AC2172-2023 (2019-00240-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2172-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 19573-31-84-001-2019-00240-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante frente al auto de 2 de mayo de 2023, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto contra el fallo de 28 de febrero del mismo a\u00f1o. Ello, con ocasi\u00f3n del proceso verbal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y de existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, promovido por los aqu\u00ed recurrentes en contra de Nimia, Danilo y Rodelfi Bonilla Escobar, Stella, Ignacio, Jos\u00e9 Antonio y Jhuliana Bonilla Rojas, y los herederos indeterminados de Ignacio Bonilla Viafara y Ana Ruth Chara. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas Dionisia Carabal\u00ed y Teresa Rojas Bola\u00f1os. <\/p>\n
1. Petitum: los demandantes pidieron que se declare que entre Ignacio Bonilla Viafara y Ana Ruth Chara existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 1\u00ba de enero de 1962 hasta 10 de junio de 2001. En consecuencia, instaron a la declaratoria, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial dimanada durante el mismo lapso. <\/p>\n
2. Causa petendi: en sustento de sus s\u00faplicas, los actores se\u00f1alaron que desde el 1\u00ba de enero de 1962 Ignacio Bonilla Viafara y Ana Ruth Chara \u00abdecidieron conformar una vida estable, permanente y singular, con mutua ayuda tanto econ\u00f3mica como espiritual al extremo de comportarse p\u00fablicamente (exteriormente) como marido y mujer\u00bb. Manifestaron que producto de la uni\u00f3n marital fueron procreados ocho hijos, todos mayores de edad. Asimismo, se\u00f1alaron que el patrimonio social estuvo conformado por el inmueble identificado con FMI 124-77341, el cual fue adquirido a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica No. 251 del 5 de diciembre de 1986. Afirmaron que la relaci\u00f3n perdur\u00f3 hasta el 10 de junio de 2001, fecha en la cual muri\u00f3 la se\u00f1ora Chara2. <\/p>\n
3. Intervenci\u00f3n excluyente3: Dionisia Carabal\u00ed, en su condici\u00f3n de interviniente ad excludendum, present\u00f3 demanda para que se declarara que entre ella y el se\u00f1or Bonilla Viafara hab\u00eda existido una uni\u00f3n marital de hecho desde 1980 hasta el 28 de marzo de 2014, calenda en la que falleci\u00f3 este \u00faltimo4. De igual forma, contest\u00f3 libelo inicial solicitando que se denegaran las pretensiones incoadas y proponiendo como excepciones de m\u00e9rito \u00abinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00ababuso del derecho\u00bb y la \u00abinnominada\u00bb5. <\/p>\n
4. Sentencia de primera instancia: el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Tejada -Cauca- -con prove\u00eddo del 22 de febrero de 2022-6 declar\u00f3 probada la uni\u00f3n marital de hecho entre Ignacio Bonilla Viafara y Ana Ruth Chara desde el 1\u00ba de enero de 1962 hasta el 10 de junio de 2001; sin embargo, encontr\u00f3 acreditada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n patrimonial y, en consecuencia, no reconoci\u00f3 la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes. Asimismo, decret\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre Ignacio Bonilla Viafara y Dionisia Carabal\u00ed desde el 2002 hasta el 25 de marzo de 2014. <\/p>\n
5. Fallo de segundo grado: la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n -con providencia del 28 de febrero de 2023-7 desat\u00f3 la alzada parcial impetrada por los demandantes. En este sentido, confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia. Sin embargo, modific\u00f3 el numeral sexto de la decisi\u00f3n apelada en \u00ablo atinente a la declaraci\u00f3n efectuada por la funcionaria, respecto de los inmuebles identificados con la M.I. 124-23941 y 124-23943\u00bb, comoquiera que todo lo relacionado con los bienes que componen el haber social debe ser tratado \u00abal momento de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Contra esta decisi\u00f3n los actores presentaron solicitud de adici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso8. No obstante, el remedio fue denegado a trav\u00e9s de auto del 21 de marzo ulterior9. <\/p>\n
6. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 el extremo activo10. <\/p>\n
7. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: Mediante prove\u00eddo de 2 de mayo de 202311, el ad quem neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario. Para el efecto, adujo que la sentencia confutada confirm\u00f3 la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho conformada entre Ana Ruth Chara e Ignacio Bonilla Viafara, por lo tanto, qued\u00f3 \u00absatisfecha aquella pretensi\u00f3n de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, enrostr\u00f3 que si bien \u00aben el recurso de apelaci\u00f3n se elevaron reparos contra la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada entre Dionisia Carabali e Ignacio Bonilla Viafara\u2013 buscado derruir la declaraci\u00f3n efectuada en primera instancia\u00bb, lo cierto es que la parte recurrente \u00abpersigue que se declare la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes Ana Ruth Chara e Ignacio Bonilla Viafara, y por lo tanto, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n se circunscribe al aspecto patrimonial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para determinar el justiprecio de la resoluci\u00f3n desfavorable para recurrir en casaci\u00f3n, ilustr\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se tendr\u00e1 en cuenta el valor del bien inmueble relacionado en la demanda [hecho sexto], y que integrar\u00eda el haber social, respecto del cual, el recurrente no alleg\u00f3 un dictamen a fin de establecer el valor del mismos; raz\u00f3n por la que se acudir\u00e1 a los elementos de juicio que obran en el expediente. (\u2026) el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n corresponde al valor del \u00fanico bien inmueble (\u2026) cuyo valor, seg\u00fan el contenido del referido instrumento p\u00fablico, se pact\u00f3 en DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000); precio que se aclara, tampoco corresponde actualizar de oficio al Tribunal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, concluy\u00f3 que el agravio econ\u00f3mico ocasionado a los recurrentes no supera el monto se\u00f1alado en el art\u00edculo 338 del CGP. <\/p>\n
8. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso la parte demandante12. En soporte, acotaron que, el ad quem \u201cincurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico\u201d \u00abal interpreta erradamente el inter\u00e9s del casacionista, la oposici\u00f3n frente a la demanda de reconvenci\u00f3n, los recursos presentados en debida forma frente a la Declaratoria de la Uni\u00f3n Marital de Hecho declarada en primera instancia y confirmada por el AD QUEM entre el se\u00f1or IGNACIO BONILLA VIAFARA (Q.E.P) y la se\u00f1ora DIONISIA CARABALI, durante el periodo desde el a\u00f1o 2002 hasta el 25 de marzo del a\u00f1o 2014. Cumpliendo as\u00ed con el requisito exigido por la Ley para recurrir en recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cPar\u00e1grafo \u00fanico del numeral 3 del Art. 334 del CGP\u201d\u00bb. Asimismo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abincumbe a los herederos hijos del se\u00f1or IGNACIO BONILLA VIAFARA (Q.E.P.) que no se declare la uni\u00f3n marital de hecho con la se\u00f1ora DIONISIA CARABALI, porque la misma no se configur\u00f3, naci\u00f3 ni de hecho ni de derecho\u00bb. <\/p>\n
Coligiendo, que \u00abde conformidad con el Art. 338 del CGP est\u00e1 demostrado que el inter\u00e9s en recurrir no se soporta en la parte patrimonial por la que se deba probar la cuant\u00eda como erradamente lo cita el AD QUEM, sino en la excepci\u00f3n que verse sobre el estado civil, frente a la Declaratoria de Uni\u00f3n Marital de Hecho entre el se\u00f1or IGNACIO BONILLA VIAFARA (Q.E.P) y la se\u00f1ora DIONISIA CARABALI, por que (sic) en ese caso ser\u00eda el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
9. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 25 de mayo hoga\u00f1o13. El ad quem, en lo medular, insisti\u00f3 en los motivos expresados en la providencia recurrida. No obstante, ilustr\u00f3 que habiendo sido declarada la uni\u00f3n marital de hecho entre Ruth Chara y Bonilla Viafara desde el 1\u00ba de enero de 1962 hasta el 10 de junio de 2001, es evidente que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en ning\u00fan modo podr\u00e1 extenderse en el tiempo dicho l\u00edmite temporal, ni sobreponerse a la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho conformada entre Dionisia Carabali e Ignacio Bonilla Viafara, reconocida a partir del a\u00f1o 2002 y hasta el 25 de marzo de 2014, siendo \u00e9sta \u00faltima, posterior al deceso de la se\u00f1ora Ana Ruth Chara, y en tal virtud, la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho conformada entre Ignacio y Dionisia, en nada afecta las pretensiones de los demandantes, desde el punto de vista del estado civil\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
A su turno, trat\u00e1ndose de los efectos patrimoniales, adujo que <\/p>\n
\u00abDistintos, son los efectos patrimoniales que se proyectan de tal declaraci\u00f3n, y que eventualmente afecta a los demandantes, como herederos del se\u00f1or Ignacio Bonilla Viafara, e interesados en los bienes llamados a integrar la masa sucesoral, entre ellos, los inmuebles con matr\u00edcula inmobiliaria No. 12-23941 y 124-2394314 [no siendo posible, fijar un valor diferente, al antes se\u00f1alado, respecto del \u00faltimo predio], respecto de los cuales, el apelante no acredit\u00f3 el valor de los mismos, a fin de establecer el quantum requerido para recurrir en casaci\u00f3n. Sin m\u00e1s consideraciones, como la sentencia de segundo grado no causa a los demandantes ning\u00fan agravio, en relaci\u00f3n con el estado civil, que se declar\u00f3 conforme lo solicitado, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n de la parte actora, ser\u00e1 esencialmente econ\u00f3mico, y no alcanzando los 1.000 SMLMV (\u2026)\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine si el prove\u00eddo impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado al ordenamiento. <\/p>\n
2. Pues bien, al tenor del canon 333 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de casaci\u00f3n se distingue por su car\u00e1cter extraordinario. A su turno, los requisitos para que el fallo pueda ser acusado ante la Corte, se circunscriben a sentencias emitidas por los Tribunales Superiores, en \u00absegunda instancia\u00bb, \u00aben toda clase de procesos declarativos\u00bb; \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, y \u00ablas dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil recae, \u00fanicamente, en las de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 338 ibidem agrega que, si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas, el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales, el art\u00edculo 339 ejusdem impone que, cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb; disposici\u00f3n que consagra una carga para aqu\u00e9l de demostrar el quantum del detrimento que le ocasiona la providencia, simult\u00e1neamente con la radicaci\u00f3n del embate, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo. En tal caso, ser\u00e1 tarea del funcionario constatarlo, sin que le est\u00e9 autorizado decretar pruebas adicionales a las existentes. <\/p>\n
De cualquier forma, la fijaci\u00f3n del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es, la fecha de la decisi\u00f3n cuestionada, y contar con bases susceptibles de verificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En los pleitos sobre la declaraci\u00f3n de uniones maritales, se distingue la faceta relacionada con el estado civil del aspecto patrimonial. De ah\u00ed que la inconformidad de los recurrentes en esta senda, cuando gira en torno de la perspectiva econ\u00f3mica, deviene indispensable acreditar el justiprecio para la concesi\u00f3n del recurso (Ver: CSJ AC5483- 2019, AC2840-2020, entre otros). <\/p>\n
4. Ahora bien, el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala revela que la inconformidad de los impugnantes gravita alrededor de los efectos patrimoniales que puede suscitar no haber reconocido la sociedad patrimonial entre Ana Ruth Chara e Ignacio Bonilla Viafara, pero s\u00ed la surgida entre Dionisia Carabal\u00ed y aquel. No obstante, lo anterior, si bien los recurrentes tratan de derruir la declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho entre el se\u00f1or Ignacio Bonilla Viafara y Dionisia Carabal\u00ed, lo cierto es que no basta con alegarse la existencia o no de un estado civil, sino que es requisito sine qua non tener inter\u00e9s para hacerlo. Al respecto, la doctrina especializada ha aceptado como regla general que \u00absin inter\u00e9s no procede recurso. Se trata del inter\u00e9s especial por resultar perjudicado con la providencia\u00bb14. <\/p>\n
En las mismas l\u00edneas, ha ilustrado esta Corporaci\u00f3n que <\/p>\n
\u00abEn la teor\u00eda general de los recursos, es lugar com\u00fan enfatizar en el inter\u00e9s (\u2026) que debe ostentar la parte que hace uso de ellos en un proceso judicial. Como medios de impugnaci\u00f3n de decisiones que causan agravios a la parte que los utiliza, es indudable que ella debe estar asistida de un inter\u00e9s serio, leg\u00edtimo y actual en la modificaci\u00f3n, aclaraci\u00f3n o revocaci\u00f3n de la decisi\u00f3n atacada, y por tanto, habr\u00e1 de aducir los argumentos tendientes a fundamentar su impugnaci\u00f3n en esos precisos contornos en que le es perjudicial la decisi\u00f3n, sea en la ofensa, la injusticia, o ya en el perjuicio material o moral que la decisi\u00f3n irroga. <\/p>\n
Ese inter\u00e9s, por tanto, debe manifestarse en los argumentos esgrimidos para la defensa de la posici\u00f3n del perjudicado y, en esa medida, la parte vencida con evidente inter\u00e9s de revocar la decisi\u00f3n judicial que le fue adversa debe ofrecer argumentos destinados a controvertirla en coherencia con los derechos que aduce le han sido vulnerados. (Auto 103 de 7 de noviembre de 1992, G.J. CCIV, 62, segundo semestre. Reiterado, en AC6984-2017 de 24 oct, rad. No. 11001-02-03-000-2017-02288-00)\u00bb. (CSJ AC661-2021, 1\u00ba, mar. 2021. Rad. 2015-00231). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, refulge imperioso resaltar que no les asiste inter\u00e9s a los recurrentes por cuanto la decisi\u00f3n confutada en nada los afecta desde el punto de vista del estado civil, debido a que las dos uniones declaradas no se sobreponen en el tiempo la una con la otra. Siendo menester agregar que la calenda desde la cual se entendi\u00f3 constituida la segunda uni\u00f3n es posterior al deceso de la se\u00f1ora Ruth Chara, por lo cual, de ning\u00fan modo podr\u00eda extenderse dicho l\u00edmite temporal ni solaparse. Por ello, se debe concluir que el perjuicio alegado ata\u00f1e \u00fanicamente a los efectos patrimoniales dimanados del pleito objeto de examen. <\/p>\n
Por consiguiente, le asiste raz\u00f3n al Tribunal al considerar que en el caso en concreto resultaba indispensable el justiprecio para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en el sub examine, los elementos de juicio adosados al plenario, para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado, no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, dentro del expediente no se encuentran piezas que demuestren la cuant\u00eda actual de los bienes que hace parte del haber social, salvo la escritura p\u00fablica de compraventa del inmueble identificado con FMI 124-23943 del a\u00f1o 198615, que refiere un valor de doscientos mil pesos ($ 200.000). Por ende, no es posible determinar, con los elementos obrantes en el plenario, que se alcance el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. Aunado a ello, tal aspecto no puede ser indagado oficiosamente por el Tribunal, pues \u00abel juzgador para determinar la cuant\u00eda antes referida debe limitarse a los elementos que ya reposan en el expediente, de manera, que ya no puede decretar de oficio o a solicitud de parte dict\u00e1menes periciales, por el contrario, la norma [art. 339, C. G. del P.] establece que ser\u00e1 el recurrente, si lo considera necesario, el que debe allegar el estudio correspondiente, pues al magistrado le concierne \u00fanicamente resolver de plano\u00bb (CSJ AC1173-2017, 27 feb., rad. 2016 03250, citado en AC5000-2019). <\/p>\n
6. En suma, el inter\u00e9s de los demandantes no alcanza la cuant\u00eda especificada positivamente para acceder al mecanismo extraordinario de la casaci\u00f3n, que asciende al equivalente a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para 2023, pues as\u00ed no fue acreditado. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo razonado, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas a la impugnante, por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto por los demandantes, frente a la sentencia proferida el 28 de febrero de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial ya referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas. <\/p>\n
TERCERO: DEVOLVER lo actuado al tribunal de origen, para que forme parte del expediente. Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio de Matr\u00edcula Inmobiliario que luego fue corregido, siendo el correcto el No. 124-23943. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 1-6, archivo \u201cC1CuadernoPrincipal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Art, 63 C.G.P. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 26-29, archivo \u201cC1CuadernoPrincipal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 22-25. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 62-65. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1ginas 162-202, archivo \u201cC2SegundaInstanciaCuadernoApelacionSentencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem., 224-226. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem., 228-231. <\/p>\n
11\u0002 Ibidem., 248-254. <\/p>\n
12\u0002 Ibidem., 263-265. <\/p>\n
13\u0002 Ibidem., 271-277. <\/p>\n
14\u0002 Devis Echand\u00eda, H. Teor\u00eda General del Proceso. Quinta Reimpresi\u00f3n. Editorial Temis S.A. Bogot\u00e1. 2002. P\u00e1gina 504. <\/p>\n
15\u0002 Folios 9-12, archivo \u201cC1CuadernoPrincipal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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