AC2281-2023 (2016-00212-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2281-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05129-31-03-001-2016-00212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Yuber Alirio, Walter Agust\u00edn, Luz Mar\u00eda, Elida Marcela, Jes\u00fas Alberto, Luc\u00eda y Teresita de Jes\u00fas L\u00f3pez Vanegas pretenden sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia del 03 de agosto de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso divisorio que instauraron los recurrentes en contra de la sociedad Inversiones Polux Ruiz Henao S.A.S. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Los demandantes pretendieron que se decretara la divisi\u00f3n por venta del inmueble identificado con el F.M.I. n\u00fam. 001-649606, ubicado en el Paraje La Bruja o la Corrala del municipio de Caldas. A su turno, pidieron que \u00abuna vez sea decretada la divisi\u00f3n por venta en p\u00fablica subasta, t\u00e9ngase como base de postura el valor total de Cuatro Mil Novecientos millones de Pesos M\/L ($4.900.000.000) Correspondiente al Aval\u00fao que se allega a la presente demanda\u00bb. Por \u00faltimo, y habi\u00e9ndose efectuado el remate, que se dicte \u00absentencia aprobatoria y de distribuci\u00f3n del precio\u00bb entre los demandantes, en proporci\u00f3n del cincuenta por ciento (50%), e Inversiones Polux Ruiz Henao, en otro cincuenta por ciento (50%). <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
Los actores y la demandada son due\u00f1os en com\u00fan y proindiviso del inmueble identificado con F.M.I. 001-649606. Los primeros adquirieron el derecho sobre el 50% del bien en virtud de la adjudicaci\u00f3n efectuada dentro de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Humberto L\u00f3pez Arroyave. A su turno, Inversiones Polux Ruiz Henao S.A.S. \u00abadquiri\u00f3 el restante 50% por compra realizada al se\u00f1or HUMBERTO RUIZ MURILLO mediante escritura P\u00fablica n\u00famero 1044 del 03-06-2015 de la Notar\u00eda \u00danica de Caldas\u00bb. Manifestaron que el predio funciona como un parqueadero. Y que, adem\u00e1s, est\u00e1 avaluado en la suma de $4.900.000.000, seg\u00fan la experticia que se alleg\u00f3 con la demanda. Por \u00faltimo, indicaron que no desean permanecer en comunidad con la sociedad convocada1. <\/p>\n
En su contestaci\u00f3n, la sociedad manifest\u00f3 no oponerse a la divisi\u00f3n por venta. Sin embargo, rebati\u00f3 el valor asignado al fundo, \u00abpor cuanto no podr\u00e1 tomarse como base de postura el Aval\u00fao presentado por los demandantes, en tanto contiene datos inexactos y equivocados\u00bb. Por otra parte, aludi\u00f3 a la inexactitud de los linderos del lote objeto del proceso. Finalmente, inst\u00f3 al reconocimiento de mejoras. <\/p>\n
4.- Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
4.1.- El Juzgado Civil del Circuito de Caldas -Antioquia dict\u00f3 auto del 18 de febrero de 2019. En el prove\u00eddo se resolvi\u00f3 decretar la venta p\u00fablica del inmueble, tomando como aval\u00fao el presentado por la parte demandada -\u00abpero el mismo deber\u00e1 ser actualizado\u00bb2-. <\/p>\n
4.2.- Los demandantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, en el cual presentaron inconformidades, entre otras, respecto del aval\u00fao que se tuvo en cuenta. Frente a ello, la Sala Civil del Tribunal de Medell\u00edn modific\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo al advertir que \u00ab(i) al predio objeto del proceso no se le asign\u00f3 el valor por su \u201cmayor y mejor uso\u201d, pues se le dio el de $149.100.oo en vez de $171.900.oo; y, (ii) el perito no multiplic\u00f3 el precio del metro cuadrado por el del \u00e1rea de 5.758.97 -tal y como est\u00e1 en la Escritura No. 2067 del 18 de diciembre de 2014 y en el certificado de libertad y tradici\u00f3n- sino por 5.760 (metros cuadrados)\u00bb3. Por ende, resolvi\u00f3 \u00abmodificar el numeral SEGUNDO resolutivo\u00bb del antedicho auto para, en su lugar, tener como aval\u00fao del inmueble en suma de $989.966.943. <\/p>\n
4.3.- El 16 de enero del 20204, el Juez Civil del Circuito de Caldas profiri\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 adjudicar la cuota que ostentaban los demandantes en favor de Inversiones Polux Ruiz Henao S.A.S. En consecuencia, se orden\u00f3 \u00abla entrega de la suma de $488.799.465\u00bb dividida en \u00abproporci\u00f3n al porcentaje que ostenta cada uno sobre el inmueble\u00bb5. En favor de la pasiva se dictamin\u00f3 reintegrar $48.752.585, correspondiente al 50% de las mejoras reconocidas. <\/p>\n
4.4.- Inconforme, la parte activa apel\u00f3 tal determinaci\u00f3n. En s\u00edntesis, arguy\u00f3 que se le dio valor probatorio al dictamen aportado por la parte demandada \u00abque la ley no asigna a los Aval\u00faos comerciales despu\u00e9s de transcurrido un a\u00f1o\u00bb. Peritaje que es obsoleto; que \u00abcarece en todas las dimensiones de legalidad, (\u00e9ste No re\u00fane los requisitos del Decreto 1420 de 1998)\u00bb; que no hace un m\u00e9todo comparativo de mercado; en el que no se hizo valorizaci\u00f3n real del inmueble; y que presenta errores al mencionar zonas de expansi\u00f3n. En fin, se critic\u00f3 el que no exista \u00abobjetividad ni imparcialidad en el peritaje acogido por el despacho, evidentemente del aval\u00fao acogido se avizora subjetividad en pro de beneficiar con la opci\u00f3n de compra al demandante, llevando este a un detrimento patrimonial para mis prohijados demandantes, con la posici\u00f3n adoptada primero con el auto 092 y ahora en la sentencia proferida; sentencia que dar\u00e1 lugar a una lesi\u00f3n enorme en contra de los demandantes al no fijar el Justo precio del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, recrimin\u00f3 el desconocimiento del art\u00edculo 410 del C\u00f3digo General del Proceso al \u00abaceptar de forma arbitraria y caprichosa el dictamen de la parte demandada, y rechazando en consecuencia el de la parte demandante, sin ning\u00fan fundamento de orden procesal, por cuanto ni el auto proferido y menos en la sentencia relaci\u00f3n alguna a las razones de orden legal y procesal para no aceptar como v\u00e1lido el dictamen aportado\u00bb. En ese orden de ideas, considera que el Despacho debi\u00f3 decretar un tercer dictamen. <\/p>\n
4.5.- La alzada fue desatada por el Tribunal, con sentencia del 3 de agosto de 2022. All\u00ed se confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal se\u00f1al\u00f3 que la apelaci\u00f3n se centr\u00f3 exclusivamente en el aval\u00fao del bien com\u00fan. En concreto, en el hecho de que se haya considerado como tal el aportado por la demandada-compradora. Pues bien, pese a que dicha tem\u00e1tica ya fue tratada al desatarse el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que orden\u00f3 la divisi\u00f3n, considera el ad quem que es procedente \u00abresolver considerando que en la sentencia atacada resolvi\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del derecho del 50% del bien, sin analizarse lo referente al aval\u00fao\u00bb. Dicho esto, pas\u00f3 a exponer las razones por las cuales era procedente confirmar la determinaci\u00f3n de primera instancia: <\/p>\n
1.- Sent\u00f3 que lo pedido y no debatido fue la venta p\u00fablica del bien como m\u00e9todo de divisi\u00f3n. Y que, conforme al art\u00edculo 2336 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con el 414 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandada ejerci\u00f3 el derecho de compra. Por tanto, aqu\u00e9lla deb\u00eda pagarles a los otros comuneros la cuota que les correspond\u00eda, esto es, el cincuenta por ciento (50%), seg\u00fan el aval\u00fao de la cosa. <\/p>\n
2.- Dicho esto, consider\u00f3 que no era procedente dar aplicaci\u00f3n al canon 410 del C\u00f3digo General del Proceso, como lo reclam\u00f3 el apoderado de los demandantes. Y ello es as\u00ed en tanto que \u00abtal norma consagra el tr\u00e1mite para la divisi\u00f3n material propiamente dicha, donde es el art\u00edculo 411 \u00eddem el que regula la venta; y como en las presentes nos encontramos ante esta situaci\u00f3n, o sea divisi\u00f3n por venta, de la que valga recalcar as\u00ed fue deprecado, la norma aplicable es esta y no la primera como lo pretende el recurrente\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, observ\u00f3 que el art\u00edculo 411 dispone que, cuando se presenta disparidad entre los aval\u00faos presentados por las partes, es el juez el encargado de definir el precio del bien. Esto fue precisamente lo que aconteci\u00f3 en el caso en concreto, \u00abya que la parte demandante con la demanda alleg\u00f3 avalu\u00f3 del bien en cuant\u00eda de $ 4.900\u2019000.000,oo, mientras la demandada aport\u00f3 otro por $858\u2019816.000,oo, dirimi\u00e9ndose la controversia en segunda instancia mediante auto del 23 de septiembre de 2019 proferido por esta Corporaci\u00f3n, para asignarle al bien un valor de $989\u2019966.943,oo (fl. 5 archivo 14.Cuaderno apelaci\u00f3n)\u00bb. <\/p>\n
3.- A continuaci\u00f3n, destac\u00f3 que el inconformismo que plantea en el recurso interpuesto es id\u00e9ntico al que ya hab\u00eda sido elevado contra el auto que decret\u00f3 la divisi\u00f3n del bien el 18 de febrero del 2019. Por tanto, se remiti\u00f3 a la decisi\u00f3n proferida por el mismo Tribunal el 23 de septiembre del mismo a\u00f1o, \u00abprovidencia a la que debemos estarnos, considerando que le dio fin a la controversia all\u00ed planteada, encontr\u00e1ndose debidamente ejecutoriada\u00bb. Y en cuanto a la vigencia del aval\u00fao, \u00abtal situaci\u00f3n qued\u00f3 completamente superada con la orden que se dio en el auto del 24 de octubre de 2019 de actualizarlo (fl. 20. Archivo 11 Resuelve nulidad); incluso fue objeto de nueva actualizaci\u00f3n de cara al derecho de opci\u00f3n de compra ejercido por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
4.- A su vez, dado que el m\u00e9todo de actualizaci\u00f3n ordenado y llevado a cabo se encuentra revestido de legalidad, no es posible ordenar la realizaci\u00f3n de un nuevo dictamen. Esto en tanto que, conforme al art\u00edculo 411 del CGP, le corresponde al juez definir el precio del bien, \u00abatribuy\u00e9ndosele un arbitrio que de todos modos no puede salirse de lo previsto en el art\u00edculo 164 del C. G. del P. visto en armon\u00eda con el art\u00edculo 176 del mismo ordenamiento procesal\u00bb. De manera que la controversia deb\u00eda dirimirse ateni\u00e9ndose a las experticias presentadas, \u00abal encontrarse debidamente sustentado y coherente el presentado por la parte demandada, con las modificaciones advertidas en el auto que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n respecto al aval\u00fao y al cual nos hemos venido refiriendo\u00bb. Reiter\u00f3 lo indicado frente a la idoneidad del perito \u2013 la que qued\u00f3 verificada al contrastarse que este es \u00abarquitecto, avaluador, Director Ejecutivo y Coordinador del Comit\u00e9 de Aval\u00faos de la Lonja de Antioquia\u00bb y se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio-; los m\u00e9todos de valoraci\u00f3n existentes -se hizo uso del \u00abresidual\u00bb y se aludi\u00f3 a que \u00abes el perito como experto en la materia quien define cu\u00e1l es el m\u00e9todo m\u00e1s apropiado para determinar el valor real del bien, lo que en las presentes se fundament\u00f3\u00bb-. Y que el aval\u00fao comercial no distaba del catastral. <\/p>\n
5.- En lo concerniente a la oferta comercial de compra realizada el 22 de junio del 2020 por Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn, \u00abla misma no podr\u00e1 ser considerada ya que se torna extempor\u00e1nea dado que ha fenecido la oportunidad de incorporaci\u00f3n, adem\u00e1s que ri\u00f1e con lo dispuesto en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, el cual en su parte pertinente se\u00f1ala que la solicitud de pruebas se debe presentar dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6.- Finalmente, evidenci\u00f3 que el dictamen pericial presentado por la parte demandante incurre en pifias como: i) al utilizar el m\u00e9todo comparativo o de mercado, \u00aben ning\u00fan momento precisa por ubicaci\u00f3n, linderos o descripci\u00f3n los predios con los que se asemeja, como tampoco la vocaci\u00f3n que tienen los mismos para desarrollarse\u00bb. Y ii) cuando, paralelamente, aplica el m\u00e9todo residual, omite \u00abdos aspectos claves en cuanto a los retiros, uno de ronda hidrogr\u00e1fica (quebrada \u201cLa Corrala\u201d) que implica una zona sin determinar, pero m\u00e1s que ello, la del paso de instalaciones el\u00e9ctricas que implica un distanciamiento en las construcciones de cincuenta metros de la subestaci\u00f3n de energ\u00eda vecina\u00bb. Por lo que considera que es de recibo la experticia aportada por la sociedad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos, que ser\u00e1n inadmitidos, por no cumplir con los requisitos de forma exigidos por el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso para su estudio de fondo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, los impugnantes censuran la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2322, 2323, 2324, 2334, 2335, 2336, 2737, 2338 del C\u00f3digo Civil y los c\u00e1nones 13 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Aseveraron que la sentencia de segunda instancia transgredi\u00f3 tales disposiciones al otorgar validez al aval\u00fao aportado por la parte demandada, que calificaron de subjetivo y alejado de la realidad sobre el valor real del bien. En ese orden, considera que la providencia \u00abdesconoci\u00f3 la calidad que asist\u00eda a los demandantes para convertirles en simples titulares de derechos sobre un inmueble sustray\u00e9ndose a esta instituci\u00f3n sustantiva\u00bb. <\/p>\n
2. Adujeron que el ad quem transgredi\u00f3 el art\u00edculo 2334 del estatuto civil \u00aben cuanto convirti\u00f3 los derechos de los comuneros demandantes del 50%, en una adjudicaci\u00f3n a los demandados a mutuo propio\u00bb. Y ello, en tanto que la decisi\u00f3n estuvo respaldada en un peritaje \u00abparcializado, sesgado, ama\u00f1ado y subjetivo e ilegal, el cual se constituy\u00f3 en una entrega de derechos sobre todo el inmueble, desconociendo patrimonialmente los derechos de los demandantes art 58 y 13 supra, que estaban sustentados con un dictamen debidamente allegado al proceso e igualmente id\u00f3neo e integral sobre el inmueble objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. A su turno, reprocharon la violaci\u00f3n del canon 2338 del C\u00f3digo Civil, al haberse ordenado \u00fanicamente la actualizaci\u00f3n arbitraria del aval\u00fao aportado por la parte demandada. Consideran que, al aceptar equivocadamente la sola experticia allegada por la pasiva, \u00abcon el argumento extra\u00f1o de \u201cactualizar\u201d este como si dentro de un Estado de Derecho se pudiera proceder a actualizar lo ilegal, lo subjetivo, lo injusto o arbitrario o incoherente, para pretender lograr que deje de ser injusto, ilegal arbitrario o subjetivo o incoherente\u00bb. Bajo tal argumento, aseguraron que lo procedente, conforme al art\u00edculo 410 del C\u00f3digo General del Proceso, consist\u00eda en aceptar los dos dict\u00e1menes o decretar uno nuevo, \u00aben cuanto los allegados por las partes en la oportunidad procesal difer\u00edan de fondo y en sumas totalmente desproporcionadas, en cuanto no es lo mismo un avalu\u00f3 de $4.900.000.000.oo, a un avalu\u00f3 sobre el mismo inmueble de $858.816.000.oo, as\u00ed estos hubieran sido practicados en su momento procesal por peritos id\u00f3neos\u00bb. <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto, indicaron que la determinaci\u00f3n del juez de segundo grado no muestra un reconocimiento justo y proporcional de los derechos que le asist\u00edan a los demandantes. Por el contrario, implic\u00f3 una adjudicaci\u00f3n de derechos desiguales en favor de la convocada. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Erigidos en la causal segunda, los recurrentes se\u00f1alan que la sentencia de segunda instancia viol\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 2322 a 2338 del C\u00f3digo Civil y los c\u00e1nones 13 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Ello, como consecuencia de un error de derecho derivado del desconocimiento del art\u00edculo 410 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Seg\u00fan dicha norma, estimaron que el juez deber\u00e1 considerar ambos dict\u00e1menes con el fin de determinar el valor del inmueble objeto del proceso. Experticias que deber\u00e1n ser tenidas en cuenta al momento de proferir la \u00absentencia de Divisi\u00f3n y proceder a hacer el reconocimiento proporcional de los derechos de propiedad que asisten a cada parte sobre el bien inmueble\u00bb. En ese sentido, consideraron que los juzgadores no pueden convalidar el aval\u00fao presentado por una parte con desconocimiento del otro. Tal como hicieron en el caso en concreto, en donde bast\u00f3 la actualizaci\u00f3n del aportado por la parte convocada. <\/p>\n
3. Aseguraron que \u00abel hecho cierto de haber sido el dictamen presentado por un perito id\u00f3neo o no y haber utilizado los m\u00e9todos contemplados en la Resoluci\u00f3n 680\/2008, en parte alguna legitiman el error de derecho por desconocimiento de la norma probatoria que ordena tener en cuenta los dict\u00e1menes aportados por las partes y en parte alguna tener en cuenta solo uno de ellos as\u00ed haya sido realizado con los par\u00e1metros de orden legal citados\u00bb. En ese sentido, destacaron que en ninguna parte se hizo relaci\u00f3n a la validez legal del dictamen presentado por la parte demandante. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El primer cargo no cumple con los requisitos de forma exigidos por el C\u00f3digo General del Proceso para su admisibilidad. Tal como pasa a verse: <\/p>\n
1.1. Examinado el motivo de casaci\u00f3n, se advierte que los censores incurrieron en hibridismo de causales. En efecto, pese a haber construido el cargo bajo la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, lo cierto es que elevaron consideraciones f\u00e1cticas, inadmisibles en el motivo esbozado. El desarrollo del embate debe circunscribirse \u00aba la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender o extenderse a la materia probatoria\u00bb, pues aquellas son propias la causal segunda de impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
1.2. La cr\u00edtica se encuentra dirigida a mostrar que la providencia se profiri\u00f3 con fundamento en un \u00abaval\u00fao parcializado, sesgado, ama\u00f1ado y subjetivo e ilegal, el cual se constituy\u00f3 en una entrega de derechos sobre todo el inmueble\u00bb. Con lo cual, consideraron que se desconocieron patrimonialmente sus derechos fundamentales, \u00abque estaban sustentados con un dictamen debidamente allegado al proceso e igualmente id\u00f3neo e integral sobre el inmueble objeto del proceso\u00bb. De este modo, una y otra vez arguyen que el sentenciador de segundo grado transgredi\u00f3 su derecho de propiedad al reconocer como v\u00e1lido un aval\u00fao que, a su juicio, es subjetivo y \u00abalejado de la realidad sobre el valor real del mismo\u00bb. <\/p>\n
V\u00e9ase que los impugnantes efect\u00faan \u00fanicamente consideraciones relacionadas con la \u00f3rbita probatoria, en tanto que el reproche se dirige a demostrar c\u00f3mo se fall\u00f3 con fundamento en un medio probatorio que, a su juicio, no cumple con los est\u00e1ndares de prueba exigidos por la legislaci\u00f3n adjetiva. Una probanza que descalifican como ilegal, subjetiva, injusta, arbitraria o incoherente. No obstante, como ya se dijo, tal ejercicio es inadmisible bajo la causal primera de casaci\u00f3n, la cual debe circunscribirse \u00fanicamente a aspectos de \u00edndole jur\u00eddico, sin que puedan elevarse consideraciones en torno a la manera en que el ad quem valor\u00f3 las pruebas que le sirvieron de fundamento para proferir el fallo impugnado. Seguidamente, la confusi\u00f3n en el desarrollo de la causal se agudiza. En efecto, se\u00f1al\u00f3 que el juez colegiado debi\u00f3 aplicar el art\u00edculo 410 del C\u00f3digo General del Proceso y \u00abaceptar las dos experticias u ordenar uno nuevo en cuanto los allegados por las partes en la oportunidad procesal difer\u00edan de fondo y en sumas totalmente desproporcionadas, en cuanto no es lo mismo un avalu\u00f3 de $4.900.000.000.oo, a un avalu\u00f3 sobre el mismo inmueble de $858.816.000.oo, as\u00ed estos hubieran sido practicados en su momento procesal por peritos id\u00f3neos\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, posteriormente, cuestionan la pretermisi\u00f3n del dictamen pericial aportado por la parte demandada. Error de hecho, que debe ser elevado bajo la causal segunda de casaci\u00f3n. Al respecto, se asever\u00f3 que <\/p>\n
\u00abLa sentencia en contrav\u00eda de las normas sustantivas que regulan la existencia de la comunidad formada por varios propietarios y establecida en las normas citadas y el arts.58-13 de la CPN hizo un desconociendo absoluto del avalu\u00f3 del inmueble aportado por los demandados [los demandantes], y en efecto no existi\u00f3 un pronunciamiento m\u00ednimo en la sentencia objeto de CASACION sobre la calidad del mismo y su validez de orden legal; luego no existe explicaci\u00f3n alguna para haber acogido quebrantando los derechos sustantivos de la parte demandante solo el dictamen aportado por los demandados, en cuanto igual derecho le asist\u00eda a los demandantes; este desconocimiento del avalu\u00f3 aportado a la demanda signific\u00f3 el quebranto directo de las normas sustantivas sobre el derecho de propiedad que asiste a los comuneros debidamente respaldas en la normatividad supra de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional, quebranto absoluto de la norma sustantiva que configur\u00f3 a su vez un beneficio injusto e ilegal en favor de los demandados que ten\u00edan igual derecho pero en parte alguno mejor o prevalente\u00bb. <\/p>\n
2. Como se sabe, la violaci\u00f3n directa aparece cuando se transgreden normas sustanciales por errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados. Compete al recriminador \u00abcentrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del fallador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb6. Esto es, cuando se censure una sentencia por la causal primera, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, el recurrente deber\u00e1 demostrar cu\u00e1les textos legales sustanciales resultaron inaplicados o aplicados indebida o err\u00f3neamente interpretados. En una palabra, se observa la mixtura de causales, porque se se\u00f1alaron consideraciones f\u00e1cticas en torno al aval\u00fao del inmueble objeto de divisi\u00f3n y se disput\u00f3 el ejercicio probatorio de los dict\u00e1menes periciales. <\/p>\n
3.- El segundo cargo adolece de falta de completitud. En s\u00edntesis, el gestor aduce la violaci\u00f3n indirecta de ciertas normas sustanciales, como consecuencia de error de derecho por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 410 del C\u00f3digo General del Proceso, al haber fundado su fallo \u00fanicamente en el dictamen pericial actualizado -aportado por la parte demandada-. Omitiendo, con tal proceder, la valoraci\u00f3n del peritaje allegado con la demanda, en clara inaplicaci\u00f3n de la orden contenida en el aludido mandato probatorio. <\/p>\n
3.1.- El embate es incompleto porque omiti\u00f3 derruir todos los pilares bajo los cuales se fundamenta la sentencia de segunda instancia. En efecto, no se combati\u00f3 el raciocinio por el cual el ad quem decidi\u00f3 no aplicar el canon 410 del C\u00f3digo General del Proceso. Para, en su lugar, aludir al art\u00edculo 411 de ese cuerpo normativo. Ciertamente, la premisa que exponen los impugnantes en esta oportunidad ya hab\u00eda sido puesta a consideraci\u00f3n del juez de segundo grado al momento de proponer y sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. En aquella ocasi\u00f3n, los recurrentes adujeron: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) deber\u00e1 quedar establecido, que la sentencia no respeto la norma procesal, en cuanto all\u00ed se establece que se proferir\u00e1 sentencia \u201c\u2026en que se determinar\u00e1 como ser\u00e1 partida la cosa teniendo en cuenta los dict\u00e1menes aportados por las partes\u201d, significando en efecto que un asunto es el auto que ordena la partici\u00f3n de la propiedad sobre el cual se pronunci\u00f3 la Sala Unitaria y otro es la sentencia en cuanto se debe en esta establecer que la partici\u00f3n lo es teniendo en cuenta los dict\u00e1menes aportados por las partes, asunto que el despacho desconoci\u00f3 al aceptar de forma arbitraria y caprichosa el dictamen de la parte demandada, y rechazando en consecuencia el de la parte demandante, sin ning\u00fan fundamento de orden procesal, por cuanto ni el auto proferido y menos en la sentencia relaci\u00f3n alguna a las razones de orden legal y procesal para no aceptar como valido el dictamen aportado\u00bb7. <\/p>\n
Reproche que fue desestimado por el propio Tribunal, al explicar que <\/p>\n
\u00abPrecisado que el recurso en estudio est\u00e1 delimitado al aval\u00fao considerado para la divisi\u00f3n por venta del bien, cuestion\u00e1ndose que debi\u00f3 darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 410 del C. G. del P., y tenerse en cuenta los dict\u00e1menes aportados por ambas partes, punto este que se despacha negativamente indicando que tal norma consagra el tr\u00e1mite para la divisi\u00f3n material propiamente dicha, donde es el art\u00edculo 411 \u00eddem el que regula la venta; y como en las presentes nos encontramos ante esta situaci\u00f3n, o sea divisi\u00f3n por venta, de la que valga recalcar as\u00ed fue deprecado, la norma aplicable es esta y no la primera como lo pretende el recurrente. <\/p>\n
Establece el art\u00edculo 411 en cita, que cuando se presenta disparidad entre los aval\u00faos presentados por las partes, es el juez quien definir\u00e1 el precio del bien\u00bb. <\/p>\n
Pese a lo anterior, tal argumento no fue cuestionado por los casacionistas, quienes critican nuevamente la falta de aplicaci\u00f3n del canon 410 del C\u00f3digo General del Proceso. Cuando, como ya lo estudi\u00f3 el ad quem, tal norma no estaba llamada a regular la controversia. Por tanto, el embate queda sin sustento: no fue cuestionada tal argumentaci\u00f3n ni se demostr\u00f3 yerro del sentenciador en la aplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n. <\/p>\n
3.2.- Por otro lado, insiste en que \u00aben parte alguna se hace relaci\u00f3n a la validez legal del dictamen presentado por la parte demandante, y se resalta esta falencia de la sentencia del ad-quem, en cuanto en parte alguna hizo el mismo an\u00e1lisis que realiz\u00f3 sobre el dictamen aportado por los demandados, asunto que con m\u00e1s protuberancia se puede concluir el desconocimiento procesal al dejar de valorar el dictamen de la parte demandante de igual o semejante forma como se hizo con el aportado por los demandados y luego haber procedido por el juez como ordena la norma procesal quebrantada\u00bb. Tal argumento implica un entremezclamiento entre los dos tipos de errores existentes bajo el alero de la segunda causal de casaci\u00f3n. Ciertamente, pese a que se aduce la incursi\u00f3n en un error de derecho por inaplicaci\u00f3n del canon 410 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que el reparo revela un error de hecho por pretermisi\u00f3n de un medio suasorio -un peritaje-. Tal hibridismo es inadmisible, en tanto que <\/p>\n
\u00ab(…) la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores [de hecho y de derecho, se aclara] no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026). Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n (…) pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad\u00bb8. <\/p>\n
Por otro lado, se advierte que no es cierto que el ad quem haya omitido valorar el dictamen pericial aportado con la demanda. Y es que el sentenciador de segundo grado \u00fanicamente tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la experticia allegada por la pasiva, porque el estudio de los demandantes incurre en diferentes pifias: i) \u00abal utilizar el m\u00e9todo comparativo o de mercado, en ning\u00fan momento precisa por ubicaci\u00f3n, linderos o descripci\u00f3n los predios con los que se asemeja, como tampoco la vocaci\u00f3n que tienen los mismos para desarrollarse (v. gr. residencial, industrial, institucional etc.), cuesti\u00f3n que en ese sentido imposibilita confrontar la experticia. De ah\u00ed que el m\u00e9todo utilizado carezca de \u201csolidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos\u201d, tal como se desprende del art\u00edculo 232 del C. G. del P.\u00bb. Y, ii) \u00abcuando paralelamente al anterior aplica el m\u00e9todo residual, indica que los 5758,97 metros cuadrados pueden construirse, omitiendo dos aspectos claves en cuanto a los retiros\u00bb. Sin embargo, en aparte alguna de la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario se criticaron tales consideraciones. Simplemente, se adujo la falta de apreciaci\u00f3n de un medio de prueba que, se insiste, fue descartado por el Tribunal ante serias deficiencias. Valoraci\u00f3n que de ninguna manera fue cuestionada por los impugnantes extraordinarios. <\/p>\n
4. En s\u00edntesis, los cargos habr\u00e1n de ser inadmitidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda de casaci\u00f3n presentada por Yuber Alirio, Walter Agust\u00edn, Luz Mar\u00eda, Elida Marcela, Jes\u00fas Alberto, Luc\u00eda y Teresita de Jes\u00fas L\u00f3pez Vanegas para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia del 03 de agosto de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00ab02. Demanda y anexos 2016-00212\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00ab09. Audiencia 2016-00212\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab14. Cuaderno apelaci\u00f3n 02\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 36 del PDF \u00ab11. Resuelve nulidad 2016-00212\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 40 del PDF \u00ab11. Resuelve nulidad 2016-00212\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. n\u00b0 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. n\u00b0 2000-00896-01. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1gina 4 del PDF \u00ab22MemorialSustentacion\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 AC219-2017. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2281-2023 (2016-00212-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC2281-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05129-31-03-001-2016-00212-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}