AC1755-2023 (2019-00135-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1755-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47189-31-03-001-2019-00135-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que interpuso el convocado frente a la sentencia de 5 de mayo de 20211, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso verbal que adelant\u00f3 la Promotora Costa Verde S.A.S. contra Gabriel Moscarella Torrijos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
La convocante pidi\u00f3 que se declarara la resoluci\u00f3n, por incumplimiento atribuible a su contraparte, del contrato de promesa de compraventa de 7 de marzo de 2019, en virtud del cual la Promotora Costa Verde S.A.S. prometi\u00f3 comprar un predio denominado \u201cLote 1\u201d o \u201cLa Cantera\u201d, ubicado en el municipio de Ci\u00e9naga, a cambio del pago de un precio de $5.494.111.700. En consecuencia, solicit\u00f3 la restituci\u00f3n del dinero recibido por el promitente vendedor a t\u00edtulo de arras ($550.000.000), as\u00ed como el reconocimiento de la cl\u00e1usula penal pactada (2000 SMLMV). <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, la actora dijo haber cumplido a cabalidad las prestaciones a su cargo; sin embargo, llegada la hora y fecha de celebraci\u00f3n del contrato prometido, el demandado se hizo presente en la notar\u00eda, pero se neg\u00f3 a firmar la escritura p\u00fablica de compraventa, pretextando la necesidad de que su contraparte aumentara el precio ya acordado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El demandado compareci\u00f3 al proceso y se opuso a la prosperidad del petitum. Aunque no formul\u00f3 excepciones, aleg\u00f3 que su contraparte no hab\u00eda pagado a tiempo el anticipo del precio pactado, ni hab\u00eda probado contar con los recursos para cubrir el saldo restante; por tanto, pidi\u00f3 declarar \u00abel mutuo disenso\u00bb del contrato preparatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El ad quem desestim\u00f3 la alzada que interpuso el demandado, al amparo de los siguientes razonamientos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Seg\u00fan reiterados pronunciamientos de la Corte, \u00aben trat\u00e1ndose de obligaciones escalonadas, el contratante que primero deshonra su palabra libera a la otra de hacerlo\u00bb; sin embargo, la jurisprudencia tambi\u00e9n \u00abproh\u00edja la excepci\u00f3n a esa regla, cuando permite tener por cumplida la prestaci\u00f3n satisfecha de manera tard\u00eda en caso de consentir o tolerar el retraso respecto de alguna de ellas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Cabe anotar que, \u00aben este asunto, esta\u0301 debidamente acreditado con el extracto de la cuenta (…) que la promitente compradora desplego\u0301 los actos necesarios para cumplir con la primera cuota del precio, pues all\u00ed\u0301 aparecen dos giros del 8 de marzo de 2019, el primero, por concepto de \u201cprimer pago lote\u201d, en cuant\u00eda de sesenta y cuatro mil ciento treinta d\u00f3lares (USD$64.130), que convertidos seg\u00fan la tasa de cambio vigente para tales calendas, que era de tres mil ciento veinte pesos con cuatro centavos ($3.120,04), arroja un total de doscientos millones ochenta y ocho mil ciento sesenta y cinco pesos con veinte centavos ($200\u2019088.165,20), que no solo satisface, sino que supera el valor m\u00ednimo del pago parcial acordado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Igualmente cabe se\u00f1alar que ese dep\u00f3sito de dinero no pudo materializarse, sin que fuera posible esclarecer el motivo de esa situaci\u00f3n. De hecho, \u00abla Jueza de primer grado solicit\u00f3 a Bancolombia certificaci\u00f3n en tal sentido, [pero] dicha entidad financiera se limit\u00f3 a dejar constancia de que no hubo ingresos de dinero durante el mes de marzo de dos mil 2019 en la cuenta que el se\u00f1or Moscarella Torrijos tiene en esa entidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. No obstante, tan pronto conoci\u00f3 la incidencia, la promitente compradora consign\u00f3 de nuevo el monto del anticipo, suma que su contraparte confes\u00f3 haber recibido. Es decir, \u00abla promitente compradora demostr\u00f3 haber enviado el dinero en la fecha prevista en la promesa de compraventa de inmueble, pero su contraparte no prob\u00f3 que la causa de la falta de materializaci\u00f3n de la referida remesa sea atribuible al actuar u omisi\u00f3n de aqu\u00e9lla, la cual s\u00ed se preocup\u00f3 por el \u00e9xito final de la transacci\u00f3n, al punto que procedi\u00f3 a repetirla en dos operaciones separadas, con aquiescencia del se\u00f1or Moscarella Torrijos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Lo anterior implica que, para el promitente vendedor, \u00abdesapareci\u00f3 la facultad para oponerse a la resoluci\u00f3n deprecada por la accionante, como contratante cumplida, porque con su consentimiento fue ejecutada la prestaci\u00f3n echada en falta, no obstante que se verific\u00f3 tard\u00edamente (…). Pasar de poseer potestad enervante de la resoluci\u00f3n con base en el incumplimiento de su contraparte a estar desprovisto de ella, tiene su raz\u00f3n de ser en el consentimiento que expres\u00f3 Gabriel Moscarella Torrijos al haber recibido en fecha distinta de la pactada la primera cuota del precio, al punto que ambos contratantes continuaron actuando activamente para alcanzar el resultado, ya que se verific\u00f3 el segundo pago y se siguieron cruzando comunicaciones con la finalidad de lograr el objetivo final\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A diferencia de lo que aleg\u00f3 el apelante, se demostr\u00f3 que \u00abpara el 30 de septiembre de 2019, la cuenta de ahorros a nombre de Promotora Costa Verde ten\u00eda un saldo de $6.896.551,81, cifra suficiente para cubrir el remanente insoluto del precio ($4.944.111.700,00)\u00bb. En cambio, no se prob\u00f3 que \u00abla promitente compradora estuviera obligada a pagar suma alguna al momento de suscribir el convenio prepactado, puesto que el saldo del valor de la heredad negociada deb\u00eda entregarse una vez se inscribiera en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria el acto traslaticio de dominio, situaci\u00f3n que nunca lleg\u00f3 a verificarse\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su recurso extraordinario el demandado present\u00f3 dos cuestionamientos, al amparo de las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Tras denunciar la transgresi\u00f3n directa de la ley sustancial, expuso el recurrente que \u00abel tribunal de origen viol\u00f3 de manera directa normas expresas de derecho sustancial, al no aplicar correcta, coherente e integralmente las reglas de interpretaci\u00f3n integral (sic) de pruebas y de la sana cr\u00edtica. Pues a nuestro sentir no se cumpli\u00f3 a cabalidad con el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo General del Proceso, o principio de igualdad de partes, al no valorar en grado sumo la certificaci\u00f3n bancaria expedida por Bancolombia, en la cual se manifiesta que durante el mes de mayo de 2019 no ingresaron esos valores (sic) a la cuenta del promitente vendedor, con la cual de contera se comprobaba que en efecto, hubo incumplimiento por parte de la sociedad promitente vendedora, y la figura del mutuo disenso estaba configurada\u00bb. En los apartes siguientes, reprodujo el fallo CSJ SC1209-2018. <\/p>\n
Invocando ahora la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente aleg\u00f3: \u00abA nuestro juicio el tribunal de instancia tambi\u00e9n en el fallo objeto del ataque, viol\u00f3 de manera indirecta la ley sustancial, cometiendo a nuestro juicio un error en derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o de reiterada jurisprudencia que hace ley probable, y error de hecho manifiesto y trascendente al no apreciar la prueba oficiosa de la certificaci\u00f3n bancaria expedida por la entidad Bancolombia, en la que se certific\u00f3 que durante el mes de mayo de 2019 a la cuenta de ahorros del promitente vendedor no ingresaron esos fondos (sic), lo cual sin mayor esfuerzo se estaba comprobando (sic) el incumplimiento de los plazos\u00bb. A rengl\u00f3n seguido, transcribi\u00f3 la sentencia CC T-074-2018. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
viii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que la tesis del tribunal es contraevidente. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. En el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb. (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las causales primera y segunda de casaci\u00f3n consisten en la transgresi\u00f3n \u2013directa e indirecta\u2013 de la ley sustancial; por tanto, si el recurrente encauza su censura por alguna de esas sendas, como sucede en este caso, tendr\u00e1 que demostrar la infracci\u00f3n de, al menos, una pauta jur\u00eddica del mencionado linaje, que haya constituido la base del fallo del tribunal, o haya debido serlo. <\/p>\n
El casacionista obvi\u00f3 por completo este deber, comoquiera que no invoc\u00f3 ninguna regla sustantiva en su escrito, ni explic\u00f3 la mec\u00e1nica de la transgresi\u00f3n alegada. Esta orfandad argumentativa es contraria a las exigencias formales de este recurso extraordinario, puntualmente a la que consagra el par\u00e1grafo 1.\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Adicionalmente, en la primera censura (por v\u00eda directa) se entremezclan cuestiones de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho con problem\u00e1ticas atinentes a la valoraci\u00f3n de la evidencia; y en la segunda (por v\u00eda indirecta) se invocan indistintamente yerros de hecho y de derecho, omiti\u00e9ndose el deber de reconstruir, con la prolijidad debida, los razonamientos probatorios del ad quem. Tampoco se hizo ning\u00fan intento por refutarlos. <\/p>\n
Adicionalmente, la inadecuada caracterizaci\u00f3n de los argumentos del tribunal dio lugar a otras deficiencias m\u00e1s notables, que pueden ser descritas como un evidente desenfoque, o falta de relaci\u00f3n l\u00f3gica entre el contenido de las cr\u00edticas del casacionista y las razones que sustentan el fallo contrario a sus intereses, a lo que se suma la incompletitud de los cargos, cuyo contenido no refuta todas las razones que sirven para sustentar la sentencia confirmatoria de segunda instancia. De hecho, no rebate ninguna. <\/p>\n
Ciertamente, en el fallo recurrido asign\u00f3 valor de verdad al hecho de que, en la fecha convenida para el pago del anticipo, el se\u00f1or Moscarella Torrijos no recibi\u00f3 suma alguna de dinero en su cuenta bancaria \u2013tal como se sigue de la certificaci\u00f3n que se anunci\u00f3 pretermitida\u2013. Sin embargo, la corporaci\u00f3n ad quem fue m\u00e1s all\u00e1, y explic\u00f3 que dicha eventualidad no pod\u00eda considerarse como una verdadera infracci\u00f3n contractual de la actora, pues obedeci\u00f3 a circunstancias ajenas a su voluntad, que fueron superadas prontamente, con la aquiescencia del casacionista. <\/p>\n
Por ende, resulta inexacto afirmar que los jueces de instancia pretermitieron el certificado bancario que daba cuenta de que el dinero del anticipo no se reflej\u00f3 en la cuenta de ahorros del promitente vendedor en la fecha convenida. Esa probanza fue cabalmente estimada, solo que no lo fue insularmente, sino en conjunto con otras evidencias, que muestran que la promitente compradora deposit\u00f3 a tiempo el dinero que se hab\u00eda obligado a entregar, y que, tras comprobar que esa primera consignaci\u00f3n no se perfeccion\u00f3, lo intent\u00f3 de nuevo, todo ello contando con el benepl\u00e1cito del promitente vendedor, que dijo recibir a conformidad el anticipo del precio (aunque lo hubiera hecho algunos d\u00edas despu\u00e9s de lo estipulado originalmente). <\/p>\n
Todos esos raciocinios, que son centrales en la motivaci\u00f3n de la sentencia recurrida, se mantuvieron al margen de la breve sustentaci\u00f3n de las censuras, lo que deja en evidencia su incompletitud y desenfoque. En ese escenario, se impone insistir en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, esto es, los que se dirigen directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia. La raz\u00f3n de ser de esa exigencia, entre otras, estriba, por una parte, en que dicho recurso es de naturaleza dispositiva y exceptiva, en cuanto responde a causales previstas por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario; y por otra, permite diferenciarlo de otros medios de defensa, en concreto, de las instancias ordinarias del proceso, como thema decidendum, en las cuales se puede discurrir libremente sobre las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas. Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia, como thema decissum, nada m\u00e1s, en donde, bajo la premisa de que el juzgador no se equivoc\u00f3, lo decidido ingresa al recurso cobijado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. Por esto, el casacionista, asido de causales legales, debe circunscribir su actividad a desvirtuar dicha presunci\u00f3n; y la Corte, por su parte, a responder dentro del estricto marco propuesto por el recurrente, de ah\u00ed que, en l\u00ednea de principio, no se encuentra facultada para replantear cargos mal formulados, suplir sus deficiencias o ajustarlos cuando son incompletos\u00bb (CSJ AC3671-2019, 4 sep.). <\/p>\n
A lo anterior se a\u00f1ade que, <\/p>\n
\u00ab(…) la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. <\/p>\n
S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u201d (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dadas las deficiencias de t\u00e9cnica rese\u00f1adas, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n que present\u00f3 Gabriel Moscarella Torrijos contra la sentencia fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue remitido a esta Corporaci\u00f3n el 27 de febrero de 2023. <\/p>\n
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AC1755-2023 (2019-00135-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC1755-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47189-31-03-001-2019-00135-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75017","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75017","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75017"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75017\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75017"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75017"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75017"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}