AC2269-2023 (2023-02495-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2269-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02495-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Corinto y Segundo Civil Municipal de Santiago de Cali, para conocer la demanda ejecutiva para la efectividad de la garant\u00eda real promovida por Javier Mina contra Sociedad Urbanos y Comerciales S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos judiciales en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 demanda ejecutiva con fundamento en el mutuo suscrito en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 028 del 6 de febrero de 2014 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Corinto, que recogi\u00f3 el gravamen hipotecario constituido sobre el inmueble denominado \u00abAmparo U1\u00bb, ubicado en el municipio de Corinto, departamento del Cauca, e identificado con el folio de matr\u00edcula n.\u00ba 124-26011 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Caloto. <\/p>\n
En el libelo el convocante invoc\u00f3 que ese juzgado era el competente por el domicilio de las partes. <\/p>\n
2. El primer juzgado cognoscente rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia territorial y lo remiti\u00f3 al fallador de Santiago de Cali, por cuanto el domicilio de la convocada se localizaba en esa ciudad (art\u00edculo 28, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento porque corresponde tramitarlo al despacho remitente, dado que se persigue la efectividad de la garant\u00eda real sobre un predio ubicado en el municipio de Corinto, Cauca. Luego, resulta aplicable el fuero privativo territorial establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra, salvo disposici\u00f3n en contrario, como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando que, si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. Empero, existen factores prevalentes sobre aquellos generales, en tanto el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u00aben los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (resaltado ajeno). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, en relaci\u00f3n con el ejercicio de \u00abderechos reales\u00bb cumple afirmar que dicho fuero tiene un car\u00e1cter exclusivo y no puede concurrir con otros, precisamente, porque su asignaci\u00f3n priva, esto es, excluye de competencia a los despachos judiciales de otros lugares. <\/p>\n
Sobre el particular, es pertinente reiterar los pronunciamientos de esta Sala, en cuanto a que: <\/p>\n
\u2026 [e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situaci\u00f3n del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegaci\u00f3n oportuna de la parte demandada mediante la formulaci\u00f3n de la correspondiente excepci\u00f3n previa o recurso de reposici\u00f3n, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, seg\u00fan la preceptiva del art\u00edculo 144, inciso final, ib\u00eddem; obvio que si as\u00ed fuera, el foro exclusivo se tornar\u00eda en concurrente, perdi\u00e9ndose la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l. (CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiterado en CSJ AC 13 feb. 2017, rad. 2016-03143-00). <\/p>\n
Dentro de ese marco conceptual, sin perjuicio de la unificaci\u00f3n del tr\u00e1mite que trajo el nuevo estatuto procesal para los procesos ejecutivos sin garant\u00eda real o con ella, se tiene que cuando sea con esa prerrogativa, vale decir, que en el cobro forzado se ejercite el derecho real de prenda o de hipoteca, es necesario aplicar el comentado fuero privativo, esto es, determinar competente, exclusivamente, al juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes objeto del respectivo gravamen, por varias razones: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, en realidad el precepto bajo estudio no distingue en cuanto al ejercicio de \u00abderechos reales\u00bb, motivo por el que deben incluirse todos los contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico vigente (art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil1 y normas concordantes), entre los cuales est\u00e1n los derechos de prenda y de hipoteca. <\/p>\n
El derecho real es definido por el citado precepto civil como aquel que se tiene sobre una cosa, sin respecto de determinada persona, noci\u00f3n sobre la cual ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u00abse trata de la idea Romana que consider\u00f3 el derecho real como la relaci\u00f3n directa entre la persona y la cosa\u00bb, y aunque se ha considerado que no puede haber una simple relaci\u00f3n entre personas y cosas, debe tomarse en cuenta que sujeto pasivo de ese atributo son las personas indeterminadas, dado su efecto de ser frente a todo el mundo (SC de 10 de agosto de 1981, GJ 2407, p\u00e1g. 486). <\/p>\n
3.2. De otro lado, la variaci\u00f3n legislativa asign\u00f3 el conocimiento de los procesos en los que se ejerzan derechos reales al lugar de la ubicaci\u00f3n de los bienes, para lograr una mejor eficacia y econom\u00eda procesal, con el fin de evitar traslados, mayores erogaciones y demoras, para los asuntos relacionados con tales derechos, porque precisamente eso es lo que emana de lo expuesto para ponencia de primer debate del proyecto de ley, donde se anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 [como] los procesos que versan sobre derechos reales pueden ser tramitados con menor esfuerzo y mayor eficacia en el lugar en donde se encuentran los bienes, sobre los cuales recaen aquellos, no se ve raz\u00f3n para que puedan ser tramitados en otro lugar, lo que implica que la competencia debe ser privativa del juez de aquel lugar y no concurrente con el del domicilio del demandado como est\u00e1 planteado en el proyecto, Conviene entonces suprimir el numeral 7 del art\u00edculo 28 y funcionarlo con el numeral 8. (Informe de Ponencia para primer debate del proyecto de ley n\u00famero 196 de 2011 C\u00e1mara, Gaceta del congreso n\u00famero 250 de 2011). <\/p>\n
Con base en las afirmaciones suscritas, se concluye que en los juicios en los que se ejerzan derechos reales, de los cuales son fiel trasunto los ejecutivos en los cuales se hace valer garant\u00eda prendaria o hipotecaria, es competente el juez del lugar donde est\u00e1n ubicados los bienes. <\/p>\n
3.3. Tal conclusi\u00f3n no merma con los fueros personal y obligacional, previstos en los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0 del citado art\u00edculo 28, que suelen concurrir para procesos ejecutivos, pues dado el car\u00e1cter imperativo y excluyente del fuero privativo, es evidente que para el ejercicio de los derechos reales de prenda e hipoteca debe seguirse el tr\u00e1mite en el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, con independencia del domicilio del demandado y del sitio de cumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
4. Por ende, carece de raz\u00f3n el Juzgado Promiscuo Municipal de Corinto al rechazar la demanda por falta de competencia territorial en raz\u00f3n del domicilio de la demandada, en cuanto en el sub examine se persigue la efectividad de la garant\u00eda real, de donde resulta forzoso aplicar el factor de atribuci\u00f3n privativo real previsto en el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n tiene soporte en lo expresado en la demanda, en la escritura p\u00fablica 028 de 6 de febrero de 2014 otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Corinto, Cauca, que recogi\u00f3 la hipoteca de primer grado constituida a favor del reclamante, sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 124-26011, denominado Amparo U1, localizado en esa misma poblaci\u00f3n, y del certificado de tradici\u00f3n y libertad de dicho inmueble. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo considerado se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Corinto, por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Promiscuo Municipal de Corinto, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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