STC7321-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7321-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01433-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 5 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Olga Piedad \u00c1lvarez y Jes\u00fas Mar\u00eda P\u00e9rez Romero contra el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2016-00219. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vivienda diga y \u00abASISTENCIA A ADULTOS MAYORES\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expusieron, en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del asunto, que dentro del proceso de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa adelantado por Blanca Ligia Mari\u00f1o C\u00f3rdoba contra Aramse SAS, en audiencia llevada a cabo el 26 de febrero de 2019 se declar\u00f3 resuelto el acuerdo suscrito entre las partes, ordenando a la sociedad demandada reintegrar a la actora el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula n\u00b0. 050-0298670. <\/p>\n
Refieren que iniciada la diligencia el 28 de febrero de 2020, se opusieron a la entrega como tenedores del bien, dado que \u00aben virtud de un negocio comercial (\u2026) se entregaron sumas de dinero considerables (\u2026) a ARAMSE SAS para la compra de un apartamento en el proyecto que iba a ejecutar (\u2026), el cual finalmente no ejecut\u00f3\u00bb, postura que fue rechazada de plano por la autoridad convocada, por lo que atacaron lo resuelto en apelaci\u00f3n, incurriendo as\u00ed en v\u00eda de hecho, toda vez que \u00abno cuentan con otro lugar de habitaci\u00f3n o residencia, es decir, quedar\u00e1n desprotegidos totalmente de un techo y quedar\u00edan en la calle\u00bb, pese a tener \u00ab64 y 66\u00bb de edad, respectivamente. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pretenden \u00abSE REVOQUE la orden de entrega del bien inmueble ubicado en la Calle 121 No. 11 A -23, identificado con folio de matr\u00edcula 50-0298670, proferida por el JUZGADO 37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 D.C.\u00bb, o en su defecto, se ordene \u00abla SUSPENSI\u00d3N DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA (\u2026) hasta tanto se resuelva el tr\u00e1mite de la insolvencia de la sociedad ARAMSE SAS, que cursa en la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, con expediente No. 84924\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que se atiene a lo actuado dentro del litigio criticado, \u00aben el que se profiri\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones de la demanda, confirmada por el Tribunal en segunda instancia. En el a\u00f1o 2020 se inici\u00f3 la diligencia de entrega, donde los ahora accionantes se opusieron y, tras agotarse el tr\u00e1mite pertinente, se decidi\u00f3 la misma denegando la s\u00faplica. Tal determinaci\u00f3n fue apelada ante el superior y actualmente, se encuentra en tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n adversa a la oposici\u00f3n referida\u00bb. <\/p>\n
2. El representante legal de Aramse SAS, luego de pronunciarse frente a los hechos del escrito inicial, se opuso a lo reclamado, \u00abpor cuanto se hace necesario dar cumplimiento al numeral CUARTO de la sentencia de fecha 18 de febrero de 2015, frente a la entrega de la casa, porque a la fecha no ha sido posible que el se\u00f1or Juez 37 autorice el secuestro de mismo inmueble, dentro del proceso ejecutivo que se adelanta actualmente a continuaci\u00f3n del proceso de Resoluci\u00f3n de proceso de compraventa, hasta tanto no se haga entrega formal de la casa a la se\u00f1ora Blanca Ligia Mari\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
3. La Directora de Procesos de Liquidaciones II de la Superintendencia de Sociedades pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, habida cuenta que \u00abla supuesta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela no proviene de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esta Entidad\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la solicitud de amparo por estimar que su interposici\u00f3n fue prematura, pues \u00abel 28 de febrero de 2020 se dio inicio a la diligencia de entrega del predio que viene de mencionarse, momento procesal en el que los aqu\u00ed accionantes se opusieron en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 309 del C.G.P., bajo argumentos similares a los tra\u00eddos a colaci\u00f3n en esta oportunidad, petici\u00f3n repulsada por el juez de conocimiento, determinaci\u00f3n que fue apelada por el mandatario de los accionantes; rogativa que, en \u00faltimas, contiene la finalidad perseguida por el pretensor de la salvaguarda supralegal aqu\u00ed deprecada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los actores, para insistir en los argumentos del escrito de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales invocadas, al ordenar la entrega del inmueble objeto de controversia, dentro del proceso de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa seguido por Blanca Ligia Mari\u00f1o C\u00f3rdoba frente a Aramse SAS (n\u00b0 2016-00219). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial querellado, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, en virtud de la improcedencia del auxilio por incumplir con los siguientes presupuestos generales de procedibilidad, tal y como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos advierte la Corte, que lo concretamente cuestionado a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional por los accionantes, es la orden de entrega del inmueble con matr\u00edcula n\u00b0 5ON-298670, proferida por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en audiencia celebrada el 26 de febrero de 2019, al interior de la controversia judicial seguida por Blanca Ligia Mari\u00f1o C\u00f3rdoba contra la sociedad Aramse SAS, mientras que el resguardo fue incoado el 27 de junio de 2023; es decir, luego de transcurridos m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, superando el semestre indicado como razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los presuntos afectados con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
3.2. Acci\u00f3n prematura <\/p>\n
La inobservancia del requisito de la subsidiariedad ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la segunda modalidad, dado que si bien lo pretendido por los querellantes a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, es que se suspenda la entrega dispuesta al interior del preanotado proceso de resoluci\u00f3n de contrato, la revisi\u00f3n del expediente da cuenta de que, actualmente est\u00e1 pendiente de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de \u00abRECHAZAR la oposici\u00f3n aqu\u00ed planteada\u00bb por los opositores, aqu\u00ed tutelantes, por lo que al estar en curso v\u00edas ordinarias empleadas para intentar conjurar la eventual trasgresi\u00f3n denunciada en el libelo incoativo de esta tramitaci\u00f3n, no es factible ventilar tales asuntos en forma paralela ante la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte, que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC2432-2023, 15 mar., rad. 00307-01). <\/p>\n
Entonces, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del funcionario a quien la ley le asign\u00f3 la facultad de dirimir la controversia, no es posible que los aspectos cardinales para tal pedimento se expongan para su resoluci\u00f3n en sede excepcional, ya que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC439-2023, 25 ene., rad. 01282-01, entre otras). <\/p>\n
3.3. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales <\/p>\n
Aunque los promotores del resguardo pretenden que se suspenda la diligencia de entrega dispuesta por la autoridad convocada a favor de la demandante, dentro del proceso declarativo seguido en contra de Aramse SAS, por cuanto \u00abvendieron todos sus bienes para poder entregarle el dinero [a esa] empresa (\u2026) con la ilusi\u00f3n de adquirir un apartamento\u00bb, resalta la Sala que la entrega se orden\u00f3 luego del agotamiento de todas las etapas legales dentro del precitado tr\u00e1mite, concretamente en la sentencia que defini\u00f3 de fondo la controversia, al declarar resuelto el contrato de promesa suscrito el 18 de febrero de 2015 entre Blanca Ligia Mari\u00f1o C\u00f3rdoba como promitente vendedora y Aramse SAS como promitente compradora, lo que torna inviable la intromisi\u00f3n del juez constitucional en el mismo, toda vez que respecto de este tipo de diligencias la Corte ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que esa sola circunstancia \u00abno constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016, reiterada entre otras, en STC1480-2023, 22 feb. 2023, rad. 00013-01). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que en esta oportunidad no puede ser acogida la petici\u00f3n formulada por los accionantes con miras a que se suspenda la entrega del bien objeto de disputa, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
3.4. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad, como lo pretenden los gestores bajo el argumento que \u00abcuentan con 64 y 66 [a\u00f1os] respectivamente\u00bb y que \u00abninguno de ellos cuenta con un trabajo fijo, ni se encuentran pensionados, por lo que, de materializarse la entrega del inmueble que poseen, \u00abquedar\u00e1n desprotegidos totalmente de un techo y quedar\u00edan en la calle\u00bb, la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, teniendo en cuenta que para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar el fallo impugnado, porque i) los actores tardaron en acudir a este medio excepcional, sin que se advirtiera una raz\u00f3n que justificara dicha demora, ii) la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo que permita de manera anticipada exigir al juez constitucional un pronunciamiento que le corresponde de manera exclusiva al funcionario competente y, iii) no se demostr\u00f3 un da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse a trav\u00e9s del amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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