STC7262-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7262-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00950-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023 por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Roberto Llin\u00e1s Olmos contra la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso laboral 2013-00544-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad. <\/p>\n
2. El actor manifest\u00f3 que impetr\u00f3 demanda laboral en contra de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. con el fin de que se le reconociera y pagara el incremento pensional acordado \u00abmediante convenci\u00f3n equivalente al 15% para las mesadas inferiores a 5 veces el salario m\u00ednimo y el pago de las diferencias que se hubieren generado por causa de la falta de reajuste\u00bb. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, con sentencia del 12 de mayo de 2014, resolvi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar no probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb. SEGUNDO. Declarar probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n en virtud de que se encontr\u00f3 que al [demandante] no le asiste el derecho a que [la demandada] le reconozca y pague el incremento pensional, conforme lo establecido en la Convenci\u00f3n Colectiva de 1998-1999\u00bb. <\/p>\n
TERCERO. Declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n con respecto a las diferencias pensionales causadas a favor del demandante en el periodo comprendido del 1 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2010. <\/p>\n
CUARTO. Condenar a la demandada [\u2026] a reconocerle y pagarle [al demandado], las diferencias pensionales resultante de la reliquidaci\u00f3n efectuada por el Despacho de las mesadas pensionales del demandante y el valor reconocido y cancelado por [la demandada], a partir del 1 de diciembre de 2010 y hasta la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina del nuevo valor de la mesada pensional del a\u00f1o 2014. Diferencias pensionales que liquidadas para una condena en concreto a la fecha 30 de abril de 2014, ascienden a la suma de $3.792.497.14. <\/p>\n
QUINTO. Condenar a la demandada [\u2026] a reconocerle y pagarle al [demandante], dichos reajustes pensionales debidamente indexadas mes a mes hasta la fecha de su pago. <\/p>\n
SEXTO. Declarar parcialmente probada la excepci\u00f3n de carencia de acci\u00f3n [\u2026]1. <\/p>\n
Inconformes con lo decidido, las partes en litis formularon recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. La Sala Laboral del Tribunal de Barranquilla, con fallo 25 de julio de 2016, dispuso revocar \u00ablo numerales 2\u00b0, 6\u00b0, 7\u00b0 y 8\u00b0 de la sentencia impugnada de 12 de mayo de 2014\u00bb. En ese orden, determin\u00f3 condenar \u00aba la demandada [\u2026] a reconocer y pagar al demandante el reajuste de su mesada pensional con base a lo establecido en la Ley 4\u00b0 de 1976, a partir del 1 de diciembre de 2010 y en lo sucesivo siempre que una vez reajustada no supere los 5 smlmv. Monto que una vez calculado arroja por concepto de diferencias pensionales la suma de $118.871.506.27\u00bb2. Frente a lo resuelto, la sociedad demandada present\u00f3 remedio extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con prove\u00eddo del 29 de marzo de 2022, resolvi\u00f3 casar la sentencia de segundo grado. Seguidamente, orden\u00f3 oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y a la Fiduciaria La Previsora, para que \u00aben el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes [\u2026] remitan a esta Corporaci\u00f3n, una certificaci\u00f3n detallada que d\u00e9 cuenta de los pagos que mes a mes y por concepto de mesada pensional han reconocido a favor de [\u2026] Roberto Llin\u00e1s Olmos [\u2026] a partir del 1 de enero de 2009 y hasta la fecha\u00bb3. En sede de instancia, con fallo del 19 de julio de 2022, la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, decidi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo, tercero, cuarto, sexto, s\u00e9ptimo y octavo de la sentencia de primer grado proferida el 12 de mayo de 2014 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, para en su lugar: <\/p>\n
CONDENAR a la demandada [\u2026] a cancelar al demandante [\u2026] el retroactivo causado por el reajuste de la mesada pensional entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2022, en cuant\u00eda de $27.079.817,20. <\/p>\n
DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la pasiva, incluida la de prescripci\u00f3n4. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s del presente amparo, el gestor censur\u00f3 que se liquid\u00f3 su mesada pensional \u00abpor debajo de lo que realmente corresponde pues no efectu\u00f3 los incrementos para cada anualidad\u00bb. En ese orden, consider\u00f3 que el \u00abcalculo a partir del a\u00f1o 2011 debi\u00f3 iniciarse con la mesada debidamente reajustada como lo orden\u00f3 la sentencia, y no con el valor de la mesada que aparece en el certificado de n\u00f3mina del demandante, al cual claramente estaba sin aplicar el reajuste pensional demandado\u00bb. Por tanto, estim\u00f3 que lo resuelto constituye defecto f\u00e1ctico \u00abque afecta en forma directa los derechos fundamentales [del actor] en la medida que apreci\u00f3 err\u00f3neamente la certificaci\u00f3n laboral enviada por Electricaribe. Es por ello que la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica no resultar\u00eda procedente, pues no estamos en presencia de un simple cambio de palabras o n\u00fameros, sino en la equivocada apreciaci\u00f3n de una prueba que influy\u00f3 determinantemente en la materializaci\u00f3n del derecho reconocido\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene a la autoridad querellada \u00abproceda a emitir una nueva providencia en donde se corrija la liquidaci\u00f3n con los par\u00e1metros se\u00f1alados en la sentencia de casaci\u00f3n sentencia del 19 de julio de 2022, estos es, respetando la base pensional para el a\u00f1o inmediatamente anterior al que se liquida\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala querellada manifest\u00f3 que \u00abla ley prev\u00e9 la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica como mecanismo para subsanar errores de ese tipo, a la cual se puede acudir incluso terminado el proceso. Sin embargo, el accionante aduce no acudir a \u00e9l, argumentando que se trata de un equ\u00edvoco en la valoraci\u00f3n probatoria, evidenciando as\u00ed que lo que pretende en realidad es reabrir un debate jur\u00eddico ya definido, lo cual es totalmente improcedente\u00bb. Por tanto, estim\u00f3 que no se \u00abconfigur\u00f3 ning\u00fan defecto que pudiera dar lugar al amparo constitucional deprecado, en la medida que la decisi\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a los lineamientos legales y jurisprudenciales que sobre el particular ha edificado la Sala\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal de Barranquilla mencion\u00f3 que no ha incurrido \u00aben violaci\u00f3n de los derechos incoados en la presente acci\u00f3n constitucional. De conformidad a que, una vez allegado el proceso, y en los t\u00e9rminos correspondientes, se procedi\u00f3 a darle celeridad al mismo\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que en \u00abcontradictorio de origen, as\u00ed como en la tutela de la referencia no se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a es[e] Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
4. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que en la causa no se \u00abmaterializ\u00f3 ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, atendiendo a la interpretaci\u00f3n dada por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto del caso del proceso ordinario ya que dentro de su autonom\u00eda judicial, explic\u00f3 de manera detallada y razonada, la raz\u00f3n por la que se aparta de dicha jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, advirti\u00f3 superados los presupuestos de la acci\u00f3n de tutela, en especial, que no era posible aplicar el mecanismo dispuesto en el art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013correcci\u00f3n-, pues \u00abel prop\u00f3sito del [\u2026] libelo es cuestionar el razonamiento empleado para arribar a tal determinaci\u00f3n, no el valor propiamente dicho [\u2026]\u00bb. En ese orden, observ\u00f3 que tanto la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n como aquella que se profiri\u00f3 en sede de instancia, son \u00abintangibles a la v\u00eda de tutela\u00bb, puesto que se estructur\u00f3 una aplicaci\u00f3n \u00absistem\u00e1tica de las disposiciones jur\u00eddicas y la interpretaci\u00f3n ponderada de los falladores al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a su autonom\u00eda como administradores de justicia\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El actor fund\u00f3 su inconformidad bajo argumentaci\u00f3n similar a la expuesta en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Ello, en raz\u00f3n a que la decisi\u00f3n proferida por la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n el 19 de julio de 2022, no se advierte irrazonable. Por lo que viene. <\/p>\n
2. Ciertamente, dado el cuestionamiento esbozado por el actor, relativo a la liquidaci\u00f3n de su mesada pensional, se observa que en sentencia del 19 de julio de 2022 \u2013que en sede de instancia configur\u00f3 el reajuste de la mesada pensional-, resolvi\u00f3 revocar la determinaci\u00f3n de primer grado, por tanto conden\u00f3 a la demandada cancelar al actor el retroactivo causado por el reajuste de la mesada pensional entre el primero de enero de 2011 y el 30 de junio de 2022, en cuant\u00eda de $27.079.817. Lo anterior, pues de entrada resalt\u00f3 que \u00abla pensi\u00f3n del actor fue otorgada el 23 de octubre de 1983, esto es, antes de entrar en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005, la disposici\u00f3n convencional le resulta aplicable sin restricci\u00f3n alguna dado que la enmienda constitucional salvaguard\u00f3 los derechos adquiridos\u00bb. Ello, fue sustentado en precedentes de esa Corporaci\u00f3n5. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, con base en la informaci\u00f3n remitida por Colpensiones y la Fiduciaria La Previsora a la Sala -para conocer con exactitud las mesadas canceladas desde el a\u00f1o 2009 al 2022-, la autoridad judicial discurri\u00f3 que la juez de \u00abprimer grado se equivoc\u00f3 al se\u00f1alar que el valor de las mesadas pensionales percibidas por el actor ha sobrepasado los cinco SMMLV, pues esto solo ocurri\u00f3 para los a\u00f1os 2009 y 2010, en tanto a partir del 2011, la pensi\u00f3n es menor a ese tope\u00bb. Por lo tanto, conden\u00f3 a Electricaribe S.A. ESP \u00abal pago del reajuste de la mesada pensional percibida por el actor a partir del a\u00f1o 2011 en un 15%, en los t\u00e9rminos dispuestos por la Ley 4 de 1976 aplicable al promotor de la contienda por as\u00ed preverse en la CCT 1983-1985\u00bb. <\/p>\n
2.2. En efecto, se\u00f1al\u00f3 que se deb\u00eda condenar al pago de retroactivo por concepto de diferencias \u00aben las mesadas pensionales causadas a favor del actor entre enero de 2011 y junio de 2022, a la suma de [\u2026] $27.079.817,20\u00bb. Y, de igual manera, anot\u00f3 frente a los intereses moratorios, que los mismos no fueron requeridos por la demandante, \u00abunido a que no operan en la medida que la prestaci\u00f3n es de origen convencional, raz\u00f3n por la que se impuso la indexaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, it\u00e9rese, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.6 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). De otra parte, el querellante no ha perdido la oportunidad de solicitar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante memorial, revisar su liquidaci\u00f3n para corregir errores aritm\u00e9ticos que se hayan cometido. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 6 a 8 del archivo PDF \u00ab0003Anexos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 9 a 10. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 12 a 43. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 44 a 59. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 CSJ SL, 3 abr. 2008, rad. 29907, reiterada en otras providencias como la CSJ SL, 20 oct. 2009, rad. 34044, y la CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39797. <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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