STC7303-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7303-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00402-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de marzo de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Ram\u00edrez Arbel\u00e1ez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2015-00020. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad y \u00abtrabajo\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Carlos Eduardo Ram\u00edrez Arbel\u00e1ez promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Trabajo, la Empresa Ibaguere\u00f1a de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A. ESP Oficial, la Sociedad P y S S.A.S., la Cooperativa de Trabajo Asociado Convenios Integrales Coin y Gem Consulting S.A.S., en procura de que se declarara, entre otras cosas, la nulidad de la resoluci\u00f3n por medio de la cual, se dio por terminado el contrato \u00abcomo trabajador en misi\u00f3n en la Empresa Ibaguere\u00f1a de Acueducto\u00bb, toda vez que \u00abla uni\u00f3n temporal no ten\u00eda capacidad jur\u00eddica por activa para elevar la solicitud de permiso, que condujo al finiquito (\u2026) [pues] se encontraba al servicio de la empresa de servicios p\u00fablicos\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 su reintegro y el pago de \u00absalarios, prestaciones sociales, intereses de cesant\u00eda, vacaciones, dotaciones, bonificaci\u00f3n de servicios y subsidio de alimentaci\u00f3n dejados de percibir desde el 2 de enero de 2008\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9, quien accedi\u00f3 a lo pretendido. <\/p>\n
En virtud de la alzada propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad modific\u00f3 lo fallado por el a quo y, en ese sentido, absolvi\u00f3 a las demandadas de las pretensiones de condena, en tanto evidenci\u00f3 que \u00abIBAL SA ESP, fue el verdadero empleador, (\u2026) del 17 de enero de 2008 y hasta el 22 de abril de 2013, puesto que, entre el 23 de abril de 2013, al 22 de marzo 2014, el (\u2026) [actor] no prest\u00f3 servicios a la empresa de servicios p\u00fablicos, sino a la Uni\u00f3n Temporal Procesos T\u00e9cnicos\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem (con aclaraci\u00f3n de voto), pues advirti\u00f3 que \u00ablos dos cargos adem\u00e1s de farragosos, se asemejan a un alegato propio de las instancias\u00bb. <\/p>\n
Determinaciones que, a juicio del censor incurrieron en defecto factico pues \u00ablos entes colegiados no tuvieron apoyo probatorio, que los llevo a aplicar de manera err\u00f3nea el art\u00edculo 34 del C.S.T. Igualmente existe un defecto sustantivo [por] aplicar una norma que no viene al caso\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se dejen sin efectos los fallos confutados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abesta Corte de Casaci\u00f3n, cumpli\u00f3 su funci\u00f3n constitucional y, al resolver los dos cargos presentados no vulner\u00f3 derechos al entonces recurrente, hoy accionante, en tanto concluy\u00f3 que no se acreditaron los yerros f\u00e1cticos, que no son cualquier desaguisado, sino que deben ser, de car\u00e1cter evidente, manifiesto o protuberante, por tanto, la sentencia continu\u00f3 amparada por las presunciones de legalidad y acierto y se mantuvo intacta\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio del Trabajo solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto \u00abpues no es la Entidad que presuntamente amenaz\u00f3 o vulner\u00f3 los derechos fundamentales reclamados del accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n de la historia cl\u00ednica que reclama la parte actora, no acredita la prestaci\u00f3n personal del servicio, ni la continuidad de la relaci\u00f3n laboral con el IBAL S.A. E.S.P.\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00ab[d]e los argumentos expuestos por el actor, no se puede derivar ninguna irregularidad en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 34 del CST. Adem\u00e1s, de la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada se evidencia que, precisamente, esa norma sirvi\u00f3 para establecer la vinculaci\u00f3n del demandante con la Empresa Ibaguere\u00f1a de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP., pero solo hasta el 22 de abril de 2013, que fue la \u00faltima fecha en la que prest\u00f3 su capacidad laboral en esa entidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abla decisi\u00f3n de primera instancia, [carece] de las condiciones necesarias a la sentencia congruente, teniendo en cuenta que: a) No se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de [la] petici\u00f3n ; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley; c) Se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas; d) Incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, que resulta insignificante a las pretensiones como actora, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de sus principios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por el gestor (SL2050-2022, 15 jun.), por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 3 de diciembre de 2019 y 15 de junio de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [disposici\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem pues evidenci\u00f3 que \u00ablos dos cargos adem\u00e1s de farragosos, se asemejan a un alegato propio de las instancias\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos embates formulados por: (i) la v\u00eda directa por \u00abla infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 53 de la CN; 35 del CST, 17 del Decreto 4588 de 2006; 6 del Decreto 4369 de 2006; 7 de la Ley 1233 de 2008; que condujo a la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 34 del CST; 5 y 6 (derogados) del decreto 2127 de 1945, y 20 del Decreto 2127 de 1945\u00bb; y, por (ii) la senda indirecta por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 34 del CST, 20 del Decreto 2127 de 1945, que condujo a la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 35 del CST, 53 de la CN, 17 del Decreto 4588 de 2006, 6 del Decreto 4369 de 2006, 7 de la Ley 1233 de 2008, Ley 361 de 1997 y la sentencia CC SU-049-2017\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l memorialista emite una serie de aseveraciones deshilvanadas y especialmente sin tener presente los argumentos del sentenciador plural, incluso la mayor\u00eda de razonamientos apuntan a elementos que el mismo juzgador dio por probados\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, precis\u00f3 que \u00aben el caso, el sentenciador plural (\u2026) declarar[\u00f3] la existencia del contrato de trabajo con IBAL SA ESP, desde el 17 de enero de 2008 y hasta el 22 de abril de 2013, sin embargo, modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, quien hab\u00eda considerado que el nexo con la compa\u00f1\u00eda de servicios p\u00fablicos hab\u00eda existido hasta el 22 de marzo de 2014\u00bb. <\/p>\n
Sobre la modificaci\u00f3n en el extremo final de la relaci\u00f3n laboral, refiri\u00f3 que la misma se \u00abfund\u00f3 en que, a partir del 23 de abril de 2013, el actor dej\u00f3 de entregar su fuerza de trabajo a IBAL SA ESP, dado que, para el Tribunal, pas\u00f3 a prestar sus servicios directamente a la uni\u00f3n temporal, con lo que dio por derruida la presunci\u00f3n del art\u00edculo 20 del Decreto 2127 de 1945 en relaci\u00f3n con la sociedad de servicios p\u00fablicos y la uni\u00f3n temporal abandon\u00f3 su rol de simple intermediario y actu\u00f3 como verdadero empleador\u00bb. <\/p>\n
Respecto del primer cargo se\u00f1al\u00f3 que \u00ablejos de apuntar a derruir el anterior argumento, refiere que al accionante se le deb\u00eda tener como vinculado a t\u00e9rmino indefinido con la empresa de servicios p\u00fablicos e insiste que las otras empresas actuaron como simples intermediarias, sin embargo deja de lado la tesis central del fallo del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al aludido car\u00e1cter de simple intermediario, la autoridad fustigada arguy\u00f3 que \u00abcomo lo sent\u00f3 el juez plural y lo acepta el memorialista en los dos cargos, a partir del 23 de abril de 2013, dej\u00f3 de prestar cualquier servicio a IBAL SA ESP, por el contrario, comenz\u00f3 a laborar directamente en la sede administrativa de la Uni\u00f3n Temporal, por lo que no puede sostener que en ese lapso final existiera una intermediaci\u00f3n y que el verdadero empleador fuera la sociedad estatal\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que \u00aben los dos cargos efect\u00faa amplias disquisiciones atinentes a la normatividad de las cooperativas, junto con la prohibici\u00f3n para que estos entes solidarios act\u00faen como intermediarios; describe la regulaci\u00f3n de las empresas de servicios temporales y su l\u00edmite temporal, que solo permite la delegaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n durante un periodo de 6 meses, prorrogables por otros 6\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, dichas afirmaciones \u00abno solo resultan novedosas, sino, desconectadas por completo del argumento central del colegiado, quien, se repite, corrobor\u00f3 la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante e IBAL ESP, desde 17 de enero de 2008 y hasta el 22 de abril de 2013, pero a partir del 23 de abril, no pudo otorgar dicho car\u00e1cter, dado que Ram\u00edrez Arbel\u00e1ez dej\u00f3 de prestarle servicios\u00bb. <\/p>\n
En torno a las pruebas documentales, referidas en el segundo cargo formulado por el convocante, la Corporaci\u00f3n enjuiciada razon\u00f3 que \u00abtodo lo que all\u00ed razona, fue tenido en cuenta por el colegiado, por eso precisamente declar\u00f3 la existencia del contrato laboral desde el 17 de enero de 2008 y hasta 22 de abril de 2013\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, enfatiz\u00f3 en que: <\/p>\n
\u00abNaufraga el libelista, como se ha venido narrando, en socavar el argumento del Tribunal que condujo a la conclusi\u00f3n de que IBAL ESP, no fue el empleador de Ram\u00edrez Arbel\u00e1ez, m\u00e1s all\u00e1 del 23 de abril de 2013, ni explica c\u00f3mo a partir de la anterior fecha, pudo continuar la Uni\u00f3n Temporal Procesos T\u00e9cnicos, fungiendo como simple intermediara (\u2026) <\/p>\n
Tambi\u00e9n se destaca que el juez de segundo nivel, de lo dicho por el actor en el interrogatorio de parte (no acusado por el libelista) y concatenado al folio 56 sobre el traslado del demandante, deriv\u00f3 confesi\u00f3n sobre la finalizaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio en IBAL SA ESP a partir del 23 de abril de 2013\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre las recomendaciones emitidas por la EPS Coomeva y las patolog\u00edas que presentaba \u00abantes de cesar la prestaci\u00f3n del servicio en la compa\u00f1\u00eda estatal\u00bb, el despacho encartado relat\u00f3 que aquello \u00abno amenaza el argumento central de la decisi\u00f3n, pues (\u2026) a partir del 23 de abril de 2013, no puede atribuir el car\u00e1cter de simple intermediario a la Uni\u00f3n Temporal (\u2026) [y que] era de esperarse que el Tribunal no reflexionara sobre esa materia, debido a que al momento en que se produjo la terminaci\u00f3n del contrato, (\u2026) el accionante no fung\u00eda como trabajador de IBAL SA ESP\u00bb. De esta manera desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
De acuerdo con ello, el fallo adoptado, como se anticip\u00f3, no es infundado o arbitrario, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad querellada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento del derecho a la \u00abigualdad\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la determinaci\u00f3n cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 12 de julio de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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