STC7432-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7432-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00216-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de Julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n incoada contra el fallo proferido el 17 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Maricela Mu\u00f1oz Gonz\u00e1lez contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de Soacha; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dijo vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia del 17 de febrero del 2023, que confirm\u00f3 la sentencia del a quo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Erasmo Mu\u00f1oz Gamba, Blanca Lucy Gonz\u00e1lez Moreno, Olga Susana Villanueva Villanueva, Fabi\u00e1n Leonardo e Iv\u00e1n Enrique Mu\u00f1oz Villanueva, \u00e9stos tres en condici\u00f3n de causahabientes de Jairo Enrique Mu\u00f1oz Gamba, el 24 de mayo de 2019, formularon acci\u00f3n de simulaci\u00f3n contra Maricela Mu\u00f1oz Villanueva, con la finalidad de que fueran declarados \u00ababsolutamente simulados\u00bb los siguientes actos: (i) \u00abcontrato de compraventa celebrado entre Erasmo Mu\u00f1oz Gamba, Blanca Lucy Gonz\u00e1lez Moreno [vendedores] y Jairo Enrique Mu\u00f1oz Gamba [comprador], contenido en la escritura p\u00fablica N\u00b0 3212 de\u2026 7 de octubre de 1999\u00bb; y (ii) \u00abcompraventa celebrad[a] entre Jairo Enrique Mu\u00f1oz Gamba [vendedor] y Maricela Mu\u00f1oz Villanueva [compradora], contenido en la escritura p\u00fablica N\u00b0 638 del 17 de marzo de\u2026 2010\u00bb. <\/p>\n
2.2. Notificada la demandada, contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, entre ellas, la que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta\u00bb, fundada en el art\u00edculo primero de la ley 791 de 2002, toda vez que, en virtud de esa norma, \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se redujo a\u2026 10 a\u00f1os, [por lo que] el [plazo] para presentar la\u2026 demanda por los [demandantes Erasmo Mu\u00f1oz Gamba y Blanca Lucy Gonz\u00e1lez Moreno], se cuenta a partir del\u2026 27 de diciembre de\u2026 2002 y terminar\u00eda el\u2026 27 de diciembre de\u20262012\u00bb. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 7 de octubre de 2022, fueron desechados los mecanismos exceptivos propuestos, declarado \u00absimulado en el grado de absoluto el contrato de compraventa celebrado entre\u2026 Erasmo Mu\u00f1oz Gamba y\u2026 Blanca Lucy Gonz\u00e1lez Moreno como vendedores y\u2026 Jairo Enrique Mu\u00f1oz Gamba (q.e.p.d.) como comprador, y que aparece en la escritura p\u00fablica N\u00b0 3212 del 7 de octubre de 1999\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n decretada \u00abla cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica N\u00b0 638 del 17 de marzo de 2010\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la enjuiciada, recurso al que se adhiri\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de providencia del 17 de febrero pasado, fue adicionado el fallo de primer grado, con miras a \u00abNEGAR la pretensi\u00f3n octava\u00bb y, en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abla toma de las declaraciones de parte de los demandantes no respet\u00f3 la t\u00e9cnica litigiosa\u00bb, as\u00ed como tampoco \u00abse respet\u00f3\u2026 en la pr\u00e1ctica de los interrogatorios, pues se dieron de manera desordenada y sin que respondiese cada pregunta a cada hecho presentado en la demanda, situaci\u00f3n que impidi\u00f3 que se controvirtiera en debida forma\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que los falladores accionados valoraron \u00abpruebas que no fueron incorporadas de acuerdo con el procedimiento establecido\u00bb; y que \u00abaplicaron una interpretaci\u00f3n [errada] de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia\u2026, frente a la debida aplicaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n simulada, pues concuerdan en que si no existe un acto demostrativo de rebeld\u00eda de alguna de las partes no se estar\u00eda frente a una fecha [de] inicio [de] la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7. Finalmente, cuestion\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria realizada en las sentencias que resolvieron, en ambas instancias, el proceso cuestionado, as\u00ed como tambi\u00e9n la integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha precis\u00f3 que la sentencia de primera instancia \u00abest\u00e1 debidamente fundada en criterios objetivos, que atienden a la ley sustancial y, adem\u00e1s, lo dispuesto por la jurisprudencia para la materia, sin que se evidencien las falencias o la vulneraci\u00f3n a los derechos que se acusan\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad manifest\u00f3 que \u00aben el tr\u00e1mite [acusado] no se vislumbra violaci\u00f3n alguna por parte de ese [despacho judicial]\u00bb. <\/p>\n
3. Erasmo Mu\u00f1oz Gamba, Blanca Lucy Gonz\u00e1lez Moreno, Olga Susana Villanueva Villanueva, Fabi\u00e1n Leonardo e Iv\u00e1n Enrique Mu\u00f1oz Villanueva, defendieron la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juzgador a quo neg\u00f3 el resguardo, comoquiera que \u00abel estrado de segunda instancia fue prolijo a la hora de desatar la alzada de la gestora, como tambi\u00e9n fue juicioso en la tarea probatoria que cumpli\u00f3 para hallar campantes los requisitos de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en lo anterior y descendiendo al sub examine, sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis a realizar en esta instancia constitucional, se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 17 de febrero pasado, que resolvi\u00f3 la alzada interpuesta contra la dictada el 7 de octubre de 2022, toda vez que fue aquella providencia la que zanj\u00f3 el debate suscitado en torno a la configuraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n absoluta, cuya declaratoria fue reclamada en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, mem\u00f3rese que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, ha reconocido la doctrina que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
4. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al desechar la prescripci\u00f3n que aleg\u00f3 la demandada en el juicio criticado, desconoci\u00f3 la jurisprudencia que, sobre ese particular, ha dictado esta Sala Especializada. <\/p>\n
4.1. Y es que, en reciente pronunciamiento (SC1971-2022), esta Corporaci\u00f3n rectific\u00f3 su postura sobre los hitos temporales que deben tenerse en cuenta al momento de computar los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3: <\/p>\n
Pues bien, si el prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de prevalencia consiste en esclarecer la verdadera voluntad de las partes de una convenci\u00f3n aparente, es l\u00f3gico deducir la existencia de un derecho \u2013y un deber jur\u00eddico correlativo\u2013 orientado a que esa voluntad real se exteriorice, de modo que puedan deshacerse los efectos del fingimiento. Existe, pues, una obligaci\u00f3n de aclarar cu\u00e1l es la verdad y deshacer la apariencia, de la que son deudores y acreedores rec\u00edprocos todos los part\u00edcipes de una convenci\u00f3n simulada. <\/p>\n
Cabe preguntarse, entonces, cu\u00e1ndo se hace exigible esa obligaci\u00f3n rec\u00edproca de las partes de un contrato simulado de revelar su verdadera voluntad \u2013o la ausencia de esa voluntad\u2013. Y la respuesta m\u00e1s pertinente con los principios generales del orden jur\u00eddico conduce a afirmar que surge tan pronto se celebra la convenci\u00f3n simulada, pues el deber jur\u00eddico del que se viene hablando no podr\u00eda quedar sometido a plazo o condici\u00f3n alguna. Y siendo ello as\u00ed, la de revelar la realidad y aniquilar la apariencia es una obligaci\u00f3n pura y simple, exigible inmediatamente. <\/p>\n
Por tanto, como el plazo prescriptivo se ha de computar \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb (art\u00edculo 2535, C\u00f3digo Civil), es ineludible colegir que la fecha de celebraci\u00f3n del contrato simulado debe ser tambi\u00e9n el punto de partida del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, que es de diez a\u00f1os, de acuerdo con la regla general que prev\u00e9 el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Esa regla, sin embargo, no es absoluta, pues en aras de minimizar los efectos del enga\u00f1o, se ha conferido a los terceros afectados con la simulaci\u00f3n el derecho a exigir \u2013a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de prevalencia\u2013 que se revele la verdadera voluntad de los part\u00edcipes en la farsa contractual, prerrogativa que surge como respuesta a alguna lesi\u00f3n concreta, generada al tercero por el negocio ficto. De ah\u00ed que el dies a quo del plazo prescriptivo de la acci\u00f3n de esos terceros coincida con el nacimiento de su inter\u00e9s jur\u00eddico en la declaratoria de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Conforme lo expuesto, elegir la fecha de celebraci\u00f3n del contrato simulado como dies a quo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n que ejercen los contratantes \u2013o sus causahabientes\u2013, es perfectamente compatible con la regla que dispone contabilizar ese lapso prescriptivo frente a terceras personas desde cuando la convenci\u00f3n ficta lesiona sus derechos; es decir, desde cuando surja para ellos \u2013los terceros, se aclara\u2013 un inter\u00e9s subjetivo, serio, concreto y actual en la declaratoria de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anunciado, debe insistirse en que la acci\u00f3n de prevalencia supone la existencia de un derecho sustancial, que confiere a su titular la potestad de reclamar de la jurisdicci\u00f3n una declaraci\u00f3n orientada a clarificar el verdadero contenido de un acuerdo de voluntades. Y si bien ese derecho solo nace frente a terceros cuando la simulaci\u00f3n les cause detrimento, lo cierto es que en el caso de los contratantes no cabe esperar lesividad adicional a la de estar formalmente atados a una declaraci\u00f3n de voluntad que no es realmente la suya. <\/p>\n
Las partes de un contrato, pues, tienen derecho a que su voluntad declarada coincida con la ver\u00eddica \u2013o mejor, a que se muestre el pacto oculto y prevalezca sobre el aparente\u2013, derecho que se hace exigible tan pronto la simulaci\u00f3n se materializa; de no ser as\u00ed, habr\u00eda un per\u00edodo, el anterior a la exigibilidad del referido derecho, en el que el contrato ficto ser\u00eda inexpugnable para los contratantes, contrariando la prevalencia de la voluntad real por sobre la declarada sobre la que se funda la teor\u00eda de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En resumidas cuentas, no cabe afirmar que en ausencia del acto de rebeld\u00eda de uno de los contratantes, el otro no tendr\u00eda inter\u00e9s jur\u00eddico para promover la acci\u00f3n, pues dicho inter\u00e9s se encuentra impl\u00edcito en el derecho de cada uno de ellos (los contratantes) a hacer prevalecer lo realmente acordado, debi\u00e9ndose agregar que, con independencia del tiempo transcurrido desde la celebraci\u00f3n del pacto ficto, el \u00e9xito del petitum de simulaci\u00f3n aparejar\u00eda secuelas econ\u00f3micas ciertas para los involucrados en la farsa. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Lo hasta aqu\u00ed discurrido permite establecer, a modo de subregla, que el punto de partida del plazo decenal de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n ejercida por una de las partes del contrato simulado coincide con la fecha de su celebraci\u00f3n\u2026 (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
En sentido similar y con fundamente en el precedente antes citado, en sentencia STC4914-2023, se reiter\u00f3 que \u00abno cabe duda de que, a partir de la decisi\u00f3n plurimencionada de esta Corporaci\u00f3n [SC1971-2022], para los contratantes de un negocio simulado el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n contenido en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil inicia desde la fecha de su celebraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.2. Entonces, al momento de resolver sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, el fallador debe determinar la condici\u00f3n que ostenta el demandante frente al acto que cuestiona, pues, si fungi\u00f3 como contratante el plazo extintivo para la proposici\u00f3n de la demanda comenz\u00f3 a correr desde el momento mismo en que se celebr\u00f3 dicho negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
4.3. Bajo ese horizonte y revisada la sentencia materia de censura, verifica la Sala que el fallador ad quem querellado desconoci\u00f3 los par\u00e1metros antes mencionados, comoquiera que para desechar la prescripci\u00f3n que aleg\u00f3 la all\u00ed enjuiciada, precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. En el caso en concreto en las pretensiones elevadas ante la jurisdicci\u00f3n, se pide declarar la simulaci\u00f3n absoluta de la\u2026 Escritura P\u00fablica No. 3212 del 7 de octubre de 1999\u2026, mediante la cual se protocoliz\u00f3 la compraventa del bien objeto de la litis, par\u00e1metros sobre los cuales se finc\u00f3 el debate probatorio. De conformidad con el reparo efectuado por el recurrente corresponde determinar si de conformidad con las pruebas adosadas al plenario hay lugar a declarar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n al interior de la acci\u00f3n aqu\u00ed reclamada. <\/p>\n
En lo relativo a tal reproche, el mismo ser\u00e1 despachado desfavorablemente, entre tanto analizados los argumentos expuestos por el ad quo, detenta esta juzgadora, de una parte que para la resoluci\u00f3n de dicho medio exceptivo el Juez de conocimiento hizo un an\u00e1lisis congruente, para el caso en concreto es de destacar que la acci\u00f3n aqu\u00ed invocada est\u00e1 sometida a la llamada prescripci\u00f3n extintiva, consagrada en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil y que, \u201cpara su cumplimiento, exige el transcurso de cierto tiempo y la inacci\u00f3n del acreedor, o el no haberla ejercitado\u201d. [Funda] el recurrente su reparo en que debi\u00f3 contabilizarse desde el momento de creaci\u00f3n de la Escritura P\u00fablica No. 3112 del 7 de octubre de 1999, sin embargo, frente a tal cuestionamiento no le asiste raz\u00f3n como pasa a verse: <\/p>\n
La… Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci\u00f3n en reiteraci\u00f3n de las sentencias de 30 de julio de 1992, 16 de octubre de 2014, 30 de julio de 2008, 30 de agosto, 16 de diciembre de 2010 y 13 de octubre de 2011 y SC21801-2017; 15\/12\/2017, ha zanjado el interrogante frente a la aplicaci\u00f3n de fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n en la acci\u00f3n simulatoria as\u00ed: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Para el caso en concreto, el Juez de instancia determin\u00f3 que entre los intervinientes de la Escritura P\u00fablica No. 3212 del 7 de octubre 1999, nunca se desconocieron los atributos de los otros contratantes, ni alguno se alz\u00f3 en contra del otro como \u201calzamiento en rebeld\u00eda\u201d, y a tal conclusi\u00f3n lleg\u00f3 con ocasi\u00f3n a los interrogatorios recaudados a Erasmo Mu\u00f1oz Gamba, Blanca Lucy Gonz\u00e1lez Moreno y Olga Susana Villanueva Villanueva, quien fue la esposa del otro interviniente Jairo Enrique Mu\u00f1oz Gamba (q.e.p.d.), quienes al un\u00edsono dieron cuenta de tal situaci\u00f3n, y seg\u00fan se extracta en especial del relato de\u2026. Olga Susana quien dio cuenta, de que su difunto esposo nunca usufructu\u00f3 el bien, que si bien qued\u00f3 en las escrituras, fue su hermano Erasmo quien qued\u00f3 cobrando los arriendos del lote y que nunca hicieron actuaci\u00f3n alguna en el bien, y que por petici\u00f3n del propietario el bien fue traspasado a la aqu\u00ed demandada en el 2010, situaci\u00f3n que no fue desvirtuada por la contraparte. <\/p>\n
Dicho lo anterior, y conforme a las especificaciones dadas, existe lugar a declarar la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n alimentaria, pues el ejecutado en el caso de marras busc\u00f3 con el pago de $18.007.000 cubrir el gasto de educaci\u00f3n de las menores de edad y adem\u00e1s aliviar las cargas de la madre y ejecutante en este caso concreto, por lo cual ser\u00eda il\u00f3gico desconocer que hay compensaci\u00f3n sobre las causas atrasadas que evidentemente son compensables\u2026 <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, debe decirse que si bien el recurrente indica que frente a\u2026 Blanca Lucy Gonz\u00e1lez el fen\u00f3meno prescriptivo debe operar de manera distinta, lo cierto es que, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada, se tiene que la relaci\u00f3n de pareja que \u00e9sta detentaba con\u2026 Erasmo Mu\u00f1oz culmin\u00f3 para el a\u00f1o 2000, y entre tanto nunca disolvieron su sociedad conyugal y quien estaba a cargo del bien objeto del proceso era su exc\u00f3nyuge, y \u00e9ste pretendi\u00f3 que el bien no volviera a la sociedad conyugal, fue que dispuso que el mismo fuera trasladado el dominio a favor de su hija Maricela y aqu\u00ed demandada, situaci\u00f3n de la cual nunca tuvo conocimiento la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez y de tal situaci\u00f3n qued\u00f3 acentuada con el interrogatorio de la esposa [de] Jairo Enrique Mu\u00f1oz Gamba (q.e.p.d), adem\u00e1s seg\u00fan el libelo, solo hasta el a\u00f1o 2018, la se\u00f1ora Maricela Mu\u00f1oz Gonz\u00e1lez, desconoci\u00f3 a los verdaderos due\u00f1os, data en la que adem\u00e1s este falleci\u00f3 Jairo Enrique, por lo que a partir de esta data se concretaron los perjuicios para los demandantes por los actos aqu\u00ed demandados, y atendiendo que esta demandada fue radicada para el a\u00f1o 2019, en sentir de este Despacho, la prescripci\u00f3n no se hace avante en el presente asunt\u00f3. <\/p>\n
4.4. Entonces, evidente es que, para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, el juzgador accionado tuvo como punto de partida la data en la cual la demandada exterioriz\u00f3 \u00abactos de rebeld\u00eda\u00bb, desconociendo que los actores ostentaban la condici\u00f3n de contratantes respecto del acto jur\u00eddico que pregonaron simulado, por lo que, de conformidad con la jurisprudencia actual de esta Sala Especializada, la prescripci\u00f3n comenz\u00f3 a correr frente a ellos desde la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 ese negocio. <\/p>\n
5. En este orden de ideas, se concluye que el fallador de segunda instancia err\u00f3 al resolver sobre la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n planteada en el proceso atacado, al inobservar los derroteros que, sobre ese particular, estableci\u00f3 la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, lo que impone la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden imponen la revocatoria del fallo impugnado para, en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la accionante, por lo que se ordenar\u00e1 al estrado enjuiciado que, tras dejar sin efecto la providencia de 17 de febrero de 2023 y toda la actuaci\u00f3n que dependa de esa decisi\u00f3n, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
7. En este punto, cabe a\u00f1adir que, como las consideraciones precedentes conllevan el quiebre del fallo censurado, la Corte se abstendr\u00e1, por sustracci\u00f3n de materia, de pronunciarse sobre las dem\u00e1s quejas de la promotora del resguardo, comoquiera que los aspectos sobre los cuales versan habr\u00e1n de ser nuevamente analizados por la sede judicial acusada, por lo que cualquier pronunciamiento del juez constitucional resultar\u00eda prematuro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Maricela Mu\u00f1oz Gonz\u00e1lez. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado (radicaci\u00f3n 25754-40-03-002-2019-0418), deje sin efecto la providencia de 17 de febrero de 2023, mediante la cual resolvi\u00f3 la alzada que se formul\u00f3 contra la dictada el 7 de octubre de 2022, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dicha determinaci\u00f3n se desprendieron. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas, contados desde la misma data, la mencionada sede judicial dictar\u00e1 una nueva determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a su Superior Funcional, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Cuarto: Rem\u00edtase copia de esta providencia al tribunal a quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Quinto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 2500-22-13-000-2023-00216-01 <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
SALVAMENTOS DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MAGISTRADO FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00216-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomamos distancia, nos permitimos expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 17 de mayo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que Maricela Mu\u00f1oz Gonz\u00e1lez promovi\u00f3 contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de Soacha y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo invocado. <\/p>\n
Para el efecto, de entrada, advirti\u00f3 que \u00abla autoridad enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al desechar la prescripci\u00f3n que aleg\u00f3 la demandada en el juicio criticado, desconoci\u00f3 la jurisprudencia que, sobre ese particular, ha dictado esta Sala Especializada\u201d. <\/p>\n
Ello, porque, seg\u00fan asever\u00f3, en lo que ata\u00f1e al momento del inicio del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, en sentencia SC1971-2022 del 12 de diciembre de 2022, esta Sala modific\u00f3 el precedente de la Corporaci\u00f3n, espec\u00edficamente para cuando uno de los contratantes del negocio ficticio es el que alega en instancias judiciales la simulaci\u00f3n de este, plasmado espec\u00edficamente en la SC1801-2017 (15 dic.), seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u00ab\u00bfPero desde cu\u00e1ndo comienza a contarse el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva? No puede aceptarse que debe comenzar a contarse desde la fecha en que se celebr\u00f3 el acto o contrato aparente. En este caso, no es aplicable la norma legal respecto de la acci\u00f3n pauliana, cuya prescripci\u00f3n de un a\u00f1o se cuenta desde la fecha del acto o contrato (C. C., arto 2491, ord. 3\u00ba). La acci\u00f3n pauliana, aunque guarda afinidades con la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n tiene fundamentales diferencias. <\/p>\n
La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, cierto es, tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es requisito indispensable la existencia de un inter\u00e9s jur\u00eddico en el actor. Es la aparici\u00f3n de tal inter\u00e9s lo que determina la acci\u00f3n de prevalencia. Mientras \u00e9l no exista, la acci\u00f3n no es viable. De consiguiente, el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor. S\u00f3lo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2535 del C. C. <\/p>\n
As\u00ed trat\u00e1ndose de una compraventa simulada, el inter\u00e9s del vendedor aparente, para destruir los efectos del contrato ostensible cuando el comprador aparente pretende que tal contrato es real y no fingido, desconociendo la eficacia de la contraestipulaci\u00f3n, nace s\u00f3lo a partir de este agravio a su derecho, necesitado de tutela jur\u00eddica. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, entonces, que para modificar dicho precedente y fijar una nueva posici\u00f3n de cara al momento en que debe iniciarse el conteo del t\u00e9rmino del fen\u00f3meno prescriptivo cuando los contratantes del negocio simulado sean los interesados en derruir los efectos del mismo, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cabe preguntarse, entonces, cu\u00e1ndo se hace exigible esa obligaci\u00f3n rec\u00edproca de las partes de un contrato simulado de revelar su verdadera voluntad \u2013o la ausencia de esa voluntad\u2013. Y la respuesta m\u00e1s pertinente con los principios generales del orden jur\u00eddico conduce a afirmar que surge tan pronto se celebra la convenci\u00f3n simulada, pues el deber jur\u00eddico del que se viene hablando no podr\u00eda quedar sometido a plazo o condici\u00f3n alguna. Y siendo ello as\u00ed, la de revelar la realidad y aniquilar la apariencia es una obligaci\u00f3n pura y simple, exigible inmediatamente. <\/p>\n
Por tanto, como el plazo prescriptivo se ha de computar \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb (art\u00edculo 2535, C\u00f3digo Civil), es ineludible colegir que la fecha de celebraci\u00f3n del contrato simulado debe ser tambi\u00e9n el punto de partida del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, que es de diez a\u00f1os, de acuerdo con la regla general que prev\u00e9 el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil (\u2026). <\/p>\n
Lo hasta aqu\u00ed discurrido permite establecer, a modo de subregla, que el punto de partida del plazo decenal de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n ejercida por una de las partes del contrato simulado coincide con la fecha de su celebraci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, \u00ab(\u2026) al momento de resolver sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, el fallador debe determinar la condici\u00f3n que ostenta el demandante frente al acto que cuestiona, pues, si fungi\u00f3 como contratante, el plazo extintivo para la proposici\u00f3n de la demanda comenz\u00f3 a correr desde el momento mismo en que se celebr\u00f3 dicho negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Para el caso concreto, afirm\u00f3, que el ad quem querellado desconoci\u00f3 los par\u00e1metros antes mencionados, comoquiera que, para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, tuvo como punto de partida la data en la cual la demandada exterioriz\u00f3 \u00abactos de rebeld\u00eda\u00bb, desconociendo que los actores ostentaban la condici\u00f3n de contratantes respecto del acto jur\u00eddico que pregonaron simulado, por lo que, de conformidad con la jurisprudencia actual de esta Sala, la prescripci\u00f3n comenz\u00f3 a correr frente a ellos desde la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 ese negocio. <\/p>\n
2.- No compartimos tal determinaci\u00f3n, por las siguientes razones: <\/p>\n
2.1.- Lo que a Hilda Gonz\u00e1lez Neira respecta, principalmente, porque en la sentencia de casaci\u00f3n en la que se apoy\u00f3 el veredicto del que me aparto – SC1971-2022 -, salv\u00e9 voto, lo que igualmente hice frente al fallo emitido en el radicado 23001-22-13-000-2023-00052-01 (STC4914-2023, 24 may.), oportunidades en las que expres\u00e9 mi posici\u00f3n sobre el tema, y a los que me remito ahora, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como lo memora la providencia de la cual me separo, al interior de la Sala se hab\u00eda enarbolado dos posiciones frente al tema del dies a quo o hito inaugural del t\u00e9rmino prescriptivo atribuido a la acci\u00f3n de prevalencia, cuando esta es ejercida por uno de los contratantes que participaron en el fingimiento del negocio jur\u00eddico, sea este absoluto o relativo. <\/p>\n
En raz\u00f3n de esa supuesta dualidad, con ocasi\u00f3n del caso sometido ahora al conocimiento de la sede casacional, se juzg\u00f3 necesario unificar la postura en torno del comienzo del aludido lapso decenal, perdiendo de vista que la discusi\u00f3n fue zanjada con el pronunciamiento CSJ SC21801-2017, 15 dic., rad. 2011-00097-01, siendo la posici\u00f3n all\u00ed defendida la imperante hasta ahora. <\/p>\n
La tesis expuesta en esa decisi\u00f3n, antes depositada en las sentencias CSJ SC 28 feb. 1955, CSJ SC 26 jul. 1956, CSJ SC 14 abr. 1959 y CSJ SC 6 mar. 1961, sit\u00faa el comienzo del periodo extintivo en un hecho que entra\u00f1e desconocimiento del derecho o de la relaci\u00f3n acordada previamente entre los simuladores, en tanto es tal suceso el que demarca el nacimiento del inter\u00e9s jur\u00eddico del suplicante, requisito de esencia para el ejercicio de cualquier acci\u00f3n, en este caso, aquella que busca develar el real designio de los part\u00edcipes en la convenci\u00f3n ficta. Sin la aparici\u00f3n de dicho inter\u00e9s -se acot\u00f3- el instrumento judicial no es viable. <\/p>\n
De modo que mientras se encuentre en vigor el pacto simulatorio fraguado entre las partes de la lid procesal, no corre el tiempo prescriptivo, pues no ha existido negaci\u00f3n de tal concierto de voluntades por uno de los celebrantes del negocio o sus sucesores y, por consiguiente, ninguna necesidad tiene el otro contratante de reclamar ante los estrados judiciales la revelaci\u00f3n de la verdad. Es el alzamiento en rebeld\u00eda de quien pretende mantener la apariencia manifestada ante terceros, el supuesto que principia el fatal plazo. <\/p>\n
Siendo esta la posici\u00f3n mayoritaria asumida por la Sala, que implic\u00f3 abandonar la regla acu\u00f1ada en los fallos CSJ SC 20 jul. 1993, CSJ SC 27 jul. 2000 y CSJ STC8831-2015, no encuentro raz\u00f3n alguna que impusiera modificar el precedente, m\u00e1xime cuando no cabe predicar ambig\u00fcedad en el desarrollo del tema en sede de casaci\u00f3n, dado que, aunque en \u00e9poca pret\u00e9rita se acogi\u00f3 la disertaci\u00f3n sobre la celebraci\u00f3n del negocio simulado como calenda de apertura al plazo de extinci\u00f3n, tal orientaci\u00f3n, se itera, fue finalmente desarraigada de la doctrina jurisprudencial, que termin\u00f3 decant\u00e1ndose por la posici\u00f3n que hoy se relega, la cual considero ajustada a la ley. <\/p>\n
La raz\u00f3n de lo pre anotado estriba en que no es la convenci\u00f3n fingida el hito que determina el nacimiento del inter\u00e9s jur\u00eddico para impetrar la acci\u00f3n, pues este se caracteriza por una imbricada relaci\u00f3n entre el perjuicio o la afectaci\u00f3n de los intereses susceptibles de tutela judicial de una persona y el beneficio o utilidad que aquella derivar\u00eda de la resoluci\u00f3n favorable de sus pretensiones en la causa judicial, simbiosis que no est\u00e1 presente a la hora del convenio, sino que aparece a posteriori, cuando quien, en un comienzo, consinti\u00f3 en realizar el acto mendaz y exhibir una apariencia ante terceros no empece que la realidad era otra, decide desconocer ese concilio torticero y levantar el velo que recae sobre la negociaci\u00f3n y oculta su genuina faz. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, como lo ha explicado esta Corporaci\u00f3n, del promotor del instrumento judicial se reclama la presencia de \u00abun inter\u00e9s subjetivo o particular, concreto y actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensi\u00f3n incoada (\u2026) y aunque es diferente a la legitimaci\u00f3n en la causa, es \u2018el complemento\u2019 de esta \u2018porque se puede ser el titular del inter\u00e9s en litigio y no tener inter\u00e9s serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del derecho u obligaci\u00f3n, como ocurrir\u00eda v. gr. cuando se trata de una simple expectativa futura y sin efectos jur\u00eddicos\u2019\u00bb (CSJ SC16279-2016, 11 nov., rad. 2004-00197-01) \u2026 <\/p>\n
(\u2026) Pues bien, mientras el que se ha denominado \u00abdeudor\u00bb en la simulaci\u00f3n, es decir, quien tenga en su haber el derecho otorgado por el negocio ficticio, sea la propia parte contractual o sus sucesores, no se alcen contra el otro estipulante, este \u00faltimo o sus causahabientes no est\u00e1n asistidos de inter\u00e9s jur\u00eddico para deprecar la prevalencia del pacto escondido o la inexistencia de contrato a fin de retornar las cosas al estado pre convencional. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, en el interregno entre la celebraci\u00f3n del acuerdo que se exterioriz\u00f3 y el desconocimiento del trato subyacente por uno de sus autores, no corre el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n liberatoria que, como se sabe, s\u00f3lo puede transcurrir a partir del instante en que el interesado se halle en posibilidad legal de ejercer la acci\u00f3n respectiva, axioma el cual, emana de la correcta hermen\u00e9utica del inciso segundo del art\u00edculo 2535 de la codificaci\u00f3n civil. <\/p>\n
Ciertamente ese momento no ha llegado para quien carece de inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar, esto es, el celebrante de la negociaci\u00f3n falaz que respeta y se acoge a las condiciones del subterfugio, am\u00e9n de que no amenaza, lesiona o causa perjuicio a quien tambi\u00e9n concurri\u00f3 con su voluntad para el ardid. <\/p>\n
Resulta desafortunada la ponencia en cuanto propone a partir de los postulados generales de la prescripci\u00f3n liberatoria imponer a los sujetos que participan directamente en el acto la obligaci\u00f3n de deshacer el negocio ficto en un t\u00e9rmino perentorio, so pena de tenerlo por consolidado, habida cuenta que si bien en algunas obligaciones es v\u00e1lido sostener que el reclamo de la prescripci\u00f3n \u201cno puede mantenerse a perpetuidad, pues el deudor quedar\u00eda sometido indefinidamente a los designios de su acreedor. Y aunque pudiera argumentarse que tanto el temor a ser demandado, como las secuelas que ello pudiera generar en la vida del deudor, son producto de su conducta antijur\u00eddica (no honrar sus cargas obligacionales), a medida que pasan los a\u00f1os esa conclusi\u00f3n empezar\u00e1 a mostrarse menos acertada, hasta ser insostenible\u201d, tal criterio resulta inadmisible en simulaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, es dif\u00edcil sostener que se aviene obligatorio decretar la prescripci\u00f3n liberatoria cuando ha transcurrido el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, contado desde que se celebr\u00f3 el acto simulado \u201cpues es su incuria la que ha llevado a postergar la soluci\u00f3n de la situaci\u00f3n irregular por m\u00e1s tiempo del que la sociedad considera prudente y admisible\u201d. <\/p>\n
Es irrefutable que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n seg\u00fan la normativa patria despunta \u201cdesde que la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible\u201d (art. 2536) y que esa exigibilidad puede sobrevenir en un momento posterior al de su surgimiento, como ser\u00eda el vencimiento del plazo o cumplimiento de la condici\u00f3n -si de este tipo de prestaci\u00f3n se trata- ora siendo obligaci\u00f3n pura y simple desde el surgimiento mismo de \u00e9sta. <\/p>\n
Empero, no es menos cierto que en los negocios simulados esa exigibilidad no emerge del mismo acuerdo negocial, amen que las obligaciones que del acto surgen con aquellas inherentes al acto aparente, en tanto que el querer de revelar la verdad no se puede entender surgido como aqu\u00ed se afirma desde cuando se hace esa exteriorizaci\u00f3n aparente, sino que lo ser\u00e1 cuando en este se hubiere dispuesto un plazo o condici\u00f3n para deshacer el negocio o cuando el vendedor aparente ponga de presente ese inter\u00e9s al comprador, o cuando este \u00faltimo con actos inequ\u00edvocos se revele contra el primero desconociendo cualquier apariencia negocial, amen que en virtud de la afectaci\u00f3n patrimonial que puede sufrir con ocasi\u00f3n a la negativa de este \u00faltimo nace el inter\u00e9s jur\u00eddico, no como se sostiene en la providencia de la que me aparto, que lo es desde el momento mismo que se celebra el negocio, lo cual ratifica la postura que ven\u00eda sosteniendo la Sala y que ahora se pretende abandonar. <\/p>\n
Y es que en materia de simulaci\u00f3n el derecho a hacer coincidir la voluntad declarada y la verdadera no es solo del vendedor, m\u00e1s all\u00e1 de que este es quien finalmente puede ver disminuido su patrimonio en caso de rebeld\u00eda del comprador simulante. El derecho a la verdad est\u00e1 a cargo de ambos contratantes y no viene a duda que \u00fanicamente se acude a la acci\u00f3n simulatoria por parte de los convencionistas cuando cualquiera de ellos quiere que se revele la verdadera naturaleza del negocio o su inexistencia absoluta y no ello se logr\u00f3 voluntariamente, pues en principio las cosas se deshacen como se hacen (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.2.- En lo que concierne a Francisco Ternera Barrios, porque, como dej\u00e9 plasmado en mi salvamento de voto al fallo STC4914-2023 (Rad. 23001-22-13-000-2023-00052-01), <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En efecto, en la sentencia CSJ SC21801-2017, esta Sala unific\u00f3 su postura sobre el plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, definiendo que iniciaba desde el acaecimiento de un hecho que implicara el desconocimiento del derecho o de la relaci\u00f3n acordada entre las partes del convenio; sin embargo, esa tesis fue modificado recientemente, mediante providencia CSJ SC1971-2022 del 12 de diciembre de 2022, precisando que tal t\u00e9rmino, espec\u00edficamente cuando era uno de los contratantes el que alegaba su nulidad, deb\u00eda contarse desde la celebraci\u00f3n del negocio simulado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien el Juzgado accionado, al emitir la sentencia del 19 de enero de 2023, se fundament\u00f3 en las bases establecidas por esta Sala en el fallo CSJ SC21801- 2017, que fueron replanteadas en diciembre de 2022, mediante providencia CSJ SC1971-2022, no por ello puede considerarse que se desconoci\u00f3 el precedente judicial, pues, frente al car\u00e1cter vinculante de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 169 de 1896 establece que solo tres providencias uniformes de esta Corporaci\u00f3n sobre un punto de derecho pueden catalogarse como doctrina probable, para ser aplicada en casos an\u00e1logos, de manera que, en el caso concreto, el hecho de que el juzgador no hubiera considerado el criterio definido en la \u00faltima de las decisiones citadas no viabilizaba la tutela, porque no hab\u00eda precedentes distintos al incluido en la sentencia CSJ SC1971-2022, aunado a que ella fue proferida solo un mes antes de la determinaci\u00f3n analizada, y porque lo resuelto se sustent\u00f3 en una hermen\u00e9utica motivada y plausible de la normativa aplicable al asunto, por lo cual considero que no era procedente acceder al amparo constitucional reclamado\u00bb. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejamos as\u00ed consignadas nuestras discrepancias. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Estudiar si los herederos act\u00faan iure proprio o iure hereditatis. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7432-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7432-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2023-00216-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de Julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n incoada contra el fallo proferido el 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-75012","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75012","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75012"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75012\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75012"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75012"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75012"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}