STC7297-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7297-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02616-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mariano Orlando Taf\u00far Reyes, Dora Eugenia Molano M\u00faner y Miguel Eduardo y Juan Sebasti\u00e1n Taf\u00far Molano contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00b0. 2021-00191. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00abe igualdad jur\u00eddica\u00bb, supuestamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que entre el Banco de Occidente S.A. y la Escuela Gastron\u00f3mica de Occidente S.A.S se celebr\u00f3 un contrato de mutuo por la suma $150.000.000 y que, para garantizar dicha obligaci\u00f3n, el 11 de mayo de 2020 las partes signaron un pagar\u00e9 el cual, a su vez, tambi\u00e9n fue suscrito por los ac\u00e1 gestores como deudores solidarios. <\/p>\n
Ante el ingreso de la Escuela Gastron\u00f3mica de Occidente a un tr\u00e1mite concursal, la acreedora aceler\u00f3 el vencimiento de la obligaci\u00f3n conforme lo pactado y formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Dora Eugenia Molano M\u00fanera y de Miguel Eduardo y Juan Sebasti\u00e1n Taf\u00far Molano, buscando la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito referido junto con los intereses corrientes y moratorios que se causaren. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, despacho que libro orden de apremio el 13 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Notificados del libelo, los demandados se opusieron a las pretensiones formulando las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u00abfraude procesal y fraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, \u00abfalta de solidaridad pasiva\u00bb y \u00abdoble cobro de la obligaci\u00f3n y anatocismo\u00bb. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 9 de septiembre de 2022 el despacho cognoscente profiri\u00f3 fallo en que desestim\u00f3 las defensas esgrimidas y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en la forma dispuesta en el mandamiento de pago. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, los demandados interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, desatado el pasado 2 de mayo por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en el sentido de confirmar lo resuelto. <\/p>\n
3. Los actores acudieron a esta herramienta cuestionando que las autoridades judiciales desconocieron, de un lado, que \u00aben el citado proceso de reorganizaci\u00f3n el Banco de Occidente hizo valer su acreencia\u00bb, al punto que mediante auto de 5 de agosto de 2021, proferido por la funcionaria de la Superintendencia de Sociedades, Regional Cali, se valid\u00f3 un acuerdo extrajudicial presentado por la Escuela Gastron\u00f3mica de Occidente; de otro, que la apoderada de la entidad bancaria actu\u00f3 por fuera del mandato conferido al interior del tr\u00e1mite concursal, al \u00abhacer expresa reserva de la solidaridad respecto de los deudores solidarios y\/o codeudores que suscribieron los t\u00edtulos\u00bb, siendo que dicha facultad dispositiva deb\u00eda estar consignada de forma expresa; y, finalmente, que el Banco de Occidente \u00abrecibi\u00f3 un abono por valor de $120.000.000 de un tercero\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, acusaron a los falladores de incurrir en defecto material y solicitaron remover los efectos de las decisiones censuradas. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto los gestores \u00abno determina[n] qu\u00e9 defecto especifico se configur\u00f3, ni tampoco relata[n] claramente cu\u00e1l fue el supuesto dislate que resta validez a la decisi\u00f3n judicial\u00bb, por el contrario, lo resuelto \u00abno obedece a una hermen\u00e9utica caprichosa de las normas aplicables al caso concreto, ni a una err\u00f3nea valoraci\u00f3n probatoria, mucho menos a un indebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de Cali dijo que \u00abde la decisi\u00f3n tomada en [esa] instancia\u2026 no se observa defecto procedimental, f\u00e1ctico o sustantivo que conlleve a la vulneraci\u00f3n de derechos que alude el actor, pues fue suficientemente fundamentada\u00bb. <\/p>\n
3. El representante legal del Banco de Occidente resalt\u00f3 que \u00aba los accionados no se les han vulnerado los derechos fundamentales\u2026 toda vez que las actuaciones\u2026 se encuentran revestidas de legalidad; adem\u00e1s\u2026 han tenido todas las garant\u00edas y m\u00e9todos de protecci\u00f3n tanto en el proceso ejecutivo como en el proceso de insolvencia empresarial\u00bb. <\/p>\n
4. La Superintendencia de Sociedades alleg\u00f3 el expediente digital del proceso concursal que se adelanta respecto de la Escuela Gastron\u00f3mica de Occidente S.A.S. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Cali vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los gestores al confirmar el fallo estimatorio proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad al interior del juicio ejecutivo en que fueron demandados, pues, a su juicio, tal prove\u00eddo adolece de defecto material por cuanto no advirti\u00f3 que la apoderada de su contraparte actu\u00f3 excediendo las atribuciones del mandato conferido por el Banco de Occidente, al tiempo que pas\u00f3 por alto que la empresa deudora realiz\u00f3 acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n aceptado por el juez del concurso y el Fondo Nacional de Garant\u00edas cubri\u00f3 parte del cr\u00e9dito adeudado. <\/p>\n
Lo anterior porque, aun cuando el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil de la aludida colegiatura, dado que fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada habida consideraci\u00f3n que, tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Al revisar los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente salvaguarda, de cara a lo resuelto por el Tribunal Superior de Cali, no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo cuestionado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ejecutivo. <\/p>\n
Para confirmar la sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior de Cali, previa s\u00edntesis de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, as\u00ed como de reparos formulados por los impugnantes, los cuales guardan simetr\u00eda con las quejas esgrimidas en esta oportunidad, formul\u00f3 los siguientes problemas jur\u00eddicos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) i) \u00bfEl hecho de que un acreedor haya aceptado un Acuerdo de Validaci\u00f3n Extrajudicial (tr\u00e1mite concursal regulado en la Ley 1116 de 2006) le impide a \u00e9l emprender la acci\u00f3n ejecutiva contra deudores solidarios respecto de una obligaci\u00f3n all\u00ed involucrada? <\/p>\n
ii) \u00bfEl pago realizado por el Fondo Nacional de Garant\u00edas da lugar a la modificaci\u00f3n de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n? (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se refiri\u00f3 a los presupuestos normativos, jurisprudenciales y doctrinarios aplicables al asunto particular, para descender al estudio del caso concreto, iniciando con el desarrollo del primer problema jur\u00eddico, para lo cual plante\u00f3 la siguiente premisa: \u00ab(\u2026) el inicio de un tr\u00e1mite concursal de recuperaci\u00f3n, o incluso una liquidaci\u00f3n judicial, no impide hacer efectivos los derechos del acreedor respecto [de] los codeudores solidarios (\u2026)\u00bb: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente afirma que el a quo pas\u00f3 por alto que el acreedor no efectu\u00f3 la \u00abreserva de la solidaridad\u00bb en el contexto concursal, lo cual implica que \u00e9ste renunci\u00f3 \u00abexpresa y t\u00e1citamente a la solidaridad pasiva\u00bb permiti\u00e9ndose as\u00ed un doble cobro, lo cual, a su juicio, es un inviable jur\u00eddico. <\/p>\n
No obstante, de entrada, debe decirse que la tesis del recurrente resulta desacertada pues la reserva de la solidaridad, como acto jur\u00eddico que permite al acreedor conservar sus derechos y acciones frente a los codeudores no insolventes, es una figura proscrita de la legislaci\u00f3n que regula actualmente el tr\u00e1mite concursal que aqu\u00ed nos incumbe (Validaci\u00f3n de Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n – Ley 1116 de 2006). <\/p>\n
De hecho, en la actualidad, el art\u00edculo 70 de la Ley 1116 de 2006 le arroga tal reserva al acreedor al no imponerle condiciones para que \u00e9ste pueda ejercitar sus derechos de cobro frente a los deudores solidarios, distinto a como ocurri\u00f3 con la normatividad concursal anterior (Ley 222 de 1995) que s\u00ed le exig\u00eda manifestaci\u00f3n expresa de ello, tal y como ha sido reconocido por la doctrina al respecto. <\/p>\n
Por consiguiente, resulta insubstancial definir c\u00f3mo oper\u00f3 el contorno de la manifestaci\u00f3n sobre la reserva de la solidaridad al interior del proceso concursal, pues ese acto no tiene incidencia capaz de restringirle al acreedor la posibilidad del cobro ejecutivo a los codeudores solidarios (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Seguidamente, record\u00f3 que el \u00abdoble cobro\u00bb alegado por la parte impugnante \u00abno se contrapone al r\u00e9gimen legal\u00bb, siendo v\u00e1lido perseguir la acreencia en escenarios judiciales diversos \u00aby con mayor raz\u00f3n si se trata de obligaciones de car\u00e1cter solidario\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, indic\u00f3 que la facultad para iniciar diversas actuaciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) deriva del derecho del acreedor para lograr que se satisfagan las obligaciones, luego la v\u00eda que elija con ese prop\u00f3sito ser\u00e1 admisible siempre y cuando en tal labor no se configure un doble pago, puesto que, independientemente de la modalidad escogida para el recaudo, no puede permit\u00edrsele acaparar el patrimonio de los deudores m\u00e1s all\u00e1 de aquello convenido en el negocio jur\u00eddico fuente de la obligaci\u00f3n, pues ello equivaldr\u00eda incluso a un enriquecimiento sin justa causa. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al segundo problema jur\u00eddico, recalc\u00f3 que el pago realizado por el Fondo Nacional de Garant\u00edas, de acuerdo con la confesi\u00f3n del representante legal de la entidad bancaria y la certificaci\u00f3n expedida por dicho fondo, cubri\u00f3 parte de la obligaci\u00f3n, pero no la extingui\u00f3, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar a modificar la orden de pago en la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En torno a ello, reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el pago parcial efectuado por el tercero en menci\u00f3n se hizo en raz\u00f3n a la garant\u00eda convenida sobre el contrato de mutuo pactado entre el Banco de Occidente y los aqu\u00ed demandados para garantizar el pago de la obligaci\u00f3n cambiaria existente entre ambos, es claro entonces que la subrogaci\u00f3n que de dicho acto se deriva y aqu\u00ed ser\u00e1 reconocida en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 5 del art\u00edculo 1668 del C.C., no exonera a los deudores para el pago de dicho monto a favor del tercero en la medida que \u00e9sta lo subroga en los derechos del acreedor, traspas\u00e1ndole \u201ctodos los derechos, acciones y privilegios, prenda e hipotecas del antiguo\u201d (art\u00edculo1670 C.C.). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que al haberse efectuado ese movimiento de dinero en favor del Banco de Occidente el d\u00eda 26 de octubre de 2021, es decir, despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva (11 de agosto 2021) el mismo debe ser tenido en cuenta como un abono a capital de la referida obligaci\u00f3n, y con ello, no puede predicarse que el mandamiento de pago se libr\u00f3 de manera incorrecta ni por una suma superior a la adeudada, pues \u00e9ste obedec\u00eda al honesto reclamo que para la fecha hac\u00eda la entidad financiera demandante y, por lo mismo, el monto cancelado s\u00f3lo tiene la virtualidad de repercutir en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que deber\u00e1 formalizarse en el tr\u00e1mite como consecuencia de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, puesto que, como ya se dijo, oper\u00f3 la subrogaci\u00f3n y su consecuencia natural es que opere sustituci\u00f3n del inicial acreedor hasta por el monto capital abonado. <\/p>\n
As\u00ed, pues, las decisiones judiciales aqu\u00ed estudiadas no se ven afectadas por dicho abono, pero el mismo s\u00ed deber\u00e1 ser tenido en cuenta en el momento de efectuarse la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito como abono a capital aplicado a la fecha en que se efectu\u00f3 26\/10\/2021, ya que el Banco de Occidente s\u00f3lo recuperar\u00e1 por esta v\u00eda el saldo del capital a su favor m\u00e1s los intereses correspondientes. En tal sentido, se condenar\u00e1 en costas procesales de esta instancia al apelante. <\/p>\n
Por \u00faltimo, como quiera que aqu\u00ed se observa que oper\u00f3 un pago respecto de una obligaci\u00f3n inmiscuida en el tr\u00e1mite concursal promovido por Escuela Gastron\u00f3mica de Occidente S.A.S., deber\u00e1 informase de ello al Juez del concurso remiti\u00e9ndole copia de la certificaci\u00f3n de pago (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De lo que acaba de verse, se advierte, que en el fallo objeto de reproche la autoridad accionada consign\u00f3 con claridad las razones jur\u00eddicas que sirvieron de soporte para ratificar la sentencia estimatoria de primer grado, de cara a los elementos de juicio recaudados en la actuaci\u00f3n, de all\u00ed que no se observe la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho alguna que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y los demandantes desconocen la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al pretender hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y las normas llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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