AC2328-2023 (2023-03045-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2328-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03045-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva \u2013 Huila y Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, transitoriamente Juzgado Sesenta y Cuatro de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Constructora Berdez II S.A.S., por conducto de su apoderado, instaur\u00f3 demanda ejecutiva contra Gustavo Zafra Reyes con el prop\u00f3sito de obtener el recaudo del canon de arrendamiento causado en junio de 2022, m\u00e1s los intereses de mora y el monto convenido como sanci\u00f3n penal en el contrato de arrendamiento suscrito el 17 de agosto de 2021, respecto del local comercial ubicado en la Calle 47 Carrera 8 Barrio Ipanema de Neiva, Huila. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de aquella locaci\u00f3n, al recibir el petitum, lo rechaz\u00f3 y dispuso su remisi\u00f3n a sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, arguyendo que \u00abel domicilio del demandada (sic) es la ciudad de Bogot\u00e1 (\u2026) de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo general del Proceso\u00bb [Archivo digital: 003 demandaanexos26.pdf]. <\/p>\n
Dicha postura la mantuvo al resolver la reposici\u00f3n planteada por la interesada, pues consider\u00f3 el citado despacho que, \u00absi bien es cierto el objeto del contrato de arrendamiento materia de ejecuci\u00f3n se desarrolla en la ciudad de Neiva, atendiendo que el inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Neiva, las partes en ejercicio de la autonom\u00eda contractual no establecieron que las obligaciones derivadas del contrato se cumplieran en la ciudad de Nieva, tales como el pago del canon de arrendamiento entre otras obligaciones, por lo que la competencia para conocer del presente proceso debe delimitarse por el factor territorial y por tanto por el fuero general de competencia establecido en numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como lo es el domicilio del demandado\u00bb, [folios 14 y 15 archivo digital \u201c003Demandaanexos26\u201d]. <\/p>\n
4. El Juez Ochenta y Dos Civil Municipal, transitoriamente Juzgado Sesenta y Cuatro de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta capital tambi\u00e9n rehus\u00f3 asumir el conocimiento del coercitivo, aduciendo que \u00abal tratarse de un proceso que tiene fundamento en un acto jur\u00eddico de alcance bilateral, fue la parte demandante quien en uso de la facultad que le confiere el ordenamiento procesal, decidi\u00f3 presentar la demanda ante el Juez del cumplimiento del contrato de arrendamiento que pretende ejecutarse\u00bb. Basado en esas premisas, dispuso el env\u00edo del expediente a esta Corporaci\u00f3n [archivo digital \u201c004demandaanexos26\u201d]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Conforme al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, el numeral 3\u00ba del mismo canon precept\u00faa que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos est\u00e1 radicada en el lugar de domicilio del demandado, salvo cuando se trate de juicios originados en un negocio jur\u00eddico, o, en los que involucren t\u00edtulos ejecutivos, pues, en tales eventos, es competente, adem\u00e1s, el juez del lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n all\u00ed contenida; en otras palabras, cuando concurran los factores de asignaci\u00f3n acabados de referir, contrario a lo argumentado por el funcionario primigenio, el actor est\u00e1 facultado para optar por cualquiera de los dos eventos mencionados, dado que no existe competencia privativa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u2018alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u2019 (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00)\u00bb (CSJ AC1439-2020, 13 jul., rad. 2020-00875-00, criterio reiterado en AC091-2023, 31 en., rad. 2023-00272-00). <\/p>\n
4. En el sub-lite, no hay duda en que el litigio planteado por la gestora va dirigido a obtener el cobro de una obligaci\u00f3n dineraria derivada de un contrato de arrendamiento, instrumento que presta m\u00e9rito ejecutivo, por manera que, para la fijaci\u00f3n del juez natural, concurr\u00edan dos fueros, esto es, el general que prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., as\u00ed como el especial contemplado en el ordinal 3\u00ba ibidem. <\/p>\n
Ante esa disyuntiva, la actora prefiri\u00f3 radicar la causa en Neiva, aduciendo que deb\u00eda aplicarse el \u00faltimo lineamiento, debido a que el contrato se ejecuta en dicha urbe, de ah\u00ed que, una vez la interesada eligi\u00f3 al fallador de esta localidad y formul\u00f3 su demanda, el funcionario seleccionado estaba compelido a impartir la tramitaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto una de las principales caracter\u00edsticas del contrato de arrendamiento es su car\u00e1cter bilateral, lo que significa que las partes se obligan rec\u00edprocamente \u00abla una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado\u00bb (art. 1973 C.C.), esto es, que en regla de principio existe paridad de obligaciones, a cargo de cada uno de los intervinientes, siendo la principal o fundamental -trat\u00e1ndose de arrendamiento de inmuebles- permitir el goce de la cosa arrendada, ya que este \u00abconstituye un instrumento t\u00e9cnico que el derecho proporciona para hacer posible que quien requiere servirse de una cosa que no puede adquirir como due\u00f1o o simplemente no desea adquirir con tal car\u00e1cter, obtenga ese servicio y satisfaga as\u00ed su necesidad tomando en arrendamiento la cosa requerida\u00bb1 . <\/p>\n
Por su parte, el numeral tercero del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, determina que en los procesos originados en un negocio jur\u00eddico \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, de donde emerge palmario que la norma no restringi\u00f3 aquella selecci\u00f3n a una especifica prestaci\u00f3n, sino que la extendi\u00f3 a cualquiera de las derivadas de dicho negocio. <\/p>\n
Significa esto que, en casos como el examinado, en donde se trata de un contrato de arrendamiento que, como se dijo, contiene prestaciones reciprocas a cargo de los contratantes, resulta competente el juez del lugar donde se deba cumplir cualquiera de estas, no necesariamente la que se pregone incumplida. <\/p>\n
En ese orden, si en el sub examine el pleito se origina por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento celebrado en la ciudad de Neiva para la entrega de un inmueble ubicado en esa urbe, al margen que el arrendatario se hubiera obligado al pago del canon mediante transferencia bancaria, nada obsta para que all\u00ed se diriman las contiendas jur\u00eddicas que con ocasi\u00f3n de este se susciten, como ser\u00eda el concerniente a la restituci\u00f3n del predio, el cobro de los c\u00e1nones adeudados, la cl\u00e1usula penal pactada o eventuales perjuicios. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed, es dable colegir, que estuvo equivocado el juez de Neiva al declinar su competencia con el pretexto de que el domicilio del demandado es la ciudad de Bogot\u00e1, pues como se vio, el actor ten\u00eda en su haber la potestad de escoger entre dos fueron legalmente habilitados, el general para los juicios contenciosos y el especial propio de los asuntos derivados de un negocio jur\u00eddico, y como quiera que en este caso el actor opt\u00f3 por este \u00faltimo \u00abpor el cumplimiento de las obligaciones\u00bb, al satisfacerse como se vio el supuesto exigido en la norma no pod\u00eda el funcionario modificar un acto procesal de parte, efectuado con sujeci\u00f3n a los preceptos legales. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, al dirimir una colisi\u00f3n semejante, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Entonces, casi no hay que decirlo, la aspiraci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda precursora fue radicar la causa petendi en la circunscripci\u00f3n territorial donde los contendores v\u00e1lidamente acordaron la ejecuci\u00f3n de una de las prestaciones derivadas del compromiso, lo cual no debe desconocerse, pues en ese instrumento se encuentra manifestada la voluntad de los negociantes en torno al sitio donde deb\u00eda procurarse la consumaci\u00f3n de una de las obligaciones (CSJ AC014-2023, 17 en., rad. 2022-04403-00). <\/p>\n
5. En consecuencia, si con fundamento en las prerrogativas que la ley le otorga, la promotora escogi\u00f3 a los falladores de Neiva porque el convenio base del litigio, valga decir, arrendamiento comercial de bien inmueble se ejecuta en dicha locaci\u00f3n [folios 8 a 12, archivo digital \u201c003Demandaanexos26\u201d] es el juzgador de ese lugar y no el capitalino, quien debe asumir el conocimiento, como en efecto se dispondr\u00e1 ordenando la remisi\u00f3n del expediente a dicha autoridad. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva \u2013 Huila es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que tramite el asunto. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 De los principales contratos civiles. G\u00f3mez Estrada Cesar. Segunda Edici\u00f3n 1987, P\u00e1g. 204. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC2328-2023 (2023-03045-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC2328-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03045-00 Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva \u2013 Huila y Ochenta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75077","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75077"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75077\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}