STC7294-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7294-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02730-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo de Jes\u00fas Sierra Mayo y Mario M\u00e1rmol Montero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00109. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en nombre propio, invocaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las corporaciones judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relatan que, fueron procesados por los delitos de \u00abdesplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado\u00bb, de los cuales resultaron absueltos en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena (5 de diciembre de 2018); sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n para en su lugar declararlos penalmente responsables y condenarlos a la pena de 120 meses de prisi\u00f3n (9 de febrero de 2022), sentencia confirmada parcialmente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede de impugnaci\u00f3n especial (22 de marzo de 2023) la que, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n del punible de \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb en favor de Sierra Mayo, fij\u00e1ndole en su caso una sanci\u00f3n definitiva de 90 meses de prisi\u00f3n y ratificando la de 120 meses impuesta a M\u00e1rmol Montero por ambos il\u00edcitos. <\/p>\n
Dirigen sus cuestionamientos contra las sentencias de condena, las que acusan de constituir v\u00edas de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y desconocer el principio de legalidad. <\/p>\n
Al respecto aducen que, el punible de \u00abdesplazamiento forzado\u00bb lo describe el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (literal d, art\u00edculo 7.2.) como la \u00abdeportaci\u00f3n o traslado forzoso de la poblaci\u00f3n, se entender\u00e1 el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsi\u00f3n u otros actos coactivos, de la zona en que est\u00e9n leg\u00edtimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional\u00bb. <\/p>\n
Arguyen que dicha regulaci\u00f3n internacional introdujo el elemento de la legitimidad al tipo penal del C\u00f3digo Penal colombiano, \u00ablo cual es permitido de acuerdo al principio de legalidad extendido y al bloque de constitucionalidad\u00bb, es decir, alegan que dicho ingrediente normativo debi\u00f3 tenerse en cuenta a la hora de valorar la configuraci\u00f3n de la conducta, pues no qued\u00f3 establecido en el proceso la legitimidad de los ocupantes de la hacienda \u00abLas Pavas\u00bb como para que su desalojo fuera considerado ilegal. <\/p>\n
Sobre el particular, manifestaron que, \u00abla condici\u00f3n de ilegitimidad de quienes ocupaban la hacienda Las Pavas es un hecho irrefutable, suficientemente demostrado en el plenario, con los testimonios de los miembros de Asocab y otros residentes en el corregimiento de Buenos Aires, unos manifiestan que entraron a los predios [\u2026] porque se encontraba abandonada e inexplotada econ\u00f3micamente, entre tanto otros, dicen que entraron al predio por la concesi\u00f3n de un permiso de su administrador para el cultivo de pan coger\u00bb. <\/p>\n
Sostienen que los campesinos pertenecientes a Asocab, de manera fraudulenta iniciaron un proceso para obtener el fundo, lo cual lograron a trav\u00e9s del Incoder entidad que decret\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio en contra de la empresa \u00abAportes San Isidro S.A.\u00bb, no obstante que se hab\u00eda \u00abconstatado que el bien s\u00ed era explotado econ\u00f3micamente por su propietario, contrario a lo que se hab\u00eda dicho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alan que uno de los testigos en el juicio, subgerente de tierras rurales del Incoder, declar\u00f3 que \u00able pareci\u00f3 inusual que los campesinos de Asocab ofertaran para comprar esos predios, lo cual es obvio, teniendo en cuenta que la regla general es que los campesinos acudan al Incoder solicitando les adjudiquen tierras, porque son pobres y no tienen c\u00f3mo pagar por ellas, sin embargo, Asocab propuso comprar Las Pavas, una tierras de gran extensi\u00f3n y con un valor comercial alto, por esas razones y apoyado en pruebas [\u2026] no hubo desplazamiento forzado [\u2026] la procuradur\u00eda tambi\u00e9n concluy\u00f3 que no hubo desplazados y la comunicaci\u00f3n de unos campesinos que pertenec\u00edan a Asocab donde el tal desplazamiento era una farsa, un montaje (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En suma, afirman que, \u00aben el proceso penal no existe una sola prueba que demuestre la legalidad o legitimidad de los ocupantes irregulares del predio, luego de hab\u00e9rsele solicitado la restituci\u00f3n del mismo, en la reuni\u00f3n del 26 de octubre de 2003, a\u00fan en las coercitivas y amenazantes condiciones, presuntamente dadas en dicha reuni\u00f3n, recu\u00e9rdense las declaraciones de los l\u00edderes y miembros de Asocab, tales como Misael Payares Guerrero, Eliud Alvear Cumplido, Enit Torres, Alejandro Guzm\u00e1n, entre otros, quienes manifestaron que ellos se metieron o invadieron los terrenos del predio Las Pavas por su abandono e inexplotaci\u00f3n econ\u00f3mica, circunstancia que en s\u00ed misma lleva impl\u00edcita el ingrediente de ilegalidad, violencia y clandestinidad en la ocupaci\u00f3n que realizan en dicho fundo\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, consideran que \u00abel desalojo leg\u00edtimo de un territorio ocupado ilegalmente no puede ser considerado como un desplazamiento forzado\u00bb, de forma que la tipicidad no se configura, y de contera, quedar\u00eda igualmente desvirtuado el \u00abconcierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretenden que, \u00abse deje sin efecto [\u2026] las providencias emitidas los d\u00edas 9 de febrero de 2022 y 22 de marzo de 2023, respectivamente por los accionados, mediante las cuales se resolvi\u00f3 revocar parcialmente la sentencia del 5 de diciembre de 2018 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal por intermedio del Magistrado ponente de la sentencia recriminada, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en sede de impugnaci\u00f3n especial la cual adujo estuvo precedida de un an\u00e1lisis \u00abponderado de todos los medios de prueba incorporados a la actuaci\u00f3n seguida bajo los lineamientos de la ley 600 de 2000\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que el fallo se apoy\u00f3 en las premisas convencionales, legales y la prueba aportada, por lo que considera que se trata de un debate agotado en las instancias, que no es viable revivir a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. La Procuradora 83 Judicial II Penal se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n tutelar por cuanto, no se advierte vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los actores, adem\u00e1s que pretenden utilizar este mecanismo como \u00abuna especie de tercera instancia, frente a la discusi\u00f3n de aspectos sustanciales y probatorios (ampliamente debatidos en las instancias)\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 44 Especializada \u2013 Direcci\u00f3n Especializada Contra Violaciones de Derechos Humanos, igualmente solicit\u00f3 denegar el amparo ya que, \u00abse torna evidente [que] los accionantes formularon su propio examen probatorio, convirtiendo as\u00ed su recurso constitucional en una tercera instancia en la que pretenden debatir su inocencia\u00bb. <\/p>\n
4. Misael Payares, Etni Torres y Eliud Alvear, vinculados, pertenecientes a la Asociaci\u00f3n de Campesinos de Buenos Aires \u2013 Asocab -, se\u00f1alaron que, los argumentos de la presente acci\u00f3n de tutela, \u00abson id\u00e9nticos a los reclamos que los condenados hicieron en su apelaci\u00f3n de la sentencia condenatoria y sobre los que la Sala de Casaci\u00f3n Penal se refiri\u00f3 expl\u00edcitamente en su sentencia confirmatoria de la condena. Por lo tanto, estos mismos argumentos ya fueron discutidos en sede penal donde se controvirtieron por completo y la parte accionante pretende de manera reprochable, utilizar el amparo para reabrir debates que ya fueron cerrados por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
5. Jhonny Mercado Gonz\u00e1lez, quien funge como defensor de confianza de los aqu\u00ed accionantes, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda, complementando los argumentos de los quejosos, en torno que, no se habr\u00edan configurado los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales denunciadas por los accionantes, al condenarlos a las penas de 90 \u2013 a Gustavo de Jes\u00fas Sierra Mayo \u2013 y 120 meses de prisi\u00f3n \u2013 Mario M\u00e1rmol Montero \u2013 por los delitos de \u00abdesplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado\u00bb (fallos de segunda instancia \u2013 Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena \u2013, del 5 de diciembre de 2022; y, de impugnaci\u00f3n especial el 22 de marzo de 2023 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal) incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico (indebida valoraci\u00f3n probatoria). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra ambas sentencias condenatorias, es decir, la de segunda instancia y la que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, proferida el 22 de marzo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Efectuada la revisi\u00f3n pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que el fallo atacado (SP093-2023, de 22 de marzo de 2023) se aprecia coherente, razonable y motivado. <\/p>\n
4.1. Preliminarmente, la Hom\u00f3loga Penal realiz\u00f3 un examen de la estructura de cada uno de los il\u00edcitos y determin\u00f3 que, en el caso del Sierra Mayo, el \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb se hallaba prescrito, aunque no ocurr\u00eda lo mismo con el de \u00abdesplazamiento forzado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, contextualiz\u00f3 el panorama geo-pol\u00edtico de la regi\u00f3n \u2013 sur del Departamento de Bol\u00edvar \u2013 el que ha padecido una hist\u00f3rica confrontaci\u00f3n entre grupos subversivos y paramilitares e indic\u00f3 que, el predio \u00abLas Pavas\u00bb se vio afectado por esa violencia, obligando a su propietario (a mediados de la d\u00e9cada de los 90), a abandonarlo, lo que permiti\u00f3 que fuera luego ocupado por familias campesinas, quienes lo explotaron econ\u00f3micamente, las mismas que constituyeron la asociaci\u00f3n de campesinos de Buenos Aires \u2013 Asocab. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, con posterioridad, el 26 de octubre de 2003, en dichos terrenos se llev\u00f3 a cabo una reuni\u00f3n convocada por las autodefensas unidas de Colombia, para advertirles a los ocupantes \u00abque no pod\u00edan trabajar m\u00e1s en Las Pavas, porque la finca ten\u00eda due\u00f1o y si lo hac\u00edan \u201cno respond\u00edan por la vida de nosotros\u201d\u00bb seg\u00fan varios declarantes. <\/p>\n
De la participaci\u00f3n en los hechos de Sierra Mayo, puntualiz\u00f3 que, en su indagatoria, admiti\u00f3 haber buscado en el municipio de Papayal a alias \u00abRapidito\u00bb porque el propietario del predio le hab\u00eda hablado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de la existencia del grupo paramilitar, con el prop\u00f3sito de ense\u00f1arle las escrituras de la finca Las Pavas y una carta de su propietario, conducta que revela su intenci\u00f3n de recuperar los terrenos de la hacienda ocupados por los habitantes de Buenos Aires con el apoyo del grupo armado ilegal. <\/p>\n
De ah\u00ed que ante el fracaso en persuadir a la comunidad para que desalojara Las Pavas porque ten\u00eda due\u00f1o, buscara la intervenci\u00f3n de las autodefensas establecidas en Papayal, con cuyo jefe del frente acord\u00f3 con antelaci\u00f3n la reuni\u00f3n que condujo al desplazamiento de los campesinos. No otra es la conclusi\u00f3n, al acudir a la reuni\u00f3n en el centro educativo acompa\u00f1ado de ellas y ense\u00f1ar las escrituras, haci\u00e9ndole saber de manera grotesca a los asistentes que no estaban en capacidad de comprar el predio, mientras alias \u201crapidito\u201d mediante amenazas los conminaba a abandonar la finca ocupada\u00bb. <\/p>\n
Es decir, recalc\u00f3 que, de la presencia de los implicados Sierra Mayo y M\u00e1rmol Montero en la referida reuni\u00f3n exist\u00eda prueba suficiente. <\/p>\n
Por otro lado, sobre el planteamiento de la tipicidad extendida a fin de que se considerara la descripci\u00f3n de la conducta penal prevista en el Estatuto de Roma, aclar\u00f3 la Sala tutelada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al acusado no se le atribuye un delito de lesa humanidad, que es el ejecutado \u201ccomo parte de un ataque generalizado o sistem\u00e1tico contra una poblaci\u00f3n civil y con conocimiento de dicho ataque\u201d, sino un delito com\u00fan, cuya tipicidad no exige reenv\u00edo a un ordenamiento internacional. <\/p>\n
La pretensi\u00f3n del impugnante es equivocada. El delito de desplazamiento forzado no es un tipo penal que para su estructuraci\u00f3n deba completarse con otro, pues en acatamiento del principio de tipicidad previsto en el art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Penal se halla definido de manera inequ\u00edvoca, expresa y clara. <\/p>\n
Por el contrario, contempla un \u00e1mbito de mayor protecci\u00f3n para la v\u00edctima que la descripci\u00f3n t\u00edpica no prevea el ingrediente normativo echado de menos por el impugnante, en cuanto pune la situaci\u00f3n de quien es desplazado de su lugar de residencia, sin consideraci\u00f3n alguna a la condici\u00f3n en que la ocupa. <\/p>\n
De ah\u00ed que sea innecesaria determinar la relaci\u00f3n jur\u00eddica que vincula a la persona con el lugar del cual es desplazada, por no ser un elemento de la conducta t\u00edpica. <\/p>\n
En consecuencia, sin que la posesi\u00f3n de la finca haya sido mediada por la violencia, algunos de los ocupantes sostienen fue autorizada por el administrador, su propietario como ya se dijo dispon\u00eda de instrumentos legales para recuperarla, amparo policivo y acciones posesorias, toda vez que su ocupaci\u00f3n de hecho y no ileg\u00edtima, no le otorgaba patente de corso para acudir a los grupos armados ilegales y concertado con ellos, mediante las amenazas desalojarlos de sus cultivos\u00bb. <\/p>\n
En suma, resalt\u00f3 que, Gustavo de Jes\u00fas Sierra Mayo, en efecto, regres\u00f3 a Las Pavas a mediados del a\u00f1o 2003 por encargo de quien fuera su propietario, y que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con el conocimiento de la existencia del grupo armado ilegal al que busc\u00f3 enseguida de su arribo a la hacienda, para hacerle saber al jefe de las autodefensas que operaba en la regi\u00f3n que iba en representaci\u00f3n de su propietario con la intenci\u00f3n de recuperar la hacienda. <\/p>\n
En ese contexto, en el que la sola presencia paramilitar infund\u00eda temor, la circunstancia de que varios pobladores no hayan asistido a la reuni\u00f3n, pero se enteraran de su realizaci\u00f3n, no hace at\u00edpica la conducta, toda vez que la violencia o amenazas contempladas en el tipo penal sobre un sector de la poblaci\u00f3n puede recaer en \u201cuno o varios de sus miembros\u201d. En este sentido, baste tener en cuenta lo dicho por Luz Enith Machuca Navarro, quien, aunque no estuvo en la reuni\u00f3n, \u201cla orden era para todos\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y de que M\u00e1rmol Montero dijo que, aunque este no aparezca enlistado como miembro del bloque Central Bol\u00edvar de las AUC, ni como desmovilizado en el a\u00f1o 2006, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no ense\u00f1a que [\u2026] no haya pertenecido a las autodefensas, pues si tales hechos fueran prueba de ello, alias \u201crapidito\u201d no habr\u00eda hecho parte de esa organizaci\u00f3n ilegal, ya que al igual que aquel no se desmoviliz\u00f3 ni aparece registrado en justicia y paz. <\/p>\n
Adicionalmente, la ausencia de antecedentes penales no es prueba de su ajenidad al grupo armado ilegal, sino un hecho demostrativo de la buena conducta anterior del acusado, que como bien se anota en el fallo tiene incidencia \u00fanicamente en la dosificaci\u00f3n de la pena, o bien sus actividades delictivas no hab\u00edan sido descubiertas, de modo que el fallo no resulta contradictorio por ese aspecto\u00bb. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, como puede observarse de lo rese\u00f1ado, la accionada tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n especial, as\u00ed como las pruebas aportadas y practicadas en el juicio penal para examinarlas y darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Y es que, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 abr. rad. 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir el m\u00e9rito probatorio dado a las declaraciones de los testigos y la apreciaci\u00f3n de las dem\u00e1s pruebas practicadas, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela; es decir, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional; al respecto, esta Sala ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2010, rad. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
Y an\u00e1logamente, sobre la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte, <\/p>\n
\u00ab[N]o est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC4967, 21 abr. 2016, rad. 2016-00322-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por los ac\u00e1 querellantes es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas en lo que a la valoraci\u00f3n de las pruebas se refiere, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7294-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7294-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02730-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo de Jes\u00fas Sierra Mayo y Mario M\u00e1rmol Montero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74985","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74985"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74985\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74985"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}