AC1926-2023 (2018-00181-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1926-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15759-31-84-002-2018-00181-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n formulada por Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez frente a la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad promovido por Pablo Argemiro Monta\u00f1ez contra los herederos determinados e indeterminados de Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
El demandante pidi\u00f3 que se declarara su condici\u00f3n de hijo extramatrimonial del fallecido Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez y que se efectuaran las consecuentes correcciones en su registro civil de nacimiento. <\/p>\n
Igualmente, reclam\u00f3 que se reconociera que tiene vocaci\u00f3n para heredar los bienes del causante; y, de haber concluido el proceso de sucesi\u00f3n, solicit\u00f3 de manera subsidiaria \u00abadjudicar (\u2026) la cuota hereditaria que le corresponde, declarando ineficaces los actos de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
El demandante Pablo Argemiro Monta\u00f1ez, afirm\u00f3 ser hijo extramatrimonial de Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez, quien mantuvo \u00abdurante 6 a\u00f1os (\u2026) una relaci\u00f3n de pareja y convivencia\u00bb con su madre, Mercedes Monta\u00f1ez Rinc\u00f3n. De esa relaci\u00f3n sentimental nacieron dos hijos, de los cuales \u00fanicamente el mayor \u2013Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez\u2013 \u00abfue legalmente reconocido\u00bb. El se\u00f1or Castillo Ram\u00edrez falleci\u00f3 el 2 de diciembre de 2017, sin haber reconocido al convocante como su hijo. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
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1. La demanda fue dirigida contra Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez, como heredero determinado del causante. Este compareci\u00f3 al proceso, sin oponerse a las pretensiones, ni formular excepciones. <\/p>\n
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2. Emplazados los herederos indeterminados, se les design\u00f3 curador ad litem, quien tambi\u00e9n contest\u00f3 la demanda sin presentar oposici\u00f3n.<\/p>\n
3. Practicada la prueba gen\u00e9tica \u2013que arroj\u00f3 un resultado superior al 99% de compatibilidad y confirm\u00f3, por ende, la paternidad\u2013 se corri\u00f3 el correspondiente traslado a las partes, sin que efectuaran manifestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Posterior a ello, el se\u00f1or Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez, hermano del causante Marco Alirio, compareci\u00f3 al proceso y promovi\u00f3 incidente de nulidad con base en las causales cuarta y octava, alegando que el documento aportado para acreditar la calidad de heredero determinado de Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez carece \u00abde los requisitos que exige la normatividad para darle tal validez (\u2026) pues como se puede visualizar en su contenido en ning\u00fan momento aparece la constancia del reconocimiento de este como su padre\u00bb. <\/p>\n
Adujo, adem\u00e1s, que al saber que su consangu\u00edneo \u00abno tuvo esposa, ni hijos y sus padres ya hab\u00edan fallecido, por ministerio de la ley, se defiri\u00f3 su herencia a [su favor]\u00bb, y a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n intestada que adelant\u00f3 por v\u00eda notarial fue reconocido como heredero, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda ser convocado como tal a este asunto. <\/p>\n
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5. El a quo acept\u00f3 la comparecencia del memorialista, aclarando que tomaba el proceso en el estado en que se encontraba. Rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad formulado porque, a su juicio, los hechos expuestos pudieron haberse alegado como excepci\u00f3n previa, toda vez que el incidentante tuvo la oportunidad de contestar la demanda y proponer defensas a trav\u00e9s del curador ad litem. <\/p>\n
Asimismo, consider\u00f3 que no era competencia del despacho determinar la autenticidad, el contenido y el procedimiento llevado a cabo para la inscripci\u00f3n del registro civil de nacimiento de Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez. <\/p>\n
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6. Dicha determinaci\u00f3n cobr\u00f3 firmeza, toda vez que no se interpusieron los recursos que contra ella proced\u00edan en forma tempestiva. Posterior a su ejecutoria, el se\u00f1or Castillo Ram\u00edrez present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, que no fue tenido en cuenta por extempor\u00e1neo. <\/p>\n
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7. Mediante sentencia dictada en audiencia de 20 de junio de 2019, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso declar\u00f3 que Pablo Argemiro Monta\u00f1ez es hijo extramatrimonial de Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez y por lo tanto le asiste vocaci\u00f3n hereditaria, dictando las respectivas ordenes de correcci\u00f3n del registro civil. Por lo dem\u00e1s, neg\u00f3 las pretensiones subsidiarias, al no haberse acumulado la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia a la de filiaci\u00f3n. <\/p>\n
El se\u00f1or Castillo Ram\u00edrez interpuso apelaci\u00f3n. <\/p>\n
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4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, sirvi\u00e9ndose de los argumentos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
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i. El resultado que arroj\u00f3 la experticia gen\u00e9tica \u00abdemuestra una probabilidad acumulada de paternidad de 99.9999999%\u00bb y, surti\u00e9ndose el tr\u00e1mite de contradicci\u00f3n exigido, el mismo qued\u00f3 en firme, de modo que dicha evidencia de paternidad \u00abes determinante, absoluta, y da un resultado de certeza cient\u00edfica que se impone sobre cualquiera otra prueba obrante en el plenario\u00bb. <\/p>\n
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ii. A pesar de que no se discute que el apelante es hermano de doble conjunci\u00f3n de Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez, \u00abal tener definida la paternidad del actor respecto del causante, la misma desplaza a todo heredero con capacidad para ser demandando\u00bb, por lo que, estando el recurrente en el tercer orden hereditario, s\u00f3lo tendr\u00eda vocaci\u00f3n hereditaria ante la ausencia de descendientes y ascendientes. <\/p>\n
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iii. En este caso \u00abest\u00e1 probado [que] Marco Alirio dej\u00f3 como descendiente reconocido a Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez\u00bb, quien se encuentra en el primer orden hereditario y por tanto excluye a cualquier otro heredero, motivo por el cual no hab\u00eda lugar a demandar a su t\u00edo Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez, como este lo pretend\u00eda. En tal virtud, la comparecencia del apelante \u00abno era de car\u00e1cter legal, sino que (\u2026) se tuvo en cuenta con ocasi\u00f3n del emplazamiento a indeterminados, no generando nulidad alguna lo actuado por el juez de primera instancia, consider\u00e1ndose ajustada a derecho la decisi\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
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5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El se\u00f1or Guillermo Jos\u00e9 Castillo Monta\u00f1ez interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia del Tribunal, y tras su admisi\u00f3n, present\u00f3 una demanda de sustentaci\u00f3n en la que enarbol\u00f3 cuatro cargos con fundamento en las causales primera, segunda, cuarta y quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
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i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que la tesis del tribunal es contraevidente. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. En el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb. (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
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1. Cargo primero. <\/p>\n
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1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Con base en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se afirm\u00f3 que la sentencia confutada se dict\u00f3 en un juicio viciado por la configuraci\u00f3n de los motivos de nulidad consagrados en los numerales cuarto y octavo del canon 133 ib\u00eddem, consistentes en la indebida representaci\u00f3n de alguna de las partes y en la indebida notificaci\u00f3n a personas determinadas, respectivamente. <\/p>\n
Aduce el censor que en el caso se verific\u00f3 una \u00abindebida representaci\u00f3n de la parte demandada\u00bb, puesto que se tuvo por heredero determinado a quien no lo era. Lo anterior porque si bien tal calidad se le atribuy\u00f3 al convocado Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez, aquel nunca fue reconocido por el causante, pues su registro civil de nacimiento no cumple con las exigencias legales para acreditar la filiaci\u00f3n, toda vez que no se encuentra firmado por el presunto padre y fue asentado a instancias del mismo convocado con base en una partida eclesi\u00e1stica que no suple el reconocimiento del progenitor. <\/p>\n
Por lo anterior, quien en realidad ten\u00eda la calidad de heredero y por ende la vocaci\u00f3n para comparecer al pleito como demandado determinado era el recurrente, hermano de doble conjunci\u00f3n del presunto padre fallecido, cuya existencia conoc\u00eda plenamente el demandante. <\/p>\n
Tampoco se practic\u00f3 en legal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas, como quiera que la demanda debi\u00f3 dirigirse contra el casacionista por ser quien ten\u00eda la calidad de heredero determinado a falta de descendientes reconocidos del causante, esto en atenci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, conforme al cual \u00abmuerto el presunto padre la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la paternidad natural podr\u00e1 adelantarse contra sus herederos y su c\u00f3nyuge\u00bb. <\/p>\n
Sostiene el censor que, al no haberse dirigido la demanda en su contra, se omiti\u00f3 la correcta notificaci\u00f3n de quien es el verdadero heredero determinado y con ello, se vulner\u00f3 su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, situaci\u00f3n que fue advertida \u00aben etapa de control de legalidad (\u2026) se reiter\u00f3 en alegatos, en sustentaci\u00f3n de recurso de apelaci\u00f3n, pero fueron omitidas de igual forma por el Tribunal en estancia de apelaci\u00f3n, y hoy se reitera en tr\u00e1mite de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
La prosperidad de un cargo por la senda de la causal quinta de casaci\u00f3n demanda la satisfacci\u00f3n de tres requisitos esenciales. Primero, que la circunstancia invalidante est\u00e9 debidamente acreditada, es decir, que haya ocurrido en tiempo y espacio de manera que pueda verificarse y probarse su ocurrencia en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
Segundo, que exista cabal correspondencia entre esa irregularidad y una de las causales de nulidad expresamente previstas en el ordenamiento ritual. Esto en atenci\u00f3n al principio rector de la especificidad o taxatividad de las causales de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
El tercero y \u00faltimo consiste en que, de tratarse de una causal de anulabilidad saneable, no se haya operado su saneamiento en raz\u00f3n de su no alegaci\u00f3n oportuna, o por actuar sin proponerla, o su convalidaci\u00f3n expresa por la parte que pod\u00eda alegarla antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la exposici\u00f3n del embate pone en evidencia que los hechos relatados por el censor no armonizan con las hip\u00f3tesis de nulidad procesal alegadas, puesto que la situaci\u00f3n que se pone en consideraci\u00f3n de la Corte no constituye vicio o irregularidad procesal, sino un tema exclusivamente sustancial, como la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de uno de los demandados. <\/p>\n
Los argumentos del casacionista se relacionan con el hecho de haberse vinculado como demandado a quien no deber\u00eda tener la calidad de heredero determinado de Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez, es decir, a una persona diferente a aquella frente a la cual deber\u00eda haber sido ejercitada la acci\u00f3n de filiaci\u00f3n1. <\/p>\n
Ahora bien, como la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva es aquella que tiene el demandado en cuanto titular del deber jur\u00eddico sustancial con respecto al demandante, es un aspecto de \u00edndole estrictamente sustancial que debe alegarse en casaci\u00f3n por la v\u00eda de las causales primera o segunda, relacionadas con la violaci\u00f3n de la ley sustancial, pues su inobservancia comporta un yerro in judicando y no un error in procedendo. <\/p>\n
Debe recordarse que la nulidad derivada de la indebida representaci\u00f3n de las partes (art. 133 num. 4\u00b0 del estatuto adjetivo) \u00fanicamente se configura cuando la persona incapaz act\u00faa en el proceso por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de quien no es su representante o cuando el abogado carece de poder para actuar; no as\u00ed cuando la demanda se dirige contra alguien diferente al leg\u00edtimo contradictor, pues en ese caso no se est\u00e1 ante un problema de representaci\u00f3n si no de ausencia de uno de los presupuestos materiales de la acci\u00f3n, como es la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Conforme al precedente de la Sala, <\/p>\n
\u00abla causal en comento [indebida representaci\u00f3n] s\u00f3lo puede darse en los casos en que el incapaz legal act\u00faa por s\u00ed mismo en el proceso, o cuando lo hace por conducto de un representante ileg\u00edtimo, o cuando un apoderado gestiona en el proceso a nombre de una parte sin que exista el debido poder de representaci\u00f3n; y no cuando la demanda es instaurada por quien no es titular del derecho que reclama, o frente a quien no tiene la obligaci\u00f3n de responder. Es decir, que la \u201cindebida representaci\u00f3n\u201d como causal de nulidad, ata\u00f1e a la ilegitimaci\u00f3n en el proceso y no a la ilegitimaci\u00f3n en la causa litigiosa; y que si esta \u00faltima ocurre debe atacarse en casaci\u00f3n con fundamento en la causal primera y no en la quinta, por implicar un yerro in judicando y no uno in procedendo. <\/p>\n
Por tratarse de dos fen\u00f3menos diferentes, no s\u00f3lo por su naturaleza sino por los efectos que de ellos se derivan, no puede confundirse la capacidad procesal o legitimatio ad processum, con la legitimaci\u00f3n en la causa o legitimatio ad causam, ni mucho menos pretender refundirlos en uno solo: la primera es un presupuesto procesal que tutela el derecho individual de defensa, establecido para asegurar la debida representaci\u00f3n de los sujetos entre quienes se traba la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal; al paso que la segunda no se ubica en el campo de la actuaci\u00f3n de las partes en el proceso, sino que se refiere al fondo mismo de la cuesti\u00f3n sustantiva, a la posici\u00f3n que ocupen los litigantes dentro de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica gobernada por leyes que atribuyen derechos e imponen obligaciones. Por consiguiente, la legitimaci\u00f3n en la causa es cuesti\u00f3n ajena a la nulidad procesal por indebida representaci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC de 19 de noviembre de 1973, GJ CXLVII n.\u00b0 2372 a 2377, p\u00e1g. 121. Resaltado propio). <\/p>\n
Lo mismo ocurre con la alegada nulidad derivada de la indebida notificaci\u00f3n (art. 133 num. 8\u00b0 ejusdem), toda vez que la irregularidad que configura este motivo de invalidaci\u00f3n es netamente procesal y consiste exclusivamente en la omisi\u00f3n de la notificaci\u00f3n en legal forma de aquella persona contra quien se dirigi\u00f3 la demanda, de los indeterminados o de aquellos que conforme a la ley deban ser citados, como el ministerio p\u00fablico en algunos casos. <\/p>\n
Ahora bien, si eventualmente se vincula como demandada a persona diferente a la que realmente deb\u00eda soportar la acci\u00f3n en raz\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial subyacente, no se est\u00e1 ante un vicio procedimental sino ante una cuesti\u00f3n sustancial, como lo es la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, que, se reitera, debe ser combatida en casaci\u00f3n por la v\u00eda de la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n
Sobre el particular, autorizada doctrina nacional ha resaltado: <\/p>\n
\u00abno se configura, pues, el comentado vicio de nulidad cuando debi\u00e9ndose demandar a una determinada persona, que es parte en la relaci\u00f3n material controvertida, sin embargo, no se la demanda. En tal supuesto, lo que ocurre es que falta la legitimaci\u00f3n en la causa pasiva, pues por ser de fondo y no de forma, el desconocimiento de este aspecto implica un error in judicando y no uno in procedendo, atacable por tanto en casaci\u00f3n, con apoyo en la causal primera y no en la quinta. La Corte ha reiterado que el motivo de nulidad que aqu\u00ed se trata \u201cno reza con las personas que debiendo ser demandadas no lo han sido, sino con aquellas que habiendo sido demandadas, no han sido citadas, ni emplazadas en el juicio en la forma legal\u00bb2. <\/p>\n
Como quiera que las situaciones denunciadas al amparo de la causal quinta deb\u00edan estructurarse como censuras fincadas en las causales primera o segunda de casaci\u00f3n y as\u00ed no se hizo, es imposible para la Corte enderezar el embate del recurrente, debido al car\u00e1cter dispositivo y excepcional del recurso extraordinario. <\/p>\n
En tal virtud, los hechos denunciados por el casacionista no configuran las causales de nulidad invocadas, haciendo el cargo inadmisible. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, es importante relievar que, adem\u00e1s de los principios de especificidad3, protecci\u00f3n4, trascendencia5 y convalidaci\u00f3n6 que gobiernan el r\u00e9gimen de nulidades en el procedimiento civil, es necesario que las irregularidades que se aleguen en casaci\u00f3n por v\u00eda de la causal quinta no hayan sido discutidas y definidas en las instancias ordinarias, pues de haberse planteado en el curso del proceso y haber recibido una respuesta por parte de los juzgadores, la controversia no puede ser replanteada en sede extraordinaria, toda vez que lo decidido en el tr\u00e1mite ordinario sobre el particular \u00abconstituye cosa juzgada, en tanto resolvi\u00f3 sobre un asunto saneable, deviniendo inmodificable\u00bb7. <\/p>\n
En este caso, el recurrente informa que los mismos argumentos que sustentan su primer cargo fueron expuestos en el curso del proceso, en una solicitud de control de legalidad, en la etapa de alegaciones y en sede de apelaci\u00f3n. Omite indicar que tambi\u00e9n fueron expuestos a trav\u00e9s de incidente de nulidad formulado ante el a quo con id\u00e9nticas razones, el cual fue rechazado de plano por la juez de conocimiento mediante providencia de 30 de abril de 2019, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria debido a que el casacionista no interpuso recurso alguno contra dicha providencia8 en forma tempestiva, cuando aquella era susceptible de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, los motivos de nulidad alegados fueron planteados en el curso de las instancias ordinarias y expresamente rechazados por el a quo sin que el inconforme haya combatido dicha determinaci\u00f3n; conducta que dio paso a la firmeza de lo decidido, permitiendo su estabilidad procesal y dando lugar a su inmodificabilidad en sede extraordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cargo segundo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Con base en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acusa el fallo del Tribunal de vulnerar indirectamente los art\u00edculos 82, 87, 108, 291, 292, 293 y 386 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1938, por aplicaci\u00f3n indebida, \u00abdirigiendo la demanda contra mi mandante de forma directa, por ser el \u00fanico heredero determinado, y en segundo lugar realizando los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n pertinentes a este, del auto admisorio de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Sostiene el casacionista que el Tribunal incurri\u00f3 en \u00aberror manifiesto de apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas\u00bb que lo llev\u00f3 a infringir el art\u00edculo 176 del estatuto adjetivo, pues tuvo como probada la calidad de heredero del demandado \u00abpor el simplemente (sic) hecho que el demandante reconoci\u00f3 como descendiente reconocido de Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez, a Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez, ya se daba probada (sic) tal circunstancia cuando es una calidad que no discierne de meras suposiciones sino que debe ser acreditada con los documentos respectivos\u00bb; y en este caso, el registro civil presentado no cumple con los requisitos legales para acreditar la filiaci\u00f3n respecto del causante. <\/p>\n
El ad quem tampoco tuvo en cuenta otras pruebas que demostraban que solo el recurrente ten\u00eda la calidad de heredero, entre ellas, el interrogatorio de parte del demandante, quien manifest\u00f3 conocer al hermano de su presunto padre, y la declaraci\u00f3n de la testigo Edelmira Vanegas, quien inform\u00f3 que la madre de Pablo Argemiro Monta\u00f1ez y Rafael Alirio Castillo siempre expres\u00f3 que el padre nunca los hab\u00eda reconocido. <\/p>\n
En tal virtud, se incurri\u00f3 \u00aben error de hecho al apreciar de manera general las pruebas, las cuales finalmente tampoco es debidamente motivada (sic), pues en su sentencia no relaciona cual es la prueba con la que lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que estaba probado, que Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez, dej\u00f3 como descendiente reconocido a Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Cuando se denuncia la violaci\u00f3n de la ley sustancial, son las normas de esa naturaleza las que determinan el reconocimiento del derecho reclamado o de las defensas planteadas, de modo que sin la singularizaci\u00f3n de las disposiciones de ese linaje presuntamente vulneradas se hace imposible la confrontaci\u00f3n entre aquellas y la sentencia impugnada. <\/p>\n
En esta sede no basta con invocar gen\u00e9ricamente la violaci\u00f3n de la ley sustancial, pues es carga del recurrente se\u00f1alar espec\u00edficamente las normas de ese tipo infringidas por el colegiado y demostrar c\u00f3mo aquellas fueron -o debieron ser- base esencial de la sentencia; as\u00ed mismo, se exige explicar c\u00f3mo se habr\u00edan transgredido esos preceptos y la relevancia que esa vulneraci\u00f3n tuvo en la parte resolutiva del fallo atacado. <\/p>\n
Aplicando esas premisas al presente asunto, refulge su traspi\u00e9, porque en el segundo embate el casacionista denunci\u00f3 como vulnerados los art\u00edculos 82, 87, 108, 291, 292, 293 y 386 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1938, a pesar de que ninguna de estas disposiciones tiene linaje sustancial, toda vez que disciplinan las reglas procedimentales relacionadas con los requisitos de la demanda, la convocatoria de herederos, la notificaci\u00f3n personal y por emplazamiento, y las reglas de tr\u00e1mite aplicables a los procesos de investigaci\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
\u00abes deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la v\u00eda que haya escogido para perfilar su acusaci\u00f3n; la directa o la indirecta, sin que, trat\u00e1ndose de esta \u00faltima, pueda excusarse su se\u00f1alamiento a pretexto de la demostraci\u00f3n de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinaci\u00f3n de las normas probatorias supuestamente quebrantadas \u2013 cuando se predique la comisi\u00f3n de un yerro de derecho \u2013, pues si a esto \u00faltimo se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedar\u00eda trunca la acusaci\u00f3n, en la medida en que no podr\u00eda la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cu\u00e1les disposiciones materiales habr\u00edan sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado\u00bb9. <\/p>\n
Adem\u00e1s de la ausencia de normas sustanciales, la censura tiene otras deficiencias t\u00e9cnicas que lo hacen inadmisible, pues incumple con el requisito de formular por separado los cargos, con exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara y precisa. <\/p>\n
Estos requerimientos deben observarse estrictamente en sede extraordinaria, puesto que, se insiste, el car\u00e1cter dispositivo del recurso le impide a la Corte subsanar las deficiencias de la demanda de sustentaci\u00f3n. En tal virtud, es deber del recurrente proponer los cargos \u00abmediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250-2016, 25 oct., reiterado en AC1466-2022, 22 abr., entre otros). <\/p>\n
Pues bien, en contrav\u00eda de lo exigido en el numeral 2 del canon 344 del estatuto adjetivo, el cargo entremezcla de manera confusa errores de hecho y de derecho, cayendo en un hibridismo impropio de la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n que hacen inadmisible la censura, pues como ha se\u00f1alado la Sala: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed entonces, atentar\u00eda contra los postulados de la claridad y la precisi\u00f3n, por ejemplo, el cargo que montado sobre la base de un desatino probatorio de derecho, tambi\u00e9n incluya o se fundamente en par\u00e1metros del yerro f\u00e1ctico, pues se sabe que uno y otro resultan de naturaleza diferente, porque el primero apunta al aspecto normativo de la probanza, mientras que el segundo concierne a la prueba como insumo material del juicio. En la demanda ac\u00e1 presentada, se advierte su incumplimiento, habida cuenta que la censura no resulta clara y precisa, por la circunstancia de contener una confusa mixtura, derivada de plantear sobre una misma prueba y al tiempo, cuestionamientos propios del error de hecho y de derecho\u00bb (CSJ, AC1466-2022, 22 abr.). <\/p>\n
Esta deficiencia se evidencia en el impreciso alegato conforme al cual el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de algunas pruebas, que lo llev\u00f3 a desconocer el mandato de apreciaci\u00f3n conjunta que establece el art\u00edculo 176 ib., endilgando adem\u00e1s una falta de motivaci\u00f3n del juzgador al no indicar con base en qu\u00e9 prueba determin\u00f3 la calidad en que actuaba el demandado. <\/p>\n
El reproche del casacionista versa sobre la acreditaci\u00f3n de la vocaci\u00f3n hereditaria del demandado Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez, sin embargo, la censura no se estructura de manera clara y precisa puesto que, por un lado, se afirma que el ad quem err\u00f3 al tener por probada su calidad de heredero con el solo dicho del demandante, cuando la \u00fanica prueba que pod\u00eda demostrarla era el registro civil de nacimiento, respecto del cual se reprocha, adem\u00e1s, la valoraci\u00f3n de su contenido material, sin se\u00f1alar cu\u00e1l es el error de apreciaci\u00f3n cometido por el juzgador. <\/p>\n
Esa amalgama de yerros atribuidos al ad quem atenta contra la claridad exigida en sede extraordinaria y hace incomprensible el cargo, puesto que, si bien se denuncia la comisi\u00f3n de los referidos errores, no se cumple con la carga de se\u00f1alar en qu\u00e9 consisten y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas sobre las que recay\u00f3 el yerro f\u00e1ctico y demostrar que la inferencia cuestionada es abiertamente contraria al contenido objetivo de aquellas; y tampoco se explica de qu\u00e9 manera el juzgador habr\u00eda desconocido la pauta probatoria que exige apreciar los elementos de juicio \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb, como lo ordena el art\u00edculo 176 del estatuto adjetivo, pues no se realiza parang\u00f3n alguno que permita concluir que el colegiado realiz\u00f3 una lectura aislada o separada de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que en este tipo de embates es deber del casacionista demostrar c\u00f3mo la labor de valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo con desconocimiento de aquella pauta probatoria, sin que sea suficiente denunciar de manera gen\u00e9rica o abstracta dicha inobservancia. <\/p>\n
Como lo ha sostenido la Sala, <\/p>\n
\u00abAdem\u00e1s, es imperativo, por lo arriba expuesto, que la indicaci\u00f3n de tal yerro de derecho, a pesar de referirse a falta de apreciaci\u00f3n global, debe ir acompa\u00f1ada de la determinaci\u00f3n o singularizaci\u00f3n (como lo exigen los art\u00edculos 368, num.1, y 374, num.3, C. de P. C.) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciaci\u00f3n conjunta; indicaci\u00f3n \u00e9sta que, por lo dem\u00e1s, debe ser completa en el sentido que abarque la apreciaci\u00f3n en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompa\u00f1ada de su comprobaci\u00f3n con la indicaci\u00f3n de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integraci\u00f3n y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunci\u00f3n de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo\u00bb (SC de 16 de mayo de 1991. GJ CCLVIII, reiterada en SC de 25 de nov. de 2005, Exp. 082-01, entre otras). <\/p>\n
En tal virtud, en el segundo cargo no se denuncian normas sustanciales ni se precisa c\u00f3mo se dio su vulneraci\u00f3n; adem\u00e1s, se expusieron de manera confusa y entremezclada censuras propias de los errores de hecho y de derecho, sin demostrar en ning\u00fan caso en qu\u00e9 consistieron los errores denunciados y cu\u00e1l fue su trascendencia en la decisi\u00f3n, lo que conlleva la inadmisi\u00f3n del embate. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cargo tercero. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Con venero en la causal primera del citado canon 336, el impugnante endilg\u00f3 al ad quem una trasgresi\u00f3n directa del art\u00edculo 29 superior y de los art\u00edculos 168, 169, 170 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, al tener como heredero determinado al demandado Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez, cuando quien en verdad ten\u00eda dicha calidad era el recurrente, lo que tambi\u00e9n conllev\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 14 y 87 del estatuto procedimental. <\/p>\n
Ese \u00faltimo canon exige que la demanda sea dirigida contra los herederos reconocidos en el proceso de sucesi\u00f3n, y en este caso, del interrogatorio del convocante se desprende que conoc\u00eda al casacionista y, por ende, debi\u00f3 dirigir la acci\u00f3n en su contra, omisi\u00f3n que le impidi\u00f3 contestar la demanda, proponer excepciones y oponerse a la prueba gen\u00e9tica. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se vulner\u00f3 el debido proceso al no aceptarse la petici\u00f3n del recurrente consistente en oficiar a sendos despachos judiciales a fin de obtener copia de la sentencia previa emitida al interior de un proceso iniciado por la madre de los se\u00f1ores Pablo Argemiro Monta\u00f1ez y Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez, \u00abque ten\u00edan como efecto probatorio que el se\u00f1or Rafael Castillo Monta\u00f1ez, junto con su hermano hoy demandante nunca fueron reconocidos por el fallecido Marco Alirio Castillo Ram\u00edrez, lo cual demuestra una vez m\u00e1s la presente demanda debi\u00f3 interponerse contra el \u00fanico heredero determinado conocido mi poderdante se\u00f1or Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, el Tribunal no se pronunci\u00f3 frente a sus reproches respecto a la actuaci\u00f3n del curador ad litem, quien nunca lo represent\u00f3 por no ser el casacionista un heredero indeterminado y quien, adem\u00e1s, falt\u00f3 a sus deberes legales al \u00abdisponer del derecho\u00bb al manifestar en audiencia que deb\u00eda emitirse sentencia favorable. As\u00ed mismo, la prueba de ADN practicada en el proceso es nula de pleno derecho al haberse tramitado vulnerando el debido proceso del recurrente. <\/p>\n
Finaliza el embate reiterando que el Tribunal \u00absin motivaci\u00f3n alguna concreta probatoria\u00bb tuvo a Rafael Alirio Castillo Monta\u00f1ez como heredero determinado, circunstancia que no corresponde a la realidad, tal como se desprende de la declaraci\u00f3n de Elvira Vanegas y del mismo registro civil de nacimiento del demandado, \u00abentonces para efectos de verificar este hecho a solicitud de parte u\/o (sic) de oficio el despacho pudo haber aceptado las solicitudes realizadas por el apoderado del se\u00f1or Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez, dentro de la ejecutoria del auto que acept\u00f3 la apelaci\u00f3n, y posteriormente como pruebas sobrevinientes, donde comprobaban este hecho, sin embargo el despacho las neg\u00f3 injustificadamente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Cuando el cargo se construye acusando la sentencia de transgredir en forma directa una norma sustancial, el censor debe acreditar que el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n de la controversia opuesta a la adoptada en la providencia impugnada, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el Tribunal a partir del examen del material probatorio. <\/p>\n
En ese sentido, la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. <\/p>\n
En este caso el casacionista nuevamente incumple el mandato de se\u00f1alar al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, result\u00f3 infringida por el juzgador, situaci\u00f3n que, como se explic\u00f3 en el an\u00e1lisis de la censura que antecede, impide que se abra paso la explicaci\u00f3n sobre la forma en que los yerros denunciados habr\u00edan redundado en la trasgresi\u00f3n normativa por parte del Tribunal, haciendo imposible la labor de cotejo propia del control de legalidad de la sentencia impugnada, que es uno de los objetivos del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ninguna de las disposiciones denunciadas tiene car\u00e1cter sustancial, pues los art\u00edculos 87, 168, 169, 170 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso son normas procedimentales que gobiernan lo relacionado con la demanda de herederos, administradores y c\u00f3nyuge, el rechazo de las pruebas il\u00edcitas, las pruebas de oficio y el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencias, en su orden; y los art\u00edculos 14 ib. y 29 constitucional, si bien consagran el debido proceso como principio orientador de nuestro ordenamiento, no establecen derechos ni obligaciones concretas entre las partes y por ende no tienen linaje sustancial, como ha se\u00f1alado la Corte con anterioridad10. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, el casacionista desciende a la base f\u00e1ctica, pues al amparo de la v\u00eda directa combate las conclusiones probatorias del colegiado respecto a la calidad de heredero del demandado, reiterando sus argumentos conforme a los cuales los medios de prueba evidenciaban que el causante no reconoci\u00f3 al demandado, circunstancia opuesta a la que dio por cierta la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que sobre la causal primera de casaci\u00f3n ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00abal acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078). <\/p>\n
Adem\u00e1s, y como si de una tercera instancia se tratara, el casacionista revive el debate respecto a la pertinencia de las pruebas cuyo decreto y pr\u00e1ctica solicit\u00f3 en segunda instancia, reprochando la decisi\u00f3n del ad quem de no decretarlas por no cumplir con los requisitos establecidos para ello, lo cual es inadmisible dados los espec\u00edficos contornos del recurso extraordinario. <\/p>\n
Finalmente, cuestion\u00f3 que el juzgador de segundo grado haya guardado silencio frente a los reparos concretos relacionados con la falta de representaci\u00f3n del curador ad litem y del incumplimiento de sus deberes, alegato que comporta una denuncia de incongruencia y que por ende, debi\u00f3 combatirse a trav\u00e9s de la causal tercera de casaci\u00f3n, incurriendo en un entremezclamiento de causales que conlleva el incumplimiento de los requisitos formales que debe observar la demanda de sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Cargo cuarto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Con base en la causal cuarta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el casacionista acus\u00f3 al Tribunal de proferir una decisi\u00f3n que hizo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n como apelante \u00fanico, al se\u00f1alar en la sentencia de segundo grado que su vinculaci\u00f3n al proceso \u00abno era de car\u00e1cter legal, sino que su intervenci\u00f3n se tuvo en cuenta con ocasi\u00f3n del emplazamiento a indeterminados\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el ad quem se\u00f1al\u00f3 al recurrente como persona indeterminada sin evaluar ninguno de los argumentos que daban cuenta de su calidad de heredero determinado, \u00abhaciendo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n, pues pas\u00f3 de ser un interesado como el despacho a quo lo identificaba, a indeterminado, dando por resueltas todas las inconsistencias procesales en su contra\u00bb. <\/p>\n
2.4.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Para que prospere en casaci\u00f3n un cargo esbozado al amparo de la causal cuarta, referente a la prohibici\u00f3n de la no reformatio in pejus, es necesaria la verificaci\u00f3n de los siguientes requisitos: <\/p>\n
\u00aba) vencimiento parcial de un litigante, b) apelaci\u00f3n de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos \u00edntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC 165 de 2000, rad. 5405; reiterada en AC202-2023, 3 mar.). <\/p>\n
El quebranto del principio de la no reformatio in pejus configura un error de procedimiento del juzgador, y se materializa cuando en la parte resolutiva de la sentencia se incluyen disposiciones que agravan la posici\u00f3n del apelante \u00fanico, quien, en el marco del recurso extraordinario, debe realizar un parang\u00f3n que evidencie la modificaci\u00f3n de lo decidido por el a quo en perjuicio del apelante. <\/p>\n
Al respecto, se ha sostenido que en la parte resolutiva del fallo es <\/p>\n
Pues bien, en este caso el recurrente no emprendi\u00f3 la labor de cotejo que permitir\u00eda identificar aquella determinaci\u00f3n de segundo grado que agrav\u00f3 su situaci\u00f3n en comparaci\u00f3n con la sentencia de primera instancia, ejercicio del que tendr\u00eda que desprenderse con nitidez que la del ad quem modific\u00f3 lo decidido en perjuicio del apelante \u00fanico, imponiendo cargas mayores o comprometiendo sus intereses m\u00e1s all\u00e1 de lo inicialmente decidido. <\/p>\n
Como si fuera poco, las decisiones de ambas instancias fueron adversas al recurrente, pues tanto el juzgado de primer grado como la colegiatura ad quem desestimaron sus alegaciones. De ah\u00ed que sea inviable sostener que en segunda instancia se hubiera desmejorado su posici\u00f3n al haberse manifestado que acudi\u00f3 al proceso en virtud del llamamiento de los indeterminados, pues dicha afirmaci\u00f3n no modific\u00f3 la fallida suerte de la intevenci\u00f3n del recurrente. <\/p>\n
En tal virtud, la \u00faltima censura no cumple con la exigencia de demostrar el yerro in procedendo alegado, toda vez que, al ser confirmada \u00edntegramente la sentencia de primer grado, no se presentaron modificaciones en segunda instancia que hubieran causado un perjuicio diferente al que se consolidara en la primera. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no cumplen con las exigencias formales contenidas en el estatuto procesal, se impone la inadmisi\u00f3n de la demanda en referencia, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Guillermo Jos\u00e9 Castillo Ram\u00edrez frente a la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad promovido por Pablo Argemiro Monta\u00f1ez. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Es importante resaltar que en este caso no se accion\u00f3 para la sucesi\u00f3n o contra la sucesi\u00f3n, pues de ser as\u00ed el an\u00e1lisis tendr\u00eda que abordarse desde la \u00f3ptica de la capacidad para ser parte, en virtud de lo establecido en sentencia CSJ SC2215-2021, 9 jun. La sucesi\u00f3n no estaba vinculada al proceso de filiaci\u00f3n ni en \u00e9l se discut\u00eda la representaci\u00f3n de la masa herencial, en tal virtud, el demandado fue vinculado como heredero determinado del presunto padre extramatrimonial fallecido, en atenci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 7 de la Ley 75 de 1968, conforme al cual, \u00abmuerto el presunto padre la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la paternidad natural podr\u00e1 adelantarse contra sus herederos y su c\u00f3nyuge\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 MURCIA BALL\u00c9N Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. Ediciones Jur\u00eddicas Gustavo Ib\u00e1\u00f1ez, Cuarta Edici\u00f3n, Bogot\u00e1, 1996, p\u00e1g 545. <\/p>\n
3\u0002 Conforme al cual los hechos alegados deben corresponder cabalmente a una de las causales previstas en el ordenamiento ritual como motivo de anulaci\u00f3n, siendo improcedente invalidar la actuaci\u00f3n por eventos distintos a los taxativamente previstos, pues no hay anulabilidad sin texto expreso que la consagre. <\/p>\n
4\u0002 En cuya virtud debe existir un inter\u00e9s en el recurrente que alega la nulidad, cuya configuraci\u00f3n se supedita a que se verifique una efectiva lesi\u00f3n de las garant\u00edas procesales de quien la propone. <\/p>\n
5\u0002 Conforme a la cual es necesario que la irregularidad alegada lesione el debido proceso de manera franca y severa, descartando la sanci\u00f3n respecto de actuaciones que, aunque informales, no menoscaban garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
6\u0002 Principio seg\u00fan el cual el vicio se conjura \u2013salvo que se trate de aquellas de car\u00e1cter insaneable\u2013 si no se propone oportunamente, ante la aquiescencia ya sea expresa o t\u00e1cita del potencial afectado, o si se cumplen los fines del acto adjetivo sin menoscabo del derecho de defensa. <\/p>\n
7\u0002 Al respecto, ver CSJ SC3712-2021, 25 ago., y SC845-2022, 25 may. <\/p>\n
8\u0002 Si bien el apoderado del se\u00f1or Guillermo Castillo Ram\u00edrez present\u00f3 escrito de reposici\u00f3n, este fue extempor\u00e1neo, y, por ende, no fue tenido en cuenta por el a quo. <\/p>\n
9\u0002 CSJ AC, 7 dic. 2001, rad. 1999-0482; reiterado en AC8716-2017. <\/p>\n
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AC1926-2023 (2018-00181-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC1926-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15759-31-84-002-2018-00181-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}