STC7301-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7301-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00529-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de marzo de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Danilo Torres L\u00f3pez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00014. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad, dignidad humana, igualdad, \u00abvigencia de un orden justo, a la moral y a la imparcialidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, cumple una pena de 190 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio y secuestro simple, ambos agravados\u00bb (este \u00faltimo del que fue v\u00edctima una menor de edad) sanci\u00f3n que vigila actualmente el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, ante esa agencia judicial present\u00f3 solicitud de permiso administrativo de 72 por fuera del penal, la cual le fue negada mediante auto de 13 de mayo de 2022, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en prove\u00eddo de 20 de febrero de 2023, con fundamento en la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 199 de la ley 1098 de 2006, ya que uno de los delitos (el secuestro) se cometi\u00f3 contra una menor de edad. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las referidas determinaciones, especialmente porque aplicaron la prohibici\u00f3n del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia cuando para la fecha en que sucedieron los hechos \u2013 23 de mayo de 2006 \u2013 este no hab\u00eda entrado en vigencia, raz\u00f3n por la cual, adujo, se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo pues la decisi\u00f3n se \u00abbas\u00f3 en una norma claramente inaplicable al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse me otorgue el permiso administrativo de hasta 72 horas (\u2026) se me respete el principio de congruencia de mi condena y no se me agrave mi pena\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 inform\u00f3 sobre la sentencia anticipada emitida el 8 de noviembre de 2017 contra el actor y remiti\u00f3 copia del acta de la audiencia de lectura del fallo. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas solicit\u00f3 negar la pretensi\u00f3n de la demanda, defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n para lo cual se remiti\u00f3 a los argumentos consignados en esta, que se ajustan a derecho a su juicio y no desconocen las garant\u00edas del condenado. Adicionalmente argument\u00f3 que el actor est\u00e1 haciendo uso de la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia para resolver la controversia, lo cual resulta improcedente dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio se refiri\u00f3 a su providencia de segunda instancia y expres\u00f3 que obedeci\u00f3 al marco legal que regula el beneficio pretendido por el actor. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial en torno a la \u00abincorrecta\u00bb aplicaci\u00f3n de la ley 1098 de 2006, pues, seg\u00fan su criterio, no pod\u00eda tenerse en cuenta dicha regulaci\u00f3n por no encontrarse vigente para la fecha de los hechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n de 190 meses de prisi\u00f3n), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, con soporte en la prohibici\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 20 de febrero de 2023 por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, para refrendar el auto de primer grado, el ad quem precis\u00f3 que, la negativa del beneficio punitivo deprecado por Torres L\u00f3pez tuvo sustento, principalmente, en la prohibici\u00f3n consagrada en la ley de infancia y adolescencia en relaci\u00f3n con la concesi\u00f3n de beneficios y\/o subrogados punitivos para quienes cometieron delitos contra un menor de edad, como ser\u00eda el caso del secuestro por el que fue condenado. <\/p>\n
Ahora, como el alegato del penado se circunscribi\u00f3 a refutar la vigencia de la ley 1098 de 2006 para el momento del acaecimiento de los hechos, el tribunal le explic\u00f3 que, la consumaci\u00f3n de la conducta penal referida se extendi\u00f3 hasta por m\u00e1s de diez a\u00f1os (10), raz\u00f3n por la cual aquella resultaba necesariamente aplicable; en tal sentido precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En este orden, existe una prohibici\u00f3n expresa que incluye todo tipo de subrogados y beneficios legales y administrativos, caracter\u00edstica que ostenta el permiso de hasta 72 horas en raz\u00f3n a que es una prerrogativa que modifica las condiciones del cumplimiento de la condena. En este orden, es claro que dicha disposici\u00f3n no admite interpretaci\u00f3n diferente alguna, de ah\u00ed que no es factible acceder al pedimento del condenado. Si bien el secuestro de la menor SVA acaeci\u00f3 el 23 de mayo de 2006 cuando ella ten\u00eda apenas un (1) mes de edad, tambi\u00e9n lo es que el mismo se prolong\u00f3 hasta el a\u00f1o 2016 cuando se produjo el rescate de la v\u00edctima, fecha para la cual ya estaba vigente la Ley 1098 de 2.006 motivo por el cual se descartan los argumentos del recurrente. <\/p>\n
Entonces la interpretaci\u00f3n realizada por el censor es equivocada pues el delito de secuestro es de aquellos denominados de ejecuci\u00f3n permanente y como quiera que cuando entr\u00f3 en vigencia la Ley 1098 de 2006 la ni\u00f1a permanec\u00eda en manos de sus captores le resulta aplicable la prohibici\u00f3n legal all\u00ed contenida\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que la denegaci\u00f3n del permiso administrativo pretendido habr\u00eda de confirmarse, resultando inane, \u00ab(\u2026) el an\u00e1lisis de los presupuestos que contempla el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, pues as\u00ed se cumplieran, no es posible la concesi\u00f3n [\u2026] dada la naturaleza de uno de los delitos perpetrados y la prohibici\u00f3n expresa anteriormente se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo transcrito, lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el escenario procesal evaluado, la normativa espec\u00edfica que rige la materia, y especialmente, con lo contemplado en el art\u00edculo 1992 de la ley 1098 de 2006 \u2013 c\u00f3digo de infancia y adolescencia \u2013 que consagra una espec\u00edfica proscripci\u00f3n de concesi\u00f3n de todo de tipo de beneficios punitivos o administrativos para quienes hubiesen sido condenados por delitos dolosos contra un menor de edad y cuya ejecuci\u00f3n de car\u00e1cter permanente (para el caso del secuestro), se extendi\u00f3 en el tiempo entrando en la \u00f3rbita de vigencia de dicha normativa. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, que confirm\u00f3 la negativa del permiso administrativo de 72 horas por fuera del penal, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al advertirse razonable y ajustada a las preceptivas aplicables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 15 de julio de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del Magistrado Ponente, 18 de julio de 2023. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) 8. Tampoco proceder\u00e1 ning\u00fan otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
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