese devengado sumas diferentes a las certificadas por la entidad enjuiciada, circunstancia a la que se suma que el Tribunal no desconoci\u00f3, como se lo enrostra la atacante, el contenido de la CCT, pues para la resoluci\u00f3n del caso acudi\u00f3 a los preceptos 97 y 118 de la misma\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, el juez plural despej\u00f3 cada una de las inconformidades de la casacionista con apego a la normatividad y el \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb que gobierna el asunto, dando argumentos razonables, suficientes y plausibles para descalificarlos. <\/p>\n
3.- Por consiguiente, para la Corte no emerge vicio alguno de la determinaci\u00f3n cuestionada, que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la actora, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los argumentos \u00abf\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u00bb de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC1836-2023 y STC2716-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las razones expuestas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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