STC7322-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC7322-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00286-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 11 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan de Dios Amaya Mart\u00ednez contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad y Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los litigios n\u00b0 2015-00065 y 2018-00158. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica, defensa, contradicci\u00f3n, y a la \u00abPROPIEDAD\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que a pesar de ser \u00abel \u00fanico due\u00f1o del inmueble\u00bb identificado con la matr\u00edcula No. 314-14166, Pablo L\u00f3pez Silva \u00abde manera abusiva y mal intencionada se tom\u00f3 por la fuerza la ocupaci\u00f3n del primer piso\u00bb de \u00e9ste, tras romper la relaci\u00f3n sentimental que ten\u00eda con su hija Carmen Felisa Amaya Ronderos, raz\u00f3n por la cual, promovi\u00f3 proceso reivindicatorio contra \u00e9ste ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Piedecuesta (n\u00b0 2015-00122), donde mediante sentencia proferida el 4 de mayo de 2018 se accedi\u00f3 a lo pretendido, decisi\u00f3n que fue confirmada en sede de apelaci\u00f3n el 28 de noviembre de esa misma anualidad por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga; pero como en el fallo fue condenado a pagar al demandado el valor de las mejoras realizadas en el inmueble a restituir, ante el mismo despacho se adelant\u00f3 en su contra la respectiva ejecuci\u00f3n, la que termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n por auto del 5 de julio de 2019. <\/p>\n
Refiere que simult\u00e1neamente, \u00abcon las mismas pretensiones y hechos\u00bb, L\u00f3pez Silva adelant\u00f3 dos procesos: (i) de enriquecimiento sin causa en su contra (n\u00b0 2015-00065), el que conoci\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, quien el 26 de febrero de 2015 neg\u00f3 la medida cautelar deprecada; empero, apelado lo resuelto, por auto del 13 de octubre de 2020 el superior revoc\u00f3 lo resuelto, para en su lugar, ordenar la inscripci\u00f3n de la demanda en el citado folio de matr\u00edcula; agotado el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 13 de noviembre siguiente se denegaron las pretensiones, por lo que se orden\u00f3 el levantamiento de la medida, el que a la fecha no ha podido materializarse; y; (ii) reivindicatorio contra su hija (n\u00b0 2016-00392 hoy 2018-00158), al que fue vinculado como litisconsorte necesario por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta mediante prove\u00eddo del 27 de julio de 2020, tr\u00e1mite hoy en curso ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa localidad, \u00ablogra[ndo] el cometido [el demandante], que era el embargo del bien\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se le ordene al Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta \u00abel levantamiento de la medida cautelar que versa sobre el bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No 314-1466 (sic)\u00bb, as\u00ed como \u00abla nulidad de todo lo actuado por la violaci\u00f3n del debido proceso y que vuelvan todas las cosas desde el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, al interior del proceso reivindicatorio n\u00b0 2016-00392, hoy 2018-00158. Adem\u00e1s, que se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga \u00abel levantamiento de la medida cautelar\u00bb que pesa sobre el mismo predio, al interior del proceso de enriquecimiento sin causa n\u00b0 2015-00065. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, luego de realizar la trazabilidad del proceso de enriquecimiento sin causa seguido por Pablo L\u00f3pez Silva contra el gestor del amparo, con radicado n\u00b0 2015-00065, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de origen constitucional de car\u00e1cter residual y subsidiario, encaminado a la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas que est\u00e1n siendo amenazados o conculcados; en ese sentido, no se observa por parte de este despacho vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante, si en cuenta se tiene que el proceso se adelant\u00f3 observando la disposici\u00f3n legal procesal y sustancial establecida, respetando los derechos fundamentales de cada una de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Piedecuesta pidi\u00f3 denegar por improcedente el amparo, habida cuenta que, si bien el gestor se duele de la existencia de la ejecuci\u00f3n seguida del proceso reivindicatorio por \u00e9l adelantado contra Pablo L\u00f3pez Silva (n\u00b0 2015-00122), el proceso \u00abfue tramitado en su totalidad por el extinto JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA\u00bb, m\u00e1xime cuando el expediente se encuentra debidamente terminado y archivado desde el a\u00f1o 2019. <\/p>\n
3. Por su parte, el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa localidad, remiti\u00f3 el link de acceso al litigio identificado con el consecutivo n\u00b0 2018-00158. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda frente al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga al advertir, que \u00abseg\u00fan se desprende de la atenta inspecci\u00f3n al expediente fustigado se tiene que pese a que el proceso de enriquecimiento sin causa plurimencionado finaliz\u00f3 a trav\u00e9s de sentencia de 13 de noviembre de 2020, en la cual, adem\u00e1s se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda que recae sobre el bien inmueble de propiedad del aqu\u00ed accionante, dicha directriz no ha sido honrada hasta ahora, pues conforme el certificado de tradici\u00f3n y libertad arrimado con el escrito genitor, emitido el 26 de junio pasado, se observa en la anotaci\u00f3n No. 22 que el registro se\u00f1alado se encuentra vigente\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 al citado despacho \u00abrequ[erir] a la autoridad registral de Piedecuesta para que acate lo comunicado en el oficio No. 0441 de 16 de mayo de 2022, haciendo uso, de ser el caso de las facultades correccionales dispuestas en el art\u00edculo 44 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, declar\u00f3 improcedente la queja dirigida contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, por incumplir el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, para se\u00f1alar que \u00abpor razones de organizaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n en Piedecuesta, (\u2026) por cerca de un a\u00f1o se tuvo incertidumbre sobre el Juzgado competente\u00bb para conocer del proceso reivindicatorio seguido en contra de su hija, donde \u00e9l fue reconocido como litisconsorte necesario, y fue \u00abcon la entrada del sistema de publicaci\u00f3n micrositio de la Rama Judicial\u00bb que pudo \u00absaber los autos que se publicaban, pero no los estados, y como a raz\u00f3n de la transici\u00f3n de jurisdicci\u00f3n donde el JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA pasa a ser el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, este juzgado no publico (sic) estados por ning\u00fan medio por cerca de un a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, en lo que tiene que ver con la impugnaci\u00f3n presentada, si el Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, dentro del proceso reivindicatorio adelantado por Pablo L\u00f3pez Silva contra Carmen Felisa Amaya Ronderos (n\u00b0 2018-00158 antes 2016-00392), al disponer el registro de la demanda y no pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de la medida. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad <\/p>\n
Esta Corte ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esencial el de la subsidiariedad, esto es, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido oportuna y adecuadamente a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial querellado, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado frente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, tal y como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11109-2022, 24 ag. 2022, rad. 00324-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que el accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, ya que la decisi\u00f3n de la cual se duele, esto es, el auto por medio del cual se dispuso: \u00abORDENESE la inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de MI. 314-14166 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esta localidad [Piedecuesta], data del 15 de noviembre de 2016, mientras que el resguardo fue incoado el 27 de junio de 2023, es decir, transcurrido m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las citadas decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones y actuaciones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, y tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya protecci\u00f3n reclama, o incluso, porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
3.2.1. En primer t\u00e9rmino, observa la Sala que en el caso que se revisa se configura la inobservancia del citado presupuesto en la modalidad de incuria, dado que, aunque el actor se duele de no haber obtenido respuesta frente a la solicitud de levantamiento de la cautela ordenada al interior del proceso reivindicatorio cuestionado, tal y como obra dentro de las diligencias, mediante prove\u00eddo calendado 27 de julio de 2020 el extinto Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Piedecuesta, no solo tuvo integrado al proceso en calidad de litisconsorte necesario a Juan de Dios Amaya Mart\u00ednez, aqu\u00ed interesado, sino que \u00abDEN[EG\u00d3] la solicitud elevada por la apoderada judicial [de \u00e9ste] respecto del levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, sin que el actor hubiese manifestado alg\u00fan tipo de inconformidad con lo resuelto, desaprovechando la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador cognoscente los argumentos que aqu\u00ed plantea, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada frente a esa situaci\u00f3n, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014, reiterada recientemente en CSJ STC6488-2022, 25 may. 2022, rad. 00148-01). <\/p>\n
3.2.2. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, ni tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen, se evidencia que pese a que el inconforme tambi\u00e9n pretende a trav\u00e9s del amparo que se declare la nulidad de todo lo actuado al interior del preanotado litigio, tampoco acredit\u00f3 haber puesto de presente ante el funcionario de conocimiento, esto es, el Juez Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, las supuestas anomal\u00edas respecto a la notificaci\u00f3n de las actuaciones all\u00ed surtidas, antes de acudir al presente resguardo, sino que prefiri\u00f3 acudir a esta particular senda para obtener un pronunciamiento expedito frente a sus pretensiones, obviando que es al interior del respectivo litigio donde se deben ventilar cuestiones como las que aqu\u00ed se plantearon para que sean atendidas por quien tiene asignada la facultad de emitir una determinaci\u00f3n, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para arrogarse atribuciones que no le corresponden al juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLa acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable\u00bb (CSJ STC, 5 oct. 2010, Rad. 00087-01, citada, entre otras, en STC13628 de 2021, rad 03633-00). <\/p>\n
3.3.3. Por lo dem\u00e1s, tampoco resulta viable la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado la desatenci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el actor no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada en STC11109-2022, 24 ag. 2022, rad. 00324-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo en lo que tiene que ver con el Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, por cuanto se acudi\u00f3 tard\u00edamente al amparo, y, el querellante no hizo uso de los medios de control judicial pertinentes para plantear ante la autoridad judicial encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de las pretensiones, omisi\u00f3n que torna inviable la protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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