STC7312-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7312-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00591-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 11 de abril de 20231, que neg\u00f3 la tutela promovida por Juan Ram\u00f3n Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal n\u00ba 2021-00260. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los anexos se extrae que, en contra del accionante Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, de nacionalidad espa\u00f1ola, se adelanta proceso penal por los delitos de \u00abcohecho por dar u ofrecer, inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos y peculado por apropiaci\u00f3n agravado\u00bb en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 (rad. 2021-00260). <\/p>\n
El 16 de septiembre de 2022, en la instalaci\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, la defensa del procesado solicit\u00f3 al juzgado el cambio de radicaci\u00f3n del proceso a otro distrito judicial, por cuanto considera que la imparcialidad e independencia de los jueces de Ibagu\u00e9 se ver\u00eda afectada por \u00abla incidencia de los medios de comunicaci\u00f3n ante un caso abiertamente medi\u00e1tico, quienes ejercen presi\u00f3n para que se profiera una sentencia condenatoria; y, por la influencia pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
El juzgado de conocimiento remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial a fin de que se pronunciara frente a la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha colegiatura, el 16 de enero de la presente anualidad, neg\u00f3 la pretensi\u00f3n incoada por la defensa del enjuiciado y devolvi\u00f3 las diligencias al juzgado de origen para la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 sus cuestionamientos contra esa determinaci\u00f3n, pues sostuvo que, la competencia para resolver sobre la solicitud, especialmente porque se trata de un cambio de radicaci\u00f3n a otro distrito judicial, es de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal, ya que, seg\u00fan su entendimiento, el tribunal solo tendr\u00eda facultad para conocerla si el cambio que se pide es al interior del mismo distrito. A su vez, critic\u00f3 que, la corporaci\u00f3n accionada, nada dijo sobre \u00abla v\u00eda procesal aplicable y por tanto el juez natural competente para decidir el cambio de radicaci\u00f3n del distrito judicial de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, el juzgado debi\u00f3 remitir las diligencias directamente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pero al no hacerlo, debi\u00f3 proceder de esa forma el tribunal o por lo menos, \u00abargumentar por qu\u00e9 raz\u00f3n desconoci\u00f3 una norma procedimental clara, situaci\u00f3n que no aparece en el prove\u00eddo\u00bb; en definitiva, se\u00f1al\u00f3 que se configura una v\u00eda de hecho por defectos procedimental y org\u00e1nico; lo primero, porque el art\u00edculo 32 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece la competencia de la Corte Suprema de Justicia en los casos de cambio de radicaci\u00f3n a distinto distrito, lo cual debi\u00f3 aplicarse, y lo segundo, porque, en todo caso, el tribunal carec\u00eda de legitimidad para resolver la controversia. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, \u00abse ordene al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Penal, que remita \u00edntegramente el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para su an\u00e1lisis; (\u2026) dejar sin efectos la providencia emitida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Penal, del 16 de enero de 2023 dentro del radicado [2021-00260]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n para lo cual se remiti\u00f3 a los argumentos consignados en esta, los cuales se ajustan a derecho y no desconocen las garant\u00edas del procesado. Manifest\u00f3 ser el competente frente a la determinaci\u00f3n adoptada seg\u00fan lo previsto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Remiti\u00f3 el link del proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que, en desarrollo de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, la defensa del procesado present\u00f3 la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, ante lo cual, remiti\u00f3 el expediente al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que resolvi\u00f3 lo pertinente el 16 de enero de 2023 y devolvi\u00f3 el proceso el 18 de ese mes, fecha en la cual, se continu\u00f3 con la audiencia de acusaci\u00f3n y se se\u00f1al\u00f3 el 3 de mayo de 2023 para la realizaci\u00f3n de la audiencia preparatoria. <\/p>\n
3. El Ministerio del Deporte, que funge como v\u00edctima en el asunto penal, pidi\u00f3 ser desvinculado del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar la actuaci\u00f3n reprochada \u00abno comporta los vicios denunciados\u00bb, en tanto que, consult\u00f3 lo previsto en los art\u00edculos 48 y 49 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la apoderada del querellante reiterando las alegaciones del escrito inicial. Insisti\u00f3 en que, no hubo una adecuada interpretaci\u00f3n de la norma aplicable al caso del cambio de radicaci\u00f3n y la competencia que le asiste a la Sala de Casaci\u00f3n Penal en los casos en que se pide el cambio para otro distrito judicial; al respecto adujo que, \u00abn\u00f3tese que la ley no dice [\u2026] que hay que esperar a que el tribunal tome una decisi\u00f3n sobre el cambio de radicaci\u00f3n, sino que la norma establece de manera espec\u00edfica que es la Corte Suprema\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con la decisi\u00f3n adoptada, la Sala de primera instancia est\u00e1 cometiendo una \u00abintromisi\u00f3n legislativa en las competencias que por v\u00eda legislativa se le han asignado [y] creando un procedimiento ad hoc para un caso que ya est\u00e1 legislado [\u2026] y eso no puede tener cabida en un Estado sometido a la ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, corresponder\u00e1 establecer, si la corporaci\u00f3n convocada menoscab\u00f3 las garant\u00edas superiores del tutelante al resolver sobre la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n \u2013 auto de 16 de enero de 2023 \u2013 desconociendo, supuestamente, la competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para tramitar esos asuntos cuando se trata de cambio de distrito judicial. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al analizar el asunto que centra la atenci\u00f3n de la Sala, se estima que la protecci\u00f3n invocada no est\u00e1 llamada a prosperar por cuanto no se encuentra acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que se se\u00f1ala por parte del accionante como desconocidos por la corporaci\u00f3n demandada, por lo que se ratificar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
Lo anterior porque, examinada la s\u00faplica constitucional (que cuestiona principalmente la tramitaci\u00f3n que se le dio a la solicitud), y la determinaci\u00f3n recriminada, se observa que, como lo coligi\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, la magistratura tutelada procedi\u00f3 conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 47, 48 y 492 del estatuto adjetivo penal \u2013 Ley 906 de 2004 \u2013 seg\u00fan los cuales, en el evento en que se advierta viable el cambio de radicaci\u00f3n a otro distrito, el asunto se remitir\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para que defina a cu\u00e1l corresponder\u00e1. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, la actuaci\u00f3n del tribunal accionado se acompas\u00f3 con los diversos pronunciamientos de la misma Sala Especializada que, en lo pertinente, y respecto de la atribuci\u00f3n legal para conocer y resolver sobre ese tipo de tr\u00e1mites puntualiz\u00f3 que, en efecto, la competencia de la Corte, <\/p>\n
(\u2026) no surge de manera autom\u00e1tica tras la petici\u00f3n de variaci\u00f3n de sede, pues corresponde al despacho de conocimiento verificar su procedencia, y en caso positivo, remitir el plenario al Tribunal correspondiente. <\/p>\n
De considerarlo necesario, este \u00faltimo puede disponer el cambio de radicaci\u00f3n dentro del mismo distrito judicial y, solamente si el cuerpo colegiado considera que la superaci\u00f3n de las circunstancias en que se funda la petici\u00f3n exige el traslado del proceso a un territorio ajeno a su jurisdicci\u00f3n, debe enviarlo a la Corte para que lo reasigne en otro distrito. <\/p>\n
El criterio ha sido plasmado en varios pronunciamientos, entre otros el auto CSJ AP, 16 Jul 2014, Rad. 44100, en el que expuso lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] La Sala tambi\u00e9n ha reiterado que independientemente del lugar al cual aspire el solicitante se env\u00ede el tr\u00e1mite, el despacho que reciba la solicitud y el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, est\u00e1n obligados a verificar las circunstancias particulares a fin de determinar, de un lado, si es procedente la solicitud elevada, y del otro, si el referido cambio puede operar dentro del mismo distrito judicial, de manera que si la evaluaci\u00f3n es negativa en el segundo caso, el asunto se remitir\u00e1 a la Corte para que determine cu\u00e1l otro distrito judicial debe asumir la competencia. [CSJ AP, 12 Oct 2011, Rad. 37617]. <\/p>\n
En el presente asunto, el cambio de sede fue directamente solicitado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, sin que las partes est\u00e9n facultadas para ello (Cfr. CSJ AP, 04 Mar 2015, Rad. 45445), y con lo cual, adem\u00e1s, se omiti\u00f3 el necesario an\u00e1lisis de procedencia por parte del juzgado de conocimiento, y el estudio del asunto por el Tribunal competente. <\/p>\n
Dichos pasos constituyen requisitos ineludibles que deben ser agotados antes del eventual pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el cual no puede proferirse de manera autom\u00e1tica e irreflexiva, solamente porque el peticionario pretenda que la reasignaci\u00f3n recaiga en un distrito judicial diferente. <\/p>\n
Ello ser\u00eda equivalente a permitirle a las partes e intervinientes escoger el lugar del juzgamiento, cuando su facultad, en la materia bajo examen, se limita a exponer las circunstancias que en su criterio imposibilitan el desarrollo de la actuaci\u00f3n en el territorio donde se encuentra radicada (CSJ AP610-2016) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De manera que, no se observa desafuero que constituya la v\u00eda de hecho denunciada como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial justicia, toda vez que, como lo precis\u00f3 la Sala a quo, el procedimiento surtido estuvo acorde con lo dispuesto en la normativa procesal penal, el cual indica que, se reitera, previo a remitir las diligencias a la Corte Suprema de Justicia, corresponde al superior del despacho de conocimiento decidir sobre la procedencia de la variaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n territorial, y en caso de considerar necesario el traslado del proceso a otro distrito, ser\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Penal la que en definitiva determine d\u00f3nde proseguir\u00eda la causa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, seg\u00fan lo expuesto, y al constatarse que la actuaci\u00f3n denunciada no se advierte carente de sustento o caprichosa, se confirmar\u00e1 la negativa de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 13 de julio de 2023 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 14 de julio de 2023. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 47. SOLICITUD DE CAMBIO. Antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, las partes o el Ministerio P\u00fablico, oralmente o por escrito, podr\u00e1n solicitar el cambio de radicaci\u00f3n ante el juez que est\u00e9 conociendo del proceso, quien informar\u00e1 al superior competente para decidir. <\/p>\n
El juez que est\u00e9 conociendo de la actuaci\u00f3n tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar el cambio de radicaci\u00f3n ante el funcionario competente para resolverla. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) ART\u00cdCULO 48. TR\u00c1MITE. La solicitud debe ser debidamente sustentada y a ella se acompa\u00f1ar\u00e1n los elementos cognoscitivos pertinentes. El superior tendr\u00e1 tres (3) d\u00edas para decidir mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. El juicio oral no podr\u00e1 iniciarse hasta tanto el superior no la decida. El juez que conozca de la solicitud rechazar\u00e1 de plano la que no cumpla con los requisitos exigidos en esta disposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
ART\u00cdCULO 49. FIJACI\u00d3N DEL SITIO PARA CONTINUAR EL PROCESO. El superior competente para resolver el cambio de radicaci\u00f3n se\u00f1alar\u00e1 el lugar donde deba continuar el proceso, previo informe del Gobierno Nacional o departamental sobre los sitios donde no sea conveniente fijar la nueva radicaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Si el tribunal superior de distrito, al conocer del cambio de radicaci\u00f3n, estima conveniente que esta se haga en otro distrito, la solicitud pasar\u00e1 a la Corte Suprema de Justicia para que decida. En este caso la Corte podr\u00e1, si encuentra procedente el cambio de radicaci\u00f3n, se\u00f1alar otro distrito, o escoger el sitio en donde debe continuar el proceso en el mismo distrito, previo informe del Gobierno Nacional o departamental en el sentido anotado. <\/p>\n
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STC7312-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7312-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00591-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74997","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74997"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74997\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}