STC7299-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7299-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02748-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alejandro Salazar Franco contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Itinerante de Antioquia, y las partes e intervinientes en el juicio de restituci\u00f3n de tierras radicado n\u00ba 2021-00015. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, Joel Garc\u00eda Mu\u00f1oz solicit\u00f3, por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial de Antioquia, la restituci\u00f3n del predio denominado \u00abEl Diego Pintoresco\u00bb ubicado en la vereda la Iguana, municipio de Nari\u00f1o (Antioquia), del cual figura como propietario. <\/p>\n
Destaca que el tr\u00e1mite judicial, en su etapa de instrucci\u00f3n, se adelant\u00f3 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Itinerante de Antioquia (rad. 2021-00015), despacho que lo vincul\u00f3 en calidad de opositor, cumpliendo en oportunidad con los descargos y la presentaci\u00f3n de los alegatos de conclusi\u00f3n respectivos. <\/p>\n
Remitida la actuaci\u00f3n al tribunal de la especialidad, como lo establece el inciso 3\u00ba, del art\u00edculo 79 de la ley 1448 de 2011, para el proferimiento del fallo, dicha corporaci\u00f3n lo emiti\u00f3 el 28 de junio de 2023 en el que declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada y orden\u00f3, en consecuencia, la entrega del predio al reclamante. <\/p>\n
Dirige sus cuestionamientos contra la referida sentencia, especialmente porque desconoci\u00f3 su buena fe exenta de culpa, sin pago de compensaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Al respecto, critica que el tribunal avalara la petici\u00f3n del demandante, pese a que aqu\u00e9l reconoci\u00f3 ante la UAEGRTD que sab\u00eda las razones (desplazada por la violencia) por las cuales Ilda Liliana Gallo Arias hab\u00eda vendido la heredad, indicando que ello no constitu\u00eda \u00abmala fe ni deslegitimaba su reclamo\u00bb. Agrega en lo atinente que, el Ministerio P\u00fablico coadyuv\u00f3 su intervenci\u00f3n y que en el concepto que alleg\u00f3 llam\u00f3 la atenci\u00f3n del tribunal \u00aben el sentido del actuar del solicitante y las consecuencias que ello acarrea\u00bb. <\/p>\n
Recalca que, en el juicio prob\u00f3 que despleg\u00f3 \u00abtodo el cuidado necesario a la hora de la compra del predio solicitado en restituci\u00f3n, como el que se le exige a un buen padre de familia, como fue el tener un abogado asesor para la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, quien no solo efectu\u00f3 un estudio del t\u00edtulo del bien inmueble, en el cual pudo constatar la veracidad y legalidad de los negocios celebrados a trav\u00e9s de los tiempos, sino que no exist\u00eda ninguna limitaci\u00f3n al dominio, ni anotaci\u00f3n alguna que permitiera develar que hab\u00eda o hubo una protecci\u00f3n jur\u00eddica como consecuencia de un desplazamiento o abandono del predio, igualmente que tampoco exist\u00eda anotaci\u00f3n alguna que vinculara al predio con alguna extinci\u00f3n de dominio o que se encontrara adscrito a la SAE, tampoco exist\u00eda constancia que el predio hubiera sido ingresado al Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente, tampoco hab\u00eda forma de conocer los motivos por los cuales el solicitante hab\u00eda vendido el predio\u00bb. <\/p>\n
Aduce que, adquiri\u00f3 el predio de forma legal y con la confianza leg\u00edtima de estar actuando conforme a derecho, que no conoce al solicitante y menos que haya sido generador de los hechos victimizantes sufridos por aqu\u00e9l y su familia, y que nunca ha tenido relaci\u00f3n alguna con un grupo armado ilegal, ni se ha beneficiado con las actuaciones de aquellos. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que se revoque la sentencia \u00ab15-R del 28 de junio de 2023 proferida por la entidad accionada \u2013 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia-Sala Tercera Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, y en su defecto declarar probadas las excepciones planteadas por el opositor hoy accionante y de esta manera negar la restituci\u00f3n del inmueble denominado \u201cEl Diego Pintoresco\u201d [\u2026] a favor del se\u00f1or Joel Garc\u00eda Mu\u00f1oz; (\u2026) en caso de que se reconozca el derecho a la restituci\u00f3n de tierras del solicitante [\u2026] se haga a trav\u00e9s de compensaci\u00f3n, dejando al accionante en el predio solicitado en restituci\u00f3n por haber actuado con buena fe exenta de culpa o se proceda al pago del dinero cancelado como precio por el bien inmueble, con el fin de evitar que se produzca una disminuci\u00f3n injustificada en el patrimonio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Arley Montoya P\u00e9rez, quien funge como apoderado de Mar\u00eda Segunda Galvis P\u00e9rez, quien se encuentra demandada por el aqu\u00ed accionante en proceso verbal de cumplimiento contractual que cursa ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bello, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la presente demanda tutelar, arguyendo que, existe una relaci\u00f3n sustancial entre el accionante y su poderdante a quien le asiste inter\u00e9s directo en el resultado de la misma. Pidi\u00f3 que se revise la decisi\u00f3n del tribunal accionado en tanto que, del acervo probatorio \u00ab(\u2026) se desprende y se demuestra la falta de verdad en la que ha incurrido el se\u00f1or JOEL GARC\u00cdA MU\u00d1OZ, quien no logr\u00f3 demostrar que el predio \u201cDIEGO PINTORESCO\u201d fue despojado jur\u00eddicamente por los compradores posteriores quienes obraron con buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Itinerante de Antioquia sin pronunciarse sobre las alegaciones de la demanda tutelar, se limit\u00f3 a allegar el link de acceso al expediente digital del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. La Unidad para las V\u00edctimas, Las Agencias Nacionales de Tierras e Hidrocarburos, la Gobernaci\u00f3n de Antioquia y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal accionado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el quejoso al disponer la restituci\u00f3n del predio del cual es titular en favor de Joel Garc\u00eda Mu\u00f1oz, reclamante dentro del proceso radicado n\u00ba 2021-00015 (sentencia de 28 de junio de 2023) por, supuestamente, incurrir en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria al desconocer su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del bien. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las determinaciones de los funcionarios judiciales son, por regla general, ajenas al auxilio consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; salvo, lo que ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en los eventos donde resultan notoriamente arbitrarias, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable, y no tenga o haya desaprovechado otros remedios efectivos para conjurar el agravio. <\/p>\n
3. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de la corporaci\u00f3n accionada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.1. Frente a la determinaci\u00f3n atacada, insistentemente el accionante recab\u00f3 en id\u00e9nticos reparos a los que plante\u00f3 al oponerse a la demanda, esto es, que era adquirente de buena fe exenta de culpa ya que obr\u00f3 con lealtad y plena seguridad que adquir\u00eda un predio libre de vicios; as\u00ed mismo que, al margen de la condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto aducida por el reclamante, no pod\u00eda ser ese el \u00fanico motivo para acceder a la restituci\u00f3n, y que adem\u00e1s, conoc\u00eda los antecedentes de violencia que rodeaban al bien y de la limitaci\u00f3n del dominio o condici\u00f3n resolutoria que imped\u00eda su negociaci\u00f3n impuesta por el Incora. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, y en lo que es objeto puntual de discusi\u00f3n por esta v\u00eda, el tribunal accionado al ocuparse de las alegaciones del opositor destac\u00f3, en primer lugar, sobre la nulidad deprecada fundada en la indebida o falta de publicidad de la situaci\u00f3n del predio que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dichos yeros no fueron objeto de pronunciamiento por las partes, quienes ten\u00edan la posibilidad de demandar del juez la correcci\u00f3n del procedimiento mediante la invocaci\u00f3n de la nulidad que contemplan los art\u00edculos 14 y 164 del C\u00f3digo General del Proceso, normas que, aunque consagran la invalidaci\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb, se acompasan con las reglas consagradas en los art\u00edculos 134 a 138 de la misma obra, en particular, los de convalidaci\u00f3n, oportunidad, legitimidad y protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, sobre el conocimiento previo, seg\u00fan sostuvo el opositor que al parecer ten\u00eda el peticionario respecto de la violencia en que hab\u00eda estado envuelto el inmueble, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el opositor alleg\u00f3 anexo a su contestaci\u00f3n copia del documento llamado \u00abcontrato de promesa de compraventa\u00bb, 28 del cual se sigue que Joel Garc\u00eda Mu\u00f1oz adquiri\u00f3 a manos de Ilda Liliana Gallo Arias el 1 de febrero del a\u00f1o 2005 y por la suma de $10.000.000 \u00abla finca rural\u00bb que ac\u00e1 reclama, y lo acus\u00f3 de haberse aprovechado de la situaci\u00f3n de violencia del momento, hecho que supuestamente acept\u00f3 en entrevista ante la UEAGRTD. <\/p>\n
No obstante, en su interrogatorio ante el instructor el actor insisti\u00f3 en que el v\u00ednculo material con el bien se fund\u00f3 en el a\u00f1o 2003 por virtud del negocio privado que realiz\u00f3 con \u00abLeo P\u00e9rez\u00bb a quien le pag\u00f3 la suma de $18.000.000, empero, como este no ten\u00eda documento que justificara la adquisici\u00f3n, se vio en la necesidad de contactar a Liliana Gallo, pret\u00e9rita due\u00f1a, para que le suscribiera una \u201ccompraventa\u201d, lo cual explica la existencia del mencionado documento somo si el negocio lo hubiere efectuado con ella. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el hecho de que el solicitante admitiera que el orden p\u00fablico del momento se encontraba alterado, lejos de constituir mala fe y deslegitimar su reclamo, como lo insinu\u00f3 la defensa, exterioriza honestidad, no solo porque el negocio no lo efectu\u00f3 con ella, sino porque su adquisici\u00f3n no vislumbra inter\u00e9s por sacar provecho de la situaci\u00f3n, m\u00e1s que, como muchos otros campesinos, trabajadores agrarios y minifundistas, solucionar una necesidad fundamental de tierra como medio de trabajo y sustento, prevalido del arraigo en el campo y tenacidad frente al conflicto\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, luego de analizar el trasfondo hist\u00f3rico de violencia comprobado en el sector donde se ubica el fundo, producto de la confrontaci\u00f3n entre varios grupos alzados en armas, el tribunal abord\u00f3 lo concerniente a la alegada condici\u00f3n de buena fe exenta de culpa del aqu\u00ed actor. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, quien alega buena fe exenta de culpa, debe demostrar que su actuar fue probo y honesto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aun cuando medie un estudio juicioso de la tradici\u00f3n del bien a partir de documentos registrales o notariales, pues estos no revelan, en la mayor\u00eda de los casos \u2013 y as\u00ed lo presume la ley-, las reales circunstancias o motivos por los que los propietarios de tierras la trasfirieron o abandonaron, situaci\u00f3n que se torna a\u00fan m\u00e1s compleja en trat\u00e1ndose de la posesi\u00f3n y ocupaci\u00f3n, dada la ausencia de un t\u00edtulo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 765 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De all\u00ed que, adem\u00e1s de obrar con la convicci\u00f3n interna de no estar haciendo da\u00f1o, quien alegue buena fe exenta de culpa en el juicio transicional debe probar que, previo a adquirir la propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n del bien que se le disputa, realiz\u00f3 indagaciones y pesquisas encaminadas a descartar que haya estado afectado de fen\u00f3menos de violencia generalizada, y as\u00ed fundar su creencia de haber obrado sin aprovechamiento para consolidar su derecho. Carga que recae exclusivamente en el opositor o en quien aspira a obtener la compensaci\u00f3n, sin que los jueces y magistrados est\u00e9n autorizados para relevarlos o aligerarlos de ella\u00bb. <\/p>\n
En el caso de Salazar Franco, la magistratura precis\u00f3 que no era suficiente con aducir que se adquiri\u00f3 el bien cumpliendo los ritos y solemnidades que rigen ese tipo de actos o haber contratado un abogado para que lo asesorara o le hiciera un estudio previo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) puesto que ese actuar se aviene apenas al m\u00ednimo de buena fe, lealtad y diligencia de los contratantes, pero en contextos donde acaecieron fen\u00f3menos graves de violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, el est\u00e1ndar de probidad supera la observancia de las normas inscritas en el derecho privado o que operan en escenarios de normalidad social. <\/p>\n
Del relato del opositor se sigue que, aunque no es oriundo del municipio de Nari\u00f1o ni de la regi\u00f3n, estaba informado de los fen\u00f3menos de violencia que hab\u00edan acaecido a\u00f1os atr\u00e1s, adem\u00e1s porque su progenitor, quien compareci\u00f3 como testigo, es natural en ese lugar, tuvo negocios de abarrotes y tierras en ganader\u00eda, y admiti\u00f3 que durante los a\u00f1os 90 los grupos armados empezaron a arremeter en contra de los pobladores, m\u00e1s que todo de los ganaderos y grandes comerciantes, situaci\u00f3n no mejor\u00f3 sino despu\u00e9s del 2010, raz\u00f3n por la cual opt\u00f3 con su familia por trasladar los negocios hacia otra zona. <\/p>\n
Pero lo regocij\u00f3 el hecho que para el momento en que realiz\u00f3 la compra del predio que se le disputa, el orden p\u00fablico hab\u00eda mejorado y pod\u00eda poner en marcha el prop\u00f3sito individual y familiar de expandir sus inversiones en tierras aptas para la ganader\u00eda extensiva, adquisici\u00f3n que comporta, incluso, trazas de concertaci\u00f3n de la propiedad, como ya se vio, cuyas indagaciones estuvieron \u00fanica y exclusivamente encaminadas a asegurar el \u00e9xito de sus intereses, no para descartar vicios remisibles a los fen\u00f3menos de violencia\u00bb. <\/p>\n
De las declaraciones del abogado que contrat\u00f3 el opositor, en cuanto a que este revis\u00f3 los documentos legales del inmueble que reposaban en la notar\u00eda, la oficina de registro y catastro municipal, dijo que ello no era suficiente, pues debi\u00f3 tambi\u00e9n acudir formalmente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a entidades que ven\u00edan recibiendo denuncias o investigando hechos asociados al conflicto armado, como la Personer\u00eda Municipal u otra entidad del Ministerio P\u00fablico, el enlace o comit\u00e9 local de v\u00edctimas, Acci\u00f3n Social -luego Unidad de Atenci\u00f3n a las V\u00edctimas-, para hacerse una mejor idea sobre la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico pasada y actual de la zona, simplemente que en las primeras conversaciones con el vendedor \u00fanicamente indag\u00f3 sobre la situaci\u00f3n del momento, sin que acaecieran situaciones que lo alarmaron. <\/p>\n
Y aunque el reclamante no figuraba como titular de derechos inscritos sobre el fundo, era conocido en la zona como poseedor, situaci\u00f3n que pod\u00eda y deb\u00eda ser conocida por el ac\u00e1 opositor para afirmar que actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 que, el opositor no pod\u00eda \u00fanicamente ampararse en lo que reflejaba el folio de matr\u00edcula inmobiliaria para advertir que el bien no estuviera comprometido en tr\u00e1mites de reclamaci\u00f3n administrativas o de otra \u00edndole, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda vez que, para el 27 de octubre de 2020, fecha en la cual adquiri\u00f3 formalmente, la Ley 1448 de 2011 llevaba al menos 9 a\u00f1os de vigencia e implementaci\u00f3n, y era sabido que municipios como Nari\u00f1o y muchos otros del oriente antioque\u00f1o eran objeto de \u00abmicrofocalizaci\u00f3n\u00bb, que funge como punto de partida para la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, lo cual era de conocimiento de las autoridades locales y pudo constituir en una clara noticia de la posibilidad de un reclamo. <\/p>\n
El Derecho Internacional contempla una suerte de sanci\u00f3n para el adquirente de bienes cuando no haya seguido un patr\u00f3n de conducta proba, en el sentido que la gravedad y notoriedad de los fen\u00f3menos de violencia, el desplazamiento y\/o abandono, \u00abpuede entra\u00f1ar una notificaci\u00f3n impl\u00edcita de la ilegalidad de su adquisici\u00f3n, lo cual excluye en tal caso la formaci\u00f3n de derechos de buena fe sobre la propiedad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, termin\u00f3 recalcando que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la buena fe exenta de culpa supone honrar una conducta proba, correcta, leal, diligente, solidaria, trasparente, y desprovista de toda m\u00e1cula, deshonestidad e incorrecci\u00f3n. La que, en el plano probatorio, a diferencia de la buena fe simple, que se presume, exige el despliegue de cargas probatorias, ya que no opera una presunci\u00f3n legal de tal actuar, y es por ello por lo que en sede judicial no basta con la mera afirmaci\u00f3n de haber obrado de esa manera, sino aportar prueba de tal proceder, es decir, del elemento objetivo, el cual se visibiliza, habitualmente, en las etapas pre-negocial y negocial. <\/p>\n
Por lo tanto, al no evidenciarse en CARLOS ALEJANDRO SALAZAR FRANCO un actuar al amparo de la \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb, tendr\u00e1 que restituirlo a quien lo reclama sin lugar a compensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con lo transcrito, la decisi\u00f3n recriminada, como se anticip\u00f3, contiene un leg\u00edtimo ejercicio de interpretaci\u00f3n de la situaci\u00f3n controvertida soportada en los elementos de juicio revisados en dicho tr\u00e1mite, mediante los cuales pudo llegar a la conclusi\u00f3n de que resultaba procedente la reivindicaci\u00f3n del derecho reclamado al verificarse cumplidos los presupuestos normativos establecidos en la Ley 1448 de 2011, a partir de los elementos de conocimiento analizados en el proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, consider\u00f3 no probadas las alegaciones del opositor, descartando la \u00abbuena exenta de culpa\u00bb en relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n del inmueble objeto del litigio as\u00ed como la posibilidad de reconocer la compensaci\u00f3n; es decir, la colegiatura accionada actu\u00f3 leg\u00edtimamente dentro de su \u00f3rbita de independencia y autonom\u00eda en el campo de la valoraci\u00f3n de las pruebas y les dio el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta o desfasada, de todas formas distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer por sobre la del juzgador una determinada apreciaci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este evento. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7299-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7299-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02748-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alejandro Salazar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74990","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74990\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}