AC1754-2023 (2019-00006-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1754-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25307-31-03-001-2019-00006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que presentaron los convocantes para sustentar el recurso interpuesto frente a la sentencia de 27 de septiembre de 2022, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso verbal promovido por Inversiones y Construcciones Inarcreto S.A.S., Inmobiliaria Servicios & Bienes Ra\u00edces S.A.S. y John Grover Roa Sarmiento, contra Olga Luc\u00eda, Margarita Rosa y Marco Antonio Herrera. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
Los actores pidieron declarar que \u00abexisti\u00f3 incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte de [los demandados], contenidas en el contrato de asociaci\u00f3n para desarrollar el proyecto de vivienda denominado \u201cCasa Loma\u201d en la ciudad de Girardot (Cundinamarca), suscrito el pasado 1\u00b0 de agosto de 2014\u00bb, as\u00ed como que se reconozca \u00abla terminaci\u00f3n judicial del contrato (\u2026), desde el pasado 1\u00b0 de marzo de 2018\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidieron condenar a los convocados al pago de una indemnizaci\u00f3n de $2.000.000.000, que corresponden a los da\u00f1os ocasionados por la referida infracci\u00f3n contractual, junto con los intereses moratorios que se causen \u00abdesde el pasado 1 de marzo de 2018, fecha en la cual se produjo la notificaci\u00f3n por parte de los demandantes a los demandados de la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
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1. Olga Luc\u00eda, Marco Antonio y Margarita Rosa Herrera son propietarios de un lote de terreno ubicado en el municipio de Girardot, con un \u00e1rea de 46.946 m2 y folio de matr\u00edcula n.\u00ba 307-42840. <\/p>\n
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2. Tras varias sesiones de negociaci\u00f3n, todos los aqu\u00ed litigantes decidieron \u00abformalizar su intenci\u00f3n de asociarse y desarrollar un proyecto de vivienda sobre el predio determinado anteriormente\u00bb, para lo cual celebraron un \u00abcontrato de asociaci\u00f3n para desarrollar el proyecto de vivienda denominado \u201cCasa Loma\u201d en la ciudad de Girardot, [de] 1\u00ba de agosto de 2014\u00bb, el cual acordaron que se ajustara a las reglas de las cuentas en participaci\u00f3n. <\/p>\n
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3. En ese pacto se estipul\u00f3 que los demandados \u00abaportar\u00edan el inmueble con el fin de desarrollar el proyecto de vivienda\u00bb, mientras que los actores \u00abaportar\u00edan toda la inversi\u00f3n econ\u00f3mica, t\u00e9cnica y profesional, con el fin de desarrollar un proyecto de vivienda\u00bb. En ese sentido, los se\u00f1ores Herrera \u00abaceptaron expresamente que, para desarrollar el proyecto de vivienda, en su calidad de aportantes, deber\u00edan trasladar a trav\u00e9s del parqueo inmobiliario, la titularidad del inmueble, a la fiduciaria\u00bb. <\/p>\n
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4. En los t\u00e9rminos convenidos, esa modalidad de fiducia permitir\u00eda que \u00abel constructor, hoy demandantes (sic), tramitara y obtuviera, con el respaldo de la fiduciaria, los cr\u00e9ditos hipotecarios, cr\u00e9ditos de constructor y con el fin de desarrollar todas las gestiones de adecuaci\u00f3n de terreno, licencias de urbanismo, y en general todas las actividades de construcci\u00f3n del Conjunto Residencial Casa Loma PH.\u00bb. <\/p>\n
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5. Por ese sendero, los querellados se comprometieron a \u00aba) la elaboraci\u00f3n y tr\u00e1mite a que haya lugar con el fin de constituir el parqueo inmobiliario, con el fin de desarrollar el proyecto Casa Loma, objeto principal del presente contrato; b) El pago de los impuestos prediales que se causen a partir del a\u00f1o 2015 y los siguientes a\u00f1os ser\u00e1n a cargo del constructor; c) el pago de los gastos de administraci\u00f3n de la fiducia a cargo del constructor. y d) los dem\u00e1s gastos que genere la ejecuci\u00f3n del proyecto que asumir\u00e1 el constructor\u00bb. <\/p>\n
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7. Los actores cumplieron sus deberes contractuales, en especial con el pago de $700.000.000. Tambi\u00e9n tramitaron y obtuvieron \u00ablicencia de construcci\u00f3n (\u2026), ejecutando y construyendo la sala de ventas, pagando impuestos del predio, pagando publicidad del proyecto, contratando personal para la comercializaci\u00f3n del proyecto de vivienda, procediendo a suscribir contrato de compraventa de otro predio con el fin de sanear la cuota obligatoria de desarrollo de vivienda de inter\u00e9s social a favor del municipio, contrataci\u00f3n de arquitectos, ingenieros, obreros, servicio de vigilancia, entre otros, con el fin de ejecutar lo acordado en el contrato de asociaci\u00f3n objeto de demanda\u00bb. <\/p>\n
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8. Sin embargo, y a pesar de sus requerimientos, los se\u00f1ores Herrera jam\u00e1s adelantaron ninguna gesti\u00f3n para que su propiedad se transfiriera a la \u201cfiducia de parqueo\u201d. Por lo anterior, a trav\u00e9s de un mensaje de WhatsApp \u2013en un grupo constituido para comunicar temas relacionados con el proyecto\u2013, se les notific\u00f3 la decisi\u00f3n de dar por terminado el \u00abcontrato de asociaci\u00f3n\u00bb a partir del 2 de marzo de 2018. <\/p>\n
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9. La indemnizaci\u00f3n que se reclama pretende compensar todos los gastos en los que incurrieron los demandantes, as\u00ed como el reembolso de varias obligaciones tributarias que aquellos cancelaron y la valorizaci\u00f3n obtenida debido a la aprobaci\u00f3n del licenciamiento de construcci\u00f3n por parte de las autoridades municipales de Girardot. <\/p>\n
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3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
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1. Los demandados comparecieron al proceso oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum, y formulando las excepciones de \u00abinexistencia del incumplimiento deprecado\u00bb; \u00abcumplimiento de las obligaciones\u00bb y \u00abmala fe\u00bb. <\/p>\n
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2. Tambi\u00e9n formularon demanda reconvenci\u00f3n, en la que pidieron que se declarara la resoluci\u00f3n del mentado acuerdo \u00abde asociaci\u00f3n\u00bb, pero por un incumplimiento atribuible a John Grover Roa Sarmiento. En ese orden, reclamaron que se les restituyeran $51.501.000, por el pago del predial ante la Secretar\u00eda de Hacienda de Girardot, as\u00ed como los montos dejados de percibir por la falta de culminaci\u00f3n del proyecto, \u00aben los t\u00e9rminos establecidos contractualmente para el 30 de diciembre de 2015, 30 de diciembre de 2016 y 30 de diciembre de 2017, por la suma de $2.956.154.383\u00bb. <\/p>\n
En subsidio, pidieron una compensaci\u00f3n por lucro cesante que asciende a \u00ab$330.661.800, equivalente a la explotaci\u00f3n que se hubiera podido dar al inmueble y que corresponde al valor de un arrendamiento comercial, el cual fue proyectado de acuerdo con lo establecido legalmente esto es por el 150% del valor catastral del mismo, esto es, $551.103.000\u00bb. <\/p>\n
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3. Los demandantes principales, demandados en reconvenci\u00f3n, presentaron las defensas de \u00abinexistencia de la causa invocada\u00bb; \u00abcobro de lo no debido\u00bb; \u00abtemeridad y mala fe\u00bb; \u00abfalta de estimaci\u00f3n razonada de los perjuicios e incumplimiento del juramento estimatorio contemplado en el art\u00edculo 206 del C. G. del P.\u00bb; e \u00abincumplimiento de las obligaciones contractuales\u00bb. <\/p>\n
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4. Mediante fallo de 9 de diciembre de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot declar\u00f3 probadas las excepciones de \u00abinexistencia de incumplimiento deprecado\u00bb, y \u00abcumplimiento de las obligaciones por parte de los demandados\u00bb. En consecuencia, deneg\u00f3 el petitum principal. <\/p>\n
De otro lado, desestim\u00f3 las defensas de los demandados en reconvenci\u00f3n. Por tanto, accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones de la demanda de mutua petici\u00f3n, declarando la resoluci\u00f3n del contrato y ordenando a los se\u00f1ores Herrera la devoluci\u00f3n de $700.000.000, suma \u00abdebidamente indexada con el IPC, desde el momento en que les fue entregada, hasta cuando se verifique su pago\u00bb. Tambi\u00e9n se dispuso que estos \u00faltimos recibieran, a t\u00edtulo de perjuicios patrimoniales por lucro cesante, una reparaci\u00f3n por $242.485.320. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El ad quem desestim\u00f3 la alzada interpuesta por los demandantes principales, al amparo de los siguientes razonamientos: <\/p>\n
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i. Si bien el juzgador de primer grado se ocup\u00f3 de se\u00f1alar que el contrato sobre el que gravita la disputa era \u00abat\u00edpico o innominado\u00bb, y no uno de \u00abcuentas en participaci\u00f3n\u00bb, como alegaron los recurrentes, lo cierto es que el punto carece de trascendencia, comoquiera que \u00abno se asigna a la lectura acogida por el juez, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n de si fue o no acertada la calificaci\u00f3n dada al contrato, un efecto pr\u00e1ctico en la soluci\u00f3n del debate, esto es, que de la regulaci\u00f3n del contrato de participaci\u00f3n se derivara a existencia de una obligaci\u00f3n en la parte demandada principal que el juez no consider\u00f3, o que estaba primero en el tiempo y su cumplimiento estaba atribuido a los demandados principales\u00bb.<\/p>\n
ii. Por ende, \u00abaunque pareciera errada la consideraci\u00f3n del juez para desvirtuar que se est\u00e1 en presencia de un contrato de participaci\u00f3n (sic), lo cierto es que el reparo formulado por el apelante resulta carente de efectos pr\u00e1cticos en la soluci\u00f3n de la controversia, pues como se dej\u00f3 planteado (…), en ning\u00fan momento refiere alguna norma particular que regule el contrato de cuentas en participaci\u00f3n en que hubiere apoyado sus pretensiones en la demanda, que fuese inaplicada por la primera instancia y que hubiese conducido a una decisi\u00f3n errada; pues ese primer reparo (…) no viene acompa\u00f1ado de un razonamiento argumentativo que permita darle un efecto que conduzca a la revocatoria de la sentencia apelada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. En punto de las prestaciones a cargo de las partes, en especial, de la constituci\u00f3n de una fiducia mercantil \u00abde parqueo inmobiliario (…), el juez concluy\u00f3 que se trataba de una obligaci\u00f3n no asignada expresamente en el contrato, que en la pr\u00e1ctica fue asumida por el demandante John Grover Roa Sarmiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Esa determinaci\u00f3n no luce errada, porque \u00absi [se] acude al texto del contrato en el tema en particular, el par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula segunda se\u00f1ala expresamente \u201clos asociados adelantar\u00e1n y realizar\u00e1n las gestiones necesarias para realizar el parqueo inmobiliario y el inicio del proyecto en un plazo no mayor a seis (6) meses, en el cual se tramitar\u00e1 el traslado de la propiedad del bien inmueble sobre el que recae el objeto del presente contrato\u201d. Y en [la] cl\u00e1usula sexta se dispone que: \u201cSon obligaciones de los asociados: a) la elaboraci\u00f3n y tr\u00e1mite a que haya lugar con el fin de constituir el parqueo inmobiliario, con el fin de desarrollar el proyecto Casa Loma\u00bb. <\/p>\n
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v. De lo anterior se sigue que \u00aben el contrato no se asign\u00f3 expresamente el cumplimiento de esa obligaci\u00f3n a una de las partes, pues se se\u00f1ala a cargo de los \u201casociados\u201d, es decir, tanto a quienes act\u00faan este proceso en calidad de demandados, como los demandantes, lectura que se muestra arm\u00f3nica con las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos, a partir de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1622 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Por consiguiente, \u00aben el marco general del contrato, al \u201cconstructor\u201d y a la \u201ccomercializadora\u201d les correspond\u00eda el conjunto de actividades necesarias para el buen suceso del proyecto, mientras los \u201caportantes\u201d se limitaban a poner el predio de su propiedad a su servicio, de all\u00ed que, a efectos de no permitir que se paralizara la ejecuci\u00f3n del proyecto, por la indeterminaci\u00f3n del texto del contrato en cuanto a la asignaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n concreta que ahora se analiza, las partes procedieron de acuerdo a su rol en el negocio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. A ello se a\u00f1ade que, \u00abcomo lo evidencia la cadena de correos aportados con la demanda y las declaraciones o\u00eddas, durante la ejecuci\u00f3n del convenio fue John Grover Roa Sarmiento quien asumi\u00f3 la direcci\u00f3n y el desarrollo del asunto, se dio a la tarea de establecer el contacto entre los ahora demandados y Fiduciaria Colpatria S.A., con el objeto de que fuera constituido el \u201cparqueo inmobiliario\u201d establecido en el acuerdo; pues era el quien conoc\u00eda del tema, pues (…) ten\u00edan ya un negocio de similares caracter\u00edsticas con la misma entidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. En su declaraci\u00f3n, el propio se\u00f1or Roa Sarmiento \u00abprecis\u00f3 que para este asunto en concreto \u201cyo adelant\u00f3 (sic), empiezo una gesti\u00f3n y colabor\u00e9\u201d con los tr\u00e1mites para efectivizar el parqueo inmobiliario (\u2026), \u201cfacilitando las cosas para que se dieran\u201d, [y] si bien sostiene que no era esta su responsabilidad, acepta que era quien manten\u00eda comunicaci\u00f3n con la entidad para los efectos precisos aportar documentaci\u00f3n, e informaci\u00f3n necesaria para la constituci\u00f3n de tal garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Esa circunstancia fue corroborada por el testigo V\u00edctor Hugo Barrero Hern\u00e1ndez, desarrollador del proyecto \u201cCasa Loma\u201d, quien adujo que los encargados de \u00abefectuar el parqueo inmobiliario\u00bb eran \u00ab\u201cInarcreto y la empresa bienes y servicios\u201d, es decir, la entidad de la que hace parte el demandante John Grover Roa Sarmiento\u00bb. Con similar orientaci\u00f3n, Yenny Natalia Rojas Rey, \u00abfuncionaria de la Fiduciaria Colpatria que estuvo en contacto con el proyecto, dio cuenta de que las conversaciones v\u00eda correo electr\u00f3nico sobre el tr\u00e1mite del parqueo inmobiliario las sosten\u00eda exclusivamente con el ingeniero Roa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
x. As\u00ed las cosas, \u00abante la asignaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n del parqueo inmobiliario a los asociados, sin una precisa determinaci\u00f3n de funciones en el texto del contrato, desde la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas del convenio a la luz de la labor llamada cumplir por las partes dentro del proyecto y la forma como se dio su ejecuci\u00f3n pr\u00e1ctica en la constituci\u00f3n de la fiducia, no resulta contradictorio concluir que ese deber corri\u00f3 a cargo del extremo actor, en particular, del se\u00f1or John Grover Roa Sarmiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Si bien la parte actora insisti\u00f3 en esa carga le correspond\u00eda a los demandados, \u00abcon sustento en que eran ellos quienes como titulares del dominio pod\u00edan hacer su transferencia al \u201cparqueo inmobiliario\u201d\u00bb, lo cierto es que ese compromiso contractual \u00abno se reduc\u00eda a la transferencia del dominio como si de una compraventa se tratara, pues conllevaba la gesti\u00f3n de constituci\u00f3n de una fiducia mercantil indispensable para el negocio de la construcci\u00f3n proyectado, adelant\u00e1ndose la labor de propuesta de la financiaci\u00f3n ante una entidad fiduciaria autorizada para este tipo de operaciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. En tal contexto, resulta coherente que \u00abla direcci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de esa actividad fuera asumida por quien conoc\u00eda de ese tipo de negociaciones, que fuese el \u201cconstructor\u201d quien asumiera el realizar los contactos necesarios para la constituci\u00f3n de la fiducia, pues como aquel lo admite es un constructor avezado y \u201cel \u00fanico\u201d, con correo inscrito en el banco, que ya hab\u00eda convenido con la misma entidad crediticia otra negociaci\u00f3n similar a la que el negocio requer\u00eda, es decir, era \u00e9l quien ten\u00eda experiencia en la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiii. A los contratantes \u00ables conven\u00eda y hac\u00eda parte de las ventajas de la negociaci\u00f3n, que quien ten\u00eda experiencia en esa trascendental gesti\u00f3n para la buena marcha de lo proyectado, fuese quien se encargase de intermediar ante la entidad financiera para lograr la aprobaci\u00f3n de la fiducia de parqueo inmobiliario; por ello tambi\u00e9n puede admitirse que, como lo afirman los demandados principales, a la luz del convenio, el deber de los \u201caportantes\u201d se limitaba a atender los requerimientos de informaci\u00f3n y a comparecer a la firma de los documentos necesarios para la concreci\u00f3n del negocio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiv. Por tanto, \u00abno puede considerarse desacertada la conclusi\u00f3n del a quo de que esa carga obligacional reca\u00eda en los demandantes principales y no en los demandados, y al no evidenciarse el yerro que en esta conclusi\u00f3n se le atribuye al juzgador, no puede entonces aceptarse y si descartarse que el incumplimiento del contrato que imposibilit\u00f3 su buen suceso y que gener\u00f3 la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n demandada es atribuible a la parte demandante principal y demandada en reconvenci\u00f3n y no al contrario, como alega el recurrente\u00bb, pues \u00abno basta con afirmar que los propietarios del inmueble nunca transfirieron su dominio del inmueble a la fiducia, para derivar que el incumplimiento fue suyo, pues la obligaci\u00f3n en cuesti\u00f3n no se asimilaba al solo traspaso de la propiedad, pues conllevaba una gesti\u00f3n previa de consecuci\u00f3n de la fiducia que recibir\u00eda el bien\u00bb. <\/p>\n
xv. Lo anterior, toda vez que \u00abfue la falta de diligencia del extremo demandante principal lo que impidi\u00f3 la concreci\u00f3n de la fiducia de \u201cparqueo inmobiliario\u201d y frustr\u00f3 el proyecto de vivienda en su conjunto; pues tampoco se acredita que en su obligaci\u00f3n de facilitar la documentaci\u00f3n requerida por el gestor ante el banco para la obtenci\u00f3n de la fiducia, hubieren los demandaos principales faltado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xvi. Ciertamente, \u00abla omisi\u00f3n (…) atribuida, consistente en el aporte de documentos indispensables para la celebraci\u00f3n del negocio fiduciario, no fue demostrada, y qued\u00f3 en el s\u00f3lo dicho de los demandantes principales en sus interrogatorios; pues los demandados por el contrario, declararon haber aportado todo lo que les fue requerido en una reuni\u00f3n en el Hotel Uni\u00f3n de Girardot y la testigo Yenny Natalia Rojas Rey, funcionaria de la Fiduciaria Colpatria a cargo de ese proyecto, nunca afirm\u00f3 que el fracaso del mismo se debiera a falta de aporte de documentaci\u00f3n que se hubiere requerido a los due\u00f1os del predio en el contrato de asociaci\u00f3n, pues insistentemente manifest\u00f3 que en el mismo se logr\u00f3 un avance considerable, que no recordaba por qu\u00e9 raz\u00f3n no se concret\u00f3 el negocio fiduciario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xvii. Pese a ello, \u00abtampoco se aporta prueba por los apelantes, siendo la constituci\u00f3n de la fiducia un elemento esencial para el proyecto en su conjunto, de haber realizado un requerimiento por parte del \u201cconstructor\u201d a los \u201caportantes\u201d para que allegaran los documentos que ahora afirman, nunca fueron entregados en debida forma, o para que comparecieran a firmar el contrato fiduciario o la firma de la escritura. Es decir, si el demandante John Grover Roa Sarmiento adelantaba las gestiones para la fiduciaria y por su experiencia conoc\u00eda de lo que era necesario para cerrar este tipo de operaciones, y estaba al tanto del avance de los tr\u00e1mites respectivos, resulta cuestionable que continuara invirtiendo recursos en el proyecto y al tiempo permaneciera silente mientras aquel componente esencial del proyecto, la obtenci\u00f3n de la fiducia estaba estancado\u00bb. <\/p>\n
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xviii. Resulta evidente que \u00abera carga del apelante acreditar su afirmaci\u00f3n de que los demandados incumplieron su deber de aportar la informaci\u00f3n necesaria para la constituci\u00f3n de la fiduciaria, carga probatoria consagrada en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, (…) contrario a lo afirmado por el recurrente, no se impon\u00eda a la parte demandada la carga de acreditar su cumplimiento, pues sobre ese hecho edific\u00f3 su pretensi\u00f3n resolutoria\u00bb. <\/p>\n
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xix. Est\u00e1 comprobado, pues, \u00abel incumplimiento de los demandantes principales y demandados en reconvenci\u00f3n, y aunque aquellos aludan que observaron obligaciones como el pago de los setecientos millones de pesos ($700.000.000), convenidos como pago inicial a favor de los \u201caportantes\u201d, el tr\u00e1mite de la licencia de construcci\u00f3n emitida y los gastos incurridos en beneficio de la comercializaci\u00f3n de proyecto, lo cierto es que la inobservancia de una sola de las asumidas al firmar el contrato puede ser suficiente para que, no obstante el cumplimiento de las otras, se declare la resoluci\u00f3n del contrato, con los efectos jur\u00eddicos que esta situaci\u00f3n acarrea\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su recurso extraordinario, los demandantes principales formularon dos cargos, al amparo de las causales segunda y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Tras denunciar la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial (sin especificar la normativa que habr\u00eda sido trasgredida), se acus\u00f3 al fallo del ad quem de incurrir en \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb, en tanto que, \u00abha infringido la estructura sustancial del proceso, rompi\u00f3 la unidad jur\u00eddica y conceptual y la relaci\u00f3n de causalidad entre la demanda principal y su contestaci\u00f3n, las pretensiones y las excepciones de m[\u00e9]rito propuestas frente a la demanda de reconvenci\u00f3n, existiendo disonancia y falta de conformidad entre lo pedido y lo fallado\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, se hizo hincapi\u00e9 en que el colegiado \u00abaplic\u00f3 err\u00f3neamente la normativa rectora del caso\u00bb y \u00abno dio por v\u00e1lida la normatividad legal, que rigi\u00f3 el contrato\u00bb, especialmente \u00abcuando (\u2026) infiere expresamente: que en ning\u00fan aparte se indica que el contrato se encuentre regulado por la norma legal de las cuentas en participaci\u00f3n, donde desconoce flagrantemente el acervo probatorio contenido en el archivo No. 3, folio 3 de la carpeta de la demanda principal, respecto del contrato de cuentas en participaci\u00f3n, donde indica expresamente que el contrato objeto de la presente litis se regir\u00eda por lo dispuesto en el art\u00edculo 507 del C\u00f3digo del Comercio, reiterado y obrante la misma remisi\u00f3n normativa que vinculara a las partes en el archivo No. 4 (demanda) de la carpeta de demanda principal, donde en los fundamentos de derecho y en los sustentos normativos se indic\u00f3 expresamente que el contrato se reg\u00eda por lo reglado en el [canon ejusdem], as\u00ed mismo en el escrito de contestaci\u00f3n de demanda de reconvenci\u00f3n (\u2026) que cita y remite expresamente a [esa norma], reiterado dentro de los argumentos de defensa invocados en los reparos a la sentencia de primera instancia al momento de interponer y sustentar el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se dolieron los recurrentes de que el tribunal ad quem no \u00abaplicara la l\u00f3gica jur\u00eddica (sic)\u00bb, pues \u00abno se puede atribuir una obligaci\u00f3n imposible de cumplir en cabeza de mis representados cuando la misma, reca\u00eda \u00fanica y exclusivamente, en los titulares de propiedad del inmueble, donde la \u00fanica obligaci\u00f3n contractual de los se\u00f1ores Olga Lucia Herrera Botero, Marco Antonio Herrera Silva y Margarita Rosa Herrera Silva, era la de constituir el parqueo inmobiliario y la fiducia, cosa que no hicieron, conforme a los argumentos legales y jurisprudenciales, avalados por la misma costumbre mercantil, que el obligado del parqueo inmobiliario, recae en el titular del predio, y no de otros, y m\u00e1s a\u00fan cuando todas las personas son plenamente capaces, sin impedimento alguno para cumplir lo pactado entre las partes dentro del contrato objeto de debate judicial\u00bb. <\/p>\n
Por ello, agregaron que \u00abse sale de la l\u00f3gica jur\u00eddica (sic) que el Ad-quem al momento de desatar el recurso de alzada, [haya decidido que los recurrentes] est\u00e9n obligados a la transferencia de un bien inmueble que no les pertenece, y m\u00e1s a\u00fan que aporten documentaci\u00f3n requerida que no le corresponde, pues tal como se discuti\u00f3 en el debate probatorio de primera instancia, era informaci\u00f3n fiscal y bancaria de los titulares del inmueble lo que requer\u00eda fiduciaria Colpatria para suscribir la escritura p\u00fablica de fiducia, documentaci\u00f3n que pertenecen \u00fanica y exclusivamente a los titulares del inmueble\u00bb. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de la funcionaria de Fiduciaria Colpatria S.A. fue tergiversada, pues no se tuvo en cuenta que esa testigo hab\u00eda aceptado \u00abque la obligaci\u00f3n de constituir el parqueo inmobiliario no reca[\u00ed]a en [los demandantes], y que dentro de todo proyecto de construcci\u00f3n, los gastos iniciales los hace el inversor y\/o constructor, situaci\u00f3n jur\u00eddica que se surti\u00f3 a cabalidad al cancelar el anticipo de $700.000.000 a los demandados y el sufragar m\u00e1s de $1.500.000.000, en los costos del proyecto tales como licencia de construcci\u00f3n, gastos de dise\u00f1os arquitect\u00f3nicos, gastos de obras iniciales, entre otros, conforme a las documentales obrantes en el plenario en 512 folios\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el tribunal al \u00abno dar demostrado, est\u00e1ndolo, que la sociedad comercial Inversiones y Construcciones Inarcreto S.A.S., la sociedad comercial Inmobiliaria Servicios & Bienes Ra\u00edces S.A.S., y el se\u00f1or John Grover Roa Sarmiento, que se caus\u00f3 unos perjuicios a su favor, debidamente probados, de los gastos e inversiones ejecutadas en el desarrollo del contrato de asociaci\u00f3n para desarrollar el proyecto de vivienda denominado \u201cCasa Loma\u201d en la ciudad de Girardot, por valor probado de $2.000.000.000, que no fueron tomados en cuenta a pesar de que no fueron desconocidos por los demandados, donde aceptaron recibir las sumas de dinero indicadas en el contrato, donde reconocen que se tramit\u00f3 la licencia de construcci\u00f3n, la sala de ventas y el apartamento modelo, entre otras inversiones ejecutadas por la parte demandante principal, donde los demandados reconocen tal como se pact\u00f3 en el contrato, que ellos no invertir\u00edan ninguna suma de dinero, donde se suplieron de [los demandantes principales] como socios gestores y titulares del predio, que nunca transfirieron a la fiduciaria Colpatria, para la ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando la causal tercera de casaci\u00f3n, los actores sostuvieron que la providencia recurrida es inconsonante con \u00ablos hechos y pretensiones de la demanda\u00bb, dada \u00abla no apreciaci\u00f3n por Ad-quem, en los hechos jur\u00eddicos y notorios en los que incurri\u00f3 la parte demandada principal y\/o demandantes en reconvenci\u00f3n, en abuso del derecho con da\u00f1o para los demandantes principales y\/o demandados en reconvenci\u00f3n, y luego de aludir (sic) al art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 153 de 1887, el art\u00edculo 607 y siguientes, el art\u00edculo 830, el art\u00edculo 846, el art\u00edculo 861 y el art\u00edculo 864 del C\u00f3digo del Comercio\u00bb. <\/p>\n
Puntualmente, recalcaron que \u00abes evidente la incongruencia en la valoraci\u00f3n de los hechos y pretensiones de la demandada principal y las excepciones propuestas en la demanda de reconvenci\u00f3n, pues dej\u00f3 de lado la correcta aplicaci\u00f3n de la norma procesal\u00bb. En sustento de esa idea citaron apartes de las providencias CSJ SC 19 oct. 1994, rad. 3972 y STC20190-2017. Adem\u00e1s, relievaron lo err\u00e1tico del fallo del ad quem, puesto que \u00abno reconoci\u00f3 en debida forma el contrato suscrito entre los sujetos procesales, las obligaciones inherentes a los socios aportantes y socios constructor y comercializadora, la inversi\u00f3n ejecutada por la parte actora, y las obligaciones contractuales que la ley determina a cada parte no solo por lo pactado contractualmente, sino lo reglado en la ley y la costumbre mercantil respecto de la fiducia de parqueo inmobiliario\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, aludieron a ciertos \u00aberrores de hecho\u00bb del tribunal, consistentes en que \u00abno se tuvo en cuenta que el incumplimiento se gener\u00f3 por parte de los se\u00f1ores Olga Lucia Herrera Botero, Marco Antonio Herrera Silva y Margarita Rosa Herrera Silva; quienes a su vez recibieron sumas de dinero, que formalizaban la ejecuci\u00f3n del contrato, se beneficiaron de la gesti\u00f3n ejecutada por Inversiones y Construcciones Inarcreto S.A.S., Inmobiliaria Servicios & Bienes Ra\u00edces S.A.S., y el se\u00f1or John Grover Roa Sarmiento, tom\u00e1ndose en cuenta por consiguiente, que tanto en el derecho civil, como en el derecho comercial, la ejecuci\u00f3n del proyecto hasta el punto de quiebre que fuera la no entrega del bien para el desarrollo del proyecto\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n arguyeron que \u00abse encuentra reglamentado (sic) el origen de las obligaciones y las consecuencias jur\u00eddicas por su incumplimiento, negligencia u otra cualquier actividad que se haya generado, dentro del actuar de las partes, tanto de los aportantes, como del constructor y la comercializadora, en el contrato de asociaci\u00f3n suscrito, (…) por lo que no puede exculparse la hoy accionada principal en la inexistencia de culpa alguna (sic), donde la no constituci\u00f3n de la fiducia de parqueo y la correspondiente entrega del inmueble para desarrollar el proyecto urban\u00edstico, vulner\u00f3 flagrantemente, el acuerdo de voluntades en los t\u00e9rminos acordados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que la tesis del tribunal es contraevidente. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. En el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb. (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Breve compendio del debate. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En l\u00edneas generales, el presente conflicto gravita alrededor del incumplimiento de un contrato de colaboraci\u00f3n que ajustaron las partes el 1 de agosto de 2014, en virtud del cual se comprometieron a desarrollar, en forma conjunta, un proyecto inmobiliario en el municipio de Girardot. Inarcreto S.A.S., Inmobiliaria Servicios & Bienes Ra\u00edces S.A.S. y John Grover Roa Sarmiento aportar\u00edan su experiencia y experticia en el \u00e1rea de la construcci\u00f3n, y los se\u00f1ores Herrera el lote donde se levantar\u00eda la obra. <\/p>\n
En sus respectivas demandas (principal y de mutua petici\u00f3n) cada una de las partes sostuvo que la conducta de su contraparte fue lo que impidi\u00f3 que su plan de negocios pudiera consolidarse. Los actores principales adujeron que los se\u00f1ores Herrera se comprometieron a constituir una fiducia mercantil de administraci\u00f3n o parqueo para facilitar el desarrollo del negocio, pero que no estuvieron dispuestos a hacer la transferencia de la propiedad del terreno al patrimonio aut\u00f3nomo correspondiente. <\/p>\n
Los demandantes en reconvenci\u00f3n, por el contrario, indicaron que fue su contraparte quien realmente incumpli\u00f3 lo pactado, pues \u2013debido a una situaci\u00f3n temporal de iliquidez\u2013 no pudo acometer todas las inversiones que estaban a su cargo para poder concretar el proyecto. De hecho, la referida \u00abfiducia de parqueo\u00bb nunca se pudo llevar a cabo porque el se\u00f1or Roa Sarmiento \u2013uno de los demandantes principales\u2013 jam\u00e1s adelant\u00f3 ninguna gesti\u00f3n ante la Fiduciaria Colpatria S.A., elegida por \u00e9l mismo para celebrar el contrato respectivo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el fallo censurado, el tribunal concluy\u00f3 que fueron los demandantes principales, demandados en reconvenci\u00f3n, quienes infringieron sus deberes contractuales. Para arribar a esa conclusi\u00f3n, adujo primero que la obligaci\u00f3n de constituir la \u00abfiducia de parqueo\u00bb no pod\u00eda reducirse a la mera transferencia de la propiedad a un patrimonio aut\u00f3nomo, sino que deb\u00eda considerarse extendida a todas las previsiones necesarias para poder ejecutar esa tarea, como negociar los t\u00e9rminos del contrato de fiducia, recaudar los documentos que requiriera la fiduciaria, etc. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo anterior, descart\u00f3 que pudiera deducirse el incumplimiento del hecho de que los se\u00f1ores Herrera no hubieran transferido la propiedad del lote donde se construir\u00eda la edificaci\u00f3n, pues si bien eran ellos los \u00fanicos que podr\u00edan hacerlo, el dise\u00f1o y puesta en marcha de un esquema fiduciario requer\u00eda otro tipo de gestiones previas, que en el contrato no quedaron asignadas a los demandados principales, ni a ninguna parte en concreto (pues se pact\u00f3, de forma gen\u00e9rica, que ser\u00eda carga de \u00ablos asociados\u00bb). <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que, en la pr\u00e1ctica, dichos preparativos fueron asumidos por el ingeniero Jhon Grover Roa Sarmiento, quien tiene amplia experiencia en el campo de la construcci\u00f3n, y ya hab\u00eda celebrado con la Fiduciaria Colpatria S.A. otros negocios semejantes, en proyectos inmobiliarios en los que particip\u00f3 junto con sus copartes (sociedades en las que tiene participaci\u00f3n). Incluso, era \u00e9l la \u00fanica persona que ten\u00eda contacto directo con los funcionarios de la referida entidad fiduciaria. <\/p>\n
De lo expuesto coligi\u00f3 el tribunal que la frustraci\u00f3n del prop\u00f3sito de constituir la \u00abfiducia de parqueo\u00bb no obedeci\u00f3 a la renuencia de los convocados principales \u2013como se dijo en la demanda promovida en su contra\u2013 sino a la indolencia con la que los mismos promotores de este juicio acometieron la tarea de estructurar el negocio fiduciario, en cuya ausencia no era siquiera posible la tradici\u00f3n del lote a un \u2013inexistente\u2013 patrimonio aut\u00f3nomo. <\/p>\n
En refuerzo, indic\u00f3 que no se hab\u00eda probado que los convocados principales hubieran rehusado a cumplir alg\u00fan requerimiento de los demandantes, orientado a avanzar en el proceso de constituci\u00f3n de la fiducia; al contrario, una funcionaria de la Fiduciaria Colpatria S.A. insisti\u00f3 en que no entend\u00eda las razones por las cuales el negocio jam\u00e1s se concret\u00f3, reforzando as\u00ed la teor\u00eda del caso de la demanda de reconvenci\u00f3n, seg\u00fan la cual el se\u00f1or Roa Sarmiento descuid\u00f3 \u2013por un tiempo al menos\u2013 las tareas que hab\u00eda elegido liderar en el marco del contrato de colaboraci\u00f3n. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Precisi\u00f3n preliminar. <\/p>\n
En el cargo segundo, los actores denunciaron la incongruencia de la sentencia de segunda instancia, pero en su alegato no expusieron razones alusivas a ese vicio formal, sino que replantearon algunas de sus cr\u00edticas sobre el modo en el que se valor\u00f3 el texto de la demanda y las evidencias que se recaudaron. Ello revela que, en realidad, el cuestionamiento ata\u00f1e a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial \u2013y no a un vicio in procedendo\u2013. As\u00ed de cierta es esta deducci\u00f3n, que la propia recurrente enlist\u00f3 los \u00aberrores de hecho\u00bb en que habr\u00eda incurrido el ad quem. <\/p>\n
Por consiguiente, el contenido de los dos cargos se analizar\u00e1 conjuntamente, pues ambos se refieren a la labor de juzgamiento del tribunal. Pero, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que la simple menci\u00f3n de la incongruencia sirve de sustento a un cargo en casaci\u00f3n, cabr\u00eda anotar que no se aleg\u00f3, ni mucho menos se acredit\u00f3, que lo decidido en las instancias ordinarias desconociera el amplio marco de debate planteado por ambos grupos de litigantes en sus demandas y contestaciones. <\/p>\n
Expresado de otro modo, si se evaluara el cargo a la luz de las reglas de la causal tercera, este carecer\u00eda de un hilo conductor orientado a revelar un vicio extra, ultra o infra petita. Los alegatos de la casacionista son ajenos al problema de la incongruencia, en la medida que est\u00e1n centrados en los verdaderos alcances de lo pactado entre los contratantes, que es un problema estrictamente f\u00e1ctico, no procedimental. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Defectos formales de los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La causal segunda de casaci\u00f3n consiste en la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial; por tanto, si el recurrente encauza su censura por dicha senda \u2013como ocurri\u00f3 en este caso\u2013, tendr\u00e1 que demostrar la infracci\u00f3n de, al menos, una pauta jur\u00eddica del mencionado linaje, que haya constituido la base del fallo del tribunal, o haya debido serlo. <\/p>\n
Los casacionistas obviaron por completo este deber, comoquiera que no invocaron ninguna regla sustantiva en su alegato, ni mucho menos explicaron la mec\u00e1nica de su transgresi\u00f3n, orfandad argumentativa que es contraria las exigencias formales de este recurso extraordinario, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A pesar de la extensi\u00f3n de los cargos presentados, en ellos no existe una real confrontaci\u00f3n de lo decidido por el tribunal. Los recurrentes, centrados en su visi\u00f3n particular del conflicto, refutaron ideas que son claras tergiversaciones de lo que la colegiatura ad quem sostuvo. Y, como secuela natural de tal incorrecci\u00f3n, dejaron inc\u00f3lumes todos los raciocinios que realmente soportan la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
En efecto: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Un importante segmento de ambos cargos se centra en el hecho de que, seg\u00fan lo all\u00ed pactado expresamente, el contrato ajustado entre las partes deb\u00eda someterse a las reglas de las cuentas en participaci\u00f3n. Sin embargo, los casacionistas obviaron que el ad quem hab\u00eda descartado el punto por irrelevante, y como consecuencia de ello, su incidencia en el caso sigue sin explicarse. <\/p>\n
Dicho de otro modo, si se asumiera que la naturaleza de lo pactado corresponde a la del negocio jur\u00eddico que define el canon 507 del C\u00f3digo de Comercio, no parece posible extraer de all\u00ed ninguna regla de derecho concreta para resolver la controversia planteada de una manera distinta a la que ya fue definida. Y esa oscuridad no se trat\u00f3 de despejar en la demanda de casaci\u00f3n, donde la cuesti\u00f3n se pas\u00f3 por alto. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Tambi\u00e9n obvi\u00f3 mencionar la parte actora en qu\u00e9 se hab\u00eda equivocado el tribunal al extraer del texto del convenio que la carga de constituir la \u00abfiducia de parqueo\u00bb correspond\u00eda a \u00ablos asociados\u00bb, no a una sola de las partes; o que esa obligaci\u00f3n iba m\u00e1s all\u00e1 de una simple transferencia del dominio. Tambi\u00e9n excluy\u00f3 de su discurso todo lo relacionado con las pruebas que demostraban que el ingeniero Roa Sarmiento hab\u00eda asumido el encargo de estructurar el negocio fiduciario, al punto que una testigo, funcionaria de la fiduciaria, acept\u00f3 ser con \u00e9l con quien se entendi\u00f3 durante todas las tratativas preliminares. <\/p>\n
A cambio de enfrentar tales planteamientos, los convocantes se enfocaron en criticar una afirmaci\u00f3n que no aparece en la sentencia de segunda instancia, conforme a la cual ser\u00eda a ellos a quienes les compet\u00edan todas y cada una de las tareas necesarias para que fuera posible constituir la \u00abfiducia de parqueo\u00bb y hacer la tradici\u00f3n del lote de terreno al patrimonio aut\u00f3nomo que all\u00ed se creara. <\/p>\n
Y, se insiste, nada m\u00e1s lejos de los motivos esgrimidos en el fallo recurrido, donde incluso se acept\u00f3 expresamente que la transferencia del dominio era deber de los demandados principales. Lo que ocurre es que all\u00ed se concluy\u00f3 que las gestiones previas deb\u00edan ser coordinadas y lideradas por los casacionistas, por ser ellos quienes aportaban su conocimiento en temas t\u00e9cnicos, como la estructuraci\u00f3n de \u00abfiducias de parqueo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El tribunal tambi\u00e9n afirm\u00f3 que no estaba probado que la frustraci\u00f3n del negocio fiduciario obedeciera a la negativa de los demandados principales de colaborar con el cumplimiento de las exigencia de la Fiduciaria Colpatria S.A., al punto que ni siquiera exist\u00eda evidencia de que se hubiera requerido a los se\u00f1ores Herrera para completar alg\u00fan formulario, o proporcionar un documento faltante. <\/p>\n
Lo anterior se explica porque, de ser cierto que todo el proyecto inmobiliario estaba supeditado a esas acciones (diligenciar formularios o aportar documentos), habr\u00eda sido esperable que los constructores se comunicaran con su contraparte para insistirle en la necesidad de su cooperaci\u00f3n efectiva, antes de tomar la decisi\u00f3n de dar al traste con el esquema de colaboraci\u00f3n que hab\u00edan dise\u00f1ado, y en el que dicen haber invertido tiempo y recursos valiosos. <\/p>\n
Nuevamente en la demanda de casaci\u00f3n se obviaron esas premisas del enunciado del tribunal, especialmente la relativa a la demostraci\u00f3n de que el fracaso del convenio ajustado entre las partes se debiera a que los se\u00f1ores Herrera no hubieran estado prestos a realizar los tr\u00e1mites requeridos por la fiduciaria. Como si fuera poco, lo alegado fue que los requerimientos se hicieron mayormente en forma verbal, sin referir c\u00f3mo estar\u00eda probada esa circunstancia. En otro aparte, se afirm\u00f3 tambi\u00e9n haberse enviado un requerimiento escrito, pero se dice que este obrar\u00eda a folio 181 del cuaderno principal, donde no milita probanza semejante, sino el auto que fij\u00f3 cauci\u00f3n para decretar la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Para finalizar, en los dos cargos propuestos se advirti\u00f3 que el tribunal habr\u00eda pretermitido la prueba de los perjuicios econ\u00f3micos sufridos por los demandantes principales con ocasi\u00f3n del incumplimiento del contrato de colaboraci\u00f3n suscrito con los demandados. Sin embargo, en esa alegaci\u00f3n los recurrentes olvidaron que el tribunal les achac\u00f3 a ellos ese incumplimiento, por lo que no les ser\u00eda dable reclamar reparaci\u00f3n alguna de su contraparte. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tras esta rese\u00f1a, queda en evidencia la incompletitud y el desenfoque de las censuras formuladas, pues en ellas los impugnantes nada dicen acerca de las premisas fundantes del fallo del tribunal, sino que se concentraron en plantear debates que no tienen relaci\u00f3n con el modo en el que dicha corporaci\u00f3n sustent\u00f3 su decisi\u00f3n. En ese escenario, es del caso insistir en que <\/p>\n
\u00ab(…) los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, esto es, los que se dirigen directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia. La raz\u00f3n de ser de esa exigencia, entre otras, estriba, por una parte, en que dicho recurso es de naturaleza dispositiva y exceptiva, en cuanto responde a causales previstas por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario; y por otra, permite diferenciarlo de otros medios de defensa, en concreto, de las instancias ordinarias del proceso, como thema decidendum, en las cuales se puede discurrir libremente sobre las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas. Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia, como thema decissum, nada m\u00e1s, en donde, bajo la premisa de que el juzgador no se equivoc\u00f3, lo decidido ingresa al recurso cobijado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. Por esto, el casacionista, asido de causales legales, debe circunscribir su actividad a desvirtuar dicha presunci\u00f3n; y la Corte, por su parte, a responder dentro del estricto marco propuesto por el recurrente, de ah\u00ed que, en l\u00ednea de principio, no se encuentra facultada para replantear cargos mal formulados, suplir sus deficiencias o ajustarlos cuando son incompletos\u00bb (CSJ AC3671-2019, 4 sep.). <\/p>\n
A lo anterior se a\u00f1ade que, de acuerdo con el precedente de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u201d (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dadas las deficiencias de t\u00e9cnica rese\u00f1adas, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Inversiones y Construcciones Inarcreto S.A.S., Inmobiliaria Servicios & Bienes Ra\u00edces S.A.S. y John Grover Roa Sarmiento, contra la sentencia fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1754-2023 (2019-00006-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC1754-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25307-31-03-001-2019-00006-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75016","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75016"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75016\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}