AC1705-2023 (2014-00189-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1705-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-038-2014-00189-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s (22) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la Asociaci\u00f3n Distrital de Educadores pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 19 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal que instaur\u00f3 el Instituto Nacional de Cancerolog\u00eda – ESE en contra de la impugnante. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El Instituto Nacional de Cancerolog\u00eda -INC- pidi\u00f3 que se declarara que sobre el inmueble identificado con nomenclatura urbana con la Calle 1C Sur No. 9-70, la Avenida Carrera 10 No. 0-90 Sur y\/o la Carrera 10 No. 1-80 Sur de Bogot\u00e1 \u00abde acuerdo con la direcci\u00f3n que actualmente figura en la Oficina de Catastro Distrital o aquella que aparezca e identifique el predio el d\u00eda de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial\u00bb, que hace parte del de mayor extensi\u00f3n registrado en el F.M.I. 50S-40505363, existe una ocupaci\u00f3n o tenencia indebida e ilegal en cabeza de la Asociaci\u00f3n Distrital de Educadores \u2013 ADE \u00aby\/o terceras personas ocupantes o indeterminadas en la actualidad y por ende incapaz de producir efectos en derecho\u00bb. Que, como consecuencia de lo anterior, el bien debe \u00abreivindicarse, restituirse y entregarse a la citada entidad p\u00fablica, en la fecha y hora que as\u00ed lo determine su Despacho, por parte de LA ASOCIACI\u00d3N DISTRITAL DE EDUCADORES -ADE y\/o terceras personas\u00bb. Adicionalmente, pidi\u00f3 que no fueran reconocidas mejoras \u00abpor la naturaleza legal que ostenta dicho tipo de inmueble\u00bb; y que se le reconozca el valor de los perjuicios \u00abque le han sido causados a la entidad que represento por no hab\u00e9rsele entregado y restituido el bien que le pertenece, teniendo en cuenta la fecha desde la cual mi representada recibi\u00f3 tradici\u00f3n de la propiedad del bien ocupado, esto es el 11 de marzo de 2008, es decir por 70 meses y hasta la fecha en que se logre la respectiva entrega material\u00bb1. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
En sustento de sus peticiones, comenz\u00f3 por la identificaci\u00f3n del inmueble. El \u00e1rea la calcul\u00f3 en 613.0 m2 y el cual hace parte de uno de mayor extensi\u00f3n registrado en el folio de matr\u00edcula No. 50S-40505363. El bien figura como de propiedad y a nombre del Instituto Nacional de Cancerolog\u00eda E.S.E. <\/p>\n
Relat\u00f3 que celebr\u00f3 un contrato de promesa de compraventa con la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios \u2013 en liquidaci\u00f3n el 17 de noviembre del 20072. En tal virtud, la Fundaci\u00f3n se oblig\u00f3 a vender a la demandante los siguientes inmuebles3: <\/p>\n
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DIRECCI\u00d3N <\/p>\n
AREA <\/p>\n
C\u00c9DULA CATASTRAL <\/p>\n
MATR\u00cdCULA INMOBILIARIA <\/p>\n
VALOR <\/p>\n
Calle 1 C Sur No.9-70 <\/p>\n
173.90 m2 <\/p>\n
001209010200000000 <\/p>\n
50S-379361 En mayor extensi\u00f3n <\/p>\n
$55.938.417 <\/p>\n
Carrera 10 No. 1-78 Sur <\/p>\n
4.146.7 m2 <\/p>\n
001209010500000009 <\/p>\n
50S-379361 En mayor extensi\u00f3n <\/p>\n
$4.456.958.326 <\/p>\n
Calle 1 C Sur No. 9-80 <\/p>\n
261.50 m2 <\/p>\n
001209010300000000 <\/p>\n
50S-379361 En mayor extensi\u00f3n <\/p>\n
$73.590.545 <\/p>\n
Carrera 10 No. 1-88 Sur <\/p>\n
519.40 m2 <\/p>\n
2S 9 7M\/001209010500200000\/001209010500100000 <\/p>\n
50S-379361 En mayor extensi\u00f3n <\/p>\n
$146.167.989 <\/p>\n
A su turno, el 31 de diciembre del 2017, \u00abmediante acta de transacci\u00f3n\u00bb pag\u00f3 la totalidad del precio pactado. La Fundaci\u00f3n San Juan de Dios en liquidaci\u00f3n, con resoluci\u00f3n n\u00fam. 001 del 30 de enero del 2008, transfiri\u00f3 al Instituto Nacional de Cancerolog\u00eda ESE el inmueble objeto de controversia. Sostuvo que dicho fundo es un bien estatal fiscal, que \u00abcorresponde a los se\u00f1alados por la Constituci\u00f3n y la Ley como Bien de Propiedad P\u00fablica, cuyo titular de dominio es el Estado, en este caso la entidad nacional antes citada y que dada su naturaleza es inembargable e imprescriptible\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, para efectos de la adquisici\u00f3n del predio a la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios, se tuvo en cuenta que el Consejo de Estado, en sentencia del 8 de marzo del 2005, \u00abmencion\u00f3 c\u00f3mo estaba conformado el patrimonio de la Fundaci\u00f3n y especialmente sobre los bienes inmuebles entregados con un fin espec\u00edfico en materia de salud, refiri\u00e9ndose en esta oportunidad al lote denominado \u201cMolinos de la Hortua\u201d, declar\u00e1ndolos bienes de car\u00e1cter p\u00fablico\u00bb. Como consecuencia de dicha providencia y de la expedici\u00f3n del Decreto Departamental 099 del 21 de junio del 2006 por el Gobernador de Cundinamarca, \u00abse orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios y por ende la realizaci\u00f3n de parte de sus bienes, entre ellos los terrenos denominados \u201cLos Molinos de la Hort\u00faa\u201d\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que el bien reclamado \u00abes parte de los terrenos a que hace referencia el fallo antes citado y una vez escindido del globo general, le fue adjudicado por la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios en Liquidaci\u00f3n\u00bb con los contratos de compraventa y de transacci\u00f3n mencionados. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Moreno Bonilla ocup\u00f3 ilegalmente una parte del antedicho terreno, y enajen\u00f3 las mejoras construidas sobre el bien a la Asociaci\u00f3n Distrital de Educadores. En ese orden de ideas, afirm\u00f3 que esta \u00faltima y los terceros ocupantes han habitado y explotado econ\u00f3micamente una parte del bien p\u00fablico fiscal, sin la autorizaci\u00f3n ni consentimiento del INC desde el 17 de noviembre de 2006. Manifest\u00f3 que tal situaci\u00f3n le causa perjuicios, comoquiera que no es posible adelantar los proyectos de tecnolog\u00eda y de servicio en salud a su cargo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en pret\u00e9rita oportunidad, la ADE interpuso demanda de pertenencia adquisitiva sobre la parte del predio ocupado. No obstante, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abdetermin\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n por tratarse de un bien de uso p\u00fablico perteneciente a una entidad de Derecho P\u00fablico, como lo es la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios\u00bb. A su turno, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00abhizo lo propio al ordenar la nulidad de todo lo actuado, por tratarse de un bien de propiedad de una entidad de derecho p\u00fablico seg\u00fan lo consagra el art\u00edculo 407-4 del C.P.C.\u00bb. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
Agotadas las correspondientes etapas procesales, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 31 de julio del 2020, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abinexistencia de los presupuestos para la reivindicaci\u00f3n\u00bb. Por ende, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El superior, al resolver la apelaci\u00f3n de la demandante, revoc\u00f3 el fallo del a quo. En su lugar, declar\u00f3 que pertenece al Instituto Nacional de Cancerolog\u00eda ESE \u00abel inmueble con la nomenclatura urbana Calle 1C No. 9-70 (Entrada por la Calle 1C), la Avenida Carrera 10 No.0-90 Sur y\/o la Carrera 10 No. 1-80 Sur de Bogot\u00e1 ubicado en la Carrera No. 1-62 Sur\/66 Sur\/68 Sur\/72 Sur\/78 Sur\/82 Sur\/86 Sur\/88 Sur\/90 Sur96 Sur\/ Calle 1C Sur No. 9-70\/80\/82\/84\/86 y Transversal 9 No. 1\u00aa 35 Sur\/39 Sur\/41 \u2013 Lote de terreno, en la ciudad de Bogot\u00e1, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-379361\u00bb. En consecuencia, inst\u00f3 a la convocada a restituir el fundo. Por dem\u00e1s, deneg\u00f3 las restantes peticiones. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por explicar la caracterizaci\u00f3n de los bienes fiscales y los de uso p\u00fablico que ha efectuado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. A su turno, desarroll\u00f3 los presupuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria a la luz del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil. Pues bien, comoquiera que los aludidos postulados no fueron analizados por el a quo, procedi\u00f3 la Sala a verificar los elementos de la acci\u00f3n dominical. <\/p>\n
1.- En primer lugar, aludi\u00f3 a la existencia del \u00abderecho de dominio en cabeza del actor\u00bb, el cual se encuentra acreditado por la entidad p\u00fablica demandante con la resoluci\u00f3n 001 del 30 de enero del 2008, \u00abdonde la liquidadora de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios en Liquidaci\u00f3n (Hospital San Juan de Dios en Liquidaci\u00f3n, e Instituto Materno Infantil en liquidaci\u00f3n), orden\u00f3 la transferencia a t\u00edtulo de compraventa de dominio a favor del Instituto de Cancerolog\u00eda, de 4.644.10 metros cuadrados, ordenando su inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50 A 379361, correspondiente al de mayor extensi\u00f3n, lo que se cumpli\u00f3, como as\u00ed aparece en la anotaci\u00f3n No. 14 de ese folio\u00bb. Acto administrativo que para el 2008 se consideraba como id\u00f3neo para transferir el dominio. En efecto, tal circunstancia se desprende del art\u00edculo 2 del Decreto 1250 de 1970. Y si bien en el referido folio se anot\u00f3 que la inscripci\u00f3n carece de validez, lo cierto es que con posterioridad \u00abse aport\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 2 de 2 de enero de 2018, contentiva de la transacci\u00f3n entre el Departamento de Cundinamarca y el Instituto Nacional de Cancerolog\u00eda que contiene la transacci\u00f3n respecto del \u00e1rea de terreno de 4.644.10 Mts., con el objeto de trasladar la propiedad, documento este que recoge en todo los antecedentes de la Resoluci\u00f3n antes citada, misma que fue inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No 50 S379361 en la anotaci\u00f3n 28, como as\u00ed aparece en los folios 923 y siguientes de la actuaci\u00f3n principal\u201d. Documentaci\u00f3n allegada por el demandante el 11 de octubre del 2019 pues se present\u00f3 un hecho modificativo de la acci\u00f3n. Evento que fue invocado por la parte demandante antes de los alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.- Frente a la \u00abposesi\u00f3n de la demandada\u00bb, estim\u00f3 que \u00absi conforme al art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, la posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, no puede considerarse que la expresi\u00f3n que se utiliz\u00f3 en la demanda referida a que la convocada ostenta la tenencia irregular e ilegal del bien cuya restituci\u00f3n ambiciona, no est\u00e9 referida a la posesi\u00f3n\u00bb. Aunado a ello, las actuaciones dieron cuenta de que la interpelada promovi\u00f3 una demanda de pertenencia contra la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios, propietaria del inmueble de mayor extensi\u00f3n, cuyo fundamento fue precisamente la posesi\u00f3n. Tales actuaciones \u00abreflejan que en esa tramitaci\u00f3n exterioriz\u00f3 y pretendi\u00f3 hacer valer su condici\u00f3n de poseedora frente al inmueble\u00bb, en especial en lo que concierne a los hechos primero y tercero de la demanda. En todo caso, estim\u00f3 que <\/p>\n
\u00abesa posesi\u00f3n, adem\u00e1s, la convalid\u00f3 el testigo Hern\u00e1n Trujillo Tovar, quien fue presidente de la Asociaci\u00f3n, al punto de indicar que vivi\u00f3 en esa casa hace muchos a\u00f1os; que se conoce como la sede sur de la asociaci\u00f3n que dirigi\u00f3; que la demandada \u201csiempre ha tenido la posesi\u00f3n ininterrumpida\u201d del bien; que se utiliza como parqueadero de los directivos cuando se realizan las reuniones de la asociaci\u00f3n, aun cuando no como negocio; y que fue la ADE la que hizo las construcciones de las que consta actualmente el inmueble y ha ejercido la vigilancia del predio; y corrobor\u00f3 que la asociaci\u00f3n promovi\u00f3 un proceso de pertenencia sobre el inmueble en su momento contra la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios, cuando era miembro de la Junta Directiva de la organizaci\u00f3n sindical\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, el hecho de que la posesi\u00f3n ejercida por el demandado no sea apta para prescribir en atenci\u00f3n a la prohibici\u00f3n constitucional y legal de imprescriptibilidad de los bienes fiscales, no impide que el due\u00f1o no pueda reivindicar el bien. <\/p>\n
3.- En cuanto a la \u00abidentidad del bien pose\u00eddo con el que es de propiedad de la demandante y que se trate de cosa singular o cuota proindiviso de cosa singular\u00bb, precis\u00f3 que desde la demanda se pidi\u00f3 puntualmente la restituci\u00f3n del inmueble \u00abidentificado con la nomenclatura urbana inmueble Calle 1C Sur No. 9-70 (Entrada por la Calle 1C), la Avenida Carrera 10 No. 0-90 Sur y\/o la Carrera 10 No. 1-80 Sur de Bogot\u00e1, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-40505363\u00bb. Caracterizaci\u00f3n frente a la cual la demandada no present\u00f3 oposici\u00f3n respecto de su determinaci\u00f3n y especificaciones. De all\u00ed que \u00abes posible tener por configurado el elemento en cita, en raz\u00f3n a no existir discusi\u00f3n sobre la identidad entre el bien pose\u00eddo y aquel cuya restituci\u00f3n se solicita\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para el ad quem no hay duda de que se trata de una cosa singular o cuota proindiviso. Y ello es as\u00ed pues si bien se trata de un terreno que se encuentra dentro de otro de mayor extensi\u00f3n, lo cierto es que \u00abse trata de un bien singularizado que corresponde a la ubicaci\u00f3n y nomenclatura aludida en el libelo introductorio, tanto as\u00ed que, se itera, sobre ese puntual aspecto no existi\u00f3 controversia de la convocada\u00bb. <\/p>\n
4.- Ahora bien, frente a los medios defensivos propuestos, encontr\u00f3 que la excepci\u00f3n que ata\u00f1e a la inexistencia de los presupuestos de la reivindicaci\u00f3n qued\u00f3 de plano descartada. Insisti\u00f3 el Tribunal en que los bienes fiscales s\u00ed son susceptibles de ser pose\u00eddos por particulares, \u00abaunque por mandato expreso del legislador no es posible adquirir su dominio por el modo de la usucapi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne a que \u00abla demandada no es la obligada a hacer la entrega\u00bb pues no se ha celebrado con el demandante ning\u00fan acto jur\u00eddico en virtud del cual se haya estipulado tal prestaci\u00f3n, \u00abse debe tener en cuenta que nos encontramos ante el ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria, no de una de restituci\u00f3n de tenencia a cualquier t\u00edtulo\u00bb. Frente a la \u00abculpa exclusiva de la demandante por no tener en su poder el inmueble\u00bb, consider\u00f3 la Sala que ese es un factor que no impide la reivindicaci\u00f3n del bien. <\/p>\n
En cuanto a \u00abla imposibilidad de condenar a la demandada a pagarle suma alguna por prejuicios a la parte demandante\u00bb, advirti\u00f3 el Colegiado que \u00abno es oponible a la demandante el que no exista un documento por virtud del cual est\u00e9 obligada la convocada a restituirle el bien fiscal, porque en este asunto no se discute si pretende la restituci\u00f3n de tenencia a cualquier t\u00edtulo, que ser\u00eda lo que justificar\u00eda que entre las partes existiera alg\u00fan convenio sobre la entrega del predio, sino la reivindicaci\u00f3n de un bien fiscal, que no exige para su procedencia la existencia de un t\u00edtulo que haya dado origen a la posesi\u00f3n\u00bb. M\u00e1xime cuando la misma convocada acept\u00f3 que recibi\u00f3 el inmueble de manos de un tercero, Jos\u00e9 Vicente Moreno Bonilla. <\/p>\n
Sobre la \u00abreclamaci\u00f3n por mejoras\u00bb, \u00abreclamaci\u00f3n por vigilancia y conservaci\u00f3n del lote\u00bb, \u00abreclamaci\u00f3n por las reparaciones locativas\u00bb y \u00abderecho de retenci\u00f3n\u00bb, descart\u00f3 su procedencia ante la calidad de bien fiscal. Al respecto, aludi\u00f3 a los art\u00edculos 966 y 768 del C\u00f3digo Civil. Conforme a dichas disposiciones, \u00abno puede d\u00e1rsele esa calificaci\u00f3n [la de poseedor de buena fe] a la Asociaci\u00f3n demandada, toda vez que estaba en capacidad de conocer y saber que el bien era de propiedad de una entidad p\u00fablica, puesto que as\u00ed se evidenciaba de su folio de matr\u00edcula inmobiliaria desde el mismo momento de su apertura, 11 de abril de 1912, seg\u00fan la anotaci\u00f3n No. 1 donde se inscribi\u00f3 la donaci\u00f3n de la Naci\u00f3n en favor del Departamento de Cundinamarca\u00bb. Inscripci\u00f3n que, a juicio de la Sala, conlleva que se hubiera hecho p\u00fablica la condici\u00f3n de propietaria de la entidad demandante, as\u00ed como tambi\u00e9n la calidad de imprescriptible del inmueble. Por lo tanto, \u00abno puede predicarse que [en] la conciencia de sus representantes estaba la convicci\u00f3n de la adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n a trav\u00e9s de un medio leg\u00edtimo exento de vicio, en raz\u00f3n a que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, como as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 9 de la codificaci\u00f3n civil, verific\u00e1ndose as\u00ed un error en materia de derecho que conforme al art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil, en su inciso final, constituye presunci\u00f3n de mala fe, que no admite prueba en contrario\u00bb. As\u00ed pues, como la demandada no ostenta la calidad de poseedora de buena fe, \u00absolo podr\u00e1 llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre y cuando pueda separarlos de la cosa reivindicada sin su detrimento, como as\u00ed lo autoriza el inciso final del art\u00edculo 966 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, evidenci\u00f3 que tanto la reclamaci\u00f3n de frutos como la de perjuicios, elevada por el instituto actor, qued\u00f3 desprovista de prueba. Por otra parte, indic\u00f3 que no es viable acoger la pretensi\u00f3n a partir de la estimaci\u00f3n juramentada, \u00aben raz\u00f3n a que no es posible reconocer perjuicios sin prueba de su causaci\u00f3n, punto en que conviene tener en cuenta que una vez admitido el recurso de apelaci\u00f3n en esta instancia, no desplegaron actuaci\u00f3n alguna con miras a insistir en el agotamiento de esa probanza, en tanto que se limitaron a descorrer el traslado del recurso de apelaci\u00f3n y a presentar cada extremo sus respectivos argumentos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda de casaci\u00f3n se formularon tres cargos. Ser\u00e1n inadmitidos el primero y el segundo por no cumplir con los requisitos de forma prescritos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. El embate restante ser\u00e1 admitido. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia de ser violatoria directamente \u00abde una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb, que se \u00abtraduce en un error de derecho\u00bb por aplicaci\u00f3n indebida de la ley sustancial, \u00abal considerar el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n como un bien p\u00fablico inalienable, imprescriptible e inembargable, cuando en realidad durante la existencia de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios dichos bienes pertenecientes a esta tuvieron la condici\u00f3n de bienes privados\u00bb. <\/p>\n
1.- Manifest\u00f3 que la sentencia censurada no es ajustada a derecho. En tanto \u00abel bien inmueble de que trata el petitum de la demanda inicial fue un bien de car\u00e1cter privado desde el a\u00f1o 1979 hasta el 14 de junio de 2005\u00bb. A su juicio, de la definici\u00f3n constitucional, legal y jurisprudencial de \u00abbienes de dominio p\u00fablico\u00bb es posible deducir sin ninguna dubitaci\u00f3n \u00abque los Centros Hospitalarios San Juan de Dios, Instituto Materno Infantil entendidos por estos las edificaciones, parqueaderos y terrenos aleda\u00f1os como lo sostiene la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n son bienes fiscales, que pertenec\u00edan hasta el a\u00f1o 1979 a la Beneficencia de Cundinamarca, pero que con la expedici\u00f3n de los Decretos 290 y 1374 de 1979 pasaron a ser activos de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que desde 1979, con la creaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios mediante los aludidos actos administrativos, los terrenos ocupados por los dos hospitales formaron parte del patrimonio de dicho ente de car\u00e1cter privado. Destac\u00f3 que en el acto n\u00fam. 1374 de 1973 se adoptaron los estatutos de la Fundaci\u00f3n, en los que se estableci\u00f3 \u00abque la naturaleza jur\u00eddica de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios se considerar\u00eda como instituci\u00f3n de utilidad com\u00fan con car\u00e1cter de fundaci\u00f3n y que en lo no previsto por estos estatutos, se regir\u00eda por las normas contempladas en el C\u00f3digo Civil, d\u00e1ndole as\u00ed el car\u00e1cter de ente privado\u00bb. De manera que, en atenci\u00f3n a dichos decretos, \u00abesta entidad fungi\u00f3 como ente privado en todos sus actos\u00bb. Adicionalmente, para el censor es claro que \u00abla Fundaci\u00f3n San Juan de Dios fue una persona jur\u00eddica de derecho privado lo reitera el que estuvo, regida por las disposiciones del C\u00f3digo Civil el cual en su art\u00edculo 633 las define, junto con las corporaciones como entes de beneficio p\u00fablico, que apareciera regulada, por su car\u00e1cter de pertenecer al sector salud , por la Ley 10 de 1990, el decreto reglamentario 0739 de 1991 , el decreto reglamentario 1088 de 1991, la Ley 100 de 1993 y el decreto de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 581 de 1995, y como tal poseedora de un patrimonio o activos que le permitieron desarrollar su objeto\u00bb. Adujo que la calidad de ente privado tambi\u00e9n ha sido corroborada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte Suprema de Justicia -en sentencia del 19 de septiembre de 1983-, la Superintendencia Nacional de Salud -en resoluci\u00f3n n\u00fam. 1933 del 2001-, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado -en pronunciamiento del 20 de octubre de 1986- y la Corte Constitucional -en fallo T-010 del 20 de enero del 2012-. En esta \u00faltima providencia, se estableci\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la historia de los Hospitales San juan de Dios e Instituto Materno Infantil, y por ende los predios en que se encuentran edificados, ha atravesado por 3 estadios hist\u00f3ricos a saber: <\/p>\n
1: En la \u00e9poca anterior al a\u00f1o 1979 cuando pertenecieron a la Naci\u00f3n, la Junta General de Beneficencia y a la Beneficencia de Cundinamarca, en la cual se consideran que fueron instituciones de utilidad com\u00fan de naturaleza p\u00fablica que prestaban los servicios de salud a las clases m\u00e1s necesitadas. <\/p>\n
2: Del a\u00f1o 1979 , cuando se expidieron los Decretos 290 y 1374 de dicho a\u00f1o , hasta el 14 de junio de 2005, cuando quedo en firme el fallo del Consejo de Estado que los anul\u00f3, lapso durante el cual los dos hospitales pertenecieron a la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios entidad de derecho privado de utilidad com\u00fan , sin \u00e1nimo de lucro, naturaleza de la cual se desprende que los centros asistenciales tuvieron car\u00e1cter privado y en consecuencia los predios en los que se encontraban levantados ten\u00edan la misma condici\u00f3n privada . <\/p>\n
3: Del 14 de junio de 2005 a la fecha, en que los centros asistenciales pasaron de nuevo a ser propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca condici\u00f3n que a\u00fan conserva, lo cual se compagina con las anotaciones que aparecen registradas en las matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 50S-40505363 y 50S-379361 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Sur\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed pues, queda establecido que la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios es un ente de naturaleza privada. Dicho esto, abord\u00f3 el tema relativo a la titularidad o no, en cabeza de aquella, del derecho de dominio y posesi\u00f3n sobre los terrenos objeto de la demanda reivindicatoria. Ello con el objeto de determinar \u00absi durante la existencia de la Fundaci\u00f3n tales predios tuvieron o no el car\u00e1cter de bienes privados, o si por el contrario pod\u00edan seguir siendo catalogados como bienes p\u00fablicos, patrimoniales y fiscales, con sus caracter\u00edsticas, de acuerdo con la clasificaci\u00f3n tra\u00edda por el art\u00edculo 674 del C.C, de ser imprescriptibles, no susceptibles de adquirir por prescripci\u00f3n (art\u00edculo 63 Constituci\u00f3n Nacional) inalienables e inembargables\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, realiz\u00f3 un estudio de la titulaci\u00f3n de los predios denominados \u00abMolinos de Hortua\u00bb, el cual aparece identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-379361. Ejercicio que lo llev\u00f3 a concluir que \u00ablos embargos e inscripci\u00f3n de demanda que aparecen anotadas en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del terreno menor 50S-40505363 (\u2026) no indican otra cosa que tal inmueble fue considerado como de propiedad privada, contrario sensu de haber sido tenido como un bien p\u00fablico serian improcedentes o ilegales tales medidas, lo que reitera (…) como norma imperativa aplicable a dichos predios el calificativo de inmuebles privados durante el periodo de pertenencia al patrimonio de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios\u00bb. <\/p>\n
De manera que en el interregno comprendido entre 1979 -fecha en que se cre\u00f3 la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios como ente privado- y el 14 de junio del 2005 -cuando fueron anulados los decretos 290 y 1374 de 1979 por el Consejo de Estado- \u00abcuando los terrenos ocupados por los Centros Hospitalarios San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil , cuando la demandada ASOCIACION DISTRITAL DE EDUCADORES \u2013ADE consolid[\u00f3] derecho de posesi\u00f3n sobre el lote de terreno desenglobado del globo de mayor extensi\u00f3n\u00bb. Calidad de poseedor que le fue negada por la sentencia recurrida \u00abal expresar que los terrenos por usucapir por tratarse de bienes p\u00fablicos o fiscales no admiten posesi\u00f3n alguna. Siendo en este sentido el fallo violatorio por la v\u00eda directa por falta de aplicaci\u00f3n de normas sustantivas atinentes al Instituto de la posesi\u00f3n regulada por los art\u00edculos 762 a 777 del C.C\u00bb. <\/p>\n
3.- Por otra parte, critic\u00f3 que el fallo del ad quem le hubiera otorgado una \u00abinterpretaci\u00f3n absoluta\u00bb. a la declaratoria de nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 -a trav\u00e9s de la sentencia del 8 de marzo del 2005 proferida por el Consejo de Estado-, en cuanto a sus efectos retroactivos. Sin embargo, entr\u00f3 a analizar qu\u00e9 \u00abaplicaci\u00f3n tendr\u00edan los decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998 con relaci\u00f3n a sus efectos frente a la presunci\u00f3n de legalidad de toda norma, mientras permanecieron vigentes [,] es decir desde la fecha de su expedici\u00f3n hasta el momento de la ejecutoria del fallo del Consejo de Estado que los anul[\u00f3], el d\u00eda 14 de junio de 2005\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que los fallos en acciones de nulidad tienen car\u00e1cter retroactivo. Sin embargo, los efectos ex nunc son relativos, pues los actos est\u00e1n cobijados por el principio de legalidad y por la \u00abinstituci\u00f3n o principio de los derechos adquiridos\u00bb. En ese orden de ideas, los aludidos decretos produjeron \u00abplenos efectos mientras no fue objeto de su anulaci\u00f3n por el Consejo de Estado en la sentencia del 8 de marzo de 2005\u00bb. Por ende, para el casacionista es evidente que, en atenci\u00f3n a lo expuesto en precedencia, la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios <\/p>\n
\u00abfungi\u00f3 como un ente privado, como una persona moral de las definidas por el Art\u00edculo 650 del C\u00f3digo Civil y en consecuencia desarroll[\u00f3] tareas en desarrollo de su objeto social, tuvo un patrimonio[,] una personer\u00eda jur\u00eddica propia. Es as\u00ed como recibi\u00f3 de la Beneficencia de Cundinamarca los predios en los cuales fueron construidas las edificaciones de los hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil y \u00e1reas aleda\u00f1as como lo son los parqueaderos y la porci\u00f3n de terreno reclamada por el demandante INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA \u2013EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, siendo estos predios en consecuencia bienes privados ya que afirmar lo contrario es decir que un ente privado tiene la titularidad de un bien p\u00fablico o fiscal ri\u00f1e con la propia definici\u00f3n de lo que es un bien p\u00fablico o fiscal\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que fue durante el periodo en que los decretos estuvieron vigentes, que la ADE adquiri\u00f3 el derecho real de posesi\u00f3n sobre la fracci\u00f3n de terreno de que trata la demanda inicial. Y al no ser los inmuebles de car\u00e1cter p\u00fablico en dicha \u00e9poca, su \u00abpermanencia en los predios es leg\u00edtima, as\u00ed luego haya sido convertidos tales bienes en bienes p\u00fablicos a partir del 14 de junio de 2005 (fecha en adquiri\u00f3 ejecutoria el fallo del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2005), afirmaci\u00f3n que tiene sustento adem\u00e1s en el fen\u00f3meno de los derechos adquiridos y consolidados de orden particular\u00bb. <\/p>\n
4.- Para finalizar, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abeste primer cargo contra la sentencia objeto de reparos (\u00a1) por la v\u00eda del error de derecho (\u00a1\u00a1) por la aplicaci\u00f3n indebida de las normas que regulan lo atinente a los bienes p\u00fablicos y fiscales (\u00a1\u00a1\u00a1) a situaciones relativas a inmuebles que en su momento eran privados (\u00a1v) por pertenecer a un ente privado(v),se debi\u00f3 por una equivocada interpretaci\u00f3n del Tribunal que la profiri\u00f3 en cuanto al alcance de los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado del 8 marzo de 2005 (v\u00a1) al darle a tales efectos un alcance absoluto (v\u00a1\u00a1) sin atender a fen\u00f3menos que lo convierten en relativo(v\u00a1\u00a1\u00a1) por la presunci\u00f3n de legalidad de los decretos que crearon la fundaci\u00f3n y (\u00a1x) y por existir en favor de la parte demandada derechos adquiridos sobre el predio de que trata la demanda inicial, que se consolidaron y son particulares , sin que puedan ser desconocidos o ignorados\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Fundado en la causal primera de casaci\u00f3n, censur\u00f3 la sentencia del 19 de mayo del 2021 por violar directamente la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n, al \u00absoslayar, omitir o ignorar la condici\u00f3n jur\u00eddica que tuvo el predio ocupado por la entidad demandada (vi) durante el periodo comprendido entre el a\u00f1o 1978 y 2005 , (vii) y durante el cual lo ocupo a t\u00edtulo de posesi\u00f3n (viii) siendo esta legitima, regular , de buena fe, p[\u00fa]blica y tranquila (ix) que origino para el poseedor una situaci\u00f3n jur\u00eddica individual , concreta , consolidada\u00bb. Posesi\u00f3n que estaba amparada en las disposiciones del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y 762 y siguientes del C\u00f3digo Civil; que a su turno han sido ampliamente reconocidas en las sentencias C-168 de 1995, C-147 de 1998 y C-242 de 2009, proferidas -todas- por la Corte Constitucional. Error que conllev\u00f3 a tener al demandado como un simple tenedor irregular del predio. <\/p>\n
Asever\u00f3 que no perdi\u00f3 la posesi\u00f3n de los inmuebles objeto de la controversia como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los citados decretos, debido a la instituci\u00f3n de los \u00abderechos adquiridos\u00bb. Y es que, a su juicio, \u00abla ADE adquiri\u00f3 leg\u00edtimamente el derecho de posesi\u00f3n sobre el predio y en amparo de esta posesi\u00f3n, se encontraban las normas de orden Constitucional (art.58) como de la legislaci\u00f3n civil (art. 762 y siguientes del C.C), porque crearon un estatus quo que nos es otro que una posesi\u00f3n legitima que se mantiene a un despu\u00e9s de que volvi\u00f3 a adquirir el inmueble la condici\u00f3n de bien p\u00fablico o bien fiscal\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, afirm\u00f3 que la sentencia impugnada ignor\u00f3 la verdadera condici\u00f3n de la demandada frente al predio, en tanto omiti\u00f3 analizar el \u00abv\u00ednculo que \u00e9xito entre los terrenos ocupados y la demandada durante la existencia de la Fundaci\u00f3n San juan de Dios, quit\u00e1ndole toda condici\u00f3n de poseedora, y de esta manera dejo de aplicarle las normas que regulan el derecho de posesi\u00f3n, como derecho real que es\u00bb. Errores que orientaron a que el Tribunal negara las excepciones propuestas \u00aby declarar que pertenece al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA \u2013EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 50S-379361 que como se demostrar[\u00e1] en el siguiente cargo, no es el predio objeto del debate\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Bajo la causal tercera de casaci\u00f3n, censur\u00f3 la providencia que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n de no estar en consonancia con los hechos ni las pretensiones de la demanda, as\u00ed como tampoco con las excepciones propuestas por el demandado. En ese sentido, apuntal\u00f3 que el predio identificado en la demanda \u00abno es el mismo inmueble al cual se refiere la sentencia atacada en su parte resolutiva numeral 2\u00b0al declarar que pertenece al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA \u2013EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Lote de terreno en la Ciudad de Bogot\u00e1 identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 505-379361(v) ya que con este \u00faltimo folio se identifica es el globo de mayor extensi\u00f3n al cual pertenece el predio con matr\u00edcula inmobiliaria 50S-40505363\u00bb. <\/p>\n
En efecto, estim\u00f3 que la demanda formulada \u00aben el ac\u00e1pite de declaraciones y condenas, en el numeral 1\u00b0 identifica el predio sobre el cual alega su titularidad como propietario con la matricula inmobiliaria 50S-40505363 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Sur\u00bb. No obstante, la \u00absentencia lo declara pero con relaci\u00f3n al predio con matr\u00edcula inmobiliaria 50S-379361, resultando as\u00ed que no tiene congruencia, consonancia o identidad entre lo pedido y lo concedido\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala estima que los dos primeros cargos de la demanda de casaci\u00f3n incoada adolecen de defectos t\u00e9cnicos que imponen su inadmisi\u00f3n. En efecto, el disidente, a lo largo del escrito de sustentaci\u00f3n, no especific\u00f3 cu\u00e1les normas sustanciales fueron violadas directamente. Tal yerro impide absolutamente que la Corte aborde el tema en estudio pues \u00abes necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb. Ciertamente, tal deficiencia deja el ataque del todo incompleto y vac\u00edo. <\/p>\n
La anomal\u00eda puesta en evidencia impide el estudio del cargo, pues, tal y como se dijo en AC3878-2019, <\/p>\n
\u00ab(…) tanto cuando se invoca la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales a que se refiere la causal primera de casaci\u00f3n, como la indirecta de que trata la segunda, es imprescindible enunciar al menos un precepto material infringido y a partir del mismo desarrollar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la vulneraci\u00f3n dentro de las exigencias de cada una de esas especialidades, lo que ni siquiera fue tenido en cuenta por el censor ya que ninguna cita normativa existe en su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed se precis\u00f3 en AC2831-2018, en un evento analizado bajo el antiguo ordenamiento procesal donde esas dos variantes hac\u00edan parte del primer motivo de casaci\u00f3n pero que tiene relevancia en la actualidad por cuanto la exigencia de citar preceptos materiales se conserva para ambas en el C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) el impugnante desatendi\u00f3 el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisi\u00f3n mediante simples elucubraciones la equivocaci\u00f3n \u00abin iudicando\u00bb, que depende precisamente de la \u00abviolaci\u00f3n de norma de derecho sustancial\u00bb de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacci\u00f3n con el desempe\u00f1o del juzgador en su ejercicio de selecci\u00f3n del marco normativo y los alcances dados al mismo, as\u00ed como una adecuada estructuraci\u00f3n de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al r\u00e9gimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta\u00bb. <\/p>\n
Y si bien el censor adujo en el cargo primero que el fallo era \u00abviolatorio por la v\u00eda directa por falta de aplicaci\u00f3n de normas sustantivas atinentes al Instituto de la posesi\u00f3n regulada por los art\u00edculos 762 a 777 del C.C\u00bb, lo cierto es que la menci\u00f3n de tales normas es insuficiente para cumplir con la exigencia t\u00e9cnica del embate. Y esto es as\u00ed porque el motivo de casaci\u00f3n no pas\u00f3 de una enunciaci\u00f3n de las disposiciones -la mayor\u00eda sin el car\u00e1cter de sustanciales5- que supuestamente fueron vulneradas con la sentencia del Tribunal. De manera que el censor se qued\u00f3 a la mitad en la formulaci\u00f3n del reparo. <\/p>\n
En efecto, en parte alguna del escrito se especific\u00f3 de qu\u00e9 forma fueron violadas las disposiciones enunciadas. Es que el recurrente omiti\u00f3 elaborar la labor demostrativa que exige este cargo pues no explic\u00f3 en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desacierto en la tarea de subsunci\u00f3n del fallador de segundo grado y qu\u00e9 incidencia produjo en el resultado judicial final. Sobre este requisito, ha dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u00ab\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u00bb (subrayas ajenas al texto) (CSJ, AC2869-2016, reiterado en AC5035-2017, citada en AC2501-2021). <\/p>\n
3.- Si se dejara de lado la falencia t\u00e9cnica advertida, la suerte de los cuestionamientos esbozados en los cargos primero y segundo no ser\u00eda distinta. <\/p>\n
3.1.- En lo que concierne con el cargo primero, el actor incurri\u00f3 en entremezclamiento de causales. Si bien aleg\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, lo cierto es que comenz\u00f3 a efectuar consideraciones de hecho sobre la condici\u00f3n de \u00abprivados\u00bb de los bienes objeto de la controversia. <\/p>\n
En efecto, el embate se circunscribi\u00f3 a determinar las razones f\u00e1cticas por las que deb\u00eda considerarse que el inmueble cuya reivindicaci\u00f3n fue elevada no ostentaba la calidad de \u00abfiscal\u00bb al momento de iniciar la posesi\u00f3n por parte del demandado. Aduce el recurrente que la sentencia cuestionada, en principio, estar\u00eda ajustada a derecho \u00absi no fuera porque el bien inmueble de que trata el petitum de la demanda inicial fue un bien de car\u00e1cter privado desde el a\u00f1o 1979 hasta el 14 de junio de 2005\u00bb. En tal sentido, aludi\u00f3 al \u00abrecuento hist\u00f3rico de los or\u00edgenes de los terrenos identificados en las pretensiones de la demanda\u00bb, al turno que efectu\u00f3 un \u00abestudio de la titulaci\u00f3n de los predios denominados \u201cMolinos de la Hortua\u201d , globo de terreno de mayor extensi\u00f3n tambi\u00e9n llamado \u201cMolino de Tres Esquinas\u201d, el cual aparece debidamente identificado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-379361, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Sur cuya fecha de apertura fue el d\u00eda 28 de marzo de 1977\u00bb. An\u00e1lisis probatorio que lo llev\u00f3 a concluir que el bien fue considerado de propiedad privada durante el periodo de pertenencia al patrimonio de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la violaci\u00f3n directa aparece cuando se trasgreden normas sustanciales a consecuencia de errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados. Consecuente con esto, compete al recriminador \u00abcentrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del fallador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb6. Por ende, la alusi\u00f3n a circunstancias f\u00e1cticas imposibilita la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite del cargo para la ulterior decisi\u00f3n de fondo por la Corte. <\/p>\n
3.2.- En cuanto al cargo segundo, es patente el desenfoque en que incurre la actora, quien reiteradamente manifiesta que el ad quem desconoci\u00f3 el v\u00ednculo que existi\u00f3 entre los terrenos ocupados y la demandada durante la existencia de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios, \u00abquit\u00e1ndole toda condici\u00f3n de poseedora, y de esta manera dej[\u00f3] de aplicarle las normas que regulan el derecho de posesi\u00f3n, como derecho real que es\u00bb. Y es que, asevera, la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica7, as\u00ed como de los c\u00e1nones 762 del siguientes del C\u00f3digo Civil, lo que conllev\u00f3 a que se considerara \u00abal ente demandado como un simple tenedor irregular del predio\u00bb; ignorando as\u00ed derechos adquiridos de la pasiva respecto del predio que se pretende reivindicar. <\/p>\n
Sin embargo, se observa que el casacionista discute una premisa que realmente no hizo parte del fallo de segunda instancia. En efecto, al estudiar los elementos constitutivos de la acci\u00f3n dominical, el Tribunal asever\u00f3 que el demandado s\u00ed ostentaba la calidad de poseedor. Al respecto, se indic\u00f3 lo que sigue: <\/p>\n
\u00abAdem\u00e1s de lo anterior, las actuaciones dan cuenta que la asociaci\u00f3n demandada promovi\u00f3 una demanda de pertenencia contra la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios, propietaria del inmueble de mayor extensi\u00f3n, cuyo fundamento precisamente es la posesi\u00f3n, con miras a que se declarara que le pertenece el dominio, actuaciones que reflejan que en esa tramitaci\u00f3n exterioriz\u00f3 y pretendi\u00f3 hacer valer su condici\u00f3n de poseedora frente al inmueble, al manifestar en el hecho primero de esa demanda que: \u201cLa asociaci\u00f3n distrital de educadores -ADE- por el gozo y usufructo que ha venido ejerciendo, entr\u00f3 en posesi\u00f3n material, desde el a\u00f1o 1980 (\u2026)\u201d. as\u00ed mismo, en el hecho tercero de ese libelo se afirm\u00f3 que esa posesi\u00f3n la ha ejercido por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, con pleno comportamiento de due\u00f1a, lo que le da derecho a ganarlo por prescripci\u00f3n, seg\u00fan el hecho cuarto de la misma demanda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Esa posesi\u00f3n, adem\u00e1s la convalid\u00f3 el testigo Hern\u00e1n Trujillo Tovar, qui[en] fue Presidente de la asociaci\u00f3n, al punto de indicar que vivi\u00f3 en esa casa hace muchos a\u00f1os; que se conoce como la sede sur de la asociaci\u00f3n que dirigi\u00f3; que la demandada \u201csiempre ha tenido la posesi\u00f3n ininterrumpida\u201d del bien; que se utiliza como parqueadero de los directivos cuando se realizan las reuniones de la asociaci\u00f3n, a\u00fan cuando no como negocio; y que fue la ADE la que hizo las construcciones de las que consta actualmente el inmueble y ha ejercido la vigilancia del predio; y corrobor\u00f3 que la asociaci\u00f3n promovi\u00f3 un proceso de pertenencia sobre el inmueble en su momento contra la fundaci\u00f3n San Juan de Dios, cuando era miembro de la junta directiva de la organizaci\u00f3n sindical. <\/p>\n
En consecuencia, el hecho de que la posesi\u00f3n que ejerza el demandado no se adapta para prescribir, en virtud de la prohibici\u00f3n constitucional y legal de imprescriptibilidad de los bienes fiscales, dicha situaci\u00f3n no impide que el due\u00f1o, en este caso una entidad p\u00fablica puede reivindicar con base en ella el bien\u00bb. <\/p>\n
Lo que s\u00ed dijo fue que la posesi\u00f3n no pod\u00eda ser calificada de buena fe, pues la demandada \u00abestaba en capacidad de conocer y saber que el bien era de propiedad de una entidad p\u00fablica, puesto que as\u00ed se evidenciaba de su folio de matr\u00edcula inmobiliaria desde el mismo momento de su apertura, 11 de abril de 1912, seg\u00fan la anotaci\u00f3n No. 1 donde se inscribi\u00f3 la donaci\u00f3n de la Naci\u00f3n en favor del Departamento de Cundinamarca\u00bb. Sin embargo, tal aserto no fue objeto de discusi\u00f3n por el casacionista. <\/p>\n
Sobre este defecto t\u00e9cnico, esta Sala ha considerado lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u00bb (CSJ AC, 29 oct. 2013, rad. 2008-00576-01, citada en AC5515-2022). <\/p>\n
4.- En conclusi\u00f3n, por las razones expuestas se inadmitir\u00e1n los cargos primero y segundo formulados. El tercero, por cumplir con los requisitos formales prescritos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, ser\u00e1 admitido por el magistrado ponente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR los cargos primero y segundo formulados por la Asociaci\u00f3n Distrital de Educadores respecto de la sentencia del 19 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del tr\u00e1mite referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: El cargo tercero ser\u00e1 admitido en una providencia de ponente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 234 y 263 del PDF \u00ab03CuadernoPrincipalTomo1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 106 del PDF \u00ab03CuadernoPrincipalTomo1\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Cuadro obrante en la p\u00e1gina 107 del PDF \u00ab03CuadernoPrincipalTomo1\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 568 del PDF \u00ab03CuadernoPrincipalTomo1\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Las siguientes disposiciones del C\u00f3digo Civil no son normas sustanciales: 762 (AC4947-2022); 763 (AC2268-2022); 764(AC1985-2018); 765 (AC334-2021); 766 (AC4218-2021); 767 (AC4947-2022); 768 a 770 (AC1985-2018); 771 (que define las posesiones viciosas); 772 (que define la posesi\u00f3n violenta); 773 y 774 (que determina las clases de posesi\u00f3n violenta); 775 (AC33223 de 2022); 777 (AC1774 <\/p>\n
2018). <\/p>\n
6\u0002 CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. n\u00b0 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. n\u00b0 2000-00896-01. <\/p>\n
7\u0002 Norma que tampoco es sustancial, AC4285-2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1705-2023 (2014-00189-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC1705-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-038-2014-00189-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s (22) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75015","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75015\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}